Categoría: Noticias y análisis

Por: Daniel Emiliano Villanueva López

Entrevista a la diputada federal Petra Romero Gómez

Ciudad de México, 24 de abril de 2026

La entrevista con la diputada federal Petra Romero Gómez no es únicamente un testimonio individual ni un recuento de iniciativas legislativas; constituye, más bien, la expresión de una trayectoria que permite observar, en una escala concreta, la persistencia de una estructura histórica que ha definido a México: la tensión entre el poder institucional y las formas de organización social que emergen fuera de él, en los márgenes, en las comunidades, en aquello que durante siglos ha sido subordinado, pero nunca completamente absorbido.

Cuando la diputada afirma que su vocación surge de “la necesidad desde la vivencia”, no recurre a una categoría retórica, sino que expresa una condición estructural. En México, las clases populares no han accedido a la política mediante la acumulación de capital o la formación tecnocrática, sino a partir de experiencias de exclusión que se transforman en conciencia social. Esa conciencia, como ella misma lo señala, se forja en espacios no estatales: en la experiencia empírica de las comunidades eclesiales, en redes de solidaridad y en luchas territoriales.

Su paso por comunidades vinculadas a la Teología de la Liberación revela precisamente ese proceso en el cual un lenguaje heredado —en este caso, el religioso— opera como extensión del discurso social, siendo apropiado por los sectores subalternos para interpretar su realidad y organizar su acción colectiva.

En este tránsito se produce un cambio fundamental: del individuo aislado al sujeto colectivo. La diputada insiste en que “somos pueblo” y que “con el pueblo nos tenemos que organizar”. Esta afirmación remite a un principio histórico fundamental. En México, la noción de “pueblo” ha sido constantemente disputada: mientras el Estado la ha invocado para legitimar su poder y reorganizarla en nuevas estructuras institucionales, las comunidades la han vivido como práctica cotidiana de cooperación, ayuda mutua y sobrevivencia.

Lo que emerge en la entrevista es el intento de trasladar esa noción profundamente arraigada en la vida comunitaria hacia el interior de una institución que históricamente ha operado bajo otras lógicas.

Su llegada a la Cámara de Diputados es narrada como un “nacimiento”: una transformación que no implica ruptura con su origen, sino continuidad de su proceso comunitario. No se trata de una integración plena al aparato estatal, sino de una inserción que busca mantener el vínculo con su experiencia previa, portadora de una conciencia social profundamente empírica y, en sus propias palabras, también “cósmica”. Sin embargo, la entrevista deja ver que este proceso está atravesado por contradicciones.

La Cámara, concebida como “la casa del pueblo”, es también un espacio donde las decisiones se rigen por correlaciones de fuerza, prioridades legislativas y restricciones presupuestarias que no necesariamente responden a las necesidades inmediatas de ese mismo pueblo.

Las iniciativas que la diputada presenta en materia laboral ilustran con claridad esta tensión. Propuestas como otorgar 15 minutos previos al inicio de la jornada para la ingesta de alimentos, o ampliar el tiempo destinado a la comida, no surgen de un análisis abstracto, sino de la experiencia corporal del trabajo. Es el cuerpo del trabajador —el hambre, el cansancio, el estrés— el que organiza la demanda.

Sin embargo, su destino legislativo revela los límites de esa traducción. La diputada reconoce que estas propuestas no han sido aprobadas debido a la priorización de otras reformas, como la reducción de la jornada laboral. Aquí se evidencia una jerarquía de decisiones que no depende únicamente de la legitimidad de las demandas, sino de factores estructurales que reordenan prioridades. La necesidad aparece como punto de partida, pero queda subordinada a la lógica institucional.

El tema del autismo introduce una dimensión aún más compleja. A diferencia de otros momentos de la entrevista, aquí emerge un reconocimiento explícito de carencias: diagnósticos tardíos, falta de acceso a terapias y ausencia de políticas integrales. La diputada señala que su iniciativa no fue aprobada debido a su impacto económico, lo que pone en evidencia una de las contradicciones centrales del Estado contemporáneo: la coexistencia entre un discurso de derechos universales y una práctica limitada por la distribución de recursos.

Se configura así un escenario donde sectores como las familias con personas autistas permanecen en una situación de vulnerabilidad estructural, dependiendo no solo de la voluntad política, sino de la capacidad material del Estado para responder a sus necesidades.

Cuando se le solicita una evaluación general de los derechos sociales —tema central de la entrevista—, su respuesta se inscribe en la narrativa de ruptura asociada a la llamada Cuarta Transformación. Según esta perspectiva, el pasado reciente se caracteriza por el abandono, mientras que el presente representa un proceso de restitución.

No obstante, su propio discurso introduce matices. En materia de mujeres, reconoce avances legales, pero también admite el desconocimiento de derechos y la persistencia de desigualdades salariales. En el caso de la niñez, señala que muchos derechos existen solo en el plano formal.

Estas observaciones reflejan una constante histórica: la distancia entre la ley y su cumplimiento efectivo, entre el reconocimiento jurídico y la realidad social.

Otro aspecto central es la forma en que la diputada construye su legitimidad. Su autoridad no proviene de una formación técnica ni de una trayectoria burocrática, sino de la acumulación de experiencias: haber sido obrera, empleada doméstica, campesina y mujer que ha vivido violencia. Su representación se sustenta en la identificación con el grupo social al que pertenece. Sin embargo, esto también plantea interrogantes: la experiencia individual, por significativa que sea, no necesariamente abarca la diversidad interna de ese mismo grupo.

En el plano institucional, sus propuestas sobre la eliminación del fuero o la defensa de la revocación de mandato expresan una preocupación por reducir la distancia entre gobernantes y gobernados. Estas ideas constituyen una crítica a las formas de privilegio históricamente arraigadas en el sistema político mexicano. No obstante, su formulación aparece de manera fragmentaria, lo que evidencia la dificultad de articular un proyecto coherente dentro de un aparato estatal complejo.

La dimensión internacional, aunque secundaria, introduce una lectura del orden global como espacio de desigualdad. Sus críticas a figuras como Donald Trump, así como sus cuestionamientos a organismos como la ONU y UNICEF, reflejan una visión de las relaciones internacionales como prolongación de estructuras de poder asimétricas, en sintonía con una tradición crítica latinoamericana.

En suma, la entrevista no configura un modelo acabado de política social, sino que ofrece una serie de fragmentos que, en conjunto, permiten observar una tensión estructural persistente: por un lado, la aspiración de que el Estado incorpore las lógicas comunitarias y traduzca la experiencia de la necesidad en políticas públicas; por otro, la realidad de un aparato institucional que opera bajo restricciones, jerarquías y racionalidades que no siempre coinciden con esa aspiración.

La diputada no abandona la idea de que el Estado puede ser “la casa del pueblo”, pero tampoco desconoce los límites que condicionan esa posibilidad. Su discurso oscila entre la afirmación y el reconocimiento de esas restricciones, entre la narrativa de transformación y la persistencia de estructuras históricas.

Esa oscilación no constituye una debilidad discursiva, sino su condición esencial. En ella se refleja una historia en la que los sectores populares han buscado transformar las estructuras que los subordinan, sin alcanzar una integración plena ni una ruptura definitiva.

Más que ofrecer respuestas concluyentes, la entrevista expone la complejidad de un proceso en curso: un devenir histórico que avanza lentamente, como ríos antiguos que modelan la piedra. Un proceso sostenido por las multitudes que, desde las regiones más profundas de la historia mexicana, mantienen viva la expectativa de cambio.

La llamada Cuarta Transformación aparece entonces no como una promesa inmediata, sino como horizonte: una línea lejana entre la memoria y la persistencia de los pueblos. No se trata de un país que se funda de nuevo, sino de uno que se reconstruye constantemente, recordándose a sí mismo en cada intento.

La esperanza no se expresa como ruptura total del poder estatal, sino como una continuidad tensionada entre la ilusión y la persistencia histórica de quienes, desde hace siglos, esperan que la historia, finalmente, les pertenezca.