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La maquinaria fujimontesinista y sus aliados frente a la voluntad popular

Por Alex A. Chamán Portugal Ph.D.

El escandaloso fraude electoral peruano del año 2000 fue el resultado del repudiado accionar y la cooptación institucional orquestada por el binomio mafioso Fujimori-Montesinos para imponer un tercer mandato inconstitucional para profundizar las nefastas políticas neoliberales A través del siniestro Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el régimen no solo subordinó a los organismos electorales mediante la falsificación masiva de firmas y la alteración de resultados, sino que ejecutó una gigantesca campaña de manipulación mediática. La millonaria compra de líneas editoriales y el uso dirigido de la prensa sensacionalista asfixiaron la deliberación pública, forzando un escenario donde el oficialismo criminal compitió en solitario en una contienda desprovista de toda legitimidad democrática.

Frente a la clausura de los canales institucionales y el férreo cerco informativo, la respuesta histórica se materializó en la Marcha de los Cuatro Suyos, una movilización sin precedentes que aglutinó a trabajadores, estudiantes y comunidades indígenas de todas las regiones del país. A pesar del terrorismo de Estado expresado en el violento sabotaje del aparato estatal, que incluyó la infiltración de agentes y mortales operaciones de falsa bandera para criminalizar la protesta, esta convergencia social en las calles logró fracturar la gansteril hegemonía del régimen genocida; la resistencia popular destruyó el espejismo de invulnerabilidad de la dictadura, acelerando el colapso definitivo que se consumaría poco después con la exposición de la corrupción sistémica.

En el contexto actual, se denuncia que la estructura fujimontesinista reedita estas prácticas antidemocráticas a través de un escandaloso fraude sistemático. Se impone una narrativa que presenta como derrotados a los legítimos vencedores, mientras habilita para la segunda vuelta a candidaturas que han generado un amplio rechazo a nivel nacional. Desde el 2021 —tras las campañas de estigmatización política («terruqueo»), la obstrucción a la gestión del presidente Pedro Castillo y la consumación de su destitución— se ha gestado un proceso de espaldas a la voluntad popular, diseñado para imponer a los representantes de este pacto político: Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Este proceso electoral, plagado de múltiples irregularidades, se encuentra en fase de consumación.

La ausencia de casi cinco millones de ciudadanas y ciudadanos en las urnas, sumada a los altos índices de votos blancos y viciados, evidencia una profunda crisis de representatividad y un rechazo categórico a estos comicios, despojándolos de legitimidad a la democracia de la lumpen burguesía y las organizaciones políticas criminales. Esta cifra de abstención sería aún mayor de no existir el voto obligatorio, reflejando así el resquebrajamiento de la democracia liberal en el Perú. Denunciamos que esta grosera manipulación estructural ha sido orquestada en complicidad con la explotadora Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), las redes de corrupción judicial conocidas como los Cuellos Blancos, diversas organizaciones políticas criminales y la injerencia de la siniestra Embajada de los Estados Unidos.

A nivel logístico, las irregularidades son flagrantes. La ONPE adjudicó el traslado del material electoral a nivel nacional a la ineficiente empresa GALAGO, a pesar de que esta entidad cuenta con un historial de denuncias y sanciones por incumplimiento, y registraba apenas 13 trabajadores hasta febrero de 2026. La alarmante falta de distribución de actas y materiales electorales levanta la sospecha de que, desde la propia sede de esta empresa, se premeditó la manipulación del sufragio para asegurar a toda costa la victoria de Keiko Fujimori, lideresa de una organización criminal, y del estafador Rafael López Aliaga. Simultáneamente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en un aparente intento de eludir responsabilidades, convocó a elecciones complementarias en 15 colegios de Lima, exonerando de multas a los ausentes en una medida que busca lavar la imagen del proceso. A esto se suman las múltiples denuncias de irregularidades reportadas tanto a nivel internacional (en países como Chile, España, Italia, Argentina y muchos otros) como, principalmente, en diversas regiones y zonas populares del Perú.

A esto se suman las graves denuncias de suplantación de firmas en diversas regiones del país y el hallazgo de cédulas previamente marcadas a favor del fujimorismo. Valiéndose de artimañas irregulares, esta red pandillera ha logrado capturar el caduco aparato estatal y sus decrepitas instituciones para garantizar el avance de sus representantes. La cooptación del JNE y la ONPE para consumar este fraude se sostiene sobre una férrea alianza con los medios masivos de manipulación o prensa mercenaria —encabezados por monopolios informativos como el Grupo El Comercio— y empresas de opinión pública como la embaucadora Datum, cuyo rol histórico ha sido prefabricar consensos y legitimar victorias cuestionadas. Este entramado se complementa con un podrido Poder Judicial influenciado por los Cuellos Blancos, encargado de dar ropaje legal al fraude, y unas genocidas Fuerzas Armadas y Policiales instrumentalizadas para sofocar la justa lucha popular mediante la represión, recordando las trágicas masacres de 2022 y 2023.

Tanto a nivel nacional como internacional, se ha evidenciado una serie de graves anomalías en la instalación de mesas de sufragio y en el propio acto de votación, mecanismos que impidieron la participación de cientos de miles de electores en estas elecciones generales demoliberales.

¡Abajo el fraude electoral de la lumpenburguesía y las mafias políticas neoliberales!

¡Respeto a la voluntad popular y a la democracia representativa!

¡Viva la masiva organización ciudadana contra el fraude electoral!

Latinoamérica, lunes 13 de abril de 2026

Por: Gerardo Franceschi.

Marx decía que «la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases».

Chávez fue el elemento disruptor del statu quo de la política venezolana. En primer lugar, llamó a un proceso constituyente para avanzar en una Constitución que permitiera grandes transformaciones en el Estado venezolano y, en segundo término, impulsó 49 leyes habilitantes que daban poder al pueblo y fortalecían los intereses del propio Estado.

En ese contexto, los sectores oligárquicos del país veían amenazados sus beneficios acumulados durante la IV República y, de esa manera, con el apoyo de Washington, comenzaron a conspirar en contra del nuevo proceso democrático y popular que empezaba a constituirse.

Por tal motivo, sectores como FEDECÁMARAS, la CTV, los medios de comunicación, sectores religiosos, partidos de oposición, ONG, parte del sector militar —y detrás, las maniobras de la CIA— se alinearon para asestar un golpe de Estado los días 11, 12 y 13 de abril, rompiendo el hilo constitucional y dando paso a una dictadura circunstancial que desembocó en la persecución del movimiento popular y sus líderes, trayendo consigo desapariciones y muertes durante el gobierno de facto.

Sin embargo, la conciencia del pueblo y el liderazgo de Hugo Chávez permitieron el retorno del presidente. Pese al regreso del líder el 13A —quien hizo un llamado a la paz, a la reconciliación y a la construcción de una Venezuela de todos—, no se hicieron esperar las conspiraciones constantes en contra de la Revolución Bolivariana y del país. Con el paso de los días, se sumaron al plan sectores de la derecha nacional e internacional, con el apoyo de la Casa Blanca.

Ante los fracasos de sus brazos políticos y militares que Estados Unidos buscó para lograr un cambio de gobierno durante más de dos décadas, el gobierno norteamericano se puso al frente para invadir, cometer crímenes de guerra y secuestrar al presidente constitucional y a la primera dama de Venezuela, el 3 de enero de 2026.

Todo ello constituye dos hechos históricos que se entrelazan el uno con el otro, por sus motivaciones y por los intereses —ya explícitos— del Imperio norteamericano en su afán de convertir al país en una neocolonia subyugada a sus designios.

A 24 años del golpe de abril de 2002, debe privar la conciencia. No debemos borrar de nuestra memoria histórica los acontecimientos a los que nos han sometido en los últimos tiempos, que sólo han causado una gran herida en el seno del pueblo de Bolívar, Chávez y Maduro.

Por Alex Chamán Portugal

La contienda electoral de 2026 en el Perú no puede entenderse únicamente como una competencia entre candidaturas, sino como el resultado de una ingeniería institucional de la lumpenburguesía y sus operadores neoliberales, que bajo la apariencia de democracia liberal ha configurado un escenario funcional a la recomposición de las fuerzas más antipatriotas y antipopulares.

En este contexto, la proliferación de organizaciones de “izquierda” —débiles, fragmentadas y sin articulación estratégica— contrasta con la concentración del voto en bloques de la ultraderecha mafiosa (Keiko Fujimori, CésarAcuña, López Aliaga). Esta desigualdad no es casual, sino producto de reglas e incentivos que terminan favoreciendo estructuralmente a estas organizaciones políticas criminales.

Desde el punto de vista normativo, el sistema electoral peruano —basado en la representación proporcional, la valla electoral y la existencia de múltiples listas partidarias— aparenta promover el pluralismo democrático. Sin embargo, en contextos de fragmentación, funciona de manera tal que las organizaciones políticas que obtienen más votos concentrados terminan recibiendo muchos más escaños, mientras que los votos dispersos entre varias organizaciones se diluyen y pierden peso político real.

Así, cuando varias organizaciones de “izquierda” compiten por el mismo electorado, se produce la dispersión del voto popular, donde una cantidad importante de votos no logra convertirse en representación efectiva. En contraste, las fuerzas neoliberales y mafiosas operan con mayor cohesión, redes clientelares y acceso privilegiado a recursos económicos y mediáticos, lo que les permite capitalizar el sistema y ampliar su poder parlamentario.

No obstante, el problema no se reduce a la desorganización. Existen condiciones políticas e institucionales que favorecen la fragmentación, impulsadas desde un repudiado Congreso –dirigido por la mafia fujimontesinista- funcional a intereses criminales y avaladas por organismos electorales cuestionados por su falta de independencia. Un ejemplo clave es la reinstauración antidemocrática de la bicameralidad, en abierta contradicción con el resultado del referéndum de 2018, lo que evidencia un profundo desprecio por la voluntad popular.

Si bien la bicameralidad no es antidemocrática en sí misma, en el contexto actual opera como un mecanismo que eleva las barreras de acceso y concentra el poder en menos manos, favoreciendo a las organizaciones políticas mafiosas mejor estructuradas y con mayores recursos. Esto, a su vez, profundiza la exclusión de las masas populares, las cuales han sido sistemáticamente estigmatizadas (terruqueadas), perseguidas, encarceladas, asesinadas por decenas y heridas por centenares, en el marco de la acción represiva de las genocidas fuerzas armadas y policiales, configurando prácticas propias del terrorismo de Estado.

En medio de una crisis generalizada de la sociedad peruana, las elecciones del 2026 se perfilan como una de las más antidemocráticas de la historia reciente. Las modificaciones a la ley electoral han configurado un escenario donde, con porcentajes relativamente bajos de votación, sectores como Fuerza Popular y Renovación Popular pueden inflar su representación parlamentaria y concentrar el poder, tanto en la presidencia como en el Congreso bicameral.

A ello se suma la exclusión, persecución y judicialización de diversos actores políticos, así como la ilegalización o impedimento de participación de organizaciones y dirigentes, lo que restringe la competencia democrática real. Esta situación configura un proceso electoral profundamente cuestionado, en que amplios sectores perciben que las reglas del juego están diseñadas para garantizar la continuidad del dominio de la lumpen ultraderecha.

Incluso desde sectores académicos y jurídicos se ha advertido que el diseño del sistema puede generar distorsiones graves en la representación, donde candidatos con menor votación acceden a cargos mientras otros con mayor respaldo quedan fuera. Asimismo, se señala que el verdadero poder se concentra en el Senado, debilitando el papel de la Cámara de Diputados y consolidando una estructura de poder altamente centralizada y poco representativa.

En estas condiciones, la legitimidad del proceso electoral burgués queda seriamente cuestionada, reforzando la idea de que se trata de una democracia formal que encubre mecanismos de reproducción del poder conservador.

En este escenario, la dispersión del voto de “izquierda” refleja una correlación de fuerzas desigual, marcada por la ausencia de un frente amplio, debilidad de liderazgos y falta de estrategia común. En contraste, la derecha logra capitalizar el sistema y consolidar su representación, pudiendo alcanzar el control de ambas cámaras.

Este proceso revela una contradicción central en la que una democracia formalmente igualitaria reproduce desigualdades reales de poder. La fragmentación deja de ser un accidente para convertirse en una condición funcional al dominio de las clases sociales explotadoras.

En consecuencia, la tarea no es solo denunciar estas prácticas, sino replantear profundamente la articulación política de los sectores populares. En este sentido, se vuelve imprescindible impulsar con firmeza una Asamblea Constituyente Popular y una nueva Constitución Política Democrática, que permitan refundar el Estado en función de los intereses de la nación y del pueblo.

Una nueva Constitución contribuiría a mayor progreso, desarrollo, bienestar social, restitución de derechos y libertades, así como a la construcción de un sistema político democrático, soberano y participativo. Sin este horizonte estratégico, la dispersión seguirá operando como un mecanismo de autolimitación, mientras la arquitectura institucional mafiosa continuará beneficiando a quienes mejor convierten votos en poder.

En suma, las elecciones de 2026 no solamente definirán autoridades, sino que evidenciarán una problemática estructural: la capacidad del sistema para transformar la pluralidad en fragmentación y la fragmentación en ventaja para los sectores antinacionales y antipopulatres. La denuncia de este proceso no es un ejercicio retórico, sino un paso necesario para comprender cómo, en nombre de la democracia, se consolidan formas eficaces de reproducción del poder conservador.

Sábado 11 de abril de 2026

Por: Gerardo Franceschi.

En pleno Siglo XXI, los EE. UU. continúan su visión de dominio expansionista. Por ello, en la medida que se gesta un cambio en el tablero de la geopolítica mundial, el Gobierno norteamericano busca incidir con mayor persistencia en América Latina y el Caribe, como su área de influencia e interés desde la creación de la Doctrina Monroe hace más de 200 años.

En ese sentido, en las nuevas Estrategias de Seguridad Nacional de los EE. UU. (2025), se expone: “Queremos mantener el inigualable ‘poder blando’ de Estados Unidos, mediante el cual ejercemos una influencia positiva en todo el mundo que promueve nuestros intereses. Al hacerlo, no nos disculparemos por el pasado y el presente de nuestro país…”. Asimismo, plantea: “Queremos asegurar que el hemisferio occidental permanezca razonablemente estable y suficientemente bien gobernado para prevenir y desalentar la migración masiva a los Estados Unidos; queremos un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un hemisferio que permanezca libre de fuerzas extranjeras hostiles. La incursión o la propiedad de activos clave que sustentan cadenas de suministro críticas; y queremos asegurar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave. En otras palabras, haremos valer y aplicaremos un ‘Corolario Trump’ a la Doctrina Monroe…”, lo que sugiere acciones que conllevan a mayor control territorial a través de fuerzas militares, políticas, sociales y económicas.

Actualmente, EE. UU. tiene la necesidad de dominio sobre el territorio nuestroamericano; por ello, los últimos movimientos políticos que se han suscitado en la región han sido favorables para sus pretensiones imperiales e injerencistas, ya que se alinean con sus intereses.

En el marco de la Cumbre “Escudo de las Américas”, el Secretario de Guerra Pete Hegseth aseveró: “El presidente Trump ha dibujado un nuevo mapa estratégico desde Groenlandia hasta el Golfo de América, hasta el Canal de Panamá y los países que los rodean. En el Departamento de Guerra llamamos a este mapa estratégico la Gran Norteamérica. ¿Por qué? Porque cada nación soberana y territorio al norte de la línea ecuatorial, desde Groenlandia hasta Ecuador y desde Alaska hasta Guyana, no es parte del ‘Sur Global’. Es nuestro perímetro de seguridad inmediato”. Significa que bajo la Doctrina Monroe se pretende imponer una “tesis de seguridad” ajena a las necesidades y realidades de Nuestra América, gracias a la inacción de los Gobiernos de la Región, lo cual será perjudicial para los Pueblos.

Esta nueva área de influencia delineada por la Casa Blanca pasa por Groenlandia, Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, República Dominicana, Haití, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Ecuador. De esa manera, se compromete la soberanía y la autodeterminación de estos países, ya que representa un peligro para el interés nacional de cada nación.

Al final de esta historia, serán los Pueblos quienes pagarán el costo de estas decisiones, debido a que van en detrimento de sus derechos y desarrollo, para darle paso a la expoliación de sus recursos económicos y sujeción a mayor control militar que impida cualquier intento de rebeldía de los Pueblos.

Por tal motivo, nos acercamos cada día a un panorama oscuro, que podría retrotraernos a la época de persecución del movimiento popular, pérdida de los derechos y acrecentamiento de la desigualdad social.