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Julio Gerardo, CONAICOP SECRETARÍA México.

Hablar de la Revolución Cubana es, ineludiblemente, reconocer a México como un escenario vital en su gestación y desarrollo. Hoy, cuando el pueblo cubano sigue enfrentando las brutales medidas de asfixia económica y las constantes agresiones por parte del imperialismo estadounidense, mirar hacia atrás nos permite comprender que esta Revolución no nació de la improvisación, sino de una profunda resistencia histórica y del abrazo solidario entre los pueblos latinoamericanos.

Los orígenes de la rebeldía y el juicio a la dignidad 

La chispa definitiva se encendió el 26 de julio de 1953 con el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Esta acción armada, dirigida por Fidel Castro contra la dictadura de Fulgencio Batista —régimen fielmente sostenido por los Estados Unidos—, marcó el inicio de una nueva era emancipadora. Aunque la operación fracasó en términos estrictamente militares, sentó las bases políticas e ideológicas del Movimiento 26 de Julio.

Tras ser apresado, el 16 de octubre de 1953, Fidel Castro enfrentó un juicio anómalo en Santiago de Cuba. Confinado por razones de seguridad en una pequeña sala de enfermeras del Hospital Civil, Fidel asumió su propia defensa. Al ser cuestionado sobre quién era el autor intelectual del asalto, su respuesta fue tajante: José Martí, el apóstol de la independencia. Aquel alegato culminó con una frase que trascendería los muros de aquella sala para instalarse en la memoria de los pueblos oprimidos: «La Historia me absolverá».

Fidel y Raúl Castro, así como otros combatientes fueron condenados a 15 años de prisión, pero la inmensa presión popular obligó al dictador pro imperialista Batista a firmar una amnistía general. Tras 21 meses en presidio, el 15 de mayo de 1955, recobraron su libertad. El siguiente paso exigía un terreno fértil para reorganizar la esperanza, y ese lugar fue México.

México y el encuentro de los imprescindibles

Raúl Castro fue el primero en pisar tierra mexicana, el 24 de junio de 1955. Poco después, en julio, llegó Fidel para reestructurar la lucha armada bajo la bandera del Movimiento 26 de Julio.

Para entonces, en México ya se encontraba un joven médico exiliado tras presenciar el golpe de Estado orquestado por Washington contra el presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, nos referimos a Ernesto Guevara de la Serna quien había llegado a la Ciudad de México en septiembre de 1954, trabajando como fotógrafo y médico en el Hospital General. Su inmersión en los círculos de la izquierda comunista fue facilitada por Hilda Gadea Acosta, economista y política peruana, militante de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), con quien contrajo matrimonio el 18 de agosto de 1955 en Tepotzotlán, Estado de México.

El destino tejió sus hilos en junio de 1955 en la colonia Tabacalera de la capital mexicana. En el número 49 de la calle José Emparán, Fidel Castro y Ernesto Guevara sostuvieron una histórica y extensa conversación. Esa misma noche, el argentino aceptó unirse a la expedición armada como médico y combatiente. Fue en tierras mexicanas donde, por su insistencia en usar esa expresión típica de su país, Fidel y sus compañeros lo bautizaron para la eternidad, pues allí nació para el mundo el mítico Ernesto «Che» Guevara.

La forja de la expedición con férrea solidaridad y disciplina 

Preparar a 82 expedicionarios fue un proceso clandestino, intenso y lleno de sacrificios que duró casi un año. Esta gesta no habría sido posible sin la solidaridad del pueblo mexicano. Antonio del Conde, a quien Fidel bautizó cariñosamente como «El Cuate», fue una pieza clave al facilitar armas y la embarcación que haría historia, nos referimos a el Yate Granma.

El entrenamiento fue integral, puesto que no solo se forjó la resistencia física, sino la táctica guerrillera, la disciplina militar y la entereza mental bajo condiciones de persecución y escasez. Escenarios como el Rancho Santa Rosa en Chalco, Estado de México, sirvieron para prácticas con fuego real bajo la mirada de Fidel y el Che. Asimismo, el luchador mexicano Anastasio «El Kid» Venegas impartió técnicas de defensa personal y albergó a varios revolucionarios en su propio hogar. El Cerro del Chiquihuite, en el norte de la Ciudad de México, fue testigo de las extenuantes marchas para alcanzar la máxima resistencia humana.

Los preparativos finales se discutían a media voz entre tazas de café. El legendario Café Habana, en la esquina de Bucareli y Morelos, fue uno de los puntos de reunión donde Fidel, Raúl, el Che y otros revolucionarios ultimaban los detalles antes de partir hacia Veracruz.

«Si salimos, llegamos…» 

En Santiago de la Peña, a orillas del río Tuxpan en Veracruz, Fidel rentó una casa que sirvió como cuartel final. Allí se congregaron líderes de la talla de Juan Almeida Bosque, Camilo Cienfuegos, Ramiro Valdés, Juan Manuel Márquez, el capitán Norberto Collado, el mexicano Alfonso Guillén Zelaya, el dominicano Ramón Mejía del Castillo («Pichirilo») y el italiano Gino Donè Paro.

Antes de zarpar, Fidel selló el compromiso con una máxima implacable: «Si salimos llegamos, si llegamos entramos, si entramos triunfamos».

La madrugada del 25 de noviembre de 1956, desafiando condiciones meteorológicas adversas, el Yate Granma salió sigilosamente del embarcadero del río Tuxpan con 82 almas a bordo. Durante la travesía, en medio de la oscuridad y un mar agitado, el expedicionario Roberto Roque Muñiz cayó al agua. En un acto que demostraba que en la Revolución el humanismo está por encima del cálculo frío, Fidel ordenó detener la marcha. Buscaron durante casi una hora, arriesgando toda la operación, hasta que lograron rescatarlo con vida. Nadie se quedaba atrás.

La victoria de la fe inquebrantable 

El 2 de diciembre de 1956, acorralados por el barrizal y el fango, el Granma encalló en Los Cayuelos, cerca de la playa Las Coloradas (Niquero). Poco después del desembarco, sufrieron un duro revés militar que dispersó a los combatientes.

Para el 5 de diciembre, tras el bautismo de fuego, Fidel logró reagruparse con un puñado de hombres y unas pocas armas. Al preguntar por el arsenal disponible, la respuesta fue desalentadora: solo traían cinco fusiles. Con la mirada puesta en el horizonte histórico, Fidel sumó los dos suyos y sentenció: «¡Siete! ¡Ahora sí ganamos la guerra!».

Reflexión final 

Esa misma convicción insumisa que llevó a un puñado de hombres de los pantanos de Las Coloradas al triunfo definitivo en 1959, es la que hoy sostiene a Cuba frente a la asfixia de un bloqueo imperialista criminal. Recordar a México como el sendero de esta Revolución es recordar que las grandes transformaciones sociales requieren organización, solidaridad internacionalista y una fe inquebrantable en la justicia popular. Hoy, más que nunca, la historia de hermandad entre México y Cuba nos enseña que el cruel imperialismo estadounidense no es invencible cuando un pueblo decide ser libre.

Julio Gerardo, Activista CONAICOP SECRETARÍA México.

Por: Julio Gerardo Padilla Sánchez CONAICOP SCRETARÍA México

“La soberanía no se negocia y la seguridad de México se decide en México”. Esta frase no es solo una consigna política, sino que además es una definición histórica en un contexto donde la violencia del narcotráfico, la injerencia extranjera y la disputa interna por el poder se entrecruzan peligrosamente.

El 22 de febrero del presente año quedó marcado como un punto histórico en la confrontación contra el crimen organizado, en medio de versiones acerca del abatimiento de un importante líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, grupo que durante años ha sido considerado uno de los más poderosos y violentos del país. Más allá de los hechos específicos, hay un elemento estructural que no puede ignorarse, ya que la mayoría de las armas sofisticadas utilizadas por los cárteles provienen de Estados Unidos.

Armas que cruzan la frontera

Diversos informes han señalado que un alto porcentaje del armamento incautado en México tiene origen estadounidense. Este fenómeno no es casual ni reciente, puesto que, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, se desarrolló la polémica operación “Rápido y Furioso” (2009-2011), implementada por agencias estadounidenses, que permitió el ingreso ilegal de miles de armas a territorio mexicano con el argumento de rastrearlas hasta los cárteles. Muchas de esas armas terminaron fortaleciendo a las organizaciones criminales.

La llamada “guerra contra el narcotráfico”, declarada en 2006 por Calderón tras una elección con indicios de fraude y profundamente cuestionada, dejó una estela de violencia y decenas de miles de muertos. Lo que se presentó como una cruzada por la seguridad derivó en una espiral de confrontación que dividió al crimen organizado, multiplicó los grupos armados y profundizó la crisis humanitaria.

Años después, la condena en Estados Unidos de Genaro García Luna —exsecretario de Seguridad Pública de ese gobierno— por vínculos con el Cártel de Sinaloa confirmó lo que durante años fue denunciado por amplios sectores sociales como la infiltración del narcotráfico en las más altas esferas del poder. García Luna fue sentenciado en 2024 a 38 años de prisión por una corte estadounidense, en un proceso que expuso la colusión entre estructuras estatales y crimen organizado.

La doble moral del imperialismo de Estados Unidos

Estados Unidos se presenta como aliado en la lucha contra el narcotráfico, pero al mismo tiempo su mercado es el principal destino de las drogas y su industria armamentista provee el arsenal que nutre la violencia en México. Mientras exige resultados y califica situaciones internas, no asume con la misma firmeza su responsabilidad en el tráfico ilegal de armas ni en la demanda interna de estupefacientes.

La designación de Ronald Johnson como embajador —exmilitar con antecedentes en operaciones de seguridad en América Latina— fue interpretada por muchos analistas como una señal de endurecimiento en la política bilateral, particularmente bajo la influencia de Donald Trump, cuya narrativa ha girado reiteradamente en torno a la criminalización de México y la amenaza de intervenciones unilaterales.

La historia latinoamericana demuestra que cuando Washington habla de seguridad hemisférica, muchas veces se traduce en injusta presión política, injerencia o condicionamientos económicos. La soberanía mexicana, por tanto, no es un concepto retórico, sino es una línea roja.

La derecha mexicana y sus contradicciones

En el plano interno, partidos políticos mafiosos como el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernaron durante décadas en contextos donde el narcotráfico creció, se consolidó y penetró instituciones. Distintos exfuncionarios de esos periodos han sido investigados o señalados por vínculos con redes criminales.

Resulta descarado que sectores de esa misma derecha acusen hoy al actual gobierno progresista de ser un narcoestado e incluso vergonzosamente hayan acudido a instancias estadounidenses para solicitar intervención o presión internacional. Estas acciones, más que una preocupación genuina por la seguridad, parecen responder a una estrategia política de deslegitimación y confrontación contra el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

En momentos de crisis, la difusión de rumores, noticias falsas y la amplificación del miedo se convierten en herramientas de disputa política. La quema de vehículos, bloqueos y otros actos vandálicos son utilizados mediáticamente para proyectar la imagen de un Estado fallido. Sin embargo, el combate al crimen organizado no puede analizarse sin revisar el armazón histórico de complicidades, desatenciones y decisiones que nos trajeron hasta aquí.

Seguridad con soberanía

La administración gubernamental encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha planteado una estrategia que combina programas sociales, fortalecimiento institucional y coordinación con fuerzas armadas, bajo el principio de que la seguridad nacional no puede subordinarse a intereses extranjeros.

El debate de fondo no es solo policial o militar, sino también político y estructural. ¿Puede México combatir eficazmente al narcotráfico mientras persista el flujo de armas desde Estados Unidos? ¿Puede hablarse de cooperación real cuando existe una desigualdad histórica en la relación bilateral? ¿Qué autoridad moral tienen quienes gobernaron en medio de escándalos de corrupción y colusión con el narcotráfico para presentarse ahora como defensores de la legalidad?

La soberanía no implica negar la cooperación internacional, sino establecerla en términos de respeto mutuo. Significa asumir responsabilidades compartidas en que México participa en el combate interno a las organizaciones criminales; Estados Unidos en el control efectivo del tráfico de armas y la reducción de la demanda de drogas.

Hoy más que nunca, el desafío consiste en desenmascarar la doble moral de Estados Unidos y de los neoliberales que entregaron y destruyeron la patria, denunciar las complicidades del pasado y evitar que la lucha contra el narcotráfico sea utilizada como instrumento de desestabilización política.

Porque la seguridad no puede construirse sobre la hipocresía.

Y porque, en última instancia, la soberanía —como la dignidad— no se negocia.

Richard Gonzales

Dicen que la “democracia” es un sistema político donde la soberanía reside en el pueblo. Siendo así, el poder político supremo del pueblo, en estos más de 30 años, ha venido exigiendo cambios fundamentales, con mucha mayor razón en la última década, en la que la demanda por una nueva Constitución se vuelve indispensable para pensar, mínimamente, en cambios sustantivos, particularmente en lo que respecta al capítulo económico, que es fundamental para que realmente se pueda hablar de una “democratización de la sociedad”.

Redefinir y replantear el capítulo económico en la Constitución neoliberal vigente es clave, porque de ese cambio —pensando en los intereses de la nación, de los diferentes actores de la sociedad, de las inmensas masas que suman millones, así como de la propia industria nacional y de su necesidad de democratización— depende la orientación estratégica del país. Es decir, se trata de redefinir la disyuntiva central: o se prosigue con una visión de dependencia de las corporaciones mundiales, con beneficios para un puñado de grupos de poder nativo que se desenvuelven dentro de la organización mundial del trabajo y la producción, donde los centros de poder global determinan, mediante tratados comerciales y convenciones, un diseño en el que la inmensa mayoría de los países del tercer mundo quedan relegados al rol de simples proveedores de materias primas y mano de obra barata, mientras las grandes urbes imperialistas concentran las industrias y tecnologías más desarrolladas, que luego proveen a las naciones sometidas; o se asumen, con coherencia, los principios de soberanía, independencia y autodeterminación.

En el diseño actual, los acuerdos y tratados firmados por las clases dominantes de cada país han hecho que naciones enteras no puedan industrializarse. Este mismo sometimiento y dependencia, revertirlos implica ejercer una verdadera soberanía nacional, independencia y autodeterminación. Implica romper con aquellos tratados que impiden que una nación se industrialice, para que exista trabajo pleno, con derechos y salarios dignos.

Esto supone, a partir de allí, un rediseño integral del Estado, de la democracia y del gobierno. Implica la rebelión de las masas, la resistencia y la lucha democrática, aun cuando esta vía sea transitoria, reformista y se desenvuelva dentro de los términos capitalistas. Evidentemente, requiere organización y una voluntad popular férrea para ese proceso; una conciencia de masas capaz de luchar y defenderse; y la construcción de la unidad nacional. Porque ello implica la confrontación contra los intereses del imperialismo dominante y contra los satélites globalistas internos. Por tanto, ser antiimperialista es ineludible, sin lo cual no se puede pensar en un cambio serio y trascendente.

Todo ese proyecto soberano requerirá, además, un cambio en la dinámica educativa general, en el espíritu nacional, así como mecanismos y décadas de trabajo y sacrificios para ser concretado.

De los 43 partidos políticos en carrera para las elecciones del 2026, ¿cuántos y cuáles representan esos intereses? ¡Ninguno! Los partidos —entre comillas— que tienen la intención de defender o representar al pueblo, si los hay, no cuentan con arraigo popular, cuadros, proyectos, planes, mecanismos ni poder político real. Por tanto, solo serán avasallados y puestos en línea por la ultraderecha y las corporaciones saqueadoras, o simplemente serán víctimas de golpes de Estado bajo diferentes formas y mecanismos. Lo real es que la ultraderecha ha concentrado el poder, incluso, si fuera necesario, para consumar fraudes de manera descarada, como ocurrió hace poco en Ecuador.

Entonces, en estas elecciones que se vienen, ¿existen condiciones para un voto verdaderamente democrático? No las hay. Simplemente se trata de una farsa. ¿Podría cambiarse este estado de cosas? ¡Sí! Pero en la actualidad no aceptan ni siquiera una economía social de mercado. Véase el gobierno de Castillo: la ultraderecha reaccionaria, desde hace tiempo, pateó el tablero; las reglas que ellos mismos establecieron no las respetan ni les interesa respetarlas.

En el mundo hemos entrado en una fase del sistema mundial mucho más autoritaria. Las sociedades se han fascistizado; la soberanía popular ha sido barrida. ¿Podría recuperarse? ¡Por supuesto que sí! Depende de una correlación de fuerzas compactas y bien organizadas. Pero, en la actualidad, solo existe la soberanía de las corporaciones, sustentada en la violencia más franca y descarada. En esas condiciones, ¿tiene sentido que las masas vayan a votar? ¡De ninguna manera! Sería solo para avalar y legitimar la farsa, a no ser que exista una fuerza popular bien organizada en todos los planos y frentes.

La ultraderecha cuenta con fuerzas organizadas como las Fuerzas Armadas, el poder empresarial y económico, fuerzas ideológicas articuladas en un solo frente (medios informativos, académicos, escuelas, etc.), una tradición cultural mercantilista de siglos y los poderes del Estado a su servicio.

¿Qué corresponde entonces? Lo ideal sería dejar vacías las urnas de forma masiva, no acudir a esa farsa ni como votantes ni como personeros. Sería lo ideal, pero sabemos que no va a ocurrir, porque ello requiere como condición una acción compacta de millones de pobres dirigida por su propia organización. En la medida de lo posible, corresponde viciar el voto, no votar en blanco.

Dicha acción podría presionar y poner sobre la mesa la discusión de una nueva Constitución, así como el respeto de los actores históricos de poder real. Para ello se requiere preparar a los propios representantes, constituyentes y líderes, capaces de elaborar un contraproyecto y un nuevo programa de todas las clases del pueblo, con agenda y contenido claros.

La opinión masiva y popular está harta de todo este estado de cosas. Así lo reflejan incluso las encuestas de los sectores reaccionarios. Tal como va la trayectoria del Perú en todos los ámbitos, ¿podría canalizarse este malestar hacia una acción conjunta como la que se plantea? Por supuesto que sí. Requiere el uso intensivo de redes, una campaña sostenida, la activación decidida de los diferentes colectivos, cabildos, así como voluntad y decisión. Mucho depende de la madurez y determinación del pueblo, así como de sus líderes de base popular, con capacidad de dirigir hacia otro estado de cosas.

Esto requiere también un cuestionamiento sustentado de la juridicidad, es decir, un cuestionamiento del fundamento mismo del estado de cosas, impulsado por especialistas mediante múltiples acciones legales. No solo en el campo jurídico, sino también en la economía, la filosofía y otros ámbitos. Existen muchos hijos del pueblo, bien formados y organizados, que podrían aportar de manera decisiva en este frente.

24/04/2025