Richard Gonzales
El modelo neoliberal instaurado desde el gobierno entreguista, corrupto y autoritario de Alberto Fujimori ha profundizado, con el paso de los años, la crisis social y económica que padecen amplios sectores del pueblo peruano. La vida de millones de ciudadanos se ha ido hundiendo progresivamente en condiciones de miseria y precariedad, en el sentido más amplio de la palabra.
Si se toman en cuenta los datos oficiales más recientes disponibles para 2025, publicados en 2026 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los indicadores reflejan con claridad la magnitud de esta crisis. La pobreza monetaria alcanza al 25,7% de la población, mientras que la pobreza extrema bordea el 4,7%. En términos absolutos, ello significa que aproximadamente 8,8 millones de peruanos viven en situación de pobreza.
A ello se suma una población vulnerable —es decir, en riesgo permanente de caer en la pobreza— que representa el 32,8% del país. Asimismo, alrededor del 70% de la economía peruana permanece en la informalidad, expresión concreta de la precarización laboral. La informalidad afecta al 89,1% de las personas pobres y al 96,1% de quienes sobreviven en pobreza extrema. Estas cifras, profundamente elocuentes, muestran el nivel de deterioro económico y social existente, una situación que, lejos de generar alarma en las élites gobernantes, parece haberse normalizado como parte de la cotidianeidad de los sectores populares.
La explotación y la opresión se manifiestan de manera inmisericorde como resultado de un modelo neoliberal basado en el saqueo sistemático de la nación. Mientras las grandes corporaciones y grupos económicos continúan acumulando riqueza, millones de ciudadanos sobreviven realizando múltiples esfuerzos para sostenerse, privados incluso del derecho al descanso, al ocio y a condiciones de vida dignas acordes con el siglo XXI. La salud y la educación continúan atravesadas por profundas deficiencias estructurales.
Si bien durante 2025 la inflación osciló entre el 1,5% y el 2,5%, el desempleo abierto se mantuvo entre el 5% y el 7%, dependiendo de la región y la metodología utilizada. Sin embargo, el subempleo supera ampliamente esas cifras, pues diversos estudios lo sitúan entre el 40% y el 50% de la fuerza laboral.
En el ámbito social, la desnutrición crónica infantil alcanza entre el 11% y el 12% a nivel nacional, con profundas desigualdades entre regiones urbanas y rurales. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿qué papel cumple el Estado frente a esta realidad?
El Perú enfrenta la existencia de un Estado disfuncional, burocráticamente débil y con rasgos propios de un Estado fallido. Ello se expresa en la baja ejecución de la inversión pública, en los deficientes servicios de salud y educación, así como en la escasa presencia estatal en las zonas amazónicas y rurales. A esta situación se añade la corrupción estructural, que incrementa el sufrimiento de los sectores más vulnerables y profundiza la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
En los hechos, el aparato estatal parece funcionar prioritariamente para proteger las ganancias de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, facilitando el saqueo de los recursos naturales y de los recursos públicos obtenidos mediante los impuestos de la población.
La ultraderecha peruana no solo defiende este modelo económico hambreador y destructivo para la nación, sino que también actúa como garante de la acumulación del gran capital y del saqueo sistemático del país. El fujimorismo constituye uno de los principales operadores políticos de los intereses de los grandes bancos, de las corporaciones mineras, portuarias, importadoras y exportadoras, así como de diversos grupos empresariales vinculados al poder económico.
Junto al fujimorismo, existen otras organizaciones políticas que cumplen funciones complementarias: algunas proyectan una imagen de supuesta “moderación democrática” o de liberalismo progresista, mientras otras representan expresiones de una “izquierda” funcional al mantenimiento del gran capital y de los intereses de las corporaciones transnacionales.
Dentro de esa lógica, poco importa cuántos presidentes o funcionarios deban ser reemplazados cuando los intereses de las élites económicas se ven amenazados. De ahí derivan las permanentes crisis políticas, los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo y la imposición, en los hechos, de un régimen parlamentario sobre el presidencialismo formal.
Parte de este proceso de descomposición social consiste también en fomentar el caos y la fragmentación de la sociedad: corrupción generalizada, delincuencia, inseguridad ciudadana, deterioro de la confianza institucional, individualismo extremo, violencia familiar y debilitamiento de la cohesión social. Todo ello alimenta una peligrosa tendencia hacia la configuración de un Estado cada vez más inviable.
En el campo educativo, se ha producido una expansión indiscriminada de institutos y universidades bajo una lógica puramente mercantil. Se forman miles de técnicos y profesionales sin una adecuada planificación de las necesidades reales del país. A ello se suman bajos niveles de aprendizaje respecto a estándares internacionales y profundas brechas entre las zonas urbanas y rurales.
En salud pública, el Perú mantiene uno de los menores niveles de gasto estatal en comparación con otros países de la región. La escasez de especialistas, el limitado equipamiento hospitalario y las largas listas de espera son problemas cotidianos, agravados por la desigualdad territorial y las dificultades de acceso a servicios básicos.
El problema de la vivienda y del acceso al agua potable refleja igualmente el deterioro de las condiciones de vida. En pleno siglo XXI, millones de personas aún carecen de servicios básicos de calidad, situación que evidencia el abandono estructural al que han sido sometidos vastos sectores de la población.
Todo ello demuestra un progresivo deterioro de la calidad de vida: mayor inseguridad económica, reducción del poder adquisitivo, precarización laboral, debilitamiento de la protección social y limitado acceso a servicios públicos eficientes.
Entonces, ¿para qué sirve un Estado de estas características?
Se trata de un Estado fragmentado, corrupto, débil y subordinado a intereses particulares; un aparato que no responde a las necesidades de la nación ni de los millones de pobres, sino a los privilegios de un reducido grupo de familias y élites económicas vinculadas al poder transnacional. Predomina una lógica profundamente individualista y egoísta, incapaz de construir un proyecto colectivo de desarrollo nacional.
Frente a esta realidad, el pueblo tiene el derecho y la necesidad de luchar por espacios auténticos de participación política, construyendo representaciones verdaderamente vinculadas a sus intereses históricos y sociales. Sin embargo, ello también implica comprender que los intereses de las grandes élites económicas y los intereses de las mayorías populares son profundamente antagónicos.
Por ello, los pueblos deben fortalecer sus niveles de organización, elevar su conciencia política y formar cuadros capaces de construir un nuevo proyecto de Estado, de nación y de patria basado en la soberanía, la justicia social y la dignidad colectiva.
26 de mayo de 2026
