Alex A. Chamán Portugal
Enero 17 de 2025.
I. La lucha de clases y el derecho a la rebelión
En la actual situación de crisis estructural del capitalismo, el Estado boliviano, que sirve a la viabilización de políticas de explotación y opresión, se reafirma como el aparato de coerción de la clase social dominante. La actual ofensiva para penalizar el bloqueo de caminos tras el inconstitucional Decreto Supremo 5503, que impuso el «paquetazo neoliberal» de eliminación de subsidios en diciembre de 2025, no se constituye en un hecho aislado ni una búsqueda de «orden público», puesto que es, en esencia, una flagrante guerra entre las clases sociales explotadoras versus las explotadas. En una sociedad capitalista que presenta severas e irreconciliables contradicciones, la protesta es la expresión política de la contradicción entre el capital y el trabajo; por lo que su criminalización representa el intento desesperado de la burguesía y sus lacayos por amordazar a las mayorías populares ante el avance de políticas proimperialistas, antinacionales y antipopulares en el marco de un capitalismo en crisis con su respectivo neoliberalismo devorador.
II. Legitimidad popular sobre legalidad burguesa
En una sociedad que se enarbola la democracia liberal el derecho a la protesta no es una concesión benevolente del Estado, sino un derecho conquistado en las luchas. Su respaldo es doble:
a) Sustento Jurídico-Institucional: La Constitución Política del Estado (CPE) de 2009, en su artículo 21, garantiza la libertad de reunión y expresión. La jurisprudencia internacional, incluyendo el Pacto de San José de Costa Rica, establece que el derecho a la protesta es interdependiente, ya que, sin la capacidad de movilizarse, los derechos a la salud, educación y salario digno quedan desprotegidos. Así, la afectación temporal a la libre circulación no invalida la protesta, pues esta busca, por justicia y naturaleza, generar la ruptura circunstancias necesaria para visibilizar una demanda (derecho, libertad u otro) que el poder pretende ignorar.
b) El Derecho de los Pueblos: En el Estado Plurinacional de Bolivia, el bloqueo es una institución consuetudinaria de soberanía popular e independencia política. Desde la Revolución Nacional de 1952 hasta la Guerra del Gas o Rebelión Popular en 2003, la acción directa ha sido el único mecanismo eficaz de diálogo ante gobiernos reaccionarios. Criminalizar el bloqueo o penalizar cualquier otra histórica forma de protesta popular es pretender borrar la memoria histórica que dio origen a la propia democracia demoliberal boliviana, ignorando el pluralismo jurídico que reconoce las prácticas de resistencia obrera y popular.
III. La Fascistización del Estado
El tránsito hacia el fascismo contemporáneo se manifiesta en la infame criminalización sistemática de la disidencia. Proyectos de ley como el PL-070/2025-2026, que proponen penas de hasta 20 años por bloquear vías, configuran una afrenta a la historia de las luchas populares. Así, la penalización a la protesta que usa el Código Penal se constituye en un arma de guerra.
Este mecanismo opera en tres niveles:
a) Estigmatización: La instrumentalización del aparato mediático oficialista y empresarial construye un «enemigo interno», tildando al movilizado de «terrorista» o «saboteador económico» para justificar la violencia represiva estatal.
b) Persecución judicial (Lawfare): Se utiliza la mafiosa estructura del sistema de justicia para golpear y descabezar a las organizaciones sociales y políticas a través de procesos por sedición e instigación pública a delinquir.
c) Encarcelamiento selectivo: El desprecio al debido proceso concretiza la detención “preventiva” contra líderes y lideresas populares que busca desmovilizar a través del terror del Estado, subordinando la vida humana a la eficiencia de los flujos del mercado. Se prepara la aplicación abyecta del fascista Derecho Penal del Enemigo que violentara el Estado liberal y garantista que precautela relativamente derechos y libertades.
IV. Un gobierno proimperialista, prosionista, vendepatria y antipopular
La actual gestión gubernamental de Rodrigo Paz, junto a cuestionados políticos neoliberales y empresarios, lo ha desenmascarado como un agente del capitalismo y neoliberalismo más perverso. La penalización de la protesta no es más que la pretendida seguridad jurídica requerida por el capital transnacional y de la burguesía nacional para viabilizar la destrucción de la incipiente producción nacional y encaminar el saqueo de recursos naturales.
Estamos ante un gobierno proimperialista, prosionista, vendepatria y antipopular que rompe con parte de la tradición soberana de Bolivia para alinearse con las recetas y condiciones del FMI, BM, BID, etc., y los intereses del genocida imperialismo estadounidense. Asimismo, su carácter prosionista e impopular se evidencia en su alejamiento de la solidaridad internacionalista con los pueblos oprimidos (Palestina, Cuba, Venezuela, etc.), implementando siniestros métodos de manipulación y control poblacional, así como, políticas represivas importadas de Estados como: Israel, Argentina, El Salvador, Paraguay, Chile, Perú, etc. Este sometimiento busca garantizar que las políticas de ajuste neoliberal, como la liberalización de precios agrícolas enmarcadas en sus reglas de juego y la entrega de sectores estratégicos, se ejecuten sin resistencia social.
V. La Función Económica de la Represión
El fin último de prohibir la protesta es blindar el modelo neoliberal entreguista y hambreador. Al eliminar la capacidad de organización, movilización y presión de las masas, el Gobierno allana el camino para la privatización encubierta y la precarización laboral extrema. La represión es, por consiguiente, la herramienta para imponer un modelo de acumulación capitalista por desposesión que beneficia al despreciable imperialismo estadounidense y demás potencias capitalistas, las empresas transnacionales saqueadoras y a las clases sociales explotadoras.
VI. Hacia la unidad popular
La criminalización de la protesta es la confesión de debilidad de un régimen que ya no tiene argumentos para convencer y únicamente le queda la fuerza represiva para intentar vencer al movimiento obrero y popular. La respuesta de las masas populares debe ser la unidad entre la movilización de calle y el desarrollo de una conciencia de clase que identifique al verdadero enemigo: el sistema capitalista, su modelo neoliberal y sus ejecutores.
Defender el derecho a la protesta es defender los derechos fundamentales del pueblo. Frente a la arremetida fascista y la traición entreguista, el pueblo boliviano reafirma que la calle es el espacio supremo de la democracia liberal y escenario de la lucha de clases en que se forjarán sus mejores hijos e hijas.
