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(Primera Parte)

Por: Alex A. Chamán Portugal

Origen, continuidad y captura del poder

Referirse a la mafia fujimontesinista en el Perú no es referirse a un episodio del pasado, puesto que no es historia cerrada ni capítulo superado. Es, más bien, enfrentarse a una avezada estructura viva de poder, que ha sabido mutar, reciclarse y adaptarse para seguir operando en el corazón mismo del caduco Estado. Lo que ayer fue dictadura reaccionaria abierta, hoy se presenta con ropaje democrático; lo que antes fue maquinaria represiva directa, ahora se ejerce a través del control institucional, ya que ha logrado asaltar todos los poderes e instituciones estatales, por consiguiente, ejerce eficazmente la manipulación política y la captura descarada de la legalidad.

Esa continuidad gansteril no es casual, pues tiene nombres, tiene métodos siniestros y tiene objetivos perversos contra la nación y las mayorías populares. Y en el centro de esta reconfiguración aparece la figura de Keiko Fujimori, lideresa de una organización criminal, heredera de la depravada dupla Fujimori-Montesinos, por tanto, de una forma de hacer política neoliberal que arrastra consigo uno de los legados más tenebrosos de la historia republicana del Perú.

Una matriz de origen: crimen, corrupción y autoritarismo

Para comprender el presente, resulta imprescindible mirar de frente ese pasado igualmente desastroso. El régimen encabezado por el genocida Alberto Fujimori y operado en las sombras por el agente de la CIA Vladimiro Montesinos no fue simplemente un gobierno marcado por errores o excesos. Fue, en esencia, la edificación de un sistema organizado de poder mafioso que, además de encarnar a la lumpen burguesía peruana y a sus esbirros, actuó como instrumento de los intereses del imperialismo estadounidense y de las empresas transnacionales depredadoras.

Las pruebas son abrumadoras y no admiten relativización:

• Las masacres de Barrios Altos y de la universidad La Cantuta, ejecutadas por el grupo Colina de las Fuerzas Armadas, constituyen crímenes de lesa humanidad.
• La política de esterilizaciones forzadas contra cientos de miles de mujeres, especialmente campesinas e indígenas, reduciendo sus cuerpos a instrumentos de una lógica de control social.
• El autogolpe de 1992 quebró el orden democrático liberal, subordinando el Congreso, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y Policiales, así como, los organismos de control a la voluntad de los golpistas fujimontesinistas.
• La corrupción generalizada y negociados de todo tipo no fueron un fenómeno aislado, sino una práctica estructural que se expresó en compra de congresistas, manipulación de jueces, sometimiento de medios masivos de manipulación, colaboración de arzobispos, etc.  

Los denominados “vladivideos” no solo evidenciaron actos de corrupción, sino también revelaron la existencia de una maquinaria mafiosa que se apoderó de todo el aparato estatal, en que el Estado dejó de ser un instrumento público para convertirse en botín disputado por organizaciones criminales.

De la dictadura reaccionaria al parlamentarismo mafioso

Quienes pensaron que la caída del régimen mafioso en el año 2000 significaba el fin del fujimontesinismo subestimaron su capacidad de recomposición, ya que, lejos de desaparecer, esta estructura delincuencial encontró nuevas formas de reproducción.

En su versión actual, el fujimontesinismo ha trasladado su eje de acción hacia el repudiado Congreso, el putrefacto sistema judicial y los mercenarios espacios de poder mediático. A diferencia de los noventa ya no necesita tanques en las calles; le basta con delictivas mayorías parlamentarias, operadores judiciales pro crimen y millonarias campañas de desinformación.

Durante el periodo 2016–2019, con control absoluto del Congreso Unicameral, la mafia neoliberal bloqueó, confrontó y desestabilizó, o sea, ejerció su poder mediante la censura sistemática de ministros, el sabotaje a reformas anticorrupción y la confrontación permanente con el Ejecutivo. Ojo que no fueron errores políticos, sino parte de una estrategia orientada a vaciar de contenido la gobernabilidad burguesa para controlar el poder hegemónicamente y desatar su nefasto accionar.

El resultado fue una crisis institucional que culminó en la disolución del repudiado Congreso. Se trataba de la recaptura del Estado y sus instituciones.

Keiko Fujimori y la construcción del pacto mafioso

La figura de la despreciable Keiko Fujimori no representa una renovación, sino una continuidad directa del modelo fujimontesinista. Las investigaciones fiscales no dejan lugar a dudas acerca de la gravedad de las acusaciones:

• Liderazgo de una organización criminal vinculada al lavado de activos y otros.
• Financiamiento ilegal de campañas electorales (2011 y 2016) por lumpen empresarios, incluyendo aportes ocultos del caso Odebrecht, etc.
• Estrategias tramposas de obstrucción a la justicia valiéndose de manipulación de testigos, ocultamiento de información, interferencia en procesos judiciales, etc.

No se trata de errores individuales, menos de hechos aislados. Se trata de un patrón en que se prostituye la política para convertirla en politiquería y fabricar mecanismos de encubrimiento y reproducción de redes criminales. A esto se suma la negativa persistente y descarada a deslindar claramente del pasado mafioso. La relativización del terrorismo de Estado a través de genocidios, masacres, esterilizaciones, persecuciones, encarcelamientos, torturas, violaciones, descuartizamientos, incineraciones de los años noventa no es solo una postura ideológica, sino que es una clara señal de continuidad ética con prácticas totalitarias.

La captura del Estado, sus poderes e instituciones

Hoy, el peligro de la mafia fujimontesinista y demás organizaciones criminales radica en consolidar el control integral del aparato estatal. No se trata ya de influir o participar en la política, sino de continuar subordinando todas las instituciones a una lógica de poder concentrado, en que:

• El Congreso actúa como escudo de impunidad.
• El poder judicial opera al servicio de las mafias.
• La prensa mercenaria construye narrativas funcionales al poder.
• Los intereses económicos de la lumpen burguesía deciden la agenda nacional.

El peligro es inminente, ya que esta organización criminal ha copado las instituciones del Estado y tiene la capacidad operativa para consumar el robo electoral. Recurren a esta táctica porque enfrentan el repudio abrumador de una ciudadanía que -en Costa Sierra, Selva y en el extranjero- los señala como los principales responsables de la descomposición de la sociedad y el Estado. Fieles a su libreto, cuando los resultados electorales no les favorecen, gritan fraude; exactamente como lo hicieron en 2021 con acusaciones sin ningún sustento.

Entre el repudio popular y la persistencia del poder

Existe una contradicción evidente que marca el escenario político actual, en que mientras amplios sectores de la población expresan rechazo hacia Keiko Fujimori, el fujimontesinismo mantiene capacidad real de poder por las razones antes precisadas. Esta contradicción solamente se explica si entendemos que no estamos frente a una fuerza política convencional, sino ante una estructura mafiosa que trasciende lo electoral, que se sostiene en ilegales redes de influencia, turbias alianzas económicas y severo control institucional. En otras palabras, su fuerza no proviene únicamente de votos, sino de su capacidad de operar dentro del Estado, incluso cuando pierde legitimidad social.

Lo que está en disputa en el Perú es la confrontación entre un proyecto de país y una estructura delictiva de poder que ha hecho de la corrupción, la impunidad y el control mafioso del Estado su forma de existencia. El fujimontesinismo 2.0 se constituye en una amenaza persistente que, bajo nuevas formas, busca consolidar lo que en los años noventa se impuso por la represión y dictadura concretado en un Estado al servicio de intereses de los explotadores, saqueadores y no del pueblo.

Cierre de la Primera Parte

Lo planteado permite arribar a una contundente conclusión preliminar aseverando que el fujimontesinismo reeditado 2.0 constituye una mafiosa estructura de poder que ha logrado adaptarse históricamente para preservar su capacidad de imponer sus objetivos atentatorios a los intereses de la nación y el pueblo. Su continuidad descansa en liderazgos visibles y en una compleja red de relaciones –propias de una organización criminal- que articula poder político, influencia institucional y mecanismos de control que operan al margen de la legalidad.

En el marco de la perspectiva referida, la verdadera gravedad del fenómeno radica en su pasado criminal y en su capacidad de asaltar instituciones, condicionar decisiones públicas y distorsionar las reglas del juego democrático para ponerlas al servicio de intereses de las clases sociales explotadoras y de la dominación imperialista. Así, lo que se presenta formalmente como democracia liberal encubre, en los hechos, dinámicas de poder perniciosos que deterioran su contenido y la subordinan a la casi absoluta impunidad.

La contradicción entre el repudio ciudadano y la persistencia delictiva de esta estructura mafiosa evidencia que su poder no emana del consenso social, sino de la captura y subordinación del Estado y de sus instituciones, puestas al servicio de sus intereses espurios. No estamos, por tanto, ante un fenómeno coyuntural ni circunstancial, sino frente a un problema de carácter estructural que compromete y desnaturaliza la esencia misma del caduco Estado peruano.

No obstante, comprender la dimensión política e institucional del fujimontesinismo resulta insuficiente si no se examinan críticamente los fundamentos económicos, sociales, políticos e ideológicos que garantizan su sostenimiento y reproducción. Detrás de la captura del Estado y de sus poderes no solo opera una estructura de dominación, sino un modelo neoliberal profundamente depredador, sustentado en una lógica de acumulación que intensifica la explotación del trabajo, agrava la precarización social y profundiza la destrucción de la naturaleza. A lo anterior se suma un entramado de intereses mezquinos que no solo explican su persistencia, sino que revelan la funcionalidad estructural de este régimen en la reproducción de un injusto sistema capitalista que se caracteriza por ser desigual, explotador y opresor. Es precisamente allí en que se ahonda el problema.

En la Segunda Parte se analizará cómo este poder gansteril no solo se sostiene en la esfera política, sino que se proyecta y consolida a través de un modelo económico neoliberal profundamente excluyente; de prácticas sistemáticas de negociados, entreguismo y saqueo de los recursos nacionales; y de una creciente precarización de la vida social que despoja a las mayorías de sus derechos y libertades. Asimismo, se examinará cómo este entramado opera mediante la criminalización de la protesta social, la persecución política, la manipulación mediática y diversas formas de control social —incluyendo mecanismos de coerción como la extorsión y el sicariato, configurando un verdadero pacto mafioso que impulsa marcos legales funcionales al crimen y compromete gravemente las bases mismas de la nación peruana y los intereses de las masas populares.

Xalapa, Veracruz — 19 de abril de 2026

Cuando las sombras de la tarde caían sobre Girón aquel 19 de abril de 1961, el último rastro de la metralla invasora se disolvió ante el ímpetu inquebrantable de una nación. Surgió del estallido de un pueblo joven que, bajo el mando histórico de Fidel Castro, prefirió entregar su aliento antes que rendir su libertad. En apenas setenta y dos horas, el suelo cenaguero de la Bahía de Cochinos se convirtió en el altar donde el imperialismo yanqui perdió para siempre su mito de invulnerabilidad, marcando su primera gran derrota en el continente americano.

Aquel triunfo monumental no fue obra del azar, sino la síntesis de una organización popular consciente. En esa invasión, aunque las mujeres no formaron parte de los batallones de primera línea de combate debido a las tradiciones de la época, su participación fue la arteria vital que sostuvo la defensa de la Patria. Cumplieron roles cruciales en la logística, la comunicación, la salud y la articulación de las milicias populares, demostrando que la Revolución se defiende desde todas las trincheras.

Hoy recordamos con inmensa gratitud a las miles de mujeres integradas en las Milicias Nacionales Revolucionarias (MNR) y en la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Ellas realizaron exhaustivas guardias y vigilancia táctica en todo el territorio nacional para detectar y neutralizar posibles infiltraciones enemigas. Sirvieron como operadoras de radio y enlaces de comunicación, tejiendo la red que permitió la coordinación exacta entre las tropas en el terreno y el mando central. Actuaron como enfermeras y auxiliares de salud, salvando vidas y atendiendo a los heridos bajo el asedio durante los tres días que duraron los cruentos enfrentamientos.

Recordemos con profundo respeto y orgullo a mártires como Cira García, dirigente de la FMC en la zona de Caletón, quien ofrendó su vida durante los cobardes bombardeos iniciales del 17 de abril, cayendo heroicamente mientras ocupaba su puesto de defensa. Junto a ella, figuras de talla monumental como Celia Sánchez, Vilma Espín y Delsa Esther «Teté» Puebla (fundadora del histórico pelotón femenino «Las Marianas») estuvieron directamente involucradas en la organización estratégica y la movilización absoluta del pueblo armado. Ellas destrozaron el paradigma de la pasividad, erigiéndose como arquitectas morales y materiales de la resistencia.

Hoy, a 65 años de aquella gesta, ese eco de soberanía no se apaga ni se apagará; se transforma en tinta, en memoria y en promesa viva. Mientras el horizonte vuelve a cargarse de amenazas mediante el criminal y asfixiante bloqueo económico —la continuación moderna y silenciosa de aquella agresión mercenaria—, Girón florece nuevamente en la firmeza y en el alma de cada cubano. El viejo orden hegemónico que intentó someter a la isla hoy agoniza, mientras la trinchera caribeña sigue de pie, inexpugnable.

Porque Cuba es un poema de paz que se escribe diariamente con manos trabajadoras, pero es, ante todo, un escudo de dignidad. El pueblo cubano sabe perfectamente que la soberanía es el tesoro más alto; ese que no se negocia, sino que se defiende con la vida misma cuando el imperio intenta arrebatarlo. La victoria de abril sigue siendo el faro que ilumina la marcha ineludible de los pueblos oprimidos hacia su liberación definitiva.

Por: Martha Patricia Gómez Rendón 

Delegada Mexicana en el Primer Encuentro Internacional de las Brigadas de Mujeres “Cilia Flores por la Paz”

Richard Gonzales

La confrontación sistémica viene desde 1848, con la aparición de una nueva clase: el proletariado. Aunque aún inmaduro, abrió el camino hacia un nuevo sistema opuesto y diferente al imperante. Posteriormente, en 1864, se fundamenta la ideología del proletariado con Marx y Engels, lo que lleva a su organización y a la confrontación en todos los planos contra la burguesía, concretándose en avances, triunfos y victorias, pero también en fracasos.

Luego de 1917, con Lenin y el triunfo de la Revolución de Octubre, se abre la nueva era de la revolución proletaria mundial. Se atiza más la contradicción entre el proletariado y la burguesía en un combate a muerte en todos los planos, seguido por el triunfo de la Revolución China con el presidente Mao, el impulso del movimiento comunista internacional y los movimientos de liberación nacional. En contraparte, EE. UU. emergía de la Primera Guerra Mundial como una nueva potencia global, y tras la Segunda Guerra Mundial, como una superpotencia que se confrontaba sistémicamente con el bloque socialista.

Era entonces una lucha a muerte entre dos sistemas que disputaban su existencia: uno, el sistema caduco que se resistía a morir; el otro, bregando por consolidarse. Dada la restauración capitalista en estos dos grandes países socialistas, la derrota de la revolución proletaria mundial y el hundimiento de lo nuevo —dejando sin dirección proletaria tanto al movimiento comunista internacional como a los de liberación nacional—, comienza un intenso proceso de ofensiva del sistema imperialista. Esta ofensiva, bajo la hegemonía de EE. UU., se acentúa a partir de la caída del Muro de Berlín y de otros hechos históricos que la preceden.

Para entonces, el sistema ya se preparaba y sentaba las bases de su ofensiva posterior, comenzando por poner fin a los Acuerdos de Bretton Woods (1944). Dichos acuerdos habían establecido el orden financiero mundial de la posguerra, un financierismo parasitario que fijó tipos de cambio basados en el dólar estadounidense, anclado a su vez al oro. Así se crearon el FMI y el Banco Mundial (BIRF) para estabilizar la economía en crisis y fomentar la reconstrucción. Este modelo funcionó hasta 1971, cuando se abandonó la convertibilidad dólar-oro. Bretton Woods, que había surgido para poner fin al proteccionismo vigente entre 1914 y 1944, no fue un hecho casual, sino parte de la lucha entre sistemas opuestos.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, EE. UU. emerge como la superpotencia mundial industrial, tecnológica y militar, contando con una fuerte acumulación de capital capaz de extenderse y solventar sus gastos imperiales.

Con la Doctrina Carter (1980), se le da muerte definitiva a Bretton Woods y se lanza una declaración estratégica de dominio mundial, particularmente financiera, al imponer el dólar como divisa hegemónica a pesar de la alta tensión global que aún pervivía. La esencia de esta doctrina era clara: «cualquier intento de una potencia extranjera de controlar el Golfo Pérsico sería considerado un ataque a los intereses vitales de EE. UU., y sería respondido, incluso, militarmente».

De hecho, no se trataba de una simple declaración sin contenido estratégico, sino que era parte de la disputa con el bloque socialista y con las luchas de liberación nacional que avanzaban. Esto fue particularmente evidente con la Revolución Iraní, que derrocó a un aliado de EE. UU. (el sah), y con la invasión soviética de Afganistán, que marcaba el inicio de su expansión como socialimperialismo.

La disputa por Medio Oriente —el corazón energético del mundo— motivó la creación de la Rapid Deployment Force, que luego se convertiría en el Central Command (CENTCOM). Este proceso militarizó todo Medio Oriente, apoyándose en Arabia Saudita como base y sostén de la hegemonía mundial del dólar y el financierismo. Israel era, y sigue siendo, el portaaviones y la punta de lanza de ese dominio estratégico hasta hoy, proyectándose como el «Gran Israel», mientras EE. UU. actuaba como garante del petrodólar. Esta es la razón de las alianzas en la región, de la creación artificial de Estados para cercar y dominar la zona, y del establecimiento de bases militares para acechar a Irán. Asimismo, era el seguro para garantizar que la energía fluyera hacia Europa y Japón, sus aliados bajo protección en la contienda global.

¿Qué significaba todo este paso estratégico? Energía equivalía a poder económico global, lo que consolidaría a EE. UU. como la superpotencia dominante en Medio Oriente y contendría la influencia de Rusia. Por esta razón, el Golfo Pérsico entró en disputa, convirtiéndose en un interés vital y de seguridad nacional permanente para Washington.

Esa es la raíz de la Guerra del Golfo (1991) y de las invasiones a Irak (2003) y Afganistán. La Doctrina Carter se erigió como el pilar geopolítico, energético y financiero del dominio mundial, el cual hasta hoy es disputado por China y Rusia, potencias que, una vez restaurado el capitalismo, contienden como países imperialistas.

En realidad, el petrodólar nace en 1970 tras el fin de Bretton Woods. A partir de entonces, el petróleo (el principal commodity del mundo) se vendería en divisa norteamericana, lo que permitiría el control y la financiación de los gastos de un imperialismo parasitario. El planteamiento es sintético: sin control geopolítico del petróleo, no hay petrodólar; simple y sencillo. Esa es la dimensión geoestratégica clave para la hegemonía del dólar que hoy está en juego.

Por lo tanto, el desafío proviene de actores como Irán, que posee autonomía estratégica, que emerge como potencia económica y militar, y que juega dentro de la tesis de la multipolaridad. Salir de la hegemonía del dólar y consolidarse es parte de este proceso de construcción multipolar junto a sus aliados. Esta es la razón por la cual China ya compra petróleo en yuanes; por la que se ha creado un mercado energético paralelo con Rusia, Brasil y otros; y por la que se fortalecen los BRICS+. Todo apunta a romper la hegemonía del dólar y debilitar a EE. UU. En este escenario, China actúa como la fortaleza, contando con cinco de los bancos más grandes del mundo, por encima de los estadounidenses, aunque esto, ¡ojo!, aún no significa poseer la misma profundidad de poder financiero que EE. UU.

Esta realidad explica la nueva Estrategia de Defensa Nacional de 2018, cuyo diseño es claro: entramos en una «era de competencia estratégica entre grandes potencias». La prioridad es China, considerada el desafiante sistémico global a largo plazo; Rusia es vista como la amenaza aguda e inmediata con poder militar de primera clase; y se busca contener a actores como Irán, Corea del Norte, India y Brasil, que emergen como potencias regionales y actúan cada vez más en bloque contra la hegemonía estadounidense.

De ahí nace la doctrina militar estratégica de Operaciones Multidominio (MDO). No es una simple dispersión de fuerzas, sino una operación simultánea en cinco dominios: tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio, a los que se suma el dominio cognitivo/informacional. ¿Cuál es la razón de fondo? Desorganizar al adversario en todos los planos y hacer colapsar su ciclo de toma de decisiones.

Esta misma estrategia se ejecuta en todos los frentes. Un ejemplo es Ucrania, una guerra indirecta o por delegación (proxy war), donde se emplea inteligencia satelital, integración de drones, guerra electrónica, misiles de precisión y sanciones económicas como una extensión del campo de batalla.

Mientras tanto, en el frente del Indo-Pacífico (es decir, contra China), EE. UU. fortalece alianzas como la OTAN, rearticulándola para proyectar su dominio estratégico con los riesgos que ello implica. Además, impulsa el AUKUS, el QUAD y el reposicionamiento naval en el mar de la China Meridional. Esto explica la tensión en Taiwán, la disputa por el estrecho de Malaca y el papel de Japón, Corea del Sur y otros países donde mantiene bases militares.

En el concepto militar estadounidense, esto se denomina integrated deterrence (disuasión integrada). Debe entenderse que no se trata solo de la fuerza militar bruta, sino de la integración general de múltiples componentes en esta confrontación universal de poderes. Ambas partes operan con disuasión y confrontación en todos los planos, en un momento donde un orden mundial entra en declive y se descompone, mientras otro busca nacer e imponerse bajo una nueva hegemonía.

Hay que remontarse a la época en que Inglaterra, potencia capitalista mundial, decayó y fue sucedida por EE. UU. como nuevo gendarme del mundo. Esto implica que, cuando una superpotencia en declive se resiste a ser desplazada, se coloca a la defensiva bajo un cerco estratégico y aplica políticas de contención agresiva.

Desde este enfoque, podemos entender también por qué el marco jurídico internacional está en crisis, y la razón por la cual se rompen las normas, los tratados y el Estado de derecho conocido hasta hoy. Todo queda ponderado por el securitismo, poniendo en cuestión la supervivencia del Estado como el bien jurídico supremo. Evidentemente, esto responde a una amenaza existencial, no solo por la confrontación por la sucesión de hegemonía, sino por preocupaciones más profundas sobre la supervivencia del propio sistema imperante.

Esa es la razón de los estados de excepción, las facultades extraordinarias y los poderes de emergencia. El sistema enfrenta dos frentes: uno interno, representado por la disputa mundial de nuevos órdenes y hegemonías; y otro externo, el del sistema contra los pueblos del mundo. En este último, prevalece la seguridad nacional por encima de las garantías individuales para conjurar cualquier iniciativa popular o de clase que desemboque en revoluciones como las del siglo XX en Rusia y China (concreciones de Estados de dictadura del proletariado).

El sistema actúa hoy bajo la premisa de que «si no actúas antes, el daño será irreversible» contra sus intereses. ¿Cuál es la consecuencia? La normalización de medidas extraordinarias, la militarización del derecho y la expansión del «derecho penal del enemigo». Dentro de este marco, el postulado es que al enemigo no se le trata como a un ciudadano con derechos plenos, sino como a una amenaza a neutralizar, combatir o eliminar. Las implicaciones de esta ofensiva defensiva son claras: detenciones preventivas ampliadas, reducción de garantías procesales y vigilancia intensiva.

Las organizaciones y los líderes de clase o populares no pueden actuar con incomprensión e ingenuidad, ni bajo formas de lucha obsoletas. El derecho dejó de ser garantista para convertirse en el instrumento de un estado de guerra permanente. La razón es que, cuando un sistema entra en fase de crisis general o de competencia intensa, el Estado refuerza su aparato coercitivo para:

• Proteger la acumulación de capital.
• Controlar la conflictividad social.
• Mantener su posición de dominio.

Respecto a la guerra en Medio Oriente, el desenlace que ya se avizora tiene mucha trascendencia. Por lo pronto, a pesar de los desastres, la muerte y la destrucción que deja a su paso este gendarme del mundo —bañándose en sangre a más no poder—, la resistencia del pueblo persa ya le ha propinado una derrota estratégica al imperialismo más sanguinario de la historia humana. Los hechos lo respaldan: no lograron su «cambio de régimen», ni mucho menos desarticular los focos de resistencia que se expanden. Lo más profundo a nivel estratégico es la demostración de su incapacidad para brindar seguridad militar y la protección que tanto pregonaba, lo cual va a marcar un quiebre inevitable en la confianza de sus «aliados». De hecho, esto proporciona una base más sólida para el avance de la influencia de China y Rusia, que cobrarán mayor peso a través de los BRICS+ y de otros bloques fuera de la órbita de los EE. UU.

Como sistema mundial, el imperialismo prosigue su hundimiento. La deuda global supera el 235 % del PIB mundial y ronda entre los 251 y 348 billones de dólares, según el propio FMI y el IIF. Este aumento reciente ha sido impulsado principalmente por la deuda pública y corporativa.

Marx ya hablaba del capital ficticio y la crisis del capitalismo, prediciendo que este sistema, hoy en su fase imperialista, tendería a expandir el crédito y la especulación, creando riqueza «en papel» desvinculada de la producción real. Esto es lo que hoy se llama «derivados financieros», a lo que se suma la deuda soberana infinita y la valoración tecnológica basada en la especulación sin base material.

La deuda global es, según Marx, «capital ficticio anticipado de una plusvalía futura que quizá no se produzca». Como dice Georgescu-Roegen: es la «deuda como ilusión frente a límites físicos». Una deuda que promete crecimiento futuro en un mundo donde el crecimiento está limitado por recursos y una energía finita. También hay que observar que la llamada «transición energética» no es otra cosa que una lucha por controlar los medios de producción del siglo XXI.

Veamos también las derivadas económicas en cifras reales de esta guerra en Medio Oriente:

• Energía/Petróleo: Incrementos de más del 60 % al 70 % en los costos. Gas y químicos con alzas del 30 % al 50 %.
• Finanzas: Bolsas globales con caídas significativas de -7% a -13% de caída, mientras las tasas van al alza.
• Europa: Riesgo de recesión y crisis energética estructural.
• Asia: Japón y Corea del Sur sufriendo un golpe industrial severo.
• Petrodólar: Si bien a corto plazo se fortalece por la demanda, a largo plazo se erosiona por la fragmentación energética.

Hay un punto de inflexión donde el sistema energético global (base del dólar) está siendo militarizado. Este hecho histórico lleva a que el comercio se fragmente, por lo que el modelo global entra en una fase de bloques. Aparte de usar el petróleo como arma de guerra —razón del rediseño de rutas y de un sistema financiero fragmentado—, esto no significa que el dólar vaya a colapsar de un día para otro, sino que entra a ser erosionado por otras divisas, lo que confirma su declive. ¿Recesión a la vista? Es otro factor latente debido al bajo crecimiento y a la tensión económica en un mundo de bloques en conflicto.

La crisis sistémica muestra brechas y grietas por todos lados. Sin embargo, no caerá sola. Requiere de un sujeto histórico que la sustituya, que le ponga el clavo en el ataúd para siempre y la entierre, para que marche al basurero de la historia como parte de un proceso de humanización verdadera. Se requiere que emerja otro sistema producto de la lucha de los pueblos, de la inversión de sus esfuerzos y de su sangre. Y eso es hablar de un sistema basado en el desinterés, la colectividad, la comunidad y la humanidad, donde reine verdaderamente la paz y la armonía entre todos, sin clases, sin armas, sin guerras y sin Estado.

19/04/2026

La maquinaria fujimontesinista y sus aliados frente a la voluntad popular

Por Alex A. Chamán Portugal Ph.D.

El escandaloso fraude electoral peruano del año 2000 fue el resultado del repudiado accionar y la cooptación institucional orquestada por el binomio mafioso Fujimori-Montesinos para imponer un tercer mandato inconstitucional para profundizar las nefastas políticas neoliberales A través del siniestro Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el régimen no solo subordinó a los organismos electorales mediante la falsificación masiva de firmas y la alteración de resultados, sino que ejecutó una gigantesca campaña de manipulación mediática. La millonaria compra de líneas editoriales y el uso dirigido de la prensa sensacionalista asfixiaron la deliberación pública, forzando un escenario donde el oficialismo criminal compitió en solitario en una contienda desprovista de toda legitimidad democrática.

Frente a la clausura de los canales institucionales y el férreo cerco informativo, la respuesta histórica se materializó en la Marcha de los Cuatro Suyos, una movilización sin precedentes que aglutinó a trabajadores, estudiantes y comunidades indígenas de todas las regiones del país. A pesar del terrorismo de Estado expresado en el violento sabotaje del aparato estatal, que incluyó la infiltración de agentes y mortales operaciones de falsa bandera para criminalizar la protesta, esta convergencia social en las calles logró fracturar la gansteril hegemonía del régimen genocida; la resistencia popular destruyó el espejismo de invulnerabilidad de la dictadura, acelerando el colapso definitivo que se consumaría poco después con la exposición de la corrupción sistémica.

En el contexto actual, se denuncia que la estructura fujimontesinista reedita estas prácticas antidemocráticas a través de un escandaloso fraude sistemático. Se impone una narrativa que presenta como derrotados a los legítimos vencedores, mientras habilita para la segunda vuelta a candidaturas que han generado un amplio rechazo a nivel nacional. Desde el 2021 —tras las campañas de estigmatización política («terruqueo»), la obstrucción a la gestión del presidente Pedro Castillo y la consumación de su destitución— se ha gestado un proceso de espaldas a la voluntad popular, diseñado para imponer a los representantes de este pacto político: Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Este proceso electoral, plagado de múltiples irregularidades, se encuentra en fase de consumación.

La ausencia de casi cinco millones de ciudadanas y ciudadanos en las urnas, sumada a los altos índices de votos blancos y viciados, evidencia una profunda crisis de representatividad y un rechazo categórico a estos comicios, despojándolos de legitimidad a la democracia de la lumpen burguesía y las organizaciones políticas criminales. Esta cifra de abstención sería aún mayor de no existir el voto obligatorio, reflejando así el resquebrajamiento de la democracia liberal en el Perú. Denunciamos que esta grosera manipulación estructural ha sido orquestada en complicidad con la explotadora Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), las redes de corrupción judicial conocidas como los Cuellos Blancos, diversas organizaciones políticas criminales y la injerencia de la siniestra Embajada de los Estados Unidos.

A nivel logístico, las irregularidades son flagrantes. La ONPE adjudicó el traslado del material electoral a nivel nacional a la ineficiente empresa GALAGO, a pesar de que esta entidad cuenta con un historial de denuncias y sanciones por incumplimiento, y registraba apenas 13 trabajadores hasta febrero de 2026. La alarmante falta de distribución de actas y materiales electorales levanta la sospecha de que, desde la propia sede de esta empresa, se premeditó la manipulación del sufragio para asegurar a toda costa la victoria de Keiko Fujimori, lideresa de una organización criminal, y del estafador Rafael López Aliaga. Simultáneamente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en un aparente intento de eludir responsabilidades, convocó a elecciones complementarias en 15 colegios de Lima, exonerando de multas a los ausentes en una medida que busca lavar la imagen del proceso. A esto se suman las múltiples denuncias de irregularidades reportadas tanto a nivel internacional (en países como Chile, España, Italia, Argentina y muchos otros) como, principalmente, en diversas regiones y zonas populares del Perú.

A esto se suman las graves denuncias de suplantación de firmas en diversas regiones del país y el hallazgo de cédulas previamente marcadas a favor del fujimorismo. Valiéndose de artimañas irregulares, esta red pandillera ha logrado capturar el caduco aparato estatal y sus decrepitas instituciones para garantizar el avance de sus representantes. La cooptación del JNE y la ONPE para consumar este fraude se sostiene sobre una férrea alianza con los medios masivos de manipulación o prensa mercenaria —encabezados por monopolios informativos como el Grupo El Comercio— y empresas de opinión pública como la embaucadora Datum, cuyo rol histórico ha sido prefabricar consensos y legitimar victorias cuestionadas. Este entramado se complementa con un podrido Poder Judicial influenciado por los Cuellos Blancos, encargado de dar ropaje legal al fraude, y unas genocidas Fuerzas Armadas y Policiales instrumentalizadas para sofocar la justa lucha popular mediante la represión, recordando las trágicas masacres de 2022 y 2023.

Tanto a nivel nacional como internacional, se ha evidenciado una serie de graves anomalías en la instalación de mesas de sufragio y en el propio acto de votación, mecanismos que impidieron la participación de cientos de miles de electores en estas elecciones generales demoliberales.

¡Abajo el fraude electoral de la lumpenburguesía y las mafias políticas neoliberales!

¡Respeto a la voluntad popular y a la democracia representativa!

¡Viva la masiva organización ciudadana contra el fraude electoral!

Latinoamérica, lunes 13 de abril de 2026

Por: Gerardo Franceschi.

Marx decía que «la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases».

Chávez fue el elemento disruptor del statu quo de la política venezolana. En primer lugar, llamó a un proceso constituyente para avanzar en una Constitución que permitiera grandes transformaciones en el Estado venezolano y, en segundo término, impulsó 49 leyes habilitantes que daban poder al pueblo y fortalecían los intereses del propio Estado.

En ese contexto, los sectores oligárquicos del país veían amenazados sus beneficios acumulados durante la IV República y, de esa manera, con el apoyo de Washington, comenzaron a conspirar en contra del nuevo proceso democrático y popular que empezaba a constituirse.

Por tal motivo, sectores como FEDECÁMARAS, la CTV, los medios de comunicación, sectores religiosos, partidos de oposición, ONG, parte del sector militar —y detrás, las maniobras de la CIA— se alinearon para asestar un golpe de Estado los días 11, 12 y 13 de abril, rompiendo el hilo constitucional y dando paso a una dictadura circunstancial que desembocó en la persecución del movimiento popular y sus líderes, trayendo consigo desapariciones y muertes durante el gobierno de facto.

Sin embargo, la conciencia del pueblo y el liderazgo de Hugo Chávez permitieron el retorno del presidente. Pese al regreso del líder el 13A —quien hizo un llamado a la paz, a la reconciliación y a la construcción de una Venezuela de todos—, no se hicieron esperar las conspiraciones constantes en contra de la Revolución Bolivariana y del país. Con el paso de los días, se sumaron al plan sectores de la derecha nacional e internacional, con el apoyo de la Casa Blanca.

Ante los fracasos de sus brazos políticos y militares que Estados Unidos buscó para lograr un cambio de gobierno durante más de dos décadas, el gobierno norteamericano se puso al frente para invadir, cometer crímenes de guerra y secuestrar al presidente constitucional y a la primera dama de Venezuela, el 3 de enero de 2026.

Todo ello constituye dos hechos históricos que se entrelazan el uno con el otro, por sus motivaciones y por los intereses —ya explícitos— del Imperio norteamericano en su afán de convertir al país en una neocolonia subyugada a sus designios.

A 24 años del golpe de abril de 2002, debe privar la conciencia. No debemos borrar de nuestra memoria histórica los acontecimientos a los que nos han sometido en los últimos tiempos, que sólo han causado una gran herida en el seno del pueblo de Bolívar, Chávez y Maduro.

Por Alex Chamán Portugal

La contienda electoral de 2026 en el Perú no puede entenderse únicamente como una competencia entre candidaturas, sino como el resultado de una ingeniería institucional de la lumpenburguesía y sus operadores neoliberales, que bajo la apariencia de democracia liberal ha configurado un escenario funcional a la recomposición de las fuerzas más antipatriotas y antipopulares.

En este contexto, la proliferación de organizaciones de “izquierda” —débiles, fragmentadas y sin articulación estratégica— contrasta con la concentración del voto en bloques de la ultraderecha mafiosa (Keiko Fujimori, CésarAcuña, López Aliaga). Esta desigualdad no es casual, sino producto de reglas e incentivos que terminan favoreciendo estructuralmente a estas organizaciones políticas criminales.

Desde el punto de vista normativo, el sistema electoral peruano —basado en la representación proporcional, la valla electoral y la existencia de múltiples listas partidarias— aparenta promover el pluralismo democrático. Sin embargo, en contextos de fragmentación, funciona de manera tal que las organizaciones políticas que obtienen más votos concentrados terminan recibiendo muchos más escaños, mientras que los votos dispersos entre varias organizaciones se diluyen y pierden peso político real.

Así, cuando varias organizaciones de “izquierda” compiten por el mismo electorado, se produce la dispersión del voto popular, donde una cantidad importante de votos no logra convertirse en representación efectiva. En contraste, las fuerzas neoliberales y mafiosas operan con mayor cohesión, redes clientelares y acceso privilegiado a recursos económicos y mediáticos, lo que les permite capitalizar el sistema y ampliar su poder parlamentario.

No obstante, el problema no se reduce a la desorganización. Existen condiciones políticas e institucionales que favorecen la fragmentación, impulsadas desde un repudiado Congreso –dirigido por la mafia fujimontesinista- funcional a intereses criminales y avaladas por organismos electorales cuestionados por su falta de independencia. Un ejemplo clave es la reinstauración antidemocrática de la bicameralidad, en abierta contradicción con el resultado del referéndum de 2018, lo que evidencia un profundo desprecio por la voluntad popular.

Si bien la bicameralidad no es antidemocrática en sí misma, en el contexto actual opera como un mecanismo que eleva las barreras de acceso y concentra el poder en menos manos, favoreciendo a las organizaciones políticas mafiosas mejor estructuradas y con mayores recursos. Esto, a su vez, profundiza la exclusión de las masas populares, las cuales han sido sistemáticamente estigmatizadas (terruqueadas), perseguidas, encarceladas, asesinadas por decenas y heridas por centenares, en el marco de la acción represiva de las genocidas fuerzas armadas y policiales, configurando prácticas propias del terrorismo de Estado.

En medio de una crisis generalizada de la sociedad peruana, las elecciones del 2026 se perfilan como una de las más antidemocráticas de la historia reciente. Las modificaciones a la ley electoral han configurado un escenario donde, con porcentajes relativamente bajos de votación, sectores como Fuerza Popular y Renovación Popular pueden inflar su representación parlamentaria y concentrar el poder, tanto en la presidencia como en el Congreso bicameral.

A ello se suma la exclusión, persecución y judicialización de diversos actores políticos, así como la ilegalización o impedimento de participación de organizaciones y dirigentes, lo que restringe la competencia democrática real. Esta situación configura un proceso electoral profundamente cuestionado, en que amplios sectores perciben que las reglas del juego están diseñadas para garantizar la continuidad del dominio de la lumpen ultraderecha.

Incluso desde sectores académicos y jurídicos se ha advertido que el diseño del sistema puede generar distorsiones graves en la representación, donde candidatos con menor votación acceden a cargos mientras otros con mayor respaldo quedan fuera. Asimismo, se señala que el verdadero poder se concentra en el Senado, debilitando el papel de la Cámara de Diputados y consolidando una estructura de poder altamente centralizada y poco representativa.

En estas condiciones, la legitimidad del proceso electoral burgués queda seriamente cuestionada, reforzando la idea de que se trata de una democracia formal que encubre mecanismos de reproducción del poder conservador.

En este escenario, la dispersión del voto de “izquierda” refleja una correlación de fuerzas desigual, marcada por la ausencia de un frente amplio, debilidad de liderazgos y falta de estrategia común. En contraste, la derecha logra capitalizar el sistema y consolidar su representación, pudiendo alcanzar el control de ambas cámaras.

Este proceso revela una contradicción central en la que una democracia formalmente igualitaria reproduce desigualdades reales de poder. La fragmentación deja de ser un accidente para convertirse en una condición funcional al dominio de las clases sociales explotadoras.

En consecuencia, la tarea no es solo denunciar estas prácticas, sino replantear profundamente la articulación política de los sectores populares. En este sentido, se vuelve imprescindible impulsar con firmeza una Asamblea Constituyente Popular y una nueva Constitución Política Democrática, que permitan refundar el Estado en función de los intereses de la nación y del pueblo.

Una nueva Constitución contribuiría a mayor progreso, desarrollo, bienestar social, restitución de derechos y libertades, así como a la construcción de un sistema político democrático, soberano y participativo. Sin este horizonte estratégico, la dispersión seguirá operando como un mecanismo de autolimitación, mientras la arquitectura institucional mafiosa continuará beneficiando a quienes mejor convierten votos en poder.

En suma, las elecciones de 2026 no solamente definirán autoridades, sino que evidenciarán una problemática estructural: la capacidad del sistema para transformar la pluralidad en fragmentación y la fragmentación en ventaja para los sectores antinacionales y antipopulatres. La denuncia de este proceso no es un ejercicio retórico, sino un paso necesario para comprender cómo, en nombre de la democracia, se consolidan formas eficaces de reproducción del poder conservador.

Sábado 11 de abril de 2026