Ciudad de México, 29 de abril de 2026. En la Cámara de Diputados de la Ciudad de México se desarrolló la Mesa de Análisis: “Pueblos Unidos en Resistencia / Cuba”, espacio político, académico y de solidaridad internacional que congregó a legisladores, académicos, dirigentes sindicales, activistas sociales, organizaciones populares y representantes diplomáticos con el objetivo de denunciar las políticas injerencistas y coercitivas impulsadas por el imperialismo estadounidense contra diversos pueblos del mundo, así como reafirmar la defensa del derecho internacional, la soberanía y la autodeterminación de las naciones.
El encuentro se realizó en un contexto internacional marcado por el recrudecimiento de medidas de presión económica, política y mediática contra países como Cuba, Venezuela, Palestina e Irán. Los participantes coincidieron en denunciar las agresiones imperialistas y en la necesidad de fortalecer la integración regional, la solidaridad internacional y la resistencia de los pueblos frente a las políticas expansionistas y de dominación.
Condena al intervencionismo y defensa del derecho internacional
Durante las distintas intervenciones se expresó una profunda preocupación por las agresiones y sanciones impuestas contra pueblos soberanos. Los panelistas denunciaron que estas medidas vulneran principios esenciales del derecho internacional, la soberanía de las naciones y la libre autodeterminación de los pueblos, ya que afectan directamente el bienestar y desarrollo de centenares de millones de personas.
El Dr. Nayar López Castellanos cuestionó el recrudecimiento del intervencionismo estadounidense y denunció el cerco petrolero impuesto contra Cuba, señalando que constituye una abierta violación a su soberanía y autodeterminación. Asimismo, destacó la histórica solidaridad internacionalista de la Revolución Cubana mediante programas como Yo sí puedo, Operación Milagro, la ELAM y el desarrollo de vacunas. También propuso que México fortalezca mecanismos regionales como la CELAC y reevalúe su permanencia en la OEA.
Por su parte, el Dip. Pedro Vásquez González enfatizó que “la soberanía no se negocia”, exigiendo respeto irrestricto al derecho internacional y a la cooperación entre naciones. Recordó el papel histórico de México al brindar asilo político a Fidel Castro y Raúl Castro, así como el vínculo histórico entre Fidel y Ernesto Che Guevara en territorio mexicano. Además, condenó el genocidio contra Palestina y las agresiones contra Irán, señalando que las desigualdades estructurales constituyen una de las principales causas de la violencia global.
La Mtra. Génova Verónica Peralta Piña, abogada penalista, destacada activista e internacionalista, denunció las políticas intervencionistas impulsadas contra diversos pueblos del mundo y expresó su solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro y la dip. Cilia Flores, hoy injustamente secuestrados y encarcelados en Estados Unidos. Asimismo, cuestionó la manipulación mediática promovida por corporaciones alineadas con intereses sionistas y destacó la permanente solidaridad de Cuba con la humanidad.
En representación de la STUNAM, Carlos Augusto Galindo Galindo criticó la imposición de un modelo económico internacional injusto y excluyente, denunciando la existencia de una “dictadura financiera internacional” que afecta a los pueblos. Asimismo, llamó a revisar el modelo educativo y el sistema de salud en México, fortaleciendo las luchas sociales y la organización popular en beneficio de las grandes mayorías trabajadoras.
Cuba: símbolo de dignidad, resistencia y solidaridad internacional
La mayoría de los participantes resaltaron el papel histórico de Cuba como referente de dignidad, resistencia y solidaridad internacionalista frente a décadas de bloqueo, agresiones y sanciones económicas.
El Dip. Jorge Armando Ortiz Rodríguez reafirmó la histórica solidaridad del Partido del Trabajo con las revoluciones socialistas y recordó la célebre frase del comandante Ernesto Che Guevara: “La solidaridad es la ternura de los pueblos”.
La Ing. Ana María Meneses López sostuvo que Cuba constituye un ejemplo de conciencia de clase, educación, salud y autodeterminación para América Latina y el mundo, pese a las injusticias que enfrenta desde hace más de seis décadas.
Edgar Irazoque, integrante del Colectivo de Solidaridad Militante Va por Cuba, denunció que el bloqueo estadounidense impide arbitrariamente el comercio internacional de la isla y destacó las campañas de solidaridad desarrolladas en México, incluyendo centros de acopio realizados en el Zócalo y el Monumento a la Revolución.
El Dip. Edén Garces Medina subrayó la importancia de recuperar la memoria histórica de las luchas de los pueblos latinoamericanos, proponiendo impulsar visitas estudiantiles a sitios históricos vinculados al paso de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara en México.
Por su parte, la Dip. María Magdalena Rosales Cruz expresó su reconocimiento a la resistencia del pueblo cubano y recordó el apoyo histórico de Cuba a diversas causas internacionales, como la lucha contra el apartheid sudafricano, la solidaridad con la República Árabe Saharaui Democrática y el respaldo al pueblo palestino. “La humanidad es una sola y las fronteras fueron impuestas por las élites explotadoras”, manifestó.
Unidad de los pueblos y solidaridad internacional
El Mtro. Juan José Dávalos López. Destacó la necesidad de fortalecer la unidad, la solidaridad internacional y la articulación entre los pueblos frente a las políticas de agresión, dominación e injerencia imperialista. Asimismo, reafirmó la importancia de defender la soberanía, la autodeterminación y la justicia social como principios fundamentales para la paz y la dignidad de las naciones. Concluyó su participación expresando enfáticamente: “¡Viva Cuba y viva la unidad de los pueblos!”.
Clausura de la Misión Diplomática de Cuba
La jornada concluyó con la intervención del excelentísimo Embajador de Cuba, Eugenio Martínez Enrique, quien agradeció las muestras de solidaridad expresadas por los panelistas, legisladores y asistentes.
Durante su intervención, el diplomático recordó la larga historia de lucha anticolonial y antiimperialista del pueblo cubano, destacando que la isla soportó décadas de dominación extranjera antes de alcanzar plenamente su independencia hace 124 años. Denunció que las actuales sanciones económicas impuestas contra Cuba violan el derecho internacional y afectan gravemente el desarrollo y bienestar de su población.
El Embajador sostuvo que Cuba continuará resistiendo las agresiones imperialistas y defendiendo su soberanía, autodeterminación y proyecto socialista. Asimismo, denunció las políticas expansionistas orientadas al control de recursos naturales, puertos y mercados estratégicos en distintas regiones del planeta.
“Cuba combate y resiste los perversos planes del imperialismo yanqui. Cuba no renunciará al camino del socialismo ni será un Estado sometido y subordinado”, enfatizó.
Al finalizar la actividad se desarrolló una Conferencia de Prensa en la que diversas organizaciones sociales, personalidades y representantes solidarios reiteraron su respaldo a Cuba y a los pueblos que enfrentan políticas de intervención, expansionismo y violencia imperialista, emitiendo una firme condena contra toda forma de agresión que vulnere la soberanía y dignidad de las naciones.
A 131 años del nacimiento del General de Hombres Libres
Por: Julio Gerardo Padilla Sánchez
CONAICOP Secretaría México
Un hilo invisible conecta las gestas heroicas de América Latina. En la isla de Cuba, el apóstol José Martí cayó en combate en Dos Ríos un 19 de mayo de 1895. Apenas un día antes, el 18 de mayo, nacía en Niquinohomo, Nicaragua, Augusto Nicolás Calderón Sandino. Parecía que el destino marcaba una continuidad histórica en la resistencia antiimperialista. Martí ya había advertido con claridad el peligro del expansionismo estadounidense y la necesidad de una América unida para defender su soberanía. Ese mismo espíritu cobraría vida en el niño nicaragüense.
La semilla de la rebelión
Hijo de la recolectora de café Margarita Calderón y del productor agrícola Gregorio Sandino, el joven Augusto creció con las manos en la tierra. Su infancia estuvo atravesada por las llamadas «Guerras Bananeras», una brutal intervención extranjera para proteger intereses económicos y estratégicos ajenos en la región.
Hubo un episodio que marcó para siempre su conciencia. A los 17 años vio pasar el cadáver del general Benjamín Zeledón. Este abogado revolucionario había sido acribillado en 1912 por resistirse al dominio norteamericano. Las tropas interventoras exhibieron su cuerpo en una carreta de bueyes por pueblos como Catarina y Niquinohomo para intimidar a la población. El efecto en Sandino fue exactamente el contrario. Las ideas de Zeledón encendieron una llama que jamás se apagaría.
«Cada gota de mi sangre derramada en defensa de mi Patria y de su libertad, dará vida a cien nicaragüenses que, como yo, protestarán a balazos el atropello y la traición de que es actualmente víctima nuestra hermosa pero infortunada Nicaragua.»
La universidad política en el exilio
Para forjar su visión del mundo, Sandino recorrió Centroamérica y más allá. Entre 1921 y 1922 trabajó como mecánico en el ingenio azucarero hondureño de Montecristo y luego pasó por las plantaciones de Guatemala. Sin embargo, México se convirtió en su verdadera escuela política e ideológica.
En las tierras petroleras de Tampico y Veracruz se nutrió de los ideales de la Revolución Mexicana y la lucha campesina de Emiliano Zapata. Allí conectó con grupos francmasones, anarquistas y pensadores antiimperialistas. Años más tarde regresaría buscando el apoyo del presidente Emilio Portes Gil para su lucha armada. En esas tierras también colaboró estrechamente con el líder salvadoreño Farabundo Martí a quien nombró coronel de su ejército, aunque terminaron separando caminos al no coincidir el enfoque marxista del salvadoreño con el puro nacionalismo del nicaragüense.
El Ejército Defensor de la Soberanía Nacional
En 1927 Sandino tomó una decisión que cambiaría la historia al rechazar el Pacto del Espino Negro. Este acuerdo pretendía poner fin a la Guerra Constitucionalista bajo la humillante supervisión de Estados Unidos. Frente a la sumisión de las élites, organizó a campesinos y obreros.
Con un profundo conocimiento de las montañas de Nueva Segovia y el vital respaldo del pueblo rural, implementó una brillante guerra de guerrillas. Contra todo pronóstico y enfrentando a unos cinco mil marines equipados con tecnología superior, Sandino logró lo impensable y forzó la retirada de las tropas extranjeras en 1933.
El testamento inquebrantable
La traición apagó su vida en 1934 por órdenes de Anastasio Somoza García. No obstante, las balas no pudieron detener sus ideales. Su heroísmo sentó las bases para la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1961, movimiento que en 1979 derrocaría a la sangrienta dictadura somocista para recuperar la autodeterminación.
El «General de Hombres Libres» nos dejó un legado inmenso resumido en su grito histórico «Patria Libre o Morir». Como un apunte necesario para honrar la verdad histórica, es importante aclarar que la famosa frase «Patria o Muerte, Venceremos» se popularizó décadas después gracias a la Revolución Cubana, aunque comparte plenamente la misma esencia de dignidad.
La vida de Augusto C. Sandino demuestra de forma contundente que entre nuestros pueblos no deben existir fronteras cuando el objetivo supremo es defender la libertad.
“Mientras haya en mi patria hombres que amen la libertad, no dejaré de luchar contra el invasor extranjero.” — Augusto César Sandino
“El imperialismo no puede ser jamás amigo de los pueblos débiles; su interés es explotarlos y dominarlos.” — Augusto César Sandino
Falsos positivos en el VRAEM: La masacre de Cochabamba y el resurgimiento del narco-militarismo como arma política
Por Claudia García – Periodista de Investigación
Lima – Perú, abril 29 de 2026
El fantasma del terrorismo de Estado y las ejecuciones extrajudiciales ha vuelto a ensombrecer al Perú. En el álgido contexto de la segunda vuelta de las elecciones generales, una maquinaria de persecución política y «psicosociales» parece haberse reactivado. Operaciones manchadas de sangre, justificadas bajo la supuesta fachada de la pacificación nacional, amenazan la vida de civiles inocentes para alimentar la narrativa política de Fuerza Popular y su repudiada lideresa, Keiko Fujimori. La reciente masacre en Huancavelica no es un error táctico; los indicios apuntan a que es un crimen calculado que apunta a quedar en la impunidad.
Sobreviviente a operativo antidrogas: «Nos obligaron a declarar bajo amenazas»
La madrugada del sábado 25 de abril, en el sector de Pongos, distrito de Colcabamba (Tayacaja, Huancavelica), cinco jóvenes que regresaban de participar en la Copa Perú fueron acribillados sin piedad, mientras que otros dos resultaron gravemente heridos. Aunque la versión oficial de las fuerzas militares y policiales intentó vender la narrativa de un supuesto «enfrentamiento» en el VRAEM, la realidad de los hechos resulta espeluznante.
Ricardo Acuña, uno de los sobrevivientes de la matanza, ha roto el silencio. En un testimonio desgarrador, relató cómo los uniformados lo sometieron a torturas psicológicas y lo amenazaron de muerte con sus armas de reglamento para obligarlo a autoinculparse. El objetivo era forzarlo a firmar un acta en la que «confesaba» transportar sustancias ilícitas, buscando así encubrir y justificar el asesinato a sangre fría de sus compañeros. A pesar de la absoluta inocencia de los civiles y su nula vinculación con actividades delictivas, la presión estatal intentó fabricar un expediente criminal donde solo había deportistas; un oscuro modus operandi que remite directamente a las prácticas represivas sistemáticas de la década de los ochenta.
Por su parte, los familiares de las víctimas han denunciado un detalle aún más macabro. Tras la balacera, al percatarse de la magnitud de su crimen, los militares exclamaron: «No hay nada, no hay nada», en clara referencia a la ausencia de drogas y armas en el vehículo. La solución inmediata de la patrulla para justificar la masacre fue fabricar culpables al grito de «hay que sembrarles». La orden dictaba colocar estupefacientes, armamento y trapos rojos junto a los cadáveres, un montaje criminal que solo fue frustrado por la llegada sorpresiva de una caravana de testigos a la escena. Se trató, en suma, de un intento de falso positivo de manual, diseñado a la medida para alimentar el discurso psicosocial de la «lucha contra el terrorismo» que capitaliza políticamente la organización fujimontesinista Fuerza Popular.
Una emboscada irregular: «Fueron a asaltar y a matar»
Las autoridades locales y expertos en seguridad han desmontado rápidamente la versión de las muy cuestionadas fuerzas del orden. Rogelio Tovar, alcalde de Pucacolpa (Huanta), fue tajante: «El ejército no ha ido a un operativo de control territorial, han ido a matar y asaltar a ‘cargachitos’ […]. Pensaron que ellos eran y de frente les metieron bala».
El investigador en subversión, narcotráfico y crimen organizado, Jaime Antezana, califica el hecho en su informe «La masacre en Colcabamba, Vraem: El narco-militarismo fujimontesinista» como una operación flagrantemente ilegal. El capitán y los siete soldados implicados no solo vestían de civil —encapuchados con pasamontañas, gorras verdes, polos negros y botas de jebe—, sino que actuaron al margen de la ley. Sin la presencia obligatoria de la Policía Antidrogas y un fiscal del Ministerio Público, los militares carecen de facultades constitucionales para realizar interdicciones por cuenta propia. Fue, en palabras de Antezana, la letal incursión de una «patrulla narco-militar».
El cerco legal y político
El encubrimiento institucional ha comenzado a resquebrajarse. Según Infobae, el Congreso de la República ya recibió una moción de orden del día impulsada por el legislador Wilson Soto Palacios (Acción Popular) para citar de urgencia al nuevo ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno. El documento exige explicaciones inmediatas y la determinación de responsabilidades políticas y penales por la masacre.
En paralelo, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja ha abierto una investigación preliminar contra ocho militares y tres civiles por el presunto delito de homicidio calificado.
Los generales bajo la lupa: El engranaje del poder y la impunidad
Esta maquinaria de impunidad y «terruqueo» no opera sola; requiere altos mandos militares y policiales dispuestos a ejecutarla. Fuentes de inteligencia civil han puesto bajo el reflector a dos generales clave en esta trama:
General de División Víctor Huertas Ponce (Comandante General del Frente VRAEM): Investigaciones apuntan a que habría recibido prebendas directamente del candidato vicepresidencial de Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres Morales. Estas incluirían la facilitación de propiedades exclusivas en el sur de Lima y en La Molina, sumas de dinero no declaradas, e injerencia política para garantizar sus ascensos y colocación estratégica.
General Óscar Arriola Delgado (Comandante General de la PNP): Sindicado como cómplice de las extorsiones y sicariatos, también es señalado en tres informes de inteligencia como el principal artífice de la doctrina del «terruqueo» y la persecución política contra la disidencia. A este prontuario criminal se suma el nepotismo: en enero pasado, el diario El Peruano publicó una resolución de adjudicación a favor de una empresa vinculada a su entorno familiar, un caso de presunta incompatibilidad que la Contraloría General ya recomendó investigar por los negociados reiterados valiéndose de su estrecha amistad con Keiko Fujimori y otros cuestionados políticos neoliberales.
La sombra de un pasado que se resiste a morir
Lo ocurrido en Colcabamba no es un hecho aislado; es el eco de una época oscura. Las Fuerzas Armadas, bajo el amparo de directrices políticas, parecen reeditar los peores pasajes del régimen de Alberto Fujimori y su socio Vladimiro Montesinos. La fabricación de expedientes, el secuestro y asesinato de civiles inocentes, y la posterior incineración y ocultamiento de pruebas nos remiten inevitablemente a la masacre de los estudiantes y el catedrático de la Universidad La Cantuta, o al brutal asesinato de familias enteras, incluido un niño, en Barrios Altos.
Hoy, en plena disputa electoral, la vida de los peruanos en el VRAEM vuelve a ser utilizada como moneda de cambio para infundir miedo y sostener ambiciones de poder de la organización criminal Fuerza Popular. La verdad sobre Colcabamba no solo debe traer justicia para siete familias destrozadas, sino desenmascarar el narco-militarismo que pretende secuestrar nuevamente la muy venida a menos democracia liberal peruana.
Entrevista a la diputada federal Petra Romero Gómez
Ciudad de México, 24 de abril de 2026
La entrevista con la diputada federal Petra Romero Gómez no es únicamente un testimonio individual ni un recuento de iniciativas legislativas; constituye, más bien, la expresión de una trayectoria que permite observar, en una escala concreta, la persistencia de una estructura histórica que ha definido a México: la tensión entre el poder institucional y las formas de organización social que emergen fuera de él, en los márgenes, en las comunidades, en aquello que durante siglos ha sido subordinado, pero nunca completamente absorbido.
Cuando la diputada afirma que su vocación surge de “la necesidad desde la vivencia”, no recurre a una categoría retórica, sino que expresa una condición estructural. En México, las clases populares no han accedido a la política mediante la acumulación de capital o la formación tecnocrática, sino a partir de experiencias de exclusión que se transforman en conciencia social. Esa conciencia, como ella misma lo señala, se forja en espacios no estatales: en la experiencia empírica de las comunidades eclesiales, en redes de solidaridad y en luchas territoriales.
Su paso por comunidades vinculadas a la Teología de la Liberación revela precisamente ese proceso en el cual un lenguaje heredado —en este caso, el religioso— opera como extensión del discurso social, siendo apropiado por los sectores subalternos para interpretar su realidad y organizar su acción colectiva.
En este tránsito se produce un cambio fundamental: del individuo aislado al sujeto colectivo. La diputada insiste en que “somos pueblo” y que “con el pueblo nos tenemos que organizar”. Esta afirmación remite a un principio histórico fundamental. En México, la noción de “pueblo” ha sido constantemente disputada: mientras el Estado la ha invocado para legitimar su poder y reorganizarla en nuevas estructuras institucionales, las comunidades la han vivido como práctica cotidiana de cooperación, ayuda mutua y sobrevivencia.
Lo que emerge en la entrevista es el intento de trasladar esa noción profundamente arraigada en la vida comunitaria hacia el interior de una institución que históricamente ha operado bajo otras lógicas.
Su llegada a la Cámara de Diputados es narrada como un “nacimiento”: una transformación que no implica ruptura con su origen, sino continuidad de su proceso comunitario. No se trata de una integración plena al aparato estatal, sino de una inserción que busca mantener el vínculo con su experiencia previa, portadora de una conciencia social profundamente empírica y, en sus propias palabras, también “cósmica”. Sin embargo, la entrevista deja ver que este proceso está atravesado por contradicciones.
La Cámara, concebida como “la casa del pueblo”, es también un espacio donde las decisiones se rigen por correlaciones de fuerza, prioridades legislativas y restricciones presupuestarias que no necesariamente responden a las necesidades inmediatas de ese mismo pueblo.
Las iniciativas que la diputada presenta en materia laboral ilustran con claridad esta tensión. Propuestas como otorgar 15 minutos previos al inicio de la jornada para la ingesta de alimentos, o ampliar el tiempo destinado a la comida, no surgen de un análisis abstracto, sino de la experiencia corporal del trabajo. Es el cuerpo del trabajador —el hambre, el cansancio, el estrés— el que organiza la demanda.
Sin embargo, su destino legislativo revela los límites de esa traducción. La diputada reconoce que estas propuestas no han sido aprobadas debido a la priorización de otras reformas, como la reducción de la jornada laboral. Aquí se evidencia una jerarquía de decisiones que no depende únicamente de la legitimidad de las demandas, sino de factores estructurales que reordenan prioridades. La necesidad aparece como punto de partida, pero queda subordinada a la lógica institucional.
El tema del autismo introduce una dimensión aún más compleja. A diferencia de otros momentos de la entrevista, aquí emerge un reconocimiento explícito de carencias: diagnósticos tardíos, falta de acceso a terapias y ausencia de políticas integrales. La diputada señala que su iniciativa no fue aprobada debido a su impacto económico, lo que pone en evidencia una de las contradicciones centrales del Estado contemporáneo: la coexistencia entre un discurso de derechos universales y una práctica limitada por la distribución de recursos.
Se configura así un escenario donde sectores como las familias con personas autistas permanecen en una situación de vulnerabilidad estructural, dependiendo no solo de la voluntad política, sino de la capacidad material del Estado para responder a sus necesidades.
Cuando se le solicita una evaluación general de los derechos sociales —tema central de la entrevista—, su respuesta se inscribe en la narrativa de ruptura asociada a la llamada Cuarta Transformación. Según esta perspectiva, el pasado reciente se caracteriza por el abandono, mientras que el presente representa un proceso de restitución.
No obstante, su propio discurso introduce matices. En materia de mujeres, reconoce avances legales, pero también admite el desconocimiento de derechos y la persistencia de desigualdades salariales. En el caso de la niñez, señala que muchos derechos existen solo en el plano formal.
Estas observaciones reflejan una constante histórica: la distancia entre la ley y su cumplimiento efectivo, entre el reconocimiento jurídico y la realidad social.
Otro aspecto central es la forma en que la diputada construye su legitimidad. Su autoridad no proviene de una formación técnica ni de una trayectoria burocrática, sino de la acumulación de experiencias: haber sido obrera, empleada doméstica, campesina y mujer que ha vivido violencia. Su representación se sustenta en la identificación con el grupo social al que pertenece. Sin embargo, esto también plantea interrogantes: la experiencia individual, por significativa que sea, no necesariamente abarca la diversidad interna de ese mismo grupo.
En el plano institucional, sus propuestas sobre la eliminación del fuero o la defensa de la revocación de mandato expresan una preocupación por reducir la distancia entre gobernantes y gobernados. Estas ideas constituyen una crítica a las formas de privilegio históricamente arraigadas en el sistema político mexicano. No obstante, su formulación aparece de manera fragmentaria, lo que evidencia la dificultad de articular un proyecto coherente dentro de un aparato estatal complejo.
La dimensión internacional, aunque secundaria, introduce una lectura del orden global como espacio de desigualdad. Sus críticas a figuras como Donald Trump, así como sus cuestionamientos a organismos como la ONU y UNICEF, reflejan una visión de las relaciones internacionales como prolongación de estructuras de poder asimétricas, en sintonía con una tradición crítica latinoamericana.
En suma, la entrevista no configura un modelo acabado de política social, sino que ofrece una serie de fragmentos que, en conjunto, permiten observar una tensión estructural persistente: por un lado, la aspiración de que el Estado incorpore las lógicas comunitarias y traduzca la experiencia de la necesidad en políticas públicas; por otro, la realidad de un aparato institucional que opera bajo restricciones, jerarquías y racionalidades que no siempre coinciden con esa aspiración.
La diputada no abandona la idea de que el Estado puede ser “la casa del pueblo”, pero tampoco desconoce los límites que condicionan esa posibilidad. Su discurso oscila entre la afirmación y el reconocimiento de esas restricciones, entre la narrativa de transformación y la persistencia de estructuras históricas.
Esa oscilación no constituye una debilidad discursiva, sino su condición esencial. En ella se refleja una historia en la que los sectores populares han buscado transformar las estructuras que los subordinan, sin alcanzar una integración plena ni una ruptura definitiva.
Más que ofrecer respuestas concluyentes, la entrevista expone la complejidad de un proceso en curso: un devenir histórico que avanza lentamente, como ríos antiguos que modelan la piedra. Un proceso sostenido por las multitudes que, desde las regiones más profundas de la historia mexicana, mantienen viva la expectativa de cambio.
La llamada Cuarta Transformación aparece entonces no como una promesa inmediata, sino como horizonte: una línea lejana entre la memoria y la persistencia de los pueblos. No se trata de un país que se funda de nuevo, sino de uno que se reconstruye constantemente, recordándose a sí mismo en cada intento.
La esperanza no se expresa como ruptura total del poder estatal, sino como una continuidad tensionada entre la ilusión y la persistencia histórica de quienes, desde hace siglos, esperan que la historia, finalmente, les pertenezca.
Lima — A 45 días de la segunda vuelta electoral, un hecho de sangre ocurrido en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) ha reabierto una herida que el Perú creía advertida: la posible utilización del terrorismo como herramienta de manipulación política. El hallazgo de los cuerpos de cinco ciudadanos peruanos y dos heridos, atribuido inicialmente por las autoridades a un ataque de remanentes narco-subversivos, es cuestionado por fuentes de inteligencia y organizaciones de derechos humanos, que señalan indicios de un montaje con fines electorales.
Documentos y testimonios obtenidos apuntan a la existencia de una articulación entre altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) con operadores políticos del fujimorismo. El objetivo, de acuerdo con las fuentes consultadas, sería reactivar la narrativa del “retorno del terrorismo” para incidir en la opinión pública y favorecer a la cuestionada candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Cinco muertes en el VRAEM: ¿operativo militar o ejecución extrajudicial?
El 12 de abril pasado, la prensa oficial reportó la muerte de cinco personas y dos heridos en una zona de alto riesgo del VRAEM, atribuyéndola a un enfrentamiento con supuestos integrantes de Sendero Luminoso. Sin embargo, tres pobladores de la zona —cuyas identidades se mantienen en reserva por seguridad— declararon varios medios que los fallecidos y heridos eran agricultores y deportistas conocidos en la comunidad, sin vínculos previos con organizaciones subversivas.
Ante estas versiones, pobladores, familiares y organismos de Derechos Humanos del VRAEM solicitaron una investigación independiente, advirtiendo que el caso presenta “todos los patrones de un falso positivo”, práctica documentada durante la lucha antisubversiva de los años ochenta y noventa, cuando las fuerzas del Estado presentaban a civiles asesinados como terroristas abatidos.
Los generales bajo la lupa: propiedades, dinero y poder
En la cadena de responsabilidades que está siendo trazada por fuentes de inteligencia e investigadores civiles aparecen dos nombres de alta jerarquía militar y policial.
El primero es el general de división Víctor Huertas Ponce, comandante general del Frente VRAEM. Según investigaciones, Huertas Ponce habría recibido prebendas del congresista de Fuerza Popular Miguel Ángel Torres Morales, quien le habría facilitado propiedades en el Sur de Lima y el distrito exclusivo de La Molina, además de sumas de dinero no declaradas y recomendaciones para ascensos y destinos estratégicos.
Por otro lado, el general Óscar Arriola Delgado, comandante general de la PNP, ha sido señalado en al menos tres informes de inteligencia como responsable de implementar la doctrina del “terruqueo” y persecución política en zonas de conflicto social y, además, de favorecer a familiares con contratos y concesiones a través de instituciones del Estado. El diario oficial El Peruano publicó en enero pasado una resolución que adjudicó una licitación a una empresa vinculada a un familiar de Arriola Delgado, hecho que la Contraloría General recomendó investigar por presunta incompatibilidad.
El patrón que se repite: terrorismo como coartada política
De confirmarse los señalamientos, el Perú estaría frente a una reedición del modus operandi fujimontesinista que caracterizó al gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), donde el aparato de inteligencia comandado por Vladimiro Montesinos utilizó el discurso del terrorismo para justificar violaciones a los derechos humanos, cerrar el Congreso y manipular procesos electorales.
Keiko Fujimori, actual candidata presidencial, arrastra una condena en primera instancia por lavado de activos (en el caso Cócteles) y está siendo investigada por presunto fraude en la recolección de firmas para su inscripción electoral. Ante este escenario, analistas políticos consultados coinciden en que la estrategia de Fuerza Popular ha sido “cambiar la agenda” y “revivir el miedo” como factor movilizador de votos. No es casualidad que estos hechos ocurran justo cuando las encuestas muestran rechazo al voto fujimorista.
Confabulación político-militar: un riesgo para la democracia
La presunta relación entre el congresista fujimorista Torres Morales, el general del ejército Huertas Ponce y el general de la policía Arriola Delgado constituiría, según especialistas en defensa, una violación del principio de subordinación del poder militar al poder civil democrático. El artículo 169 de la Constitución Política del Perú establece que las Fuerzas Armadas y la PNP no son deliberantes. Sin embargo, las pruebas documentales sugerirían lo contrario: existiría una línea de mando paralela que responde a intereses partidarios.
La sangre de siete peruanos en el VRAEM, cinco muertos y dos heridos, no podrá borrarse con comunicados de prensa ni con informes oficiales sin contradicción. El periodismo de investigación tiene la obligación de solicitar el esclarecimiento real de los sucesos.
En el marco de una visita reflexiva al Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México, espacio emblemático de la memoria histórica del pueblo mexicano, un grupo de activistas y comunicadores realizó un proceso colectivo de análisis y debate en torno a la lucha de clases en México, América Latina y el escenario internacional actual.
Estas reflexiones se inscriben en un contexto global marcado por la profundización de las contradicciones del capitalismo en su fase imperialista, la reconfiguración del orden mundial y el despliegue de múltiples formas de dominación —económicas, políticas, militares y mediáticas— por parte de las potencias capitalistas e imperialistas. Al mismo tiempo, diversos pueblos del mundo, como Palestina, Cuba, Irán, Yemen, Líbano, Venezuela, entre otros, sostienen procesos de resistencia frente a estas injustas políticas de dominación, en un escenario internacional atravesado por la gran ley de la lucha de clases en macro.
En este contexto de reflexión crítica, y a partir de la carga simbólica e histórica de Tlatelolco, el colectivo centró su análisis en el movimiento estudiantil de 1968 en México, entendido no como un hecho aislado, sino como expresión concreta de la lucha de clases en un momento de crisis del régimen político de aquella coyuntura. Se abordó su capacidad organizativa, su carácter popular y su potencial transformador, así como la brutal respuesta estatal, que recurrió al terrorismo de Estado para preservar el orden dominante.
El presente ensayo es, por tanto, el resultado de este ejercicio colectivo de pensamiento crítico, elaborado de manera conjunta por Julio Gerardo Padilla Sánchez, Héctor Torres Vázquez, Carlos Alberto Jiménez Guadarrama, Alberto Gutiérrez Islas y Alex Chamán Portugal. Más que un trabajo individual, constituye una construcción reflexiva compartida que articula memoria histórica, análisis político y perspectiva crítica, con el propósito de comprender la dinámica de la dominación, las políticas de resistencia del movimiento obrero y popular en México y en el marco de la crisis que agobia al sistema capitalista global.
Introducción y contextualización
La lucha de clases en el escenario internacional, lejos de haber desaparecido como proclamaron los ideólogos burgueses del llamado “fin de la historia”, se ha intensificado y reconfigurado bajo nuevas formas en el capitalismo globalizado y su expresión neoliberal. La expansión del parasitario capital financiero, la creciente concentración monopólica y la profundización de la precarización del trabajo —junto al deterioro de las condiciones materiales de existencia de las mayorías— han agudizado las contradicciones entre el capital y el trabajo, generando oleadas de resistencia que recorren el planeta. Desde las rebeliones populares en África y Asia hasta las protestas masivas en América y Europa contra las políticas de austeridad, se evidencia que la conflictividad social no es una anomalía, sino una condición inherente al decadente sistema capitalista. Sin embargo, estas luchas enfrentan una ofensiva reaccionaria articulada por potencias imperialistas, que combinan intervenciones militares, guerra mediática y desestabilización política mediante crueles sanciones unilaterales, con el objetivo de contener y neutralizar cualquier proyecto emancipador. En este contexto, la lucha de clases adquiere un carácter abiertamente global, en el que las naciones oprimidas y los pueblos del mundo resisten no solo a sus burguesías nacionales y transnacionales, sino también a la fase imperialista del capitalismo, que recurre a múltiples mecanismos para perpetuar su dominación y hegemonía.
En América Latina, la lucha de clases se expresa como una confrontación histórica entre proyectos populares de emancipación y estructuras oligárquicas subordinadas al imperialismo, principalmente estadounidense. La región ha sido escenario de revoluciones, reformas profundas, y también de atroces contrarrevoluciones, por ejemplo: desde la experiencia socialista en Cuba hasta los golpes de Estado en el Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, etc., pasando por los procesos denominados progresistas del siglo XXI que intentaron una más justa redistribución de la riqueza y recuperar cierta soberanía. Pensadores revolucionarios como José Carlos Mariátegui ya advertían que la emancipación latinoamericana debía ser una creación heroica de los pueblos, arraigada en sus propias condiciones socio-históricas (Mariátegui, 1928/2007). Sin embargo, cada avance obrero y popular ha sido respondido con estrategias de opresión que combinan violencia reaccionaria directa, lawfare, control mediático, despojo de derechos y libertades demoliberales. Aun así, las resistencias persisten en los movimientos obreros, indígenas, campesinos, feministas, estudiantiles y otros que continúan disputando el sentido del poder, reafirmando que la historia latinoamericana no está clausurada, sino en permanente tensión entre emancipación y dominación.
En México, la lucha de clases se ha desarrollado bajo una forma muy compleja, marcada por la coexistencia de un Estado fuerte y una enorme desigualdad social. Merece especial interés las luchas agrarias de la Revolución Mexicana hasta el vigoroso movimiento estudiantil de 1968 y las resistencias posteriores, el conflicto entre las clases explotadoras y las explotadas ha sido constante. La despiadada masacre de Tlatelolco y la posterior Guerra Sucia evidencian que el Estado ha recurrido sistemáticamente a la violencia reaccionaria para preservar el injusto orden establecido, configurando lo que puede caracterizarse como terrorismo de Estado. Al mismo tiempo, el uso del espectáculo —como el Mundial de fútbol de 1970— fue instrumentalizado como efectivo mecanismo de control ideológico, desviando la atención de las contradicciones estructurales. No obstante, la memoria y la organización popular han mantenido viva la resistencia popular, reafirmando en la práctica su derecho histórico a la rebelión.
Hay momentos en la historia en que el poder no solo gobierna, sino también escenifica, puesto que construye una imagen de sí mismo que procura imponerse como realidad incuestionable. México, en las décadas centrales del siglo XX, se caracterizó por un régimen que combinó crecimiento económico con control político, estabilidad institucional con violencia selectiva, modernización con exclusión. Bajo el denominado “Milagro Mexicano”, se consolidó una forma particular de dominación en que un capitalismo dependiente es sostenido por un Estado fuerte, centralizado y autoritario.
Como advirtió Pablo González Casanova, la estructura política mexicana no respondía a los parámetros de una democracia liberal plena, sino a una democracia restringida, en que la participación popular era administrada y los márgenes de disidencia duramente limitados (González Casanova, 1965). El cuestionado Partido Revolucionario Institucional no era sencillamente un actor electoral, sino el eje articulador de una maquinaria de poder que integraba sindicatos, medios masivos de información, instituciones educativas y fuerzas de seguridad en una lógica de control total. Sin embargo, toda hegemonía —como lo planteó Antonio Gramsci— se distingue por ser inestable, ya que se sostiene en un equilibrio dinámico entre consenso y coerción. Y cuando ese equilibrio se fractura, emerge la crisis.
La irrupción del ejemplar movimiento estudiantil
El movimiento estudiantil de 1968 no fue una anomalía aislada, sino la expresión visible de contradicciones socio-políticas acumuladas tanto a nivel nacional como internacional. En México, la severa represión contra obreros, campesinos, médicos y maestros dejó una huella profunda en la conciencia colectiva. Cada uno de esos episodios configuró una pedagogía política que evidenció que el Estado no actuaba como mediador neutral, sino como garante de un orden de clase explotador y opresor.
Referido proceso no puede comprenderse plenamente sin situarlo en el contexto de una oleada global de rebeliones juveniles y estudiantiles. En mayo del 68 en Francia, millones de estudiantes y trabajadores cuestionaron el sistema capitalista; en los Estados Unidos, el movimiento contra la Guerra de Vietnam articuló una poderosa crítica al imperialismo y al racismo estructural. De similar forma, en diversas regiones de Asia, América Latina y Europa, la juventud emergió como un actor político central que cuestionaba tanto las estructuras autoritarias como las palpables desigualdades inherentes al sistema.
En este escenario internacional de efervescencia, el crecimiento económico mexicano —presentado como símbolo de estabilidad— coexistía con profundas desigualdades estructurales y una sistemática negación de derechos y libertades. Fue en esa coyuntura que la juventud universitaria mexicana irrumpió como sujeto político, articulando demandas legítimas que implicaban una ruptura con el orden dominante. El pliego petitorio del movimiento —restitución de derechos, libertad de presos políticos, desaparición del cuerpo de granaderos y derogación del delito de disolución social— no planteaba aún una revolución socialista, pero sí constituía un cuestionamiento directo a las políticas antipopulares del régimen.
Así, el movimiento estudiantil mexicano se inscribe en una dinámica histórica más amplia en que la irrupción de una generación que, desde distintas latitudes, puso en tela de juicio la legitimidad de los inicuos sistemas políticos y económicos vigentes, revelando que la lucha de clases, lejos de extinguirse, adquiría nuevas formas y nuevos sujetos en la segunda mitad del siglo XX.
El Estado y la violencia como racionalidad política
La respuesta del Estado fue inmediata y brutal. La masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco (Plaza de las Tres Culturas, símbolo de la confluencia de las herencias prehispánica, hispánica y republicana) puede entenderse como una política deliberada y alevosa violatoria de los derechos fundamentales del pueblo movilizado, ya que, fue la expresión más descarnada de una práctica de poder que recurre a la violencia reaccionaria cuando percibe amenazada su estabilidad.
La operación represiva constituye un caso singular de terrorismo de Estado mediante el uso de la violencia para infundir miedo, desarticular organizaciones y disciplinar a la sociedad aplicando terror. Elena Poniatowska recoge en su testimonio una verdad irrefutable: “la noche de Tlatelolco no terminó con los disparos; continuó en el silencio impuesto” (Poniatowska, 1971, p. 58). Esta afirmación revela una dimensión central en que la represión no solo elimina y desaparece cuerpos, sino que intenta borrar significados.
Este tipo de violencia, además de ser irracional es profundamente funcional. Tal como señala Rita Segato, el terror estatal cumple una función pedagógica, ya que enseña a la sociedad los límites de lo permitido (Segato, 2016).
La construcción del enemigo interno
La Guerra Fría, expresión geopolítica de la confrontación entre el capitalismo y el socialismo, proporcionó al Estado mexicano el marco ideológico y político perfecto para justificar la atroz represión. Bajo la retórica anticomunista, erigida como doctrina de seguridad nacional al servicio de las clases explotadoras, cualquier forma de disidencia no solo tendía, sino que era sistemáticamente criminalizada. Así, el estudiante dejó de ser sujeto de derechos para convertirse en objetivo de vigilancia; el activista, en blanco legítimo de persecución; el pueblo organizado, en amenaza a neutralizar.
Este proceso de construcción del enemigo interno permitió legitimar prácticas que, en otras circunstancias, habrían sido inaceptables. Se institucionalizó así una maquinaria de terror, en que la vigilancia, el hostigamiento, la persecución, las detenciones, los encarcelamientos, las torturas, las violaciones y los asesinatos fueron normalizados como instrumentos cotidianos de dominación de clase. Estas acciones se presentaron como mecanismos de defensa nacional. Pero en realidad, no defendían a la nación, sino a una minoría privilegiada enquistada en el poder. No se trataba de resguardar la soberanía, sino de preservar un orden social injusto, profundamente desigual y estructuralmente violento al servicio del capital nacional y transnacional.
Papel de los medios masivos de información
La represión física a los manifestantes fue acompañada por una operación simbólica igualmente eficaz, puesto que los grandes medios de manipulación —orgánicamente vinculados a los intereses del poder vigente— no solo omitieron la verdad, sino que la sustituyeron. Construyeron una narrativa oficial destinada a encubrir el crimen y a deslegitimar la protesta popular.
Carlos Monsiváis lo expresó con claridad al afirmar que la prensa no informó sobre Tlatelolco; administró el silencio (Monsiváis, 1970). Al hacerlo, se convirtió en un actor clave en la reproducción de la hegemonía. No fue un error ni una omisión involuntaria, sino una función estructural dentro del aparato ideológico del Estado.
Frente a ese cerco informativo, el poderoso movimiento estudiantil desarrolló sus propias formas de comunicación a través de brigadas, volantes, prensa alternativa, entre otras. Estas prácticas no eran simplemente informativas, sino profundamente políticas, porque rompían el monopolio burgués de la palabra y devolvían al pueblo su capacidad de nombrar la realidad. En ellas se gestaba una contrahegemonía, expresada en una narrativa insurgente que desafiaba frontalmente el control estatal del sentido y de la verdad.
El espectáculo instrumentalizado como encubrimiento
El Estado mexicano, especialmente a partir de 1968, no actuó de manera aislada ni reactiva, sino como parte de una estructura de dominación de clase que combinó feroz represión y control ideológico para preservar un orden sumamente desigual. La masacre de Tlatelolco no fue un exceso, sino una expresión deliberada de terrorismo de Estado, legitimada mediante la construcción del “enemigo interno” bajo la lógica anticomunista de la Guerra Fría. En este marco, estudiantes y sectores organizados del pueblo fueron criminalizados, perseguidos, encarcelados, torturados y eliminados como parte de una estrategia de disciplinamiento social.
A esta violencia material se sumó una operación simbólica igualmente eficaz en que los medios masivos de manipulación actuaron como aparatos ideológicos al servicio del poder, ocultando la verdad y construyendo una narrativa funcional al régimen. Paralelamente, el Estado desplegó el espectáculo —particularmente los Juegos Olímpicos de 1968 y el Mundial de 1970— como mecanismo de encubrimiento y recomposición de legitimidad, proyectando una imagen de modernidad y estabilidad mientras profundizaba prácticas sangrientas de contrainsurgencia. El espectáculo sustituyó la realidad, ocultando la violencia estructural tras una escenificación de normalidad.
La articulación entre represión, manipulación mediática y espectáculo evidencia que el poder reaccionario no solo se sostiene por la fuerza, sino también por su capacidad de moldear la conciencia social. No obstante, frente a esta maquinaria de dominación, el movimiento estudiantil y los sectores populares generaron formas de resistencia y contrahegemonía que mantuvieron viva la memoria histórica y reafirmaron, en la práctica, el derecho del pueblo a la rebelión frente a un orden injusto.
Entre la paz simulada y la violencia real
El México de 1968 no era un país en paz; era, un país sometido al silencio. La estabilidad que el Estado exhibía no respondía a un equilibrio social legítimo, sino a una combinación calculada de coerción y consenso, en que la brutal represión se articulaba con el espectáculo para sostener una apariencia de normalidad. Cuando ese frágil equilibrio fue desafiado por la irrupción del movimiento estudiantil, el poder reaccionó sin ambigüedades, revelando su verdadera naturaleza de constituirse en un aparato dispuesto a ejercer la violencia extrema para preservar el orden dominante.
La historia no se agota en la represión. La experiencia del 68 dejó una huella indeleble que trascendió a quienes la vivieron directa o indirectamente, proyectándose sobre las generaciones posteriores como una memoria activa de lucha. Fue, una derrota en el plano inmediato, pero también una victoria en el terreno de la conciencia histórica y la movilización popular. Los procesos históricos no se miden únicamente por sus resultados inmediatos, sino por las condiciones que generan para las luchas futuras, y en ese sentido, el 68 abrió una grieta irreversible en la hegemonía del poder concretada en las crecientes luchas y resistencias populares.
La lógica de la manipulación y alienación
Esta operación puede comprenderse como un proceso de alienación funcional al sistema. La energía social que podría orientarse hacia la crítica, la organización y la transformación estructural es desviada hacia el consumo pasivo de imágenes, emociones y espectáculos. Se produce así una desideologización y despolitización de las masas, donde la experiencia colectiva es reemplazada por una vivencia mediada, fragmentada y controlada.
El problema no radica en el fútbol como práctica popular, sino en su apropiación por parte de las inicuas estructuras de poder, que la instrumentalizan ideológicamente y lo convierten en mercancía al servicio de la dominación. En este sentido, el Mundial de 1970 operó como una válvula de escape cuidadosamente diseñada que permitió descomprimir tensiones sociales, reforzar una identidad nacional funcional al régimen y, al mismo tiempo, desplazar la atención de la lucha de clases que atravesaba al país. No fue un fenómeno espontáneo ni neutral; puesto que, ante todo, fue una operación política deliberada.
Contrainsurgencia y simulación de apertura en el México post-1968
El gobierno de Luis Echeverría Álvarez desplegó una estrategia dual que se manifiesta con nitidez la contradicción del poder burgués en crisis. Por un lado, incorporó en el plano discursivo ciertas demandas de las organizaciones sociales y populares, apropiándose de consignas como justicia social, progreso, desarrollo y participación en un intento por recomponer una legitimidad severamente erosionada tras los luctuosos sucesos de 1968. Por otro lado, reforzó e intensificó los mecanismos de control, vigilancia, persecución y represión contra los sectores consecuentes que no podían ser cooptados ni integrados al orden opresor, demostrando que la apertura proclamada no era más que una maniobra táctica de contención.
Esta lógica alcanzó su expresión más atroz el 10 de junio de 1971, con la masacre conocida como el Halconazo, en que la movilización estudiantil fue atacada por el grupo paramilitar “Los Halcones”, entrenado, financiado y protegido por el propio Estado, lo que dejó al descubierto la naturaleza estructural de la violencia. El mensaje dejaba en evidencia que la participación popular era tolerada únicamente dentro de los márgenes definidos por el poder vigente, y cualquier intento de organización autónoma del pueblo sería reprimido sin contemplaciones.
Como advierte Adolfo Gilly, este periodo puede entenderse como una fase de contrainsurgencia preventiva, en la que el Estado no espera la irrupción de la rebelión, sino que actúa anticipadamente para sofocar sus condiciones de posibilidad (Gilly, 2006). De este modo, la represión deja de ser episódica y se transforma en estructural, sistemática y anticipatoria, consolidando un modelo de dominación que articula violencia directa con control ideológico.
La institucionalización del terror la Guerra Sucia
A partir de los 1970, la violencia estatal en México se robustece y adquiere mayor complejidad, puesto que se consolida lo que posteriormente sería denominado la “Guerra Sucia” que se caracterizará por ser una política sistemática de estigmatización, persecución, encarcelamiento, aniquilamiento, tortura, asesinato y disciplinamiento dirigida contra organizaciones guerrilleras, movimientos populares y toda forma de disidencia política. No se trató de excesos aislados, sino de una estrategia diseñada e implementad por el Estado orientada a aplastar cualquier proyecto de transformación social estructural.
En este periodo, las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la existencia de cárceles clandestinas se convierten en prácticas recurrentes y normalizadas al interior del aparato estatal. El poder represivo ya no opera únicamente a través de sus instituciones visibles, sino también mediante pérfidas redes encubiertas, estructuras paramilitares y operaciones clandestinas que garantizan la impunidad. En este contexto, el terrorismo de Estado deja de ser una categoría abstracta para convertirse en una realidad concreta y verificable en la experiencia histórica mexicana.
Como señala Rita Segato, este tipo de violencia no solo elimina físicamente a los cuerpos disidentes, sino que cumple una función disciplinaria más profunda, ya que produce sujetos atravesados por el miedo, restringe la acción colectiva y fragmenta el tejido social (Segato, 2016). En México, esta pedagogía del terror dejó una marca duradera, configurando generaciones enteras condicionadas por la autocensura, la desconfianza y la inhibición política.
Resistencias y fisuras en la hegemonía
La realidad demuestra que la hegemonía nunca es total ni definitiva. A pesar del despliegue del espectáculo y de la estrategia de control, persistieron fisuras desde las cuales se articularon formas de resistencia. Intelectuales críticos, artistas, organizaciones estudiantiles y movimientos populares mantuvieron viva la memoria de Tlatelolco, denunciaron la inmisericorde represión y cuestionaron la narrativa oficial impuesta por el Estado y sus aparatos ideológicos.
En términos de Antonio Gramsci, se trató de una guerra de posiciones mediante una disputa prolongada en el terreno cultural, político e ideológico, en que cada espacio —una universidad, una publicación, una movilización— se convierte en un campo de lucha (Gramsci, 1971). Estas resistencias no lograron revertir de inmediato la correlación de fuerzas, pero sí impidieron el cierre absoluto del campo político, manteniendo abierta la posibilidad histórica de nuevas irrupciones populares.
Conclusión la fiesta como forma de gobierno
Los Juegos Olímpicos de México 1968 y el Copa Mundial de la FIFA México 1970 no fueron simples celebraciones deportivas, sino mecanismos estratégicos para restaurar el orden social tras la crisis abierta por la ejemplar e histórica lucha del Movimiento estudiantil de 1968 en México. A través del espectáculo, el Estado mexicano proyectó una imagen de modernidad y estabilidad, mientras encubría la persistencia de la feroz represión y la violencia estructural.
La normalidad y estabilidad construida desde la fiesta fue, sin embargo, profundamente precaria, ya que no expresaba una resolución de las estructurales contradicciones sociales, sino su desplazamiento simbólico y su contención política. En este sentido, el poder no solo operó valiéndose de la coerción, sino también a través de la seducción ideológica, la escenificación y la producción de consenso.
No obstante, el espectáculo tiene límites porque solamente puede ocultar momentáneamente la conflictividad social, mas no eliminarla. Cuando la lucha de clases reaparece —como en 1971 y en ciclos posteriores de conflicto—, se evidencia que bajo la superficie festiva persisten las condiciones que hacen posible la inevitabilidad de la protesta. Allí radica la enseñanza histórica en que toda estrategia de dominación que combine represión y espectáculo contiene, en su propia contradicción, la posibilidad latente de la rebelión popular.
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Por: Quetzali Sarabia, vocera del estado de Puebla ante el CONAICOP México
San Bernardino Tlaxcalancingo, Puebla, 19 de abril de 2026
En la comunidad náhua de San Bernardino Tlaxcalancingo, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula, se llevó a cabo el Primer Encuentro de Mujeres Comunicadoras, convocado por la Radio Cholollan, los días 18 y 19 de abril, reuniendo a cerca de 90 participantes provenientes de distintas regiones de México.
El encuentro destacó por su carácter autogestivo y comunitario. Las asistentes fueron acogidas por familias de la localidad, quienes brindaron alimentación y alojamiento, reafirmando el papel de la solidaridad como base organizativa de los procesos de comunicación popular.
Durante las jornadas se desarrollaron ceremonias tradicionales, talleres, espacios de formación, intercambio de experiencias y actividades culturales. Estos espacios no solo permitieron fortalecer capacidades técnicas, sino también reflexionar colectivamente sobre el papel de la comunicación en la defensa de los territorios, la preservación de las identidades y la construcción de narrativas propias desde los pueblos originarios.
Uno de los ejes centrales del encuentro fue la crítica a los modelos dominantes de comunicación. Las participantes coincidieron en señalar que, frente a los medios hegemónicos que reproducen desinformación y visiones ajenas a las realidades comunitarias, la comunicación comunitaria se configura como una herramienta fundamental para fortalecer el tejido social, recuperar la memoria histórica y visibilizar las luchas de los pueblos.
Asimismo, se abordaron los múltiples desafíos que enfrentan las mujeres comunicadoras, entre ellos la violencia estructural, la criminalización, las desigualdades de género y las condiciones precarias en el ejercicio comunicativo. Frente a ello, se destacó la importancia de consolidar redes de apoyo, espacios seguros y estrategias colectivas que permitan sostener y proyectar estos procesos.
El encuentro concluyó con el compromiso de dar continuidad a este espacio mediante una segunda edición que se realizará en el estado de Oaxaca, consolidando así una articulación nacional de mujeres comunicadoras comunitarias.
En su pronunciamiento final, las participantes reafirmaron su compromiso con una comunicación libre, comunitaria y emancipadora, orientada a la defensa de la vida, los territorios y las culturas de los pueblos.
¡Justicia para las personas comunicadoras comunitarias asesinadas!
¡Alto a la criminalización de la comunicación comunitaria!
¡Defensa de los territorios y de los pueblos originarios!
Este artículo analiza la necesidad de descolonizar la educación musical en las escuelas y, a través de ello, transformar las emociones personales. Se reconoce que la colonización ha influido en el surgimiento de la tristeza y la melancolía, debido a la opresión colonial, lo que restringe la expresión emocional positiva y dificulta el aprendizaje en los estudiantes. Como respuesta a ello, se propone implementar la música y la práctica instrumental desde el área de educación musical en tonalidades mayores, para promover emociones positivas y mejorar el aprendizaje.
Desde el enfoque teórico, se explora cómo la música afecta las emociones y regula la dimensión afectiva. También se revisa la dicotomía entre tonos mayores y menores, enfatizando el tono mayor, generalmente asociado con la alegría, y la tonalidad menor, vinculada con la tristeza. Además, se incorporan las teorías de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples y las investigaciones de la neurociencia de Francisco Mora, que destacan el rol fundamental de las emociones en el proceso de aprendizaje.
El estudio contextualiza el problema en América Latina, especialmente en la región andina de Bolivia, donde la colonización musical ha alterado la identidad cultural de estos pueblos. La imposición de estructuras musicales eurocéntricas ha llevado a la predominancia de la tonalidad menor en el contexto andino, reflejando una historia de sumisión y pérdida cultural.
Como estrategia, se plantea la creación de espacios educativos donde la música se utilice para fortalecer el desarrollo emocional positivo, a partir de la enseñanza en tonalidades mayores, con el fin de descolonizar la música asociada a la tristeza y la melancolía, y promover un aprendizaje más productivo.
Palabras clave: Emociones, descolonización, modulación musical, modo musical.
ABSTRACT
This article analyzes the need to decolonize music education in schools and, through it, transform personal emotions. It is recognized that colonization has influenced the emergence of sadness and melancholy due to colonial oppression, which restricts positive emotional expression and hinders learning in students. In response, we propose implementing music and instrumental practice in major keys to promote positive emotions and improve learning.
From a theoretical perspective, we explore how music affects emotions and regulates affective aspects. We also review the dichotomy between major and minor keys, emphasizing the major key, generally associated with joy, and the minor key with sadness. Additionally, we examine Howard Gardner’s theory of multiple intelligences and Francisco Mora’s neuroscience research, which highlight the fundamental role of emotions in the learning process.
The study contextualizes the problem in Latin America, especially in the Andean region of Bolivia, where musical colonization has altered the cultural identity of these peoples.
La música juega un papel importante en la vida emocional de los estudiantes, por lo que las instituciones educativas deben promover su uso como un medio de desarrollo personal y social. La música se estructura en tonalidades mayores o menores, donde el modo mayor está relacionado con la alegría y el modo menor con la tristeza. Diversos estudios muestran que la modulación hacia tonos mayores puede fortalecer las emociones positivas y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en el aula.
También existen enfoques basados en la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y en los avances de la neurociencia de Francisco Mora, que proporcionan un marco teórico para comprender el impacto de la música en la educación.
En América Latina, especialmente en Bolivia, la colonización musical ha afectado la identidad cultural y emocional, imponiendo estructuras musicales europeas que han contribuido a la predominancia de tonalidades menores, asociadas con la tristeza y la melancolía.
Este estudio plantea la necesidad de descolonizar la música en el ámbito educativo, promoviendo el uso de tonalidades mayores para generar emociones positivas y mejorar el proceso de aprendizaje. La implementación de espacios educativos donde la música se utilice de manera consciente permite contrarrestar las consecuencias de la colonización musical y fomentar un aprendizaje más enriquecedor.
Los objetivos de este estudio son: descolonizar la música occidental como acción de liberación frente a la opresión para mejorar el aprendizaje; implementar la modulación musical en tonalidad mayor para promover emociones positivas; y fomentar el desarrollo de la inteligencia musical en los estudiantes.
La estructura del trabajo se organiza en cinco secciones: Primero, se analiza la importancia de las emociones en el aprendizaje; segundo, el impacto de las tonalidades; tercero, el papel de la neuroeducación; cuarto, la teoría de Gardner; y quinto, la colonización musical y sus implicaciones educativas.
METODOLOGÍA
La música desempeña un papel importante en la vida emocional de los estudiantes en el entorno escolar. Su impacto va más allá del entretenimiento, ya que influye en el bienestar emocional y en la autorregulación personal.
Según Caballero Meneses (2010), existen dos posiciones principales sobre la relación entre música y emociones: la cognitiva y la emotivista. La primera sostiene que la música transmite emociones que pueden ser reconocidas sin ser necesariamente experimentadas; la segunda plantea que la música induce emociones reales en los oyentes.
En el contexto educativo, esto implica que la música puede utilizarse como herramienta para fortalecer el estado de ánimo, reducir la ansiedad, mejorar la concentración y promover la motivación. Asimismo, favorece la cohesión grupal y el sentido de comunidad.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Es fundamental analizar críticamente los resultados en relación con la colonización musical en América Latina, reconociendo tanto sus efectos como sus implicaciones en el ámbito educativo.
La colonización del pensamiento musical desde el siglo XVI implicó no solo el silenciamiento de repertorios originarios, sino también la imposición de una concepción eurocéntrica de la música (Shifres & Gonnet, 2015).
En la región andina de Bolivia, la predominancia de tonalidades menores refleja una carga histórica vinculada a procesos de dominación y transformación cultural. Esta característica melancólica puede interpretarse como una expresión simbólica de experiencias históricas colectivas.
Desde una perspectiva crítica, se plantea la necesidad de descolonizar la educación musical, incorporando saberes originarios y promoviendo una identidad cultural más sólida.
CONCLUSIONES
La música desempeña un papel fundamental en el desarrollo emocional y en el aprendizaje de los estudiantes. Su influencia trasciende el ámbito artístico, impactando directamente en la regulación emocional y en la construcción de entornos educativos favorables.
La relación entre tonalidad y emoción evidencia que las tonalidades mayores tienden a generar sensaciones positivas, mientras que las menores se asocian con la melancolía. No obstante, esta relación no es absoluta, ya que intervienen factores culturales y contextuales.
Desde la neurociencia, se confirma que la música activa áreas cerebrales vinculadas con la emoción y la motivación, lo que la convierte en una herramienta educativa poderosa.
Asimismo, es necesario reconocer el impacto de la colonización musical en América Latina, la cual ha influido en la percepción emocional y en la identidad cultural. En este sentido, la educación musical debe orientarse hacia enfoques más inclusivos y descolonizadores.
Finalmente, la música debe ser considerada un recurso esencial en la educación, capaz de fortalecer tanto el rendimiento académico como el desarrollo emocional de los estudiantes.
¡Contra el Gobierno neoliberal, la criminalización de la protesta y la brutal represión!
Bolivia, 23 de abril de 2026
A los pueblos de Nuestra América y a la opinión pública internacional:
La Red de Prensa PopularLatinoamericana denuncia con firmeza y sin ambigüedades el carácter enormemente antinacional, antipopular, neoliberal y represivo del actual gobierno boliviano, encabezado por Rodrigo Paz, cuya gestión se ha alineado abiertamente con los intereses del genocida imperialismo estadounidense, subordinando la soberanía nacional a políticas injerencistas que históricamente han saqueado y sometido a nuestros pueblos.
Este gobierno no solo aplica un repudiado recetario económico neoliberal que golpea brutalmente a las grandes mayorías —como lo demuestra el llamado “gasolinazo”, que ha disparado el costo de vida—, sino que además avala y legitima las políticas expansionistas, colonialistas y genocidas del régimen sionista de Israel, colocándose de espaldas a la dignidad de los pueblos del mundo que luchan contra la opresión.
A nivel nacional, asistimos a una peligrosa tentativa de restaurar prácticas propias del terrorismo de Estado, características de los regímenes neoliberales del pasado, como el oscuro periodo del narco-gobierno de Jaime Paz Zamora. No es casual que hoy el Ministerio de Gobierno esté en manos de Marco Antonio “Tuco” Oviedo, personaje vinculado históricamente a estructuras de poder cuestionadas, con antecedentes en el manejo discrecional de recursos de seguridad, denuncias por irregularidades en la adquisición de pertrechos policiales y su cercanía a círculos salpicados por el escándalo de los llamados “narcovínculos” de los años noventa.
La reciente represión indiscriminada y brutal contra los maestros urbanos y rurales en la ciudad de La Paz, particularmente en la plaza Murillo, constituye una evidencia contundente de esta deriva autoritaria. La utilización de gases lacrimógenos y la violencia policial excesiva contra trabajadores de la educación que exigen derechos legítimos —salario digno, mayor presupuesto y condiciones adecuadas— es una afrenta intolerable contra el batallador pueblo boliviano.
Pero la represión no se detiene allí. Denunciamos también el amedrentamiento y las restricciones contra periodistas y comunicadores populares, a quienes se pretende silenciar para ocultar la magnitud del conflicto social y la violencia estatal. Intentan imponer el miedo para acallar la verdad.
Asimismo, alertamos acerca de una estrategia reaccionaria orientada a destruir al sindicalismo consecuente, combativo y clasista, mediante la promoción del paralelismo sindical que pretende imponer estructuras amarillistas, traidoras y obsecuentes al poder, cuyo único objetivo es fragmentar la organización popular y debilitar la capacidad de lucha de los trabajadores.
Sin embargo, la historia de Bolivia no es la historia de la sumisión. Es la historia de un pueblo digno, combativo y consciente, que ha sabido defender con firmeza y resolución sus conquistas laborales y sociales. Es el mismo pueblo que derrotó y expulsó a gobiernos neoliberales entreguistas, como el de Gonzalo Sánchez de Lozada y sus cómplices vendepatrias.
Hoy, como ayer, el pueblo boliviano sabrá resistir y vencer.
Desde la Red Popular de Prensa Latinoamericana afirmamos con claridad:
¡No a la criminalización de la protesta popular! ¡No a la represión estatal! ¡No al paralelismo sindical! ¡No a la injerencia imperialista y sionista!
Y reafirmamos nuestra convicción de que solo la organización consciente y la lucha de los pueblos garantizarán la soberanía, la justicia social y la democracia popular en nuestra América.
El desenlace de lo que sucede en las elecciones de 2026 en el Perú no es casual ni fortuito. Viene desde el referéndum, cuando la voluntad popular decidió votar en contra de la bicameralidad; sin embargo, esa voluntad o soberanía popular, una vez más, es anulada por decisión de las corporaciones tanto nacionales como extranjeras, ejecutada por sus representantes en el Congreso.
Desde entonces ya se venía preparando un escenario en el que, en caso de que ganara un proyecto “nacionalista, progresista, democrático” que sirva al pueblo, la nación y la patria, este no pudiera iniciarse, y menos aún consolidarse como proyecto nacional. Por tanto, se buscó tener el control del Parlamento, aun cuando la tradición del presidencialismo ya se estaba debilitando en los hechos, para luego continuar ese control corporativo por medio de un parlamentarismo que se instalaba de facto.
¿Cuál es el plan de las corporaciones imperialistas? No perder ni permitir alterar en lo más mínimo el saqueo de todo un país, tanto por las corporaciones nativas como extranjeras, dado que la exigencia popular viene desde hace mucho tiempo; por ejemplo, la demanda de una nueva Constitución, vía Asamblea Constituyente, donde se aborde como agenda principal el cambio del capítulo económico, clave para pensar mínimamente en un Estado soberano, con independencia y autodeterminación.
La elección del profesor Pedro Castillo tiene esa profundidad, es decir, su significado y contenido van más allá de la figura del propio Pedro Castillo. Razón por la cual terminaron dándole un golpe de Estado desde el Parlamento. De facto, es el parlamentarismo el que tiene más poder, y así se ha instalado. Por esa razón, la bicameralidad reaparece, volviéndose la elección presidencial un mero formalismo.
Pero las corporaciones, junto a sus operadores, quieren todo el control, aun cuando existe una correlación de fuerzas que crece en favor de los grandes cambios que el pueblo demanda. La ultraderecha cavernaria necesita y quiere todo el control. Estos enemigos del pueblo, la nación y la patria se colocaron en un escenario de pánico, dado que porcentualmente los poderes del Estado tenían un rechazo generalizado; ni qué hablar del Parlamento, con un 95% de desaprobación.
Por esa razón, planificaron usar todos los medios posibles (la compra de votos, generar desconfianza en el sufragio, poner en cuestión la institucionalidad, etc.) para, al menos, mantener el control del Parlamento. Pero todo indica que se habían preparado para “patear el tablero” electoral, dado que era un escenario adverso para sus intereses. Ellos, los enemigos del pueblo, prepararon un fraude con antelación, para luego culpar a las “izquierdas”, “caviares” o “algún funcionario” del desastre que hoy aparece ante los ojos de las masas.
Ellos, los enemigos del pueblo, la nación y la patria, no quieren “elecciones libres y soberanas”; no están en ese “juego”. Incluso, el escenario por el que apostaban no solo era el desconocimiento de las elecciones, sino generar caos para que luego las Fuerzas Armadas tomen el control del Estado abiertamente, o configurar una competencia electoral entre ultraderecha y ultraderecha.
Por tanto, todo este proceso es una farsa, una imposición autoritaria de la voluntad hegemónica de una clase (la opresora) contra todo un pueblo y una nación en su conjunto. El asunto de fondo de este ensayo es hasta qué punto el pueblo tolera ese autoritarismo.
No es casual el derecho penal del enemigo, la persecución y la criminalización de las luchas populares; todo tiene sentido, para luego replicarlo en otros países.
Recordemos que todo el continente es una arena de contienda de las superpotencias. La ultraderecha rancia juega a los intereses de EE. UU., a quienes no les interesa si este país se convierte en una colonia abierta o en un protectorado.
Las masas organizadas en un solo frente de lucha antiimperialista y de liberación nacional, al final, tienen la palabra y son quienes determinarán su destino y su futuro.
