Conmemoran en Ciudad de México el “19 de Junio, Día de los Héroes Caídos en las Luchas del Pueblo”
Red de Prensa Popular Latinoamericana
Ciudad de México, 20 de junio de 2026. En un acto de honda significación histórica, política y memorial, integrantes de la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo - Base Metropolitana realizaron el sábado 20 de junio una ceremonia conmemorativa en el Panteón de San Nicolás Tolentino para rendir homenaje a los héroes caídos en las luchas del pueblo, reafirmando el compromiso de mantener viva la memoria de quienes entregaron su vida en defensa de los sagrados derechos populares y las causas de transformación económica y social.
La actividad se desarrolló frente a las tumbas del camarada Santiago -Edmundo Martín del Campo- y de Josué Moreno, ambos asesinados el 10 de junio de 1971 durante la masacre perpetrada por el Estado mexicano y el grupo paramilitar conocido como “Los Halcones”, en lo que la historia registra como el exterminio del Jueves de Corpus o Halconazo.
Durante la ceremonia se recordó que la conmemoración del 19 de junio fue impulsada inicialmente por organizaciones y compañeros peruanos en homenaje a los combatientes y prisioneros del PCP asesinados durante la masacre ocurrida el 19 de junio de 1986 en las cárceles de El Frontón, Lurigancho y El Callao. Se refirió que cerca de 250 presos políticos y prisioneros de guerra fueron asesinados tras resistir heroicamente una descomunal ofensiva militar coordinada por mar, tierra y aire. Los participantes destacaron que, incluso después de haber cesado la resistencia y entregarse, numerosos sobrevivientes fueron ejecutados por las fuerzas estatales.
Santiago: ejemplo de consecuencia revolucionaria Uno de los momentos centrales del acto fue la lectura de un documento dedicado al camarada Santiago, cuya trayectoria fue evocada como ejemplo de compromiso permanente con las luchas populares. Se recordó que Santiago fue un joven dirigente comunista que sobrevivió a la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Lejos de abandonar la actividad política tras aquellos luctuosos acontecimientos, decidió profundizar su compromiso con la organización estudiantil y popular, participando activamente en la construcción de movimientos democráticos, estudiantiles y magisteriales.
El documento leído destacó su labor organizativa en escuelas, colonias y centros de trabajo, así como su vinculación con las masas populares. Asimismo, se subrayó que Santiago asumió la defensa de las movilizaciones estudiantiles frente a la creciente represión estatal, convirtiéndose en una figura reconocida por su ejemplar consecuencia política y por su resuelta disposición de servir al pueblo.
También se recordó que sobrevivió a la masacre de Tlatelolco y que, tras esa experiencia, continuó participando en los esfuerzos de organización y formación política de la época. Posteriormente, el 10 de junio de 1971, mientras encabezaba la movilización estudiantil que partió del Casco de Santo Tomás, fue asesinado durante el ataque de los Halcones al intentar defender a los manifestantes de la cobarde agresión paramilitar.
Memoria, internacionalismo y solidaridad Durante la conmemoración también fue leído el documento titulado “19 de Junio, 40 Aniversario del Día de la Heroicidad – Día Internacional de los Héroes Caídos en las Luchas de los Pueblos”, en el que se reivindica la memoria de los bravos combatientes peruanos asesinados en 1986 y se convoca a preservar el recuerdo de quienes han entregado su vida en las luchas populares alrededor del mundo.
Los participantes remarcaron el carácter internacionalista de la fecha y señalaron la importancia de fortalecer la solidaridad internacionalista entre los pueblos que enfrentan diversas formas de represión, persecución política y violencia reaccionaria estatal. Asimismo, se recordó a las víctimas de distintos episodios represivos ocurridos en México, entre ellos las masacres de 1968 y 1971, así como otros casos emblemáticos que continúan siendo motivo de exigencia de verdad y justicia.
Mantener viva la memoria histórica Los organizadores enfatizaron que el objetivo primordial de la actividad fue rescatar y preservar la memoria histórica de quienes lucharon por los derechos del pueblo, reivindicando sus ideales, su posición de clase, su ejemplo de organización y su compromiso con las causas populares.
Al concluir el acto, los asistentes reiteraron que la mejor forma de honrar a los héroes caídos consiste en mantener vigentes las luchas por una sociedad superior a través de la justicia social, la organización popular y la defensa de los derechos democráticos.
La ceremonia finalizó con un llamado a no olvidar a quienes dieron su vida por las causas del pueblo y con la consigna que sintetizó el espíritu de la jornada: “Por nuestros héroes caídos, no un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha.”
Por: Alex A. Chamán Portugal Red de Prensa Popular Latinoamericana
La disputa entre la profundización democrática y la restauración oligárquica
La eventual segunda vuelta presidencial en Colombia no constituye simplemente una competencia electoral entre dos candidatos, sino, que representa, más bien, la confrontación de dos proyectos históricos opuestos que expresan intereses económicos, sociales y políticos diferenciados.
El escenario político colombiano se encamina hacia una definición de gran trascendencia para el futuro de América Latina: la continuidad y profundización del proceso de cambio iniciado por el Pacto Histórico o el retorno a un modelo de restauración conservadora asociado a los sectores mafiosos de poder.
En este contexto, diversos factores económicos, sociales, políticos y culturales permiten plantear la hipótesis de que la candidatura izquierdista encabezada por Iván Cepeda podría arribar a una segunda vuelta con importantes posibilidades de victoria, particularmente si logra consolidar el respaldo de los sectores obreros, campesinos, artesanos, indígenas, juveniles, afrodescendientes y pequeña burguesía que han protagonizado las principales luchas democráticas de las últimas décadas contra los enemigos de la patria y el pueblo.
La estructura de la desigualdad como trasfondo de la disputa electoralLa realidad colombiana continúa marcada por insultantes desigualdades económicas y sociales, ya que, durante décadas, la concentración de la riqueza, de la tierra y del poder político ha configurado un injusto sistema que ha beneficiado a reducidos grupos oligárquicos mientras amplios sectores populares han permanecido excluidos de los beneficios del desarrollo generando mayor explotación, opresión y exclusión.
La historia reciente del país está atravesada por fenómenos como el desplazamiento forzado, la violencia política, el conflicto armado interno, el despojo territorial y la exclusión estructural de millones de ciudadanos propias de una insepulta sociedad capitalista. Estas contradicciones no han desaparecido; puesto que, siguen constituyendo el núcleo de la confrontación política actual.
Así, la elección presidencial trasciende la simple alternancia gubernamental, ya que, lo que está en juego es la definición del rumbo estratégico del Estado colombiano orientadas a profundizar las reformas sociales y democráticas o restaurar perversos mecanismos tradicionales de dominación política y económica.Un electorado más informado y menos indecisoUna de las características esenciales de una eventual segunda vuelta sería la disminución significativa del voto indeciso. A diferencia de la primera ronda, en que múltiples candidaturas dispersan las preferencias electorales, la confrontación final obliga a los ciudadanos -especialmente populares- a evaluar con mayor detenimiento los antecedentes, programas y alianzas de los candidatos.
La experiencia política acumulada durante los últimos años ha contribuido a elevar el nivel de información y participación ciudadana, por lo que las nuevas generaciones han desarrollado mayores capacidades para contrastar discursos, verificar información y analizar reflexivamente los mensajes difundidos por los grandes medios de manipulación y las plataformas digitales, especialmente redes sociales.En este escenario, la candidatura del dirigente izquierdista Iván Cepeda lograría capitalizar el respaldo de amplios sectores populares que identifican avances concretos en materia de inclusión social, reducción de la pobreza, ampliación de derechos ciudadanos y fortalecimiento de políticas públicas orientadas a disminuir las profundas brechas de desigualdad heredadas de décadas de gobiernos conservadores y neoliberales. Para estos sectores, tales administraciones privilegiaron los intereses de las clases dominantes, relegando las demandas históricas de trabajadores, campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y habitantes de las periferias urbanas. En consecuencia, la propuesta de Cepeda aparecería como una alternativa capaz de profundizar las transformaciones democráticas liberales y sociales, consolidando un modelo de desarrollo más justo, participativo y orientado al bienestar de las grandes mayorías nacionales.
Particular relevancia tendría el apoyo de la juventud urbana y rural, del campesinado, las comunidades indígenas, afrodescendientes, así como de las víctimas del conflicto armado, importantes sectores que han encontrado en el proyecto progresista una representación política más cercana a sus justas demandas históricas.La eventual participación de Aida Quilqué como compañera de fórmula fortalecería significativamente esta articulación social, incorporando el liderazgo de los pueblos indígenas y campesinos históricamente golpeados por la violencia y la exclusión estructural.
Dos proyectos de país frente a frenteLa disputa electoral adquiere una dimensión transcendental al confrontar dos modelos de desarrollo claramente diferenciados. Por un lado, la candidatura de Iván Cepeda representaría la continuidad de una agenda orientada hacia la democratización del Estado, la consolidación de la paz, la ampliación de derechos sociales y la construcción de una economía más inclusiva. Su propuesta estaría vinculada al fortalecimiento de la soberanía nacional, la integración latinoamericana y la defensa de una política exterior no injerencista.Por otro lado, la candidatura conservadora encabezada por el gánster Abelardo de la Espriella expresaría una visión centrada en el fortalecimiento de mecanismos punitivos-represivos, la reducción del papel redistributivo del Estado, la ampliación de privilegios para los grandes grupos económicos y una mayor alineación con los intereses contrarios a la nación y patria.
La segunda vuelta no enfrentaría simplemente a dos liderazgos individuales, sino a dos opciones opuestas acerca del papel del Estado, la democracia, la economía y la inserción internacional de Colombia.La batalla comunicacional y la construcción de la opinión públicaUno de los terrenos decisivos de la contienda sigue siendo la disputa mediática. Los grandes conglomerados de manipulación de la información prosiguen ejerciendo una influencia significativa sobre la formación de la opinión pública y la definición de los marcos interpretativos a partir de los cuales la ciudadanía evalúa la realidad política. No obstante, durante los últimos años se ha fortalecido un ambiente alternativo de información integrado por medios digitales, periodistas alternativos y plataformas internacionales que disputan activamente la manipuladora hegemonía narrativa tradicional.Resulta forzoso diferenciar entre los hechos documentados, las interpretaciones periodísticas y las opiniones políticas. Mientras determinados antecedentes públicos de figuras políticas pueden ser objeto de verificación documental, las conclusiones acerca de sus implicancias forman parte del terreno de la interpretación y del debate político legítimo.
La importancia de esta disputa informativa radica en que buena parte del resultado electoral dependerá de cuál de los bloques logre construir una narrativa más fidedigna y conectada con las preocupaciones cotidianas de la mayoría de la población.
Escenarios posibles para la segunda vuelta El escenario más favorable para las fuerzas progresistas estaría determinado por una amplia movilización de jóvenes, trabajadores, campesinos, mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y demás sectores históricamente explotados, oprimidos y excluidos históricamente. Una participación masiva y consciente de estos sectores tendría la capacidad de contrarrestar las ventajas organizativas, mediáticas y financieras de las estructuras políticas conservadoras y oligárquicas, consolidando una victoria democrática de gran trascendencia histórica. Este escenario permitiría profundizar las reformas sociales, fortalecer la participación popular y avanzar hacia mayores niveles de justicia social, inclusión y soberanía nacional.
Un segundo escenario contemplaría una contienda extremadamente reñida, marcada por una elevada polarización política e institucional. En este contexto, la diferencia entre ambas candidaturas sería mínima, generando tensiones en el período postelectoral y una intensa disputa por la legitimidad del mandato popular.
La estabilidad política y la gobernabilidad dependerían entonces de la capacidad de la fuerza vencedora para construir amplios consensos democráticos, fortalecer el respaldo ciudadano y enfrentar los intentos de desestabilización provenientes de sectores adversos al resultado electoral.Por último, un tercer escenario supondría una victoria de las fuerzas conservadoras, favorecida por campañas centradas en el miedo al cambio, la inseguridad, la incertidumbre económica y diversas estrategias de manipulación mediática. Un desenlace de esta naturaleza podría traducirse en la reversión de importantes reformas impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro, particularmente en ámbitos relacionados con la justicia social, la inclusión económica, la democratización institucional y la implementación de políticas orientadas a reducir la desigualdad. Esto representaría un significativo retroceso para las aspiraciones de amplios sectores de la sociedad colombiana que demandan mayores oportunidades, desarrollo con equidad, profundización democrática y una mejora sustancial de sus condiciones materiales de vida.Conclusión: las razones que permiten avizorar una victoria progresista
Diversos factores permiten sostener con solidez la hipótesis de una eventual victoria de Iván Cepeda en una segunda vuelta presidencial. Entre ellos destacan el creciente protagonismo político de las nuevas generaciones, la consolidación de una conciencia crítica en amplios sectores populares, la persistencia de demandas históricas de justicia social y la existencia de una ciudadanía cada vez más informada respecto a las consecuencias de los distintos proyectos de país en disputa, particularmente frente a los altos costos sociales contra las mayorías populares del modelo neoliberal promovido por los sectores conservadores.
Asimismo, la experiencia acumulada durante los últimos años ha contribuido a que amplios sectores de la población evalúen la política no solo desde discursos imprecisos, sino también a partir de sus impactos concretos en las condiciones de vida, el acceso a derechos, la inclusión social y las oportunidades de desarrollo. En ese contexto, la candidatura izquierdista capitalizaría el respaldo de quienes aspiran a profundizar los avances democráticas y a consolidar un Estado más comprometido con las necesidades de las grandes mayorías nacionales.
La clave de una victoria progresista residirá en convertir las aspiraciones de paz, igualdad, soberanía, democratización y justicia social en una imparable fuerza política y electoral capaz de superar a las fuerzas reaccionarias que derrochan poder económico y mediático. De materializarse este escenario, Colombia podría ingresar en una nueva etapa histórica caracterizada por una mayor participación popular, el fortalecimiento de los derechos sociales, la profundización de la democracia y una política exterior guiada por la defensa de la soberanía nacional y la integración latinoamericana.
Más allá de los nombres propios y de las coyunturas electorales, la verdadera disputa se desarrolla entre dos visiones contrarias de país: una que busca ampliar la democracia, reducir las desigualdades y fortalecer la participación ciudadana, y otra que procura preservar injustas estructuras de privilegio históricamente concentradas. En esa confrontación, los sectores populares, las juventudes, los trabajadores, los campesinos, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes podrían convertirse, una vez más, en los protagonistas decisivos de la historia colombiana.
¡Las grandes mayorías colombianas tienen ante sí una oportunidad histórica: colocarse del lado del cambio, la justicia social y la construcción de una nación más soberana, democrática e inclusiva!
Hace 124 años, cuando Irán y México firmaron su primer “Tratado de Amistad y Comercio”, probablemente muchos pensaron que se trataba únicamente de un acuerdo diplomático entre dos países lejanos; dos naciones separadas por océanos, idiomas y continentes.
Sin embargo, más de un siglo después, esa relación continúa viva, firme y cercana. Y quizás la razón sea mucho más humana y profunda de lo que suele aparecer en los titulares. Porque algunas amistades entre naciones no sobreviven únicamente por intereses políticos o económicos; sobreviven porque los pueblos se reconocen entre sí.
Desde que llegué a México hace cuatro meses, comprendí algo que jamás había imaginado antes: los mexicanos y los iraníes se parecen mucho más de lo que creen.
Lo descubrí no en reuniones diplomáticas ni en ceremonias oficiales, sino en los hogares, alrededor de una mesa, compartiendo comida, conversaciones largas y afecto sincero. Lo entendí observando algo muy simple pero profundamente humano: la manera en que los mexicanos se despiden.
En México, cuando una reunión termina, nadie se va inmediatamente. La despedida se prolonga. Se conversa unos minutos más en la puerta, luego otros más junto al automóvil, y después aparece una nueva anécdota, una nueva sonrisa, un nuevo abrazo. Nadie quiere irse rápido porque, en realidad, nadie quiere alejarse de las personas que aprecia.
En Irán ocurre exactamente lo mismo.
Para nosotros, la hospitalidad no es una formalidad social; es una expresión del corazón. El invitado no es una carga: es una bendición. La casa se transforma cuando llegan amigos o familiares, y las conversaciones parecen no terminar nunca. A veces, la despedida dura tanto como la visita misma. No porque falte tiempo, sino porque sobra cariño.
Por eso, viviendo en México, muchas veces me he sentido en casa.
He encontrado aquí la misma calidez humana que existe en Irán. El mismo respeto hacia la familia. La misma costumbre de abrir las puertas al visitante. La misma generosidad espontánea. El mismo deseo de compartir incluso cuando se tiene poco. Y también esa manera tan nuestra de convertir cualquier encuentro en un momento inolvidable.
Quizás por eso las relaciones entre Irán y México han logrado mantenerse durante 124 años con respeto y amistad. Porque, aunque nuestros pueblos sepan todavía poco el uno del otro, siempre ha existido una cercanía humana que se percibe casi de inmediato.
A veces pienso que nuestros abuelos ya entendían esto hace más de un siglo. Tal vez quienes firmaron aquel tratado en 1902 comprendieron algo que hoy seguimos descubriendo lentamente: que México e Irán no eran pueblos extraños, sino naciones con almas parecidas.
Dos pueblos orgullosos de su historia, profundamente familiares, amantes de sus tradiciones y capaces de encontrar dignidad incluso en los momentos difíciles.
Vivimos lejos en el mapa, pero cerca en muchas cosas esenciales.
Y quizás el verdadero valor de estos 124 años de relaciones entre Irán y México no esté solamente en los acuerdos diplomáticos ni en los intercambios oficiales, sino en esa sensación humana y sincera de reconocerse en el otro.
Porque hay países que se conocen por fronteras geográficas, mientras que hay pueblos que se reconocen por el corazón.
El derecho a la participación política del pueblo peruano, una vez más, es negado, a pesar de estar reconocido formalmente en el papel. Lo cierto es que la ultraderecha, para seguir manteniendo el poder político y defender sus intereses y los de los imperialismos a los que sirve, ha elaborado un plan de largo plazo con el fin de no perder la dirección del Estado ni ser interrumpida por proyectos democráticos o de bienestar social, aun cuando estos se mantengan dentro de los marcos liberales.
La ultraderecha reaccionaria y fascistoide prosigue su acumulación capitalista sobre la base de una creciente sobreexplotación de la fuerza de trabajo, empobreciendo a millones de personas, mientras un puñado de privilegiados aumenta de manera imparable su riqueza como resultado de la plusvalía extraída a las masas trabajadoras.
Para continuar manteniendo la dirección del Estado, ha ido centralizando el poder, razón por la cual controla los distintos organismos burocráticos puestos a su servicio. Ello se expresa en el control del Ejecutivo, el Legislativo y el sistema judicial, incluso adecuando y modificando, frente a la exigencia de una nueva Constitución, la misma Constitución neoliberal surgida del fraude y de las bayonetas.
Entonces, ¿bajo qué condiciones podría llevarse adelante una auténtica participación política del pueblo? No existe margen alguno, a no ser que, en esta lucha de clases entre oprimidos y opresores, se configure una correlación de fuerzas favorable al pueblo, a la nación y a la patria. Para ello se requiere elevar las formas de lucha o, mínimamente, desarrollar la capacidad de unidad y acción organizada que permita poner en riesgo la propia producción capitalista. Por ejemplo, una huelga general que paralice la economía nacional podría generar mejores condiciones para la lucha popular. Evidentemente, esta tarea exige un organismo centralizado, aunque sea en los términos de un frente nacional. Mientras tanto, las fuerzas reaccionarias seguirán ejerciendo la conducción y la hegemonía del poder a cualquier costo.
Una de las alternativas es la construcción de un ejercicio efectivo de la soberanía popular, principio liberal según el cual el poder político legítimo reside en el pueblo, le pertenece y se expresa mediante la voluntad general.
Por tanto, resulta necesario que las iniciativas ciudadanas, los gobiernos locales, las organizaciones sociales, sindicales y demás expresiones populares se declaren en asamblea abierta permanente frente al desconocimiento de facto de los derechos y libertades del pueblo, entre ellos la negación efectiva del derecho a la participación política popular.
Dicha asamblea popular, colocándose por encima de las limitaciones impuestas por el Estado y su legalidad vigente, debería autoconvocarse de manera permanente para impulsar una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. Ello implica activar cabildos en toda la nación, poniendo en cuestión los poderes, organismos y mecanismos existentes para abrir una discusión nacional desde una posición de contrapoder. Evidentemente, ello favorecería la iniciativa popular, permitiría salir de la agenda reaccionaria, romper con su plan político y disputar su hegemonía.
Esto implica, como decía Lenin, que «todo el poder a los soviets». La clave radica en la acción colectiva y en una dirección colectiva consensuada por sus líderes, con gran desprendimiento y desinterés personal. Se trata de actuar, unir y orientar, comenzando por poner en práctica estas experiencias en un distrito, una provincia o una región.
En la práctica, significa comenzar a construir un contrapoder, una forma alternativa de Estado dentro del propio Estado. El líder o la organización que tenga la capacidad de impulsar este proyecto asumirá una iniciativa de lucha que, al mismo tiempo, romperá las ataduras existentes y abrirá nuevas posibilidades para la lucha popular.
En lo inmediato, frente a un fraude descarado y preparado con antelación por la ultraderecha, corresponde impulsar el desconocimiento de todo el proceso, no reconocer autoridad ni institución alguna y declararse en rebeldía popular. Se trata de una decisión política orientada a alcanzar el objetivo de una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente. Asimismo, es necesario continuar la preparación y acumulación de fuerzas para dar el salto hacia una nación verdaderamente democrática.
¿Implica riesgos? Sí. ¿Persecuciones y criminalización? También. Pero, ¿qué transformación profunda se ha producido alguna vez sin riesgos?
Existen condiciones suficientes y fuerzas populares para asumir esta tarea. Las masas están hartas de la burla, del engaño y de la putrefacción del actual estado de cosas. Quieren y demandan cambios, aun cuando estos se expresen dentro de los términos democráticos.
Todo depende de una decisión mancomunada de las organizaciones populares, de sus dirigentes, de su voluntad y de su determinación para llevar adelante y concretar este propósito.
Introducción La democracia liberal no se reduce al acto mecánico de depositar un voto en una urna. Su legitimidad depende de la existencia de condiciones efectivas de igualdad política, neutralidad institucional, transparencia administrativa, independencia de los organismos electorales y respeto irrestricto a la voluntad popular. Cuando referidos principios son erosionados por prácticas de instrumentalización política, captura institucional, manipulación informativa, financiamientos empresariales, injerencismo imperialista, compra de votos, alteración de actas, la democracia representativa deja de ser una competencia libre para convertirse en un escenario de disputa desigual por el poder.
La historia política peruana ofrece uno de los ejemplos más paradigmáticos de esta problemática en América Latina. El proceso electoral del año 2000, protagonizado por el régimen fujimontesinista, fue considerado por organismos internacionales como un proceso gravemente fraudulento, caracterizado por la excesiva utilización del aparato estatal, el descomunal control de medios masivos de manipulación, la intervención de organismos de inteligencia de las fuerzas armadas y policiales sometidas enteramente al gobierno de turno.
A más de dos décadas de aquellos nefastos acontecimientos, diversos hechos ocurridos durante los procesos electorales de 2011, 2016, 2021 y especialmente durante la segunda vuelta presidencial de 2026 han reactivado profundas preocupaciones respecto a la persistencia de prácticas políticas mafiosas propias de las organizaciones criminales dirigidas por Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Aunque las circunstancias históricas son distintas, la acumulación de denuncias, irregularidades, cuestionamientos institucionales y conflictos poselectorales permite configurar una situación de fraude electoral del Pacto Mafioso que desprecia la voluntad popular.
I. El fraude electoral del fujimontesinismo en el año 2000 Para comprender las controversias electorales actuales resulta indispensable examinar el precedente histórico del año 2000. A diferencia de la idea tradicional del fraude electoral, limitada a la alteración física de votos o actas, los organismos internacionales concluyeron que el régimen neoliberal y genocida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos desarrolló una forma mucho más sofisticada de manipulación democrática mediante la captura integral del caduco aparato estatal, sus poderes y sus instituciones. La Organización de los Estados Americanos, el Centro Carter y diversas investigaciones posteriores identificaron prácticas de extraordinaria gravedad como las siguientes: • Manipulación constitucional para habilitar una tercera postulación presidencial. • Utilización de recursos públicos y programas sociales con fines electorales. • Compra y control de medios de manipulación informativa a través de pagos clandestinos coordinados por el siniestro Vladimiro Montesinos. • Intervención del perverso Servicio de Inteligencia Nacional en operaciones de vigilancia, intimidación, encarcelamiento y apoyo político encubierto. • Falsificación masiva de firmas para inscribir organizaciones políticas afines al gansteril régimen vendepatria. • Serios cuestionamientos a la independencia de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones. • Irregularidades en los sistemas de cómputo electoral. • Persecución contra opositores y críticos del gobierno.
Lo más importante es que el mega fraude del año 2000 no fue entendido como un evento aislado, sino como una delincuencial estructura de poder destinada a producir ventajas políticas permanentes mediante la instrumentalización de las instituciones democráticas. Precisamente por ello, cualquier controversia electoral posterior vinculada al fujimorismo es inevitablemente interpretada a la luz de ese cuestionado antecedente histórico.
II. Financiamiento empresarial, redes de poder y construcción de ventajas estructurales Las polémicas asociadas a las campañas de Keiko Fujimori, lideresa del Pacto Mafioso, no surgieron en 2026, ya que, las investigaciones relacionadas con el denominado Caso Cócteles y las acusaciones referentes a aportes no declarados provenientes de Odebrecht instalaron severos cuestionamientos sobre la turbia transparencia financiera de las campañas fujimoristas. Las investigaciones fiscales también identificaron mecanismos de ocultamiento de aportes mediante el denominado “pitufeo”, práctica ilícita consistente en fragmentar grandes contribuciones económicas utilizando personas que posteriormente negaron haber realizado dichos aportes. A ello se sumaron observaciones formuladas por la ONPE respecto a gastos no reportados, publicidad no declarada y resistencia a transparentar la identidad de determinados financistas. Estas prácticas propias de organizaciones criminales adquieren relevancia porque alteran las condiciones de competencia electoral y generan asimetrías incompatibles con una contienda equitativa.
III. Maniobras e injerencias previas a la segunda vuelta de 2026 Uno de los aspectos más controvertidos del proceso electoral de 2026 fue la existencia de hechos de clara instrumentalización política de instituciones llamadas a actuar con absoluta neutralidad. Especial atención generó la reunión realizada el 3 de junio de 2026 entre el Bernie Navarro, embajador del genocida imperialismo estadounidense, y las máximas autoridades del Jurado Nacional de Elecciones que está sometido al Pacto Mafioso. Aunque oficialmente el encuentro fue presentado como una actividad diplomática ordinaria de respaldo a la democracia liberal peruana, muchísimos sectores cuestionaron que referida reunión se realizara en vísperas de una elección extraordinariamente disputada. La reunión entre el representante de la decadente y sanguinaria potencia mundial yanqui con las autoridades electorales peruanas generó cuestionamientos acerca de la apariencia de independencia y neutralidad institucional del proceso electoral. Paralelamente, las denuncias sobre reuniones clandestinas en Panamá entre integrantes del entorno político de Keiko Fujimori y personas vinculadas al sistema electoral dejaron en evidencia las coordinaciones extrainstitucionales orientadas a influir en el desarrollo de la contienda electoral acrecentando la desconfianza y repudio de la ciudadanía.
IV. El voto en el extranjero y la alteración de las actas mediante la cadena de custodia Una de las principales denuncias de fraude electoral se concentró en el tratamiento anómalo de las actas provenientes del extranjero, específicamente de Estados Unidos y Argentina. Juntos por el Perú -con justificada razón- solicitó la nulidad de 647 mesas de sufragio instaladas en Estados Unidos, equivalentes al 86 % de las mesas habilitadas en dicho país. La solicitud se sustentó en muy serias denuncias relacionadas con la intervención irregular de la Cancillería, orientación indebida a los electores y flexibilización de procedimientos electorales impidiendo sospechosamente la digitalización de las actas electorales por el envío de las mismas en valijas diplomáticas, siendo fácilmente modificadas en favor de la mafia, puesto que se prescindió groseramente de una cadena de custodia plenamente auditada. La controversia se amplificó debido a sólidas acusaciones dirigidas contra altos funcionarios estatales encargados de coordinar aspectos logísticos del voto en el extranjero.
V. Clonación de resultados, anomalías estadísticas y cuestionamientos al escrutinio Otro aspecto central del debate fue la denuncia formulada por Juntos por el Perú respecto a la existencia de “indicios graves, concordantes y sistemáticos de fraude electoral”. Se identificaron miles de patrones repetitivos en los resultados electorales, lo que se interpreta como irrefutables evidencias de clonación de resultados o llenado sistemático de actas. A ello se sumaron graves cuestionamientos relacionados con la fabricación de material electoral fraudulento, denuncias de compra e inducción del voto, irregularidades en el procesamiento de actas observadas, etc. Asimismo, diversos sectores denunciaron la existencia de patrones estadísticos atípicos que, en una elección definida por márgenes extremadamente estrechos, se constituyen en alteraciones en el proceso de consolidación de resultados.
VI. El “volteretazo”, la publicación anticipada del JNE y la crisis de confianza institucional La etapa poselectoral estuvo marcada por sucesos que profundizaron la polarización nacional. Uno de los episodios más repudiados fue la aparición temporal en la plataforma oficial del Jurado Nacional de Elecciones de una supuesta proclamación que presentaba a lideresa del Pacto Mafioso como presidenta electa antes de concluir el conteo oficial. Aunque la publicación fue posteriormente retirada, el hecho generó una profunda afectación de la confianza pública en la prudencia e imparcialidad institucional del organismo electoral que está subordinada a los intereses de las organizaciones criminales. Paralelamente, sectores críticos denunciaron anticipadamente la existencia de una operación política destinada a revertir progresivamente los resultados mediante la incorporación de votos procedentes del exterior, fenómeno que denominaron “volteretazo”. Lo relevante es que millones de ciudadanos perciben que el proceso electoral viene siendo influenciado -una vez más- por factores ajenos a la voluntad popular expresada en las urnas.
VII. Judicialización electoral y supresión selectiva del sufragio La utilización masiva de recursos legales, por parte del Pacto Mafioso, constituye otro elemento recurrente en las controversias electorales vinculadas al fujimorismo. En 2021, las impugnaciones se concentraron principalmente en zonas rurales e indígenas donde Pedro Castillo obtuvo resultados ampliamente favorables. Numerosos observadores interpretaron esta cuestionable estrategia como un intento de deslegitimar selectivamente el voto de sectores históricamente explotados, oprimidos, excluidos y marginados. En 2026 se reprodujeron situaciones similares mediante solicitudes de nulidad que involucraron miles de mesas electorales que corresponden a las masas populares. Particular controversia generó el rechazo de determinadas solicitudes de nulidad debido a la imposibilidad económica de asumir tasas procesales extremadamente elevadas, circunstancia que impidió que algunos cuestionamientos fueran examinados en cuanto a su contenido.
VIII. El papel de las encuestas y la controversia de IPSOS La crisis de confianza que caracterizó el proceso electoral de 2026 no se limitó a los organismos electorales, aparato legislativo, aparato judicial, fuerzas armadas, fuerzas policiales, defensoría del pueblo y prensa reaccionaria, sino que también alcanzó a las empresas privadas dedicadas a la investigación de opinión pública. Un importante sector de la ciudadanía cuestionó el comportamiento de algunas encuestadoras, especialmente cuando algunas proyecciones y estimaciones difundidas durante el proceso fueron posteriormente modificadas, rectificadas o reinterpretadas, generando indignación respecto a la consistencia y confiabilidad de sus resultados. En este contexto, las controversias vinculadas a IPSOS adquirieron especial relevancia en el debate público, ya que distintos sectores sostuvieron que determinadas actuaciones y declaraciones de sus principales representantes contribuyeron a la construcción de narrativas mediáticas orientadas a influir en las percepciones ciudadanas sobre el desenlace electoral. Los recelos se intensificaron debido a que, en las cuatro elecciones presidenciales anteriores, los resultados del conteo rápido difundidos por IPSOS coincidieron con quienes finalmente fueron proclamados presidentes de la República. Sin embargo, en esta ocasión, la decisión de su presidente, Alfredo Torres, de matizar o reinterpretar públicamente los resultados preliminares generó cuestionamientos y alimentó una creciente desconfianza entre los mayoritarios sectores de la población, puesto que dichas declaraciones resultaron particularmente polémicas debido a que fueron favorables a la candidatura de la impulsora de las leyes pro crimen Keiko Fujimori, circunstancia que incrementó las sospechas acerca de una posible pérdida de neutralidad por parte de actores con significativa influencia en la formación de la opinión pública. En consecuencia, el debate dejó de centrarse solamente en la precisión técnica de las encuestas para trasladarse al terreno de la transparencia, la credibilidad, la independencia y la responsabilidad política de quienes intervienen en la construcción de expectativas electorales. Las rectificaciones estadísticas, los cambios metodológicos o las interpretaciones posteriores de los datos constituyen, de manera conjunta y sofisticada, evidencia de fraude electoral, que contribuyen a erosionar la confianza ciudadana en instituciones y actores cuya función resulta vital para garantizar información objetiva, transparente y confiable durante procesos democráticos representativos polarizados. En contextos de extrema disputa electoral, las inconsistencias percibidas entre las proyecciones difundidas y las posteriores sospechosas explicaciones de sus responsables se transforma en un factor adicional de incertidumbre, alimentando cuestionamientos referentes a la transparencia del proceso y debilitando la legitimidad de los resultados ante la opinión pública.
Conclusiones El análisis integral de los hechos examinados permite identificar una preocupante continuidad histórica entre las prácticas de manipulación institucional denunciadas durante el mafioso régimen fujimontesinista y diversos cuestionamientos surgidos en procesos electorales posteriores vinculados al entorno político de la muy cuestionada Keiko Fujimori. El colosal fraude del año 2000 demostró que la alteración de la voluntad popular puede producirse valiéndose de mecanismos de captura institucional, control mediático, utilización de recursos estatales, subordinación de organismos públicos, etc. Las controversias observadas en los procesos de 2011, 2016, 2021 y 2026 muestran patrones recurrentes de opacidad, financiamiento cuestionado, judicialización selectiva, conflictos sobre la neutralidad institucional, controversias acerca de la alteración del voto exterior, utilización intensiva de narrativas políticas y disputas sobre la legitimidad democrática. Considerados aisladamente, muchos de estos hechos podrían interpretarse como simples irregularidades o discusiones electorales. Analizados en conjunto, sin embargo, configuran un cuadro político de fraude electoral con extraordinaria gravedad institucional que afecta la confianza ciudadana, debilita la legitimidad de los organismos electorales y alimenta la percepción de que la voluntad popular puede ser objeto de presiones, condicionamientos o manipulaciones. La principal lección histórica del fraude electoral fujimontesinista del año 2000 es que la democracia liberal puede ser erosionada mucho antes del conteo final de votos. Cuando la transparencia, la independencia institucional y la denominada igualdad política son puestas en cuestión de manera ordenada, la soberanía popular deja de estar plenamente garantizada. Por ello, la defensa de la democracia representativa exige no solo proteger la voluntad popular expresada en el sufragio.
¡Sin luchas no hay victorias! ¡Solo el pueblo salva al pueblo! ¡Ningún poder está por encima de la voluntad del pueblo! ¡La historia enseña que los pueblos organizados derrotan a los fraudes y las imposiciones!
Tras la frágil tregua entre EE. UU. e Israel versus Irán, y el retorno a la guerra, cuya excusa fue el derribo de un helicóptero que sobrevolaba la zona del estrecho de Ormuz (que, dicho sea de paso, es una violación de la soberanía persa), esto sirvió como pretexto para el posterior bombardeo de EE. UU. e Israel contra el pueblo iraní.
Lo cierto es que, en esta tensa tregua, las confianzas están erosionadas por reiteradas acciones de engaño y agresividad por parte del sionismo y, con el último ataque, vacían de contenido el alto el fuego.
Más allá de los hechos inmediatos, el asunto de fondo está en que EE. UU. no acepta en esa rivalidad estratégica entre las partes —y mucho menos aún a Irán— como actor y potencia económica y militar de esta zona; menos aún acepta su derecho, como todo país soberano, a poseer su propia bomba atómica como elemento disuasivo, tal y como está la correlación de fuerzas y la unilateralidad del gendarme del mundo.
EE. UU. persiste en predominar estratégicamente en Medio Oriente, como ya lo dijera el propio Trump: “perder Medio Oriente es como perder una tercera guerra mundial”. Allí está el asunto de fondo, porque, como veremos, Medio Oriente —particularmente los Emiratos Árabes Unidos y la propia Arabia Saudí— es un hub de negocios financieros, energéticos, de tecnología, inteligencia artificial (IA), desarrollo y prueba de armamentos, tecnología satelital, etc.
En lo particular, Israel, aparte de ser el portaaviones de este gendarme, significa ciberseguridad, inteligencia artificial, defensa antimisiles, desarrollo militar avanzado, vigilancia electrónica e innovación médica y tecnológica. Muchos sistemas militares estadounidenses se desarrollan o prueban conjuntamente con Israel, así como también muchas de las mayores empresas estadounidenses tienen operaciones, centros de investigación, inversiones o alianzas estratégicas en todo Medio Oriente. Israel se ha convertido en uno de los principales polos tecnológicos del mundo.
Por ejemplo, tenemos a Intel con sus mayores centros de investigación, NVIDIA, Microsoft, Google, Apple, Amazon, Meta, Lockheed Martin, Boeing, RTX, Northrop Grumman, JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Palo Alto Networks, Cisco Systems, IBM, Oracle Corporation, etc.
Esa es la razón de por qué Trump planteó que perder Medio Oriente es como perder una tercera guerra mundial. Obvio, sería el colapso de EE. UU. y de su economía; a partir de allí se puede comprender la importancia de Israel y de Medio Oriente, el cual, según la consideración yanqui, es un asunto existencial y civilizatorio. A ese nivel llega la confrontación, razón por la cual hasta están dispuestos a usar la bomba atómica contra el pueblo de Irán.
Y desde un punto de vista de perspectiva amplia, desde la visión estratégica, el conflicto refleja la disputa del poder en Eurasia, entre EE. UU. y el bloque China-Rusia. Particularmente para los intereses de la OTAN, los recursos energéticos claves para Europa son vitales, al igual que la cuestión militar, comercial, las rutas y los accesos.
Parte de la contención a China por parte de EE. UU. es como cortarle la energía a esta superpotencia con el sueño de colapsarla económicamente, persistiendo en ese anhelo de hegemonía, de seguir siendo el gendarme del mundo a pesar de su declive irreversible.
Es cierto que el nudo de esta negociación, en medio de esta frágil tregua que acaba de romperse, tiene que ver con la presión de una AIEA (Agencia Internacional de Energía Atómica) politizada, que ha venido desenvolviéndose instrumentalizada por los intereses de EE. UU. La última resolución, así como las anteriores, busca presionar a Teherán con afirmaciones infundadas de “incumplimiento” de sus obligaciones en materia nuclear, pretendiendo hasta prohibir el uso de la energía nuclear con fines pacíficos. El fondo del asunto es no permitir a Irán tener una bomba atómica, lo que, de concretarse, cambiaría toda la correlación de fuerzas. No obstante, su resistencia y combate, que debilitó con las armas que tiene esa influencia, lo cierto es que la situación pone en vilo a toda la economía mundial. Ya se habla de una aceleración hacia una recesión global y del aumento de la inflación por los altos costos del petróleo y sus derivados, dado que incrementa el precio del transporte, la electricidad, los fertilizantes y los alimentos. De hecho, dichos costos los seguirá pagando la clase trabajadora, que es quien realmente se lleva la peor parte.
Lo cierto es que el asunto no solo abarca a Medio Oriente. Como lo declarara Pete Hegseth (Departamento de Defensa), vienen por Cuba, por Nicaragua y por el mayor sometimiento de Venezuela; apuntan, como dije en anteriores estudios, a expulsar a China de todo el continente y aislar a Brasil para luego ir por él, dado que es miembro fundador de los BRICS. Es una ofensiva contra los países soberanos, sus líderes y hasta los movimientos sociales; es una ofensiva anticomunista en “su región”. Y parte de toda esa ofensiva es la criminalización de las luchas populares y de los movimientos sociales, así como la represión y el asesinato como parte de la “disuasión” para contener el desborde popular ante las miserables condiciones de vida a las que los ha sometido este sistema en crisis general.
Los sistemas de riego de administración comunitaria, tras su puesta en marcha, frecuentemente exhiben debilidades organizativas y de mantenimiento que detonan conflictos internos y amenazan la infraestructura hídrica. El presente artículo tiene como objetivo principal determinar los factores que inciden en la gestión, distribución y mantenimiento del agua en los accesos de sistemas de riego en la comunidad de Thamari, municipio de Potosí. Mediante un diseño metodológico mixto, se aplicaron encuestas y entrevistas para analizar las normativas consuetudinarias y la situación actual de los usuarios.
Los resultados evidencian una desconexión entre la infraestructura tecnológica y la organización comunal, generando disputas por el acceso al recurso hídrico. Como respuesta, y respetando los saberes locales, se propone el diseño de un modelo de gestión y la elaboración de un manual de operación y mantenimiento. Esta propuesta procura fortalecer las capacidades locales, garantizar la sostenibilidad física del sistema y mitigar la conflictividad, logrando que los usuarios adopten estas herramientas en su estructura organizativa.
Palabras Clave: Gestión comunitaria del agua, estrategias de acceso, sistema de riego, operación y mantenimiento, planificación del riego.
1. Introducción
El abastecimiento de agua constituye una preocupación esencial a nivel mundial, principalmente para el uso poblacional y agrícola. Las Naciones Unidas advierten acerca de una crisis global derivada del insuficiente abastecimiento y la creciente demanda para satisfacer las necesidades humanas y productivas. En este escenario, el agua se sitúa en el epicentro del desarrollo sostenible, siendo vital para la supervivencia, la producción de alimentos y la adaptación al cambio climático. Frente a la globalización y la creciente demanda alimentaria en América, la gestión comunitaria del agua de riego emerge como una alternativa insoslayable frente a los modelos centralizados, especialmente en contextos productivos en que la organización hídrica no está contemplada por reglas formales.
En Bolivia, el acceso al agua es concebido como un derecho humano cardinal y una política de Estado orientada a alcanzar el paradigma del «Vivir Bien». A través de políticas como «Agua para la producción Agropecuaria», se busca consolidar la soberanía alimentaria fortaleciendo la producción bajo riego. Sin embargo, si bien la participación de los beneficiarios es clave en la planificación de los proyectos, lograr que los regantes se empoderen y asuman la responsabilidad técnica y social sigue siendo un desafío institucional. Este reto es particularmente agudo en el departamento de Potosí, el cual ocupa el tercer lugar a nivel nacional en demanda de proyectos de microriego.
En la comunidad de Thamari, el agua opera como un recurso vital y estratégico para el desarrollo territorial, articulando relaciones socioculturales que, de no gestionarse adecuadamente, derivan en conflictos. A pesar de contar con sistemas de riego operativos, la comunidad evidencia profundas debilidades a nivel organizativo. Esta fragilidad ha causado un evidente descuido en el mantenimiento de la infraestructura, poniendo en peligro físico las construcciones y detonando disputas internas. La débil gestión organizativa y la falta de instrumentos rectores, como manuales de operación, amenazan la sostenibilidad a largo plazo.
Ante este escenario, la presente investigación aborda la siguiente interrogante: ¿De qué manera se fortalecerá la organización en la distribución de procesos y mantenimiento del agua para los accesos de sistemas de riego en la comunidad de Thamari?.
El estudio tiene como objeto analizar los procesos de acceso al riego en la comunidad, con el propósito de diseñar un modelo organizativo y un manual operativo. Se espera que esta contribución académica desarrolle capacidades locales, mejore la conducción hídrica y consolide una progresión hacia sistemas de riego plenamente sostenibles y autogestionados.
2. Metodología
2.1. Enfoque y Alcance de la Investigación
La investigación se desarrolla en el marco de un enfoque metodológico mixto, integrando dimensiones cuantitativas y cualitativas para abordar la complejidad del objeto de estudio. Presenta un alcance descriptivo y explicativo, orientado a diagnosticar la situación actual de los accesos al sistema de riego e identificar las causas profundas de las debilidades en la distribución hídrica. Finalmente, el estudio asume un carácter propositivo, culminando en el diseño de estatutos, reglamentos internos y un manual de operación y mantenimiento.
2.2. Población y Diseño Muestral
El trabajo de campo se llevó a cabo en la comunidad de Thamari, perteneciente a la provincia de Tomás Frías en el municipio de Potosí. La población total objeto de estudio está constituida por 332 habitantes, organizados en 83 familias.
Para la selección de los participantes, se aplicó un muestreo no probabilístico de tipo intencional u opinático, estableciendo criterios de inclusión específicos para conformar dos grupos muestrales:
Muestra Cuantitativa: Conformada por 50 jefes de familia. El criterio de inclusión principal fue contar con residencia permanente en la comunidad durante el periodo de estudio.
Muestra Cualitativa: Constituida por 5 líderes comunitarios. Se seleccionaron perfiles con amplia trayectoria orgánica y sindical dentro de la comunidad, actuando como informantes clave.
2.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
La recopilación de información primaria se realizó a través de la aplicación de métodos empíricos diferenciados según el enfoque:
Encuesta (Fase Cuantitativa): Se aplicó un cuestionario estructurado a las 50 familias de la muestra principal. Este instrumento tuvo como finalidad cuantificar y recabar información estandarizada referente a la percepción y situación actual de la organización, la distribución de procesos y el mantenimiento del agua en los sistemas de riego.
Entrevista Abierta (Fase Cualitativa): Se desarrollaron entrevistas a profundidad dirigidas a las autoridades y líderes locales. Esta técnica permitió indagar de manera directa y hermenéutica respecto a las dificultades organizativas cotidianas, las modalidades de distribución del recurso hídrico y las consecuencias derivadas de la falta de un comité de regantes debidamente reglamentado.
3. Resultados y Discusión
3.1. Dimensión Cuantitativa: Percepciones y Brechas en la Gestión Hídrica
Los resultados de las encuestas revelan un fuerte consenso acerca de la necesidad de consolidar la infraestructura hídrica, con una población que está mayoritariamente de acuerdo en contar con sistemas de riego y considera muy importante la transición hacia el riego tecnificado para mejorar la producción.
Sin embargo, la gestión actual presenta fracturas significativas que amenazan la paz social. Un 66% de la población encuestada percibe que casi siempre existen conflictos en torno al derecho de uso del agua. Las causas principales de estas tensiones radican en el irrespeto a los turnos de distribución de un comunario a otro y las aperturas de canales no autorizadas.
Aunado a esto, existe un hondo vacío normativo e institucional. La población encuestada conoce poco o nada acerca de las normas nacionales del sector riego. Asimismo, la mayor parte de los comunarios indica que la asociación no cuenta con un estatuto y reglamento interno de regantes, confundiéndolo frecuentemente con el estatuto general de la comunidad. Ante su declarada inexperiencia en el manejo de sistemas de riego y su consciencia sobre la importancia de mantener canales y represas, la comunidad muestra un alto interés en la adopción de un manual formal de operación y mantenimiento.
3.2. Dimensión Cualitativa: Dinámicas Socioterritoriales y Saberes Locales
Las entrevistas a líderes comunitarios permitieron profundizar en las lógicas organizativas subyacentes. Las principales dificultades operativas señaladas incluyen la falta de infraestructura de captación (represas) y deficiencias en la organización para la distribución del recurso.
Distribución y Desigualdad Espacial: Actualmente, la distribución del agua se realiza de manera empírica, usando el riego por surco y asignando turnos mediante listas basadas en la ubicación o llegada del terreno. Esta modalidad genera conflictos materiales evidentes por la «diferencia de llegada de agua», lo que visibiliza desigualdades espaciales donde un sector se beneficia en detrimento de otros.
Mantenimiento y Sanciones: El mantenimiento de la infraestructura carece de un enfoque técnico y preventivo continuo. Recae en el juez de agua y los usuarios, realizándose de forma seccional antes de la siembra y después de las lluvias, o de manera individualizada por cada propietario. Ante la falta de accesorios, se recurre a la compra de repuestos utilizando los fondos recaudados por multas; el incumplimiento de las faenas de limpieza se sanciona económicamente (multas o jornales valorados en 100 Bs) y con la suspensión de la distribución del agua.
3.3. Discusión Hermenéutica: Tensiones entre la Infraestructura y la Organización
A pesar de la ausencia de reglamentación formal como asociación de regantes, la comunidad de Thamari despliega notables mecanismos de resiliencia institucional. Las tensiones internas no derivan en un colapso del sistema gracias a que los conflictos se concilian mediante la figura tradicional del «juez de agua», con el respaldo orgánico del sindicato agrario y el corregidor de la comunidad.
No obstante, la contrastación de los datos evidencia una clara tensión: la superestructura organizativa basada exclusivamente en usos y costumbres es insuficiente para sostener la infraestructura física actual. La teoría pertinente indica que la distribución equitativa requiere un equilibrio sustentado en un conjunto de normas, acuerdos y reglas. En Thamari, la falta de un andamiaje documental (manuales y estatutos de regantes) limita la eficiencia del riego y perpetúa los conflictos. Esto demuestra que la apropiación de tecnologías de riego debe ir invariablemente acompañada de un proceso de fortalecimiento y formalización socioterritorial.
4. Propuesta: Modelo de Gestión Sociotécnica e Instrumentos Rectores
Ante las carencias identificadas en la articulación entre infraestructura y tejido social, se propone la implementación de un Modelo de Gestión Sociotécnica. Este modelo no busca reemplazar las estructuras tradicionales de Thamari, sino dotarlas de herramientas formales y técnicas para garantizar la equidad y la sostenibilidad del sistema de riego. El núcleo de la propuesta se divide en dos componentes interdependientes:
4.1. Formalización Organizativa: Estatutos y Reglamentos Internos
Para transitar de un manejo empírico a uno institucionalizado, es imperiosa la adopción de un Estatuto Orgánico y un Reglamento Interno específicos para la asociación de regantes. Este andamiaje jurídico-local cumplirá con la Ley N° 2878 (Ley de Promoción y Apoyo al Sector Riego) y tendrá como objetivos:
Delimitación de Derechos y Obligaciones: Establecer con claridad los derechos de acceso al agua y las responsabilidades correspondientes (pago de cuotas, asistencia a faenas, respeto de turnos).
Institucionalización de Autoridades: Reconocer y respaldar formalmente la figura del «juez de agua» y del directorio de regantes, definiendo sus competencias y mecanismos de elección transparente.
Régimen Sancionatorio: Estandarizar las multas y sanciones (actualmente aplicadas de forma ad hoc) ante infracciones como la sustracción de agua o la inasistencia a labores de mantenimiento.
4.2. Instrumento Operativo: Manual de Operación y Mantenimiento
La infraestructura demanda de protocolos técnicos periódicos para evitar su rápido deterioro. El diseño de este manual debe ser accesible, contextualizado y contemplar:
Planificación de la Distribución: Sustituir la distribución espacial empírica («por llegada») por un cronograma de turnos fundamentado en los requerimientos hídricos de los cultivos, las horas de flujo continuo y la capacidad de conducción de los canales.
Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Establecer un calendario obligatorio de faenas comunales (limpieza de desarenadores, canales y sifones) antes y después de la temporada de lluvias, así como protocolos de acción inmediata ante fisuras o taponamientos.
Gestión Financiera: Implementar un fondo de contingencia sustentado en los aportes y multas, destinado exclusivamente a la adquisición de repuestos e insumos para la infraestructura.
5. Conclusiones
La investigación evidencia que la mera inserción de infraestructura tecnológica es insuficiente para garantizar la eficiencia y sostenibilidad del riego en la comunidad de Thamari si esta no se acompaña de un fortalecimiento socioterritorial. En la actualidad, las estrategias de distribución hídrica dependen en exceso de una gestión consuetudinaria que, si bien demuestra resiliencia a través de la conciliación de la autoridad local, se ve rebasada operativamente por la complejidad del sistema físico, derivando en conflictos persistentes por el acceso desigual al agua y un franco deterioro de los canales por falta de mantenimiento preventivo.
El vacío normativo interno es el principal factor de riesgo para la asociación de usuarios. Por tanto, el diseño y futura adopción de un Modelo de Gestión Sociotécnica -materializado en el Estatuto Orgánico, el Reglamento Interno y el Manual de Operación y Mantenimiento- representa el paso decisivo para salvaguardar la infraestructura. La implementación de estos instrumentos permitirá a los regantes de Thamari ejercer sus derechos bajo el amparo de la Ley N° 2878, optimizar el uso del recurso hídrico, mitigar la conflictividad social y, en última instancia, afianzar su soberanía productiva y alimentaria mediante una gestión del agua equitativa, técnica y socialmente sustentable.
Referencias Bibliográficas
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En abril de 2026, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira —posesionado el 8 de noviembre de 2025— promulgó la Ley 1720, que pretendía desmantelar la protección constitucional de la pequeña propiedad campesina para favorecer al latifundio extractivista. Esa ley fue la chispa de un proceso insurreccional que, desde entonces, ha provocado el despliegue de bloqueos de carreteras, una marcha indígena desde Pando hasta La Paz, un cabildo masivo en El Alto que rompió cualquier pretensión de diálogo con el Ejecutivo, y un piquete de huelga de hambre de mujeres. El gobierno respondió con detenciones arbitrarias y la aprobación en Senado de un proyecto de Ley de Estados de Excepción que suspende garantías. Este análisis sostiene que estamos ante una crisis orgánica cuyo origen se encuentra en lo que René Zavaleta Mercado denominó la paradoja señorial del bloque dominante boliviano y su incapacidad estructural para construir hegemonía, es decir, para presentar sus intereses particulares como interés general de la nación.
Para dar cuenta de esta crisis, este análisis combina dos tradiciones teóricas. De Nicos Poulantzas retomamos los conceptos de bloque en el poder, fracción hegemónica y autonomía relativa del Estado, que permiten examinar las tensiones entre la burguesía agroindustrial cruceña (eje del gobierno), la fracción financiera y la comercial, así como el papel del Estado como organizador político de esa unidad contradictoria. Para Poulantzas, el Estado es la forma en que la lucha de clases se institucionaliza; es decir, el lugar donde las relaciones de clase —difusas y transversales a toda la formación social— se materializan sin perder su carácter contradictorio, conteniéndolas. Esto se proyecta en lo que la politología liberal condena como “polarización”, cuando en realidad se trata simplemente de la lucha de clases procesándose dentro del Estado. Pedir que los actores “eviten radicalizar sus posiciones” sin resolver las contradicciones que los provocan es un llamado a la resignación disfrazada de moderación desmovilizadora. De Zavaleta Mercado recuperamos la noción de sociedad abigarrada —un archipiélago de temporalidades y subjetividades que el capitalismo no ha homogeneizado— y la advertencia sobre la disputa de reemplazo entre fracciones, el mecanismo por el cual una fracción burguesa sucede a otra «disputa de reemplazo entre las estirpes de sus amos» como si fuera liberación sin transformar relaciones de producción capitalistas. El análisis se pregunta si las movilizaciones de 2026 han producido ya gérmenes de dualidad de poderes (asambleas vecinales, cabildos, coordinadoras sindicales) y si, la ausencia de una dirección política propia y única terminará canalizando la energía insurreccional hacia una nueva rotación de fracciones —Tuto Quiroga, Jaime Dunn u otra—, cooptando así la potencia de las masas.
El artículo se organiza en seis secciones. Primero, se reconstruye la secuencia del proceso insurreccional desde noviembre de 2025 hasta junio de 2026, con énfasis en las medidas antipopulares (eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas, retorno de la DEA, Decreto Supremo 5503, Ley 1720) y las respuestas sociales. Segundo, se caracteriza la formación social boliviana como sociedad abigarrada, introduciendo la paradoja señorial. Tercero, se analizan las múltiples Bolivias en movimiento, distinguiendo la Bolivia indígena amazónica y andina de la Bolivia del agronegocio, y señalando las diferenciaciones internas en El Alto. Cuarto, se explica la implosión del MAS y el triunfo electoral del PDC por vacío, destacando el rol del vicepresidente Edman Lara como “prótesis ideológica”. Quinto, se examina el bloque en el poder a la luz de Poulantzas, mostrando que ninguna fracción logra la hegemonía plena, lo que fuerza al gobierno a recurrir a la coerción (Estado de excepción) una vez agotados los recursos ideológicos. Finalmente, se plantea si existen condiciones para una situación revolucionaria, cooptación o nuevo poder popular.
Secuencia del proceso insurreccional
Siguiendo a Zavaleta, una sociedad abigarrada se vuelve legible sólo en los momentos de gran agitación y ruptura de la rutina. El proceso insurreccional en gestación que se lleva adelante en el país desde abril de 2026 parece ser uno de esos instantes por eso es necesario repasar su secuencia.
En noviembre de 2025 Rodrigo Paz Pereira es posesionado, a esto le sigue tres medidas que demuestran la orientación de clase del nuevo gobierno: la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas, el retorno de la DEA. El 17 de diciembre se promulga el Decreto Supremo 5503, un paquete integral de medidas económicas que elimina los subsidios a los hidrocarburos, congela salarios públicos, suprime impuestos y otorga facilidades para grandes inversiones en recursos naturales bajo el argumento de la «emergencia económica nacional», se suma a esto la reducción de ministerios bajo el ropaje de austeridad fiscal, la absorción del INRA por el Viceministerio de Autonomías, y el Decreto Supremo 5604 que reestructuró el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, fusionando sus dos viceministerios en uno solo. El gobierno la presentó como una medida para «eliminar la burocracia en los procedimientos y trámites en el ‘Estado Tranca'», pero provocó un fuerte rechazo sindical. Ya en el 2026 se presentaron múltiples proyectos para penalizar los bloqueos, pero ninguno llegó a ser aprobado. El 10 de abril se promulgo la Ley 1720, cuya pretensión era desmantelar la protección constitucional de la pequeña propiedad forzando su integración al mercado como activo financiero embargable y así favorecer el latifundio extractivista; el malestar social creció en paralelo al desabastecimiento crónico de hidrocarburos y su pésima calidad que provocó daños cuantiosos, provocó una huelga de diez mil conductores, además del problema con los billetes de serie B tras el accidente aéreo en el Alto, y el fallo logístico del bono PEPE. Es en abril cuando las movilizaciones estallan: la Bolivia indígena amazónica y andina reactiva sus formas propias de lucha territorial, una marcha partió desde Pando hacia La Paz, y El Alto comienzo a cerrar los accesos a la ciudad.
A principios de mayo, la marcha desde Pando llegó a La Paz, la sede de gobierno tras veintiocho días de caminata; el país registro de forma progresiva múltiples puntos carreteros bloqueados, con pérdidas diarias estimadas en millones de dólares, mientras un piquete de huelga de hambre de mujeres y la vigilia de comunidades amazónicas profundizan la presión. El domingo 26 se abroga la Ley 1341, que regulaba los estados de excepción que limitaba el uso de armas letales contra la población civil; el Comité cívico exige estado de excepción. El martes 2 de junio, un cabildo masivo en El Alto, que reúne a juntas vecinales, COB, campesinos, mineros, maestros, transportistas, padres de familia, gremiales y fabriles, resuelve romper el diálogo con el ejecutivo, acusar a los dirigentes cooptados y someterse solo a las bases. El gobierno dice intentar salidas negociadas y promete agotar todas las instancias de dialogo, se convocó a una mesa de mediación con las bancadas parlamentarias en la vicepresidencia, y se ratificó la decisión de llamar al dialogo y atender demandas, pero las detenciones arbitrarias que iniciaron ese mismo día con el dirigente vecinal alteño Justino Apaza provocan más incertidumbre y desconfianza. En medio de una escasez aguda de alimentos, filas interminables y sobre precios, desabastecimiento de insumos básicos en centros de salud el 3 de junio el presidente publica un video llamando a la población a desbloquear con fuerzas armadas a los minutos es borrado alegando errores de producción. El 4 junio la Cámara de senadores aprobó el proyecto de Ley de Estados de Excepción para su tratamiento en la Cámara de diputados aún pendiente mientras se escribe este análisis.
La formación social boliviana
Esta categoría constituye la contribución epistemológica más original de Zavaleta Mercado y se articula directamente con la problemática que Marx planteó en el prefacio a la Contribución a la crítica de la economía política sobre las condiciones históricas en que los modos de producción se articulan, se suceden o coexisten. Una sociedad abigarrada concebida como un «archipiélago» de microuniversos, temporalidades y subjetividades que el capitalismo no ha logrado homogeneizar. Es únicamente en instantes de gran agitación y ruptura de la rutina cuando todos los elementos de la sociedad se ven forzados a a una síntesis súbita y centralizada, permitiendo comprender por fin cómo es en verdad la realidad del país y cómo se conectan sus distintas partes
La estructura de esta formación explica la existencia de un Estado aparente, el cual suele operar con una autonomía relativa limitada por su sujeción al «superestado» de las facciones dominantes. Históricamente, esto ha permitido que el aparato estatal actúe en favor de la reproducción del orden capitalista total, incluso cuando esto implica contradicciones tácticas con sectores de la propia burguesía.
Esta condición de fragmentación se agrava por la «paradoja señorial» del bloque en el poder que, si bien participa activamente en el mercado mundial, mantiene patrones culturales precapitalistas y es incapaz de construir un proyecto nacional-popular orgánico.
Esa incapacidad estructural —la paradoja señorial— es la razón por la que el bloque dominante no puede presentar su proyecto como nacional. Y es también la razón porque este proceso insurreccional en gestación expone esa carencia.
En el gobierno de Rodrigo Paz esto se expresa cuando el Ejecutivo actúa de forma instrumental para imponer graves retrocesos en materia agraria, medioambiental, social y laboral, en fin, una larga lista de medidas antipopulares con la firme intención de cumplir con las exigencias y condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Utilizó el voto de las clases trabajadoras captado en campaña como una formalidad, para luego ejercer el poder ignorando la voluntad popular y refugiándose en los intereses geopolíticos estratégicos de Estados Unidos en nuestros territorios.
El Estado burgués es un aparato político que expresa los intereses de las fracciones dominantes mientras simula representar a las clases populares. Signo de una crisis crónica de hegemonía, con dos momentos importantes de inflexión. Primero tras la acumulación de derrotas (Guerra del Pacifico y la Guerra del Chaco) profundamente impopulares que evidencio exclusiones sistemáticas provocando alianzas, algo que se materializo en identidad nacional-popular y constituyó la base hegemónica suficiente para derrotar a la oligarquía en 1952 con La Revolución Nacional; Segundo el desarrollo del sindicalismo campesino con más fuerza desde la década de los 80s y las reivindicaciones étnico-culturales atravesados por la identidad como preámbulo a la crisis orgánica del sistema político boliviano que derivo en las grandes movilizaciones de los primeros años de los 2000 con protestas, revueltas e insurrección, la Guerra del Agua, la Guerra del Gas, bajo la dirigencia de la Coordinadora del Agua y el Pacto de Unidad que le dieron dirección ideológica al proyecto y la agenda del momento: asamblea constituyente y la nacionalización que pensó al Estado Plurinacional. Este ciclo de movilizaciones hizo posible el triunfo electoral del MAS-IPSP el 2005 al canalizar el voto de todas esas fuerzas, consolidándose hegemónico.
Tomando en cuenta esto como antecedente, la crisis de 2026 a provocado la gestación de un proceso insurreccional, no hemos regresado ni al 1952 ni de 2003, pero esa memoria está presente. Por eso es necesario identificar qué «Bolivias» están moviéndose, con qué temporalidades, qué clases o grupos de clases con sus intereses y contradicciones —incluidas las que atraviesan a los propios sectores populares.
Las múltiples Bolivias
La Bolivia del agronegocio cruceño encontró en el gobierno de Paz su representación política más nítida. Con la ley 1720 —recientemente abrogada— se pretendía abrir un camino para que la tierra campesina pierda protección y entre con más fuerza al mercado, al crédito y a la hipoteca, favoreciendo ampliamente a los agroindustriales; esto provocó una marcha desde Pando que avanzó y llegó a La Paz tras 28 días de caminata. Hoy, después de días de estar en la ciudad, las comunidades se encuentran aún en vigilia en sus territorios. Si bien la ley fue abrogada, sus pretensiones no han sido aplacadas en su totalidad. La Bolivia indígena amazónica y andina ha reactivado sus formas propias de movilización territorial.
La historia de Bolivia enseña que la organización es la única certidumbre de los oprimidos. (Zabaleta, De Banzer a Guevara Arze: La fuerza de la masa, 1979)
El Alto que fue el corazón insurreccional en 2003, tiene hoy nuevamente un papel relevante, siendo la zona donde el bloqueo es más contundente, cerrando los accesos a La Paz. Sin embargo, no hay que perder de vista que El Alto de 2026 no es el de 2003. La transformación social del período de gobierno del Movimiento al Socialismo produjo una diferenciación interna profunda, emergió una burguesía de origen aymara, sectores de trabajadores por cuenta propia reproducen en parte las relaciones de producción capitalistas y sus contradicciones. Esta diferenciación expresa la formación de nuevas fracciones de clase y de posiciones de clase distintas dentro de lo que antes se leía como un bloque popular relativamente homogéneo. Esa heterogeneidad fragmenta las identidades colectivas, multiplica los intereses en juego y complejiza la construcción de cualquier alianza política estable, y explica por qué en esta ciudad hay voces y resistencia a las movilizaciones y bloqueos como posturas profundamente reaccionarias.
Ahora, cuando los movimientos campesinos organizados, mineros asalariados, maestros, transportistas interprovinciales y urbanos, las juntas vecinales de El Alto, las juntas de padres de familia, gremiales, fabriles, se movilizan, bloquean y se convocan podríamos estar viendo las primeras chispas de un proceso complejo de acumulación de intensidad o «pathos» como le llamaba Zavaleta. Una disponibilidad social que se da cuando las grandes masas pierden la fe en las viejas creencias y se encuentran en un estado de maleabilidad, dispuestas a la asunción de nuevas creencias colectivas y a la sustitución universal de lealtades previas.
La implosión del MAS y el triunfo electoral del PDC
El MAS gobernó Bolivia entre 2006 y 2025, primero bajo Evo Morales (2006-2019), y luego del golpe de Estado con Áñez (2019-2020), bajo Luis Arce (2020-2025). Ese ciclo prometió la descolonización del Estado, la soberanía sobre los recursos naturales y la redistribución de la renta gasífera hacia las clases subalternas. Cumplió parcialmente esas promesas, con resultados importantes y ampliamente reconocidos, pero también las traicionó sistemáticamente.
El MAS no fue derrotado electoralmente en las urnas, implosionó antes de llegar a esa instancia, por contradicciones internas acumuladas durante años —la guerra entre las facciones de Morales y Arce, la pérdida progresiva de base social derivada del agotamiento redistributivo, los escándalos de corrupción que erosionaron la credibilidad, y el vaciamiento propio del reformismo que no pudo romper con el extractivismo ni con las relaciones de producción capitalistas como también mecanismos de proscripción que evitaron a algunas facciones presentarse a elecciones. Esta implosión es lo que generó el vacío político que Rodrigo Paz supo aprovechar.
Jáuregui lo explica a cabalidad. Las elecciones generales de 2025 fueron competitivas, dado que múltiples fuerzas políticas tenían posibilidades reales de ganar. Sin embargo, la oferta electoral estaba dominada por la élite tradicional y los sectores populares carecían de representación, lo que se expresó en el alto número de nulos (19.87%) y blancos (2.50%). No fue el voto positivo de entusiasmo popular hacia Paz lo que lo llevó al poder; fue el rechazo al MAS expresado en un contexto de oferta electoral que no incluía una alternativa popular creíble. Paz no ganó por adhesión sino por vacío. Esta diferencia no es semántica; tiene consecuencias estructurales para la debilidad del gobierno y para la velocidad con que la ilusión se disipó.
El ciclo del MAS puede leerse como un intento de reconfigurar el bloque en el poder incorporando a sectores de trabajadores y a representantes de las clases subalternas, sin alterar el carácter capitalista del Estado ni los fundamentos estructurales de la acumulación. Terminó entonces en la absorción de las demandas populares por el aparato estatal, la cooptación sistemática de dirigentes, la neutralización de la autonomía organizativa de los movimientos. Hay aquí una tesis marxista-leninista de alcance general que se demuestra –nuevamente– los gobiernos reformistas o socialdemócratas que no rompen con el capitalismo terminan favoreciendo los intereses de la burguesía —agroindustrial o financiera—, porque la estructura del Estado capitalista reproduce esa orientación con independencia de las intenciones subjetivas de sus ocupantes.
La derrota electoral del ciclo popular no basta para garantizar la reproducción del orden capitalista; para eso se requiere que el ajuste sea presentado como inevitabilidad técnica, que la ley que favorece al agronegocio aparezca como modernización agraria, que el retorno de la DEA se venda como soberanía democrática y lucha contra el narcotráfico. Esa función de sustitución ideológica es la que cumplen los aparatos ideológicos del Estado en el sentido althusseriano que Poulantzas incorpora a su análisis. La pregunta entonces no es solo qué fracción del bloque domina, sino cómo esa dominación se naturaliza, qué lenguaje usa, qué instituciones la reproducen. El PDC tiene una respuesta muy precisa a esa pregunta, y conviene leerla con atención antes de que el proceso insurreccional la desmonte en las calles.
El bloque en el poder, la unidad contradictoria y crisis de hegemonía
¿Por qué un gobierno con mayoría parlamentaria, con el aparato estatal en sus manos y con el apoyo explícito del imperialismo norteamericano, no logro desactivar los bloqueos ni responder a las demandas de movilización?
Un punto crucial que me interesa profundizar para responder esta pregunta es la distinción técnica entre la dominación económica y la hegemonía política. Poulantzas demuestra que la hegemonía es una categoría política que no depende mecánicamente de la primacía en la producción. La fracción hegemónica es aquella que, a través de la mediación del Estado como organizador político, logra desplegar dos sentidos de hegemonía. Unifica internamente al bloque en el poder constituyendo sus intereses económicos en intereses políticos y ejercer una dirección intelectual y moral sobre las clases subalternas al presentar sus objetivos particulares como el interés general del conjunto de la nación. Esta doble función es la que Poulantzas, siguiendo a Gramsci, llama hegemonía propiamente dicha.
La estabilidad de este bloque depende de que estas funciones se concentren eficazmente, aunque la teoría admite la posibilidad de desajustes y desplazamientos entre ellas. En el caso boliviano la «paradoja señorial» del bloque en el poder le impide consolidar una dirección hegemónica orgánica. Ante la incapacidad de presentar sus intereses como nacionales, el bloque dominante suele renunciar a la autodeterminación para refugiarse en la coerción o en imperativos sistémicos externos, es decir, en los intereses geopolíticos estadounidenses rompiendo el equilibrio inestable de compromisos necesario para una hegemonía duradera.
La estabilidad del bloque se logra cuando una fracción ejerce esa hegemonía en el sentido pleno del término, en la capacidad de subordinar a la vez las pretensiones de las diferentes fracciones y todas las demás clases de la sociedad (Poulantzas, 1968). En Bolivia, la crisis se define precisamente por la ausencia de una fracción hegemónica en ese sentido pleno, ninguna fracción del bloque dominante logra cumplir simultáneamente ambas funciones. Esta ausencia produce lo que Poulantzas —retomando a Gramsci— denominaría una crisis orgánica, no una crisis de gobierno que se resuelve con un cambio de gabinete, sino una crisis de la forma misma de dominación.
El bloque en el poder que sostiene al gobierno del PDC no es monolítico. Su eje es la burguesía agroindustrial cruceña, fracción que acumuló poder económico, territorial e ideológico durante las últimas tres décadas. Pero el bloque incluye otras fracciones con intereses parcialmente divergentes, la burguesía financiera, vinculada a la banca nacional y a los circuitos del capital transnacional que empujan la agenda del FMI; la burguesía comercial e importadora, que apoya la apertura comercial pero teme la caída del consumo interno provocada por el ajuste fiscal; y los remanentes de la gran propiedad territorial del Oriente, cuya continuidad biológica e institucional con las élites del siglo XIX no es una metáfora zavaletiana sino un dato sociológico verificable.
Esta composición compleja del bloque se expresa en las tensiones internas del gabinete y en las fracturas parlamentarias. Jáuregui describe cómo el PDC cuenta con 16 senadores y 49 diputados sin mayoría absoluta, y cómo la propia bancada del PDC está escindida en múltiples facciones que le impiden actuar de forma cohesionada (Jáuregui, 2026). Los transfugios hacia el oficialismo expresan, en términos poulantzsianos la reorganización de las alianzas entre fracciones del bloque dominante; el capital financiero paceño que apostó por Paz necesita una mayoría parlamentaria que la base electoral del PDC no alcanzó a proveer. Esta mayoría frágil y comprada no constituye hegemonía; es el simulacro de la dirección política.
La burguesía agroindustrial cruceña es la fracción económicamente más poderosa del bloque y la que más directamente se expresa en las políticas del gobierno de Paz. Un ejemplo claro es la Ley 1720 que se bien fue abrogada se anunció que se trabajara en una nueva ley en la misma dirección e intención, la liberalización de exportaciones, la flexibilización ambiental. si bien es la fracción dominante del bloque no es hegemónica porque no logra la segunda de las dos funciones que la hegemonía exige: presentar sus intereses ante las clases subalternas como intereses generales de la nación.
Este proceso insurreccional en gestación es la prueba de ese fracaso cuando llego a existir alrededor de 90 puntos carreteros bloqueados, cuando El Alto corta los accesos a La Paz, cuando hay un piquete de huelga de hambre de mujeres y las comunidades amazónicas se unen en vigilia y el rechazo al Gobierno, estamos ante la negación práctica de cualquier pretensión hegemónica. Esta crisis de hegemonía no se queda en el plano abstracto de las fracciones y sus intereses divergentes; se proyecta a las instituciones, en las personas, en los dispositivos concretos que el bloque dominante construye para simular unidad donde no la hay. Si la fracción agroindustrial cruceña no puede presentar sus intereses ante las clases populares como intereses generales de la nación, entonces necesita un operador ideológico que les sirva para convencer, distorsionar y desviar la atención de sus verdaderas intenciones para ir en contra de los intereses de las clases populares. Ese fue el rol en campaña de Edmar Lara.
La figura del vicepresidente Edman Lara cumplía una función ideológica en la arquitectura política del bloque en el poder. Operaba como una representación de lo popular que hacía electoralmente presentable un programa de clase que, sin esa mediación, hubiera sido identificado de inmediato su carácter antipopular. Su origen no oligárquico, su registro identitario, su hiper-espectacularización mediática cumplían la función, disfrazar la dominación de representación, hacer pasar el interés particular de la fracción dominante por interés general de la nación.
Jáuregui explica este mecanismo con rigor: Rodrigo Paz y Edman Lara lograron catalizar la expectativa de cambio diferenciándose de la derecha tradicional, al vincular las salidas económicas a la crisis con las demandas aspiracionales de los sectores populares ascendentes. Esta operación es exactamente lo que Susan Stokes llama neoliberalismo por sorpresa, el giro post-electoral de gobiernos que adoptan reformas neoliberales a pesar de haber sido electos con plataformas contrarias (Stokes, 2001, citada en Jáuregui, 2026,). El binomio Paz-Lara requería esa ambigüedad programática —capitalismo para todos, 50/50— para no antagonizar con el electorado popular.
Una vez que el gobierno se alineó sin ambigüedades con los intereses del agronegocio y los intereses geopolíticos del imperialismo estadounidense —la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas en noviembre de 2025, la Ley 1720, – ese dispositivo ideológico se volvió prescindible e incluso perturbador. Lara se convirtió en un obstáculo para la estrategia del ejecutivo porque su legitimidad popular reclamaba poder real, no ornamental. Cuando el ajuste se hace visible, cuando el costo recae sobre los sectores populares, la máscara no se puede mantener, se cae.
La máscara demócrata cristiana, los aparatos ideológicos y la lógica antinacional
La categoría que mejor explica el gobierno de Paz es la que Zavaleta aplicaba a los liberales de principios del siglo XX, el pragmatismo lineal o teoría de la asociación con el imperialismo. Pero Poulantzas añade una dimensión, el papel de los aparatos ideológicos del Estado —retomando a Althusser— en la reproducción del consenso. El PDC construye un discurso en el que el ajuste fiscal aparece como modernización responsable, la Ley 1720 como progreso agrario, el retorno de la DEA como seguridad democrática y lucha contra el narcotráfico. Jáuregui precisa el mecanismo cuando menciona que el gobierno tiene capacidad discursiva alta, dado que se ha instalado un discurso de inevitabilidad en los medios de comunicación que asocia al modelo estatista con el desfalco y la corrupción y presenta al ajuste como un problema técnico y de convicción patriótica.
La eliminación del subsidio histórico a los combustibles en diciembre de 2025, la reducción de ministerios presentada como austeridad fiscal, la Ley 1720 favorable al agronegocio cruceño —que resulta fue trabajada en el gobierno de Luis Arce Catacora y reactivada por Marinkovic—, esta secuencia es la reproducción de la lógica antinacional; en términos poulantzsianos, es la expresión de qué fracción del bloque en el poder ejerce la dominación en este momento y cuáles son los intereses que el Estado condensa y organiza materialmente. El imperialismo norteamericano, que expresó su apoyo al gobierno, tiene intereses directos en el resultado del conflicto boliviano —el litio, el gas, las tierras raras, la posición geoestratégica de Bolivia— y su apoyo no es una intervención en la lucha de clases a favor de las fracciones antinacionales del bloque dominante.
Bolivia no vive una crisis de gobierno como muchos afirman y que se resolvería con cambios en el gabinete, vive una crisis orgánica de largo aliento que comenzó en 2003, fue gestionada pero no completamente resuelta por el ciclo del MAS, y eclosiona ahora con la restauración conservadora de Paz.
Toda la arquitectura analizada hasta aquí —el bloque en el poder sin fracción hegemónica, el dispositivo Lara como prótesis ideológica, la lógica antinacional disfrazada de austeridad patriótica— describe el polo de la dominación. Pero la crisis orgánica se puede definir en función a lo señalado por Lenin: “los de abajo no quieran seguir viviendo como antes, si no que los de arriba tampoco puedan seguir gobernando como antes lo hacían”. La pregunta ya no es qué hace el bloque dominante para sostenerse, sino si las condiciones objetivas de una situación revolucionaria están dadas y, sobre todo, si existe la condición subjetiva capaz de convertir la potencia insurreccional en poder constituido.
Situación revolucionaria y gérmenes de dualidad de poderes
Zavaleta llamaba «disponibilidad social» a esos momentos de crisis profunda en que las masas están dispuestas a sustituir sus viejas lealtades; el cabildo del 2 de junio en El Alto es la expresión nítida de eso. Esta disponibilidad coincide con lo que Lenin definió como los síntomas objetivos de una situación revolucionaria: cuando «los de arriba» no pueden seguir gobernando como antes, la miseria de «los de abajo» se agrava y la actividad de las masas se intensifica significativamente.
Sin embargo, Lenin advirtió que la existencia de estas condiciones objetivas no garantiza la revolución. Para que la crisis desemboque en una victoria real, es indispensable el factor subjetivo, que es la capacidad de la clase revolucionaria para realizar acciones de masas tan potentes que logren «hacer caer» al viejo gobierno. Esto requiere de una vanguardia consciente que no se limite a seguir la espontaneidad del movimiento (seguidismo), sino que sea capaz de dirigir la energía insurreccional hacia el derrocamiento efectivo del régimen y la conquista del poder político.
La potencia de la movilización espontánea de las masas es indudable. Juntas vecinales, comunidades y sindicatos mineros actúan con una disciplina forjada en la resistencia histórica. Sin embargo, el espontaneísmo, al ser la forma embrionaria de la conciencia, se manifiesta necesariamente como tradeunionismo, representa la subordinación ideológica de los trabajadores a la burguesía, limitando sus aspiraciones a mejoras dentro del sistema capitalista en lugar de buscar su destrucción. Entonces una lucha centrada en demandas corporativas que, aunque legítimas, tienden a permanecer dentro de los límites del orden vigente. “Y quien suponga que se puede tomar el poder con los sindicatos está muy equivocado. Mientras la clase obrera no supere su contenido meramente sindicalista, podrá ser una clase muy radical, pero no podrá ser una clase de poder” (Zavaleta, en la entrevista con Laserna, 1985, p. 556).
El tradeunionismo es, en esencia, el sindicalismo, la lucha colectiva de los obreros para conseguir mejores condiciones de trabajo y reformas inmediatas, pero sin cuestionar el régimen social en su conjunto
En Bolivia, el riesgo más concreto en este sentido es la desviación que puede representar el evismo pues las estructuras de movilización del MAS que Jáuregui identifica como un potencial de coalición residual (Jáuregui, 2026) conservan arraigo territorial y liderazgo reconocido, pero su proyecto es la restauración del ciclo anterior —no su superación. Subordinar las movilizaciones del 2026 a la lógica del evismo sería la desviación hacia el seguidismo, utilizando la energía sindical para un proyecto de restauración que mantiene los cánones tradicionales de dominación bajo una apariencia popular, seria cooptar la potencia insurreccional en favor de una fracción que aspira a reconfigurar el bloque dominante a su favor.
La cooptación de dirigentes populares que se produjo durante el período del MAS no fue una anomalía moral sino la expresión de una tendencia estructural que Lenin había teorizado y que Poulantzas profundizó el problema no era solo la ausencia de conciencia sino la presencia del poder de clase dentro de la propia organización popular. Las organizaciones obreras y campesinas no son espacios puros exentos de las relaciones de poder capitalistas porque son atravesadas por ellas, lo que explica la cooptación sistemática y la burocratización. Como indica Zavaleta, aunque el sindicato es un lugar democrático de masas, carece de la coherencia necesaria para tomar el poder, tarea que exige un esquema consciente que solo puede dar el partido.
En Las tareas del proletariado en nuestra revolución, Lenin analiza el concepto de dualidad de poderes la situación en que emerge un poder alternativo al Estado burgués, con sus propios órganos de deliberación y ejecución, que compite con el Estado existente por la dirección de la sociedad. El ejemplo histórico clásico son los soviets de 1917. La pregunta es si existen gérmenes de una dualidad de poderes análoga.
La respuesta honesta es que si existen esos gérmenes por eso el movimiento campesino tiene dominio en el sector rural. Las asambleas de juntas vecinales de El Alto que deciden los bloqueos, los cabildos campesinos que coordinan el corte de rutas, las coordinadoras sindicales que articulan la acción de la COB; todas estas formas organizativas funcionan, en momentos de mayor intensidad, como instancias de deliberación y decisión colectiva que operan paralelas al Estado y en contra de él. Son gérmenes de poder alternativo. Pero este proceso insurreccional aún no ha producido una dualidad de poderes consolidada, no existe una instancia coordinadora nacional que articule esos gérmenes en un poder político con programa propio, con capacidad de interlocución estatal en términos de fuerza, con horizonte más allá de la demanda táctica de la renuncia de Paz. Este es el límite objetivo de la coyuntura. Este proceso insurreccional a abierto una posibilidad y queda decidir si se llena con un nuevo poder popular o con una nueva cooptación esa sería la tarea política del momento.
Este análisis quiso recorrer la paradoja señorial como estructura larga, el bloque en el poder sin hegemonía, los aparatos ideológicos que naturalizan el ajuste, la potencia insurreccional de las clases subalternas y el límite objetivo que representa la ausencia de una instancia coordinadora nacional. Pero hay aún elementos por estudiar ¿En qué momento histórico se encuentra Bolivia, qué la distingue de octubre de 2003, y qué condiciones —objetivas y subjetivas— determinarán si la coyuntura se cierra en una nueva cooptación o en una ruptura real con un nuevo poder popular?.
Conclusión
El proceso insurreccional que Bolivia vive desde abril de 2026 es la crisis orgánica de una forma de dominación que nunca logró construir hegemonía, carece de la capacidad de presentar el interés particular de la fracción dominante como interés general de la nación. Está en juego la viabilidad de un modo de ejercer el poder que se repite bajo máscaras renovadas. Si el proceso insurreccional no produce su propia dirección política ya y el vacío se resuelve dentro de las reglas de juego que impone la democracia liberal, el resultado no será transformación sino rotación de fracciones burguesas en el poder. Tuto Quiroga a la cabeza de Alianza Libre son los principales beneficiarios políticos de cada tropiezo del gobierno de Paz, acumulando con paciencia el capital electoral que la crisis les regala. El proyecto libertario de Jaime Dunn espera en el otro carril, dispuesto a presentar el desmantelamiento del Estado como solución popular. Si Condori es proscrito, o si cualquier alternativa del campo popular llega a unas elecciones fragmentada y sin programa de clase, la potencia insurreccional de mayo de 2026 habrá sido capturada por otra fracción burguesa. Una nueva disputa de reemplazo entre estirpes, exactamente como Zavaleta advertía. Las urnas sin organización popular previa administraran la derrota.
La paradoja señorial provoca la incapacidad estructural de la clase dominante boliviana para convertir su proyecto de clase en proyecto de nación algo constante en la historia, no es capaz de construir legitimidad ante las clases populares. El gobierno de Paz es una coalición que llegó al poder tras el vacío dejado por la implosión del MAS, y la proscripción o fracaso de sus expresiones fragmentadas; que gobernó para el agronegocio cruceño y los intereses geopolíticos del imperialismo norteamericano, ahora que la ilusión se disipó legisla la suspensión de derechos para desplegar la capacidad coercitiva del Aparato Estatal intentando blindarse legalmente porque ya agotó sus recursos de gobernabilidad.
La aprobación en grande y en detalle del proyecto de Ley de Estado de Excepción en el Senado, y su probable ratificación por la Cámara de Diputados este sábado 6 de junio, es la expresión de que, como decía Zavaleta, los partidos tradicionales pierden rápidamente su base social, fracasan en su función legitimadora, y la represión no puede ceder paso al consenso. El Estado de excepción es la traducción jurídica de esa impotencia; es el momento en que el bloque dominante confiesa, ante la sociedad entera, que solo puede mantenerse suspendiendo las garantías que él mismo invoca para legitimarse.
En los bloqueos, en los cabildos de El Alto, en la vigilia amazónica que no negocia, en las asambleas vecinales que funcionan como instancias paralelas de deliberación y mando territorial, se ha desplegado una potencia de masas que el gobierno no puede ni cooptar ni aplastar sin destruir lo poco que le queda de legalidad. Las coordinadoras sindicales que articulan la acción de la COB, los cortes de ruta que condicionan el abastecimiento de la capital, el cabildo del 2 de junio que acusa a los dirigentes cooptados y se somete solo a las bases: todo eso es ya, en su forma embrionaria, una dualidad de poderes que no ha encontrado todavía su instancia de unificación nacional. La disponibilidad social está dada. La sustitución de lealtades, que Zavaleta llamaba el momento constitutivo de la política de masas, está latente. Lo que falta es la forma que la concentre y es ahí donde radica el peligro. Ese es el límite objetivo de la coyuntura, y también su riesgo más agudo. No existe todavía una instancia coordinadora nacional capaz de articular esos gérmenes dispersos en un poder político con programa y horizonte propios. ¿Qué clase social, con qué proyecto histórico, llenaría el vacío de poder, en el caso de lograr la renuncia del presidente? la respuesta a esa pregunta es la tarea política del momento. No es algo que se pueda dejar para después es una tarea para hoy, en las asambleas de base, en las coordinadoras sindicales, en las comunidades que deliberan sobre su destino. Porque, como señalaba Zavaleta, el tiempo de las naciones no es el de las generaciones, pero las coyunturas se cierran. Y la violencia de clase, como siempre, no descansa.
Referencias bibliográficas
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*Camila Azeñas Uzquiano es politóloga y militante comunista.
En 1974, el economista Muhammad Yunus no solo prestó pequeños montos a mujeres en extrema pobreza en Bangladesh, por lo que desafió el dogma bancario tradicional que consideraba a los pobres como “no bancarizables”. Su experimento evidenció que las mujeres, lejos de ser sujetos pasivos de la asistencia, son administradoras natas de recursos escasos, priorizando alimentación, salud y reinversión productiva. Este descubrimiento dio origen a las microfinanzas modernas, cuyo objetivo explícito era romper la trampa de pobreza a través del acceso al crédito como derecho, no como caridad.
El caso boliviano expresado en éxito cuantitativo y dilemas cualitativos
En la Bolivia de los años 80, marcada por hiperinflación y ajuste estructural mediante la nueva política económica, varias ONGs replicaron el modelo de Yunus con garantía solidaria grupal. Así, el crédito de corto plazo permitió a familias empobrecidas enfrentar la inmediatez del hambre, mejorar vivienda y arrancar pequeños emprendimientos. Tres décadas después, las microfinanzas bolivianas representan el 31% del total de la cartera crediticia del sistema financiero, reflejando una economía en que lo informal (comercio, servicios, pequeña manufactura, etc.) no es un remanente marginal, sino el núcleo dinámico de la liquidez cotidiana.
Sin embargo, este dato, impresionante en superficie, oculta tensiones estructurales. Diversos estudios como la Fundación para el Desarrollo de las Microfinanzas, 2019-2023 señala que en Bolivia:
Las tasas de interés activas de microcréditos oscilan entre 25% y 45%, muy por encima del crédito bancario corporativo.
La morosidad en microfinanzas es cíclica y se dispara en contextos de recesión o devaluación.
El sobreendeudamiento multicredito (familias con 3 o más créditos simultáneos) afecta a cerca del 18% de los prestatarios en ciudades intermedias.
La mejora de calidad de vida medida en ingresos nominales no siempre se traduce en reducción de vulnerabilidad (falta de seguro médico, precariedad habitacional, trabajo infantil residual).
Microfinanzas y economía política, entre inclusión y disciplinamiento social
Un análisis de economía política revela que las microfinanzas no son neutrales. En Bolivia, su auge coincidió con el retiro parcial del Estado como proveedor directo de empleo y subsidios, y con una regulación financiera que favoreció la expansión de instituciones microfinancieras (IMF) con fines de lucro (como BancoSol, FIE, Prodem, etc.). Esto generó una paradoja en que mientras se amplía el acceso al crédito, se reduce la protección social universal. El microcrédito actúa como un mecanismo de autoresponsabilización de la pobreza, ya que la falla individual de no pagar se vuelve moral, no estructural.
Asimismo, el discurso de que las microfinanzas formalizan el sector informal carece de evidencia robusta. La mayoría de los microempresarios no transitan hacia la formalidad tributaria o laboral, porque ello implicaría costos fijos como los impuestos, los registros y que contabilidad que sus márgenes de ganancia reducidos no soportan. El microcrédito tiende a consolidar un semiformalismo de subsistencia, no una escalera que lleve al desarrollo capitalista.
Fortalecimiento necesario para las microfinanzas
Para que las microfinanzas sean una alternativa vigente y sostenible y no una trampa de endeudamiento, se requieren cinco líneas de acción sistémicas, no solo exhortaciones:
Regulación con enfoque de bienestar: Tasas de interés máximas vinculadas al costo de fondeo + margen razonable; prohibición de cláusulas abusivas; supervisión de niveles de endeudamiento familiar.
Inclusión financiera integral: No basta el crédito. Es imprescindible articular cuentas de ahorro, microseguros de salud y agropecuarios, y fondos de emergencia. La capacitación digital debe ser práctica (uso de billeteras móviles, registros de ventas), no abstracta.
Cohesión con políticas sociales: Las microfinanzas deben vincularse formalmente con el sistema de salud (descuentos en cuotas si la familia tiene controles médicos periódicos) y con programas de alimentación escolar. La calidad de vida se construye con servicios, no solo con liquidez.
Educación financiera crítica: Capacitar en gestión de riesgos, no solo en emprendimiento. Las mujeres deben aprender a decir no a créditos innecesarios y a diferenciar capital de trabajo de gasto corriente.
Rendición de cuentas social: Las IMF deberían publicar indicadores de desempeño social como el número de familias que salen de pobreza extrema, tasa de mejora en vivienda, acceso a saneamiento, no solo financieros como la morosidad.
Conclusión: ¿formalización o buen vivir?
Las microfinanzas en Bolivia han demostrado capacidad para movilizar recursos y generar dinámicas económicas en la base de la pirámide. Pero su éxito inicial no puede confundirse con solución definitiva. Sin un Estado que garantice derechos básicos como la salud, la educación, las pensiones, etc., y sin regulación que evite la usura blanda, el microcrédito corre el riesgo de convertirse en un analgésico que perpetúa la informalidad estructural.
La alternativa vigente no es creer que el crédito por sí mismo formaliza. Es articular microfinanzas, políticas públicas y organización comunitaria para que el crecimiento del sector informal deje de ser un refugio de sobrevivencia y se convierta en un peldaño real hacia el buen vivir mediante ingresos estables, tiempo para el cuidado, salud accesible y dignidad económica. Solo así las microfinanzas honrarán el legado de Yunus y la lucha de aquellas mujeres bolivianas que, con un pequeño préstamo, no solo buscaron pagar, sino vivir mejor.
La humanidad viene atravesando una coyuntura de hondas transformaciones reconfiguradas por la Cuarta Revolución Industrial, un escenario caracterizado por el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, la robótica, el big data, la hiperconectividad digital, la automatización, etc. En este contexto, la producción, comunicación y construcción del conocimiento están siendo rediseñadas. No obstante, aunque la tecnología actual tiene una inmensa capacidad para procesar y cuantificar datos masivos, presenta limitaciones insuperables cuando se trata de desentrañar las experiencias humanas, las expresiones culturales, las emociones-sentimientos y las relaciones de poder que cimentan a estas transformaciones. Es precisamente ante la hegemonía del algoritmo y la datificación (Transformación de ciertos aspectos de la realidad en datos cuantificables para su respectivo procesamiento digital) de la vida en que el enfoque metodológico cualitativo adquiere una pertinencia epistemológica esencial.
La investigación cualitativa se constituye como el contrapeso ineludible frente a la visión puramente estadística, permitiendo descifrar aquello que los números ocultan, como valoraciones y apreciaciones subjetivas. Como obra inaugural, el trabajo de Taylor y Bogdan (1987) nos recuerda la esencia de este abordaje: «La metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable» (p. 20).
El predominio del dato frente a la comprensión de los significados
En la actual era digital de la Cuarta Revolución Industrial, la tendencia positivista -filosófica y paradigmática- procura reducir la complejidad de los fenómenos sociales a métricas e indicadores. Por ejemplo, un estudio cuantitativo podría limitarse a señalar que una vasta mayoría de estudiantes de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, cuenta con acceso a internet. No obstante, este reduccionismo estadístico invisibiliza las brechas o disparidades digitales que reflejan las desigualdades económico y sociales estructurales, ignorando cómo experimentan los sujetos las limitaciones tecnológicas, qué estrategias asumen para superarlas o cómo estas brechas afectan su autoestima y rendimiento.
Frente a esta cuantificación, Strauss y Corbin (2002) trazan una demarcación importante: «Por investigación cualitativa entendemos cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación» (p. 11). La cualitativa se caracteriza porque permite descubrir esas dimensiones invisibles, comprendiendo los fenómenos en profundidad y reconociendo que la realidad social es una construcción histórica e ideológica (cultural).
Perspectiva sociocrítica y emancipadora en la era de los algoritmos
El desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología no ocurre al margen de las relaciones de poder que caracterizan a las sociedades divididas en clases sociales. Con frecuencia, estos ámbitos se encuentran condicionados por los intereses de quienes ejercen formas de dominación económica, política, jurídica e ideológica. En consecuencia, la tecnología dista de ser neutral, ya que los algoritmos y las herramientas de inteligencia artificial suelen nutrirse de bases de datos construidas desde lógicas y valores asociados al sistema capitalista y su fase imperialista, lo que genera tensiones con los conocimientos locales, los saberes populares y las diversas maneras de comprensión de la realidad.
En este contexto, la investigación cualitativa, particularmente desde la matriz crítica latinoamericana, no se limita a interpretar pasiva y distantemente los fenómenos sociales, sino que se esfuerza por comprenderlos para contribuir a su transformación. Denzin y Lincoln (2011) reafirman el carácter político de este enfoque al señalar que: “La investigación cualitativa es una actividad situada que ubica al observador en el mundo. Consiste en una serie de prácticas materiales e interpretativas que hacen visible el mundo” (p. 43).
Hacer visible el mundo y sus contradicciones expresada en su colosal problemática en la Cuarta Revolución Industrial involucra cuestionar las relaciones de dominación tecnológica y promover transformaciones sociales. Autores latinoamericanos como Orlando Fals Borda y Paulo Freire sentaron las bases para comprender que el conocimiento se construye a través del diálogo horizontal y la investigación debe realizarse con las comunidades y no sobre ellas. Esto rompe el esquema arbitrario y tradicional sujeto-objeto, validando el diálogo de saberes e impulsando una praxis transformadora capaz de generar alfabetización y conciencia crítica frente a la desinformación y el consumo digital.
Diseños cualitativos para la comprensión de las nuevas realidades tecnológicas
Para investigar las subjetividades o valoraciones hiperconectadas, se requiere flexibilidad y rigor analítico. En América Latina, Vasilachis de Gialdino (2006) precisa esta exigencia: «La investigación cualitativa es interpretativa, inductiva, multimetódica y reflexiva. Se emplea en la recolección y el análisis de datos empíricos con el fin de explorar, describir y comprender las características de los individuos y de los escenarios» (p. 24).
Esta multimetodicidad (Aplicación de distintos métodos de investigación para abordar un problema considerando diferentes perspectivas) se traduce en la aplicación de diseños pertinentes. La fenomenología, por ejemplo, resulta precisa para explorar las experiencias, emociones y aprendizajes vividos por los estudiantes universitarios de la Carrera Ciencias de la Comunicación Social de la UMSA frente a la virtualidad. La etnografía crítica y la Investigación Acción Participativa (IAP) se convierten en herramientas insustituibles para identificar cómo los algoritmos influyen en las decisiones cotidianas, o para evaluar cómo persisten formas de colonialidad y discriminación en los entornos digitales.
El rigor de este paradigma reside en su inmersión en el contexto. Como afirman Hernández-Sampieri et al. (2014): «El enfoque cualitativo también se evalúa con rigor, pero con un paradigma distinto, cuya base no es la medición numérica sino la comprensión de los fenómenos en su ambiente usual o natural, buscando desentrañar su significado a partir de las perspectivas de los propios participantes» (p. 9).
Conclusión
En el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, caracterizada por la expansión de la inteligencia artificial, la automatización, la datificación y el predominio de los algoritmos en múltiples escenarios de la vida social, la investigación cualitativa mantiene plena vigencia y adquiere una relevancia valiosa para la producción de conocimiento crítico. Mientras las tecnologías emergentes procesan grandes volúmenes de datos o información y generan modelos predictivos, el enfoque metodológico cualitativo reivindica la centralidad de la experiencia humana, la comprensión de los significados, la diversidad cultural y las expresiones históricas que configuran la compleja realidad social.
La investigación cualitativa trasciende la simple descripción o interpretación de los fenómenos para contribuir al cuestionamiento de las estructuras de poder, las desigualdades o asimetrías y las distintas formas de dominación que también pueden reproducirse en los entornos digitales. En este horizonte, constituye una herramienta esencial para visibilizar voces históricamente excluidas, fortalecer los saberes locales y promover formas de conocimiento comprometidas con la justicia social, la democracia liberal y la dignidad humana.
Lejos de ser desalojada por los avances tecnológicos, la metodología cualitativa se reafirma como un campo indispensable para las ciencias sociales y humanísticas, al aportar una comprensión profunda, contextualizada y reflexiva de las transformaciones actuales. Su desafío no consiste en competir con la inteligencia artificial o el big data, sino en complementar reflexiva y críticamente estas herramientas, gestionando que el desarrollo científico y tecnológico esté orientado al bienestar colectivo y a la construcción de sociedades más justas, inclusivas y humanistas.
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