La maquinaria fujimontesinista y sus aliados frente a la voluntad popular
Por Alex A. Chamán Portugal Ph.D.
El escandaloso fraude electoral peruano del año 2000 fue el resultado del repudiado accionar y la cooptación institucional orquestada por el binomio mafioso Fujimori-Montesinos para imponer un tercer mandato inconstitucional para profundizar las nefastas políticas neoliberales A través del siniestro Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el régimen no solo subordinó a los organismos electorales mediante la falsificación masiva de firmas y la alteración de resultados, sino que ejecutó una gigantesca campaña de manipulación mediática. La millonaria compra de líneas editoriales y el uso dirigido de la prensa sensacionalista asfixiaron la deliberación pública, forzando un escenario donde el oficialismo criminal compitió en solitario en una contienda desprovista de toda legitimidad democrática.
Frente a la clausura de los canales institucionales y el férreo cerco informativo, la respuesta histórica se materializó en la Marcha de los Cuatro Suyos, una movilización sin precedentes que aglutinó a trabajadores, estudiantes y comunidades indígenas de todas las regiones del país. A pesar del terrorismo de Estado expresado en el violento sabotaje del aparato estatal, que incluyó la infiltración de agentes y mortales operaciones de falsa bandera para criminalizar la protesta, esta convergencia social en las calles logró fracturar la gansteril hegemonía del régimen genocida; la resistencia popular destruyó el espejismo de invulnerabilidad de la dictadura, acelerando el colapso definitivo que se consumaría poco después con la exposición de la corrupción sistémica.
En el contexto actual, se denuncia que la estructura fujimontesinista reedita estas prácticas antidemocráticas a través de un escandaloso fraude sistemático. Se impone una narrativa que presenta como derrotados a los legítimos vencedores, mientras habilita para la segunda vuelta a candidaturas que han generado un amplio rechazo a nivel nacional. Desde el 2021 —tras las campañas de estigmatización política («terruqueo»), la obstrucción a la gestión del presidente Pedro Castillo y la consumación de su destitución— se ha gestado un proceso de espaldas a la voluntad popular, diseñado para imponer a los representantes de este pacto político: Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Este proceso electoral, plagado de múltiples irregularidades, se encuentra en fase de consumación.
La ausencia de casi cinco millones de ciudadanas y ciudadanos en las urnas, sumada a los altos índices de votos blancos y viciados, evidencia una profunda crisis de representatividad y un rechazo categórico a estos comicios, despojándolos de legitimidad a la democracia de la lumpen burguesía y las organizaciones políticas criminales. Esta cifra de abstención sería aún mayor de no existir el voto obligatorio, reflejando así el resquebrajamiento de la democracia liberal en el Perú. Denunciamos que esta grosera manipulación estructural ha sido orquestada en complicidad con la explotadora Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), las redes de corrupción judicial conocidas como los Cuellos Blancos, diversas organizaciones políticas criminales y la injerencia de la siniestra Embajada de los Estados Unidos.
A nivel logístico, las irregularidades son flagrantes. La ONPE adjudicó el traslado del material electoral a nivel nacional a la ineficiente empresa GALAGO, a pesar de que esta entidad cuenta con un historial de denuncias y sanciones por incumplimiento, y registraba apenas 13 trabajadores hasta febrero de 2026. La alarmante falta de distribución de actas y materiales electorales levanta la sospecha de que, desde la propia sede de esta empresa, se premeditó la manipulación del sufragio para asegurar a toda costa la victoria de Keiko Fujimori, lideresa de una organización criminal, y del estafador Rafael López Aliaga. Simultáneamente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en un aparente intento de eludir responsabilidades, convocó a elecciones complementarias en 15 colegios de Lima, exonerando de multas a los ausentes en una medida que busca lavar la imagen del proceso. A esto se suman las múltiples denuncias de irregularidades reportadas tanto a nivel internacional (en países como Chile, España, Italia, Argentina y muchos otros) como, principalmente, en diversas regiones y zonas populares del Perú.
A esto se suman las graves denuncias de suplantación de firmas en diversas regiones del país y el hallazgo de cédulas previamente marcadas a favor del fujimorismo. Valiéndose de artimañas irregulares, esta red pandillera ha logrado capturar el caduco aparato estatal y sus decrepitas instituciones para garantizar el avance de sus representantes. La cooptación del JNE y la ONPE para consumar este fraude se sostiene sobre una férrea alianza con los medios masivos de manipulación o prensa mercenaria —encabezados por monopolios informativos como el Grupo El Comercio— y empresas de opinión pública como la embaucadora Datum, cuyo rol histórico ha sido prefabricar consensos y legitimar victorias cuestionadas. Este entramado se complementa con un podrido Poder Judicial influenciado por los Cuellos Blancos, encargado de dar ropaje legal al fraude, y unas genocidas Fuerzas Armadas y Policiales instrumentalizadas para sofocar la justa lucha popular mediante la represión, recordando las trágicas masacres de 2022 y 2023.
Tanto a nivel nacional como internacional, se ha evidenciado una serie de graves anomalías en la instalación de mesas de sufragio y en el propio acto de votación, mecanismos que impidieron la participación de cientos de miles de electores en estas elecciones generales demoliberales.
¡Abajo el fraude electoral de la lumpenburguesía y las mafias políticas neoliberales!
¡Respeto a la voluntad popular y a la democracia representativa!
¡Viva la masiva organización ciudadana contra el fraude electoral!
Marx decía que «la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases».
Chávez fue el elemento disruptor del statu quo de la política venezolana. En primer lugar, llamó a un proceso constituyente para avanzar en una Constitución que permitiera grandes transformaciones en el Estado venezolano y, en segundo término, impulsó 49 leyes habilitantes que daban poder al pueblo y fortalecían los intereses del propio Estado.
En ese contexto, los sectores oligárquicos del país veían amenazados sus beneficios acumulados durante la IV República y, de esa manera, con el apoyo de Washington, comenzaron a conspirar en contra del nuevo proceso democrático y popular que empezaba a constituirse.
Por tal motivo, sectores como FEDECÁMARAS, la CTV, los medios de comunicación, sectores religiosos, partidos de oposición, ONG, parte del sector militar —y detrás, las maniobras de la CIA— se alinearon para asestar un golpe de Estado los días 11, 12 y 13 de abril, rompiendo el hilo constitucional y dando paso a una dictadura circunstancial que desembocó en la persecución del movimiento popular y sus líderes, trayendo consigo desapariciones y muertes durante el gobierno de facto.
Sin embargo, la conciencia del pueblo y el liderazgo de Hugo Chávez permitieron el retorno del presidente. Pese al regreso del líder el 13A —quien hizo un llamado a la paz, a la reconciliación y a la construcción de una Venezuela de todos—, no se hicieron esperar las conspiraciones constantes en contra de la Revolución Bolivariana y del país. Con el paso de los días, se sumaron al plan sectores de la derecha nacional e internacional, con el apoyo de la Casa Blanca.
Ante los fracasos de sus brazos políticos y militares que Estados Unidos buscó para lograr un cambio de gobierno durante más de dos décadas, el gobierno norteamericano se puso al frente para invadir, cometer crímenes de guerra y secuestrar al presidente constitucional y a la primera dama de Venezuela, el 3 de enero de 2026.
Todo ello constituye dos hechos históricos que se entrelazan el uno con el otro, por sus motivaciones y por los intereses —ya explícitos— del Imperio norteamericano en su afán de convertir al país en una neocolonia subyugada a sus designios.
A 24 años del golpe de abril de 2002, debe privar la conciencia. No debemos borrar de nuestra memoria histórica los acontecimientos a los que nos han sometido en los últimos tiempos, que sólo han causado una gran herida en el seno del pueblo de Bolívar, Chávez y Maduro.
La contienda electoral de 2026 en el Perú no puede entenderse únicamente como una competencia entre candidaturas, sino como el resultado de una ingeniería institucional de la lumpenburguesía y sus operadores neoliberales, que bajo la apariencia de democracia liberal ha configurado un escenario funcional a la recomposición de las fuerzas más antipatriotas y antipopulares.
En este contexto, la proliferación de organizaciones de “izquierda” —débiles, fragmentadas y sin articulación estratégica— contrasta con la concentración del voto en bloques de la ultraderecha mafiosa (Keiko Fujimori, CésarAcuña, López Aliaga). Esta desigualdad no es casual, sino producto de reglas e incentivos que terminan favoreciendo estructuralmente a estas organizaciones políticas criminales.
Desde el punto de vista normativo, el sistema electoral peruano —basado en la representación proporcional, la valla electoral y la existencia de múltiples listas partidarias— aparenta promover el pluralismo democrático. Sin embargo, en contextos de fragmentación, funciona de manera tal que las organizaciones políticas que obtienen más votos concentrados terminan recibiendo muchos más escaños, mientras que los votos dispersos entre varias organizaciones se diluyen y pierden peso político real.
Así, cuando varias organizaciones de “izquierda” compiten por el mismo electorado, se produce ladispersión del voto popular, donde una cantidad importante de votos no logra convertirse en representación efectiva. En contraste, las fuerzas neoliberales y mafiosas operan conmayor cohesión, redes clientelares y acceso privilegiado a recursos económicos y mediáticos,lo que les permite capitalizar el sistema y ampliar su poder parlamentario.
No obstante, el problema no se reduce a la desorganización. Existen condiciones políticas e institucionales que favorecen la fragmentación, impulsadas desde un repudiado Congreso –dirigido por la mafia fujimontesinista- funcional a intereses criminales y avaladas por organismos electorales cuestionados por su falta de independencia. Un ejemplo clave es la reinstauración antidemocrática de la bicameralidad, en abierta contradicción con el resultado del referéndum de 2018, lo que evidencia un profundo desprecio por la voluntad popular.
Si bien la bicameralidad no es antidemocrática en sí misma, en el contexto actual opera como un mecanismo que eleva las barreras de acceso y concentra el poder en menos manos, favoreciendo a las organizaciones políticas mafiosas mejor estructuradas y con mayores recursos. Esto, a su vez, profundiza la exclusión de las masas populares, las cuales han sido sistemáticamente estigmatizadas (terruqueadas), perseguidas, encarceladas, asesinadas por decenas y heridas por centenares, en el marco de la acción represiva de las genocidas fuerzas armadas y policiales, configurando prácticas propias del terrorismo de Estado.
En medio de una crisis generalizada de la sociedad peruana, las elecciones del 2026 se perfilan como una de las más antidemocráticas de la historia reciente. Las modificaciones a la ley electoral han configurado un escenario donde, con porcentajes relativamente bajos de votación, sectores como Fuerza Popular y Renovación Popular pueden inflar su representación parlamentaria y concentrar el poder, tanto en la presidencia como en el Congreso bicameral.
A ello se suma la exclusión, persecución y judicialización de diversos actores políticos, así como la ilegalización o impedimento de participación de organizaciones y dirigentes, lo que restringe la competencia democrática real. Esta situación configura un proceso electoral profundamente cuestionado, en que amplios sectores perciben que las reglas del juego están diseñadas para garantizar la continuidad del dominio de la lumpen ultraderecha.
Incluso desde sectores académicos y jurídicos se ha advertido que el diseño del sistema puede generar distorsiones graves en la representación, donde candidatos con menor votación acceden a cargos mientras otros con mayor respaldo quedan fuera. Asimismo, se señala que el verdadero poder se concentra en el Senado, debilitando el papel de la Cámara de Diputados y consolidando una estructura de poder altamente centralizada y poco representativa.
En estas condiciones, la legitimidad del proceso electoral burgués queda seriamente cuestionada, reforzando la idea de que se trata de una democracia formal que encubre mecanismos de reproducción del poder conservador.
En este escenario, la dispersión del voto de “izquierda” refleja una correlación de fuerzas desigual, marcada por la ausencia de un frente amplio, debilidad de liderazgos y falta de estrategia común. En contraste, la derecha logra capitalizar el sistema y consolidar su representación, pudiendo alcanzar el control de ambas cámaras.
Este proceso revela una contradicción central en la que una democracia formalmente igualitaria reproduce desigualdades reales de poder. La fragmentación deja de ser un accidente para convertirse en una condición funcional al dominio de las clases sociales explotadoras.
En consecuencia, la tarea no es solo denunciar estas prácticas, sino replantear profundamente la articulación política de los sectores populares. En este sentido, se vuelve imprescindible impulsar con firmeza una Asamblea Constituyente Popular y una nueva Constitución Política Democrática, que permitan refundar el Estado en función de los intereses de la nación y del pueblo.
Una nueva Constitución contribuiría a mayor progreso, desarrollo, bienestar social, restitución de derechos y libertades, así como a la construcción de un sistema político democrático, soberano y participativo. Sin este horizonte estratégico, la dispersión seguirá operando como un mecanismo de autolimitación, mientras la arquitectura institucional mafiosa continuará beneficiando a quienes mejor convierten votos en poder.
En suma, las elecciones de 2026 no solamente definirán autoridades, sino que evidenciarán una problemática estructural: la capacidad del sistema para transformar la pluralidad en fragmentación y la fragmentación en ventaja para los sectores antinacionales y antipopulatres. La denuncia de este proceso no es un ejercicio retórico, sino un paso necesario para comprender cómo, en nombre de la democracia, se consolidan formas eficaces de reproducción del poder conservador.
Cuando se habla de las circunstancias históricas de la “democracia”, el “derecho liberal”, etc., se tiene como objetivo ver, en retrospectiva histórica, cómo surgieron y para qué esa llamada “democracia”, “libertad” o “imperio de la ley”.
La ignorancia y la alienación no son argumentos válidos; por el contrario, es necesario conocer el accionar de las causas y efectos en una sociedad de clases.
La democracia liberal, el derecho liberal formal, nacen como respuesta al sistema feudal, que era absolutista, no en función de la libertad del siervo o del esclavo de esos tiempos, ni de una libertad democrática para la clase obrera o explotada. ¿Acaso no era una lucha a muerte entre una clase (feudal) que moría y una nueva clase (burguesía) que nacía y emergía como nueva clase en el poder, construyendo una nueva sociedad? ¿Era revolucionaria en comparación con el sistema feudal? ¡Sí! Nadie en su sano juicio podría negarlo.
En una sociedad de clases, tal como lo es hoy, no se puede pretender avanzar a favor del pueblo sin tomar conciencia, con seriedad y responsabilidad, de esta lucha constante; caso contrario, la “rebeldía sin causa”, aun siendo supuesta “rebeldía”, solo serviría para reforzar que se aprieten aún más los grilletes o las cadenas opresivas.
Hoy debemos ver con objetividad, analizar y concluir: el derecho liberal y la democracia formal, ¿cómo están hoy? Y, en contraparte, ¿qué significan el securitismo, el militarismo, el control social, el autoritarismo, los fascismos, etc.? ¿Y cómo estos se contradicen con la llamada “democracia” y “libertad”? En estas circunstancias, ¿dónde queda esa democracia, el voto?
Hay seis tesis del sistema-mundo respecto a todo ello, y no es el “voto democrático” lo que quieren o pretenden, ni las “libertades” que se pregonan, sino una imposición absoluta de poder en circunstancias de supervivencia del sistema. Ya otros hablan del tecno-feudalismo, etc.
Es un asunto de supervivencia del sistema capitalista en su fase imperialista, que vive una crisis general. Digo “general” porque no es momentánea; es una crisis del sistema-mundo, una crisis civilizatoria. ¿Se sabe, se tiene conciencia de lo que significa ello?
No se puede hablar irracionalmente ni promover “voto” y “voto” sin comprender el momento actual del sistema-mundo, su “democracia”, su “imperio de la ley”, su “derecho”.
Si no, veamos lo que pasa en el mundo: EE. UU. pasa por encima del derecho internacional, de convenciones, tratados, etc. ¿Rige el imperio de la ley, el derecho? ¡No! Rige el darwinismo social, la ley del más fuerte, del poder puro y duro.
Veámoslo en nuestro hemisferio: con sus elecciones “soberanas”, viene un imperio, secuestra a su presidente y pone de rodillas a toda la cúpula, bajo la amenaza de aniquilarlos si no obedecen a su amo. O lo que ocurre en Ecuador, Bolivia, Argentina, etc. ¿Dónde queda la llamada democracia? O incluso en el mismo seno de EE. UU., donde la libertad y la democracia son una quimera, donde prevalece la seguridad interna, razón por la cual hay censura, persecución e incluso aniquilación selectiva del oponente; o en la misma Europa.
Uno no puede ser más esclavo de lo que ya es, ni pensar y vociferar “voto”, “voto”, cuando no hay condiciones reales para una verdadera representación popular de clase.
Si las reglas del dominante son absolutas en todos los poderes del Estado, ¿tiene sentido votar?
Más bien, la preocupación debería ser organizar la miseria en una poderosa organización de clase: su sistema, su dirección, sus bases, para detentar el poder en una franca confrontación; y, una vez ganada esa lucha, establecer nuevas reglas, las reglas de quien vence en el campo de batalla, para transformar la sociedad al servicio de los millones de explotados y oprimidos.
Eso implica, en lo inmediato, generar otras circunstancias para la participación política real del pueblo; y eso es hablar de una nueva Constitución, vía una Asamblea Constituyente, cambiar la correlación de fuerzas a favor del pueblo, pero con poder real y organizado, no con movimientos espontáneos que solo aparentan tener poder.
Por tanto, se demanda organización, dirección, plan y metas.
En pleno Siglo XXI, los EE. UU. continúan su visión de dominio expansionista. Por ello, en la medida que se gesta un cambio en el tablero de la geopolítica mundial, el Gobierno norteamericano busca incidir con mayor persistencia en América Latina y el Caribe, como su área de influencia e interés desde la creación de la Doctrina Monroe hace más de 200 años.
En ese sentido, en las nuevas Estrategias de Seguridad Nacional de los EE. UU. (2025), se expone: “Queremos mantener el inigualable ‘poder blando’ de Estados Unidos, mediante el cual ejercemos una influencia positiva en todo el mundo que promueve nuestros intereses. Al hacerlo, no nos disculparemos por el pasado y el presente de nuestro país…”. Asimismo, plantea: “Queremos asegurar que el hemisferio occidental permanezca razonablemente estable y suficientemente bien gobernado para prevenir y desalentar la migración masiva a los Estados Unidos; queremos un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un hemisferio que permanezca libre de fuerzas extranjeras hostiles. La incursión o la propiedad de activos clave que sustentan cadenas de suministro críticas; y queremos asegurar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave. En otras palabras, haremos valer y aplicaremos un ‘Corolario Trump’ a la Doctrina Monroe…”, lo que sugiere acciones que conllevan a mayor control territorial a través de fuerzas militares, políticas, sociales y económicas.
Actualmente, EE. UU. tiene la necesidad de dominio sobre el territorio nuestroamericano; por ello, los últimos movimientos políticos que se han suscitado en la región han sido favorables para sus pretensiones imperiales e injerencistas, ya que se alinean con sus intereses.
En el marco de la Cumbre “Escudo de las Américas”, el Secretario de Guerra Pete Hegseth aseveró: “El presidente Trump ha dibujado un nuevo mapa estratégico desde Groenlandia hasta el Golfo de América, hasta el Canal de Panamá y los países que los rodean. En el Departamento de Guerra llamamos a este mapa estratégico la Gran Norteamérica. ¿Por qué? Porque cada nación soberana y territorio al norte de la línea ecuatorial, desde Groenlandia hasta Ecuador y desde Alaska hasta Guyana, no es parte del ‘Sur Global’. Es nuestro perímetro de seguridad inmediato”. Significa que bajo la Doctrina Monroe se pretende imponer una “tesis de seguridad” ajena a las necesidades y realidades de Nuestra América, gracias a la inacción de los Gobiernos de la Región, lo cual será perjudicial para los Pueblos.
Esta nueva área de influencia delineada por la Casa Blanca pasa por Groenlandia, Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, República Dominicana, Haití, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Ecuador. De esa manera, se compromete la soberanía y la autodeterminación de estos países, ya que representa un peligro para el interés nacional de cada nación.
Al final de esta historia, serán los Pueblos quienes pagarán el costo de estas decisiones, debido a que van en detrimento de sus derechos y desarrollo, para darle paso a la expoliación de sus recursos económicos y sujeción a mayor control militar que impida cualquier intento de rebeldía de los Pueblos.
Por tal motivo, nos acercamos cada día a un panorama oscuro, que podría retrotraernos a la época de persecución del movimiento popular, pérdida de los derechos y acrecentamiento de la desigualdad social.
Ciudad de México, 30 de marzo de 2026.- Este lunes 30 de marzo, en los exteriores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Zócalo de la Ciudad de México, se desarrolló con gran fuerza política y social el Comunicado de Prensa “Mujeres Mazatecas por la Libertad”, constituyéndose en un evento trascendental para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y sectores populares de México.
En un contexto de urgencia humanitaria, las mujeres mazatecas de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón exigieron ser escuchadas directamente por las ministras y ministros del máximo tribunal del país, con el objetivo de poner fin a más de una década de criminalización, persecución judicial y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Denuncia frontal contra la injusticia estructural
La abogada mazateca Argelia Betanzos, realizó una contundente denuncia referente a la existencia de una cadena de corrupción, retardación de justicia y fabricación de pruebas, evidenciando cómo el aparato judicial ha sido utilizado como mecanismo de persecución política contra defensores comunitarios.
En ese marco, se recordó que recientes fallos judiciales han demostrado la falsedad de acusaciones, inexistencia de delitos y graves irregularidades procesales, lo que representa una fractura en la estructura de criminalización sostenida durante años.
Foro: Voces del río frente al Nuevo Poder Judicial
Como parte central del evento se desarrolló el foro: “Voces del río frente al Nuevo Poder Judicial”
Con la participación de destacadas defensoras, investigadoras y activistas, quienes abordaron problemáticas estructurales que afectan a los pueblos originarios. Así, la abogada Araceli Olivos Portugal (defensora con perspectiva anticarcelaria y de pluralismo jurídico), la antropóloga Claudia Ignacio Álvarez (Directora de la Clínica Jurídica de Pueblos Indígenas, UNAM), la bióloga Carla Flores Lot (investigadora de Cartocrítica) y Natalia Laja Trejo (Defensora del Territorio frente al Mundial del Despojo 2026), articularon una sólida defensa por el agua, la vida y la autonomía, denunciando cómo en territorios indígenas se arrebatan y despojan los pozos de agua para insertarlos en lógicas depredadoras y mercantilistas. Asimismo, expusieron la cadena de corrupción en el sistema de justicia en Querétaro y elevaron categóricas denuncias contra el imperialismo estadounidense y la ofensiva del fascismo contra los pueblos del mundo.
¡Del norte a sur, del este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste!
En este espacio de reflexión y compromiso se reafirmó con fuerza: “La lucha por el agua es la lucha por la vida” y se advirtió que los procesos de despojo buscan desarticular la organización comunitaria.
Asimismo, tres representantes de la Misión Civil de Observación en Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, denunciaron –vehementemente- que la criminalización de la protesta social es una estrategia de dominación. Así, tres jóvenes activistas señalaron que esta política responde a intereses políticos y económicos que buscan: a) Debilitar la organización comunitaria, b) Imponer modelos de dependencia asistencialista y c) Consolidar mecanismos de control social.Se enfatizó que esta criminalización tiene raíces territoriales, políticas y estructurales, orientadas a neutralizar la resistencia popular
Exigencias urgentes y deuda histórica del Estado
Las mujeres mazatecas reiteraron que su situación responde a una deuda histórica del Estado mexicano, marcada por: a) Desplazamiento forzado, b) Encarcelamiento sin sentencia hasta por 10 años, c) Tortura y persecución judicial y d) Desarticulación comunitaria.
En este sentido, demandaron: a) Audiencia directa con la Suprema Corte, b) Aplicación de justicia con perspectiva intercultural, de género y derechos humanos, c) Cancelación de más de 200 órdenes de aprehensión y d) Fin definitivo a la persecución política
Solidaridad con activistas y luchadores sociales
Diversas organizaciones populares, entre ellas la Coordinadora Internacional de Solidaridad por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo – Base México, denunciaron la persecución contra luchadores sociales como: 1) Christian Cebolledo, 2) Tomás Martínez, 3) Oscar Trinidad y 4) Juan Díaz Montejo.
Reafirmando que la lucha mazateca es parte de una resistencia global contra la opresión y el despojo.
Cultura, comunidad y dignidad
Como símbolo de resistencia y hermandad, las mujeres mazatecas compartieron con los asistentes un sabroso café de la sierra Mazateca y un exquisito plato Pilte (pollo con chile guajillo con hierba santa) reafirmando que la lucha también es por la vida, la cultura y la identidad de los pueblos.
Consignas que marcaron la jornada
La actividad estuvo acompañada de consignas que sintetizan el espíritu de lucha:
¡Porque libres se los llevaron, libres los queremos! ¡Libertad, libertad, libertad a los presos por luchar!
¡Presos políticos, libertad! ¡Del norte a sur, del este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste!
Las medidas autoritarias de un gobierno de ultraderecha, que hoy eleva de forma criminal el valor de la bencina, petróleo, gas y kerosene, golpean aún más la ya empobrecida situación del pueblo.
Se afirma que (Kast) “gobierna para el país y no para unos pocos”; sin embargo, las medidas unilaterales pasaron por encima del Congreso, el cual debía, en pleno debate y con los “representantes del pueblo”, aprobar o desaprobar dichas disposiciones.
El bencinazo criminal solo sirve para golpear a los más pobres, empeorando su subsistencia debido al alto costo de vida.
Mientras tanto, se rebajan impuestos al 1% de la población súper rica y a las transnacionales, pasando del 27% al 23%. No obstante, en el discurso mentiroso se afirma que “no hay plata” o que el “Estado está quebrado”.
Mientras no se utilicen las capacidades del Estado para defender a los más pobres, es evidente que no servirá para ello, dado que es un Estado al servicio del gran capital nativo y de las grandes transnacionales; es un Estado opresor y explotador, que contribuye a pauperizar la vida de millones de personas.
Dicen que no hay recursos, pero, contrariamente, aumentan los sueldos millonarios de sus asesores y agrandan las ganancias de los súper ricos, debido a las mayores sobreganancias en el negocio de los recursos energéticos, así como de las corporaciones distribuidoras, retail, bancos, portuarias, empresas de aviación, mineras, entre otras.
No solo se eleva el costo de vida para los más pobres, sino que también se pretende retrotraer los derechos fundamentales del pueblo, conquistados tras décadas de intensa lucha e incluso sacrificios de vidas. Hoy se plantean recortes presupuestarios del 3% en salud, educación, trabajo, vivienda y obras públicas.
Asimismo, se aplican recortes a la fiscalía y a la contraloría, debilitando su supuesta “lucha contra la delincuencia”. Se retiraron 40 decretos de protección ambiental, permitiendo que las corporaciones actúen con total libertad para extraer recursos naturales sin importar las consecuencias.
Se pretende quitar la gratuidad en la educación para mayores de 30 años, mientras se eliminan impuestos a las sobreganancias del capital.
El argumento es la guerra en Medio Oriente. Dicho sea de paso, una guerra injusta avalada por este gobierno fascista, apañador de violadores, pedófilos, genocidas, descendiente nazi, pinochetista y ultrarreaccionario.
El Banco Central de Chile ya ha entregado cifras sobre la inflación derivada de este bencinazo criminal. Para 2026, el pronóstico inicial era de una inflación del 3,2%, pero con estas medidas subiría al 4%. Asimismo, la proyección de crecimiento para 2026, que debía ser del 2,5%, se reduce al 2%, mientras que la inversión cae del 4,9% al 4%.
Ante esta ofensiva del gobierno de ultraderecha y fascista de Kast, 26 alcaldes ya se han movilizado, enviando un documento de protesta como presión política para oponerse a la rebaja de impuestos a los súper ricos. Mientras tanto, el pueblo comienza a intensificar su protesta con cacerolazos masivos, convocatorias a manifestaciones en las calles y movilizaciones de estudiantes y organizaciones populares en rechazo a estas medidas criminales y al recorte de derechos y conquistas.
Lo cierto es que un Estado opresor y explotador, un Estado capitalista, jamás servirá a los intereses del pueblo. Por tanto, la historia y la lucha de los pueblos demandan construir un Estado cuyo fin sea servir a los intereses populares, el cual debe ser conquistado mediante luchas más elevadas y revolucionarias. Para ello, se requiere una organización proletaria que conduzca y defienda al pueblo, lo lleve, en un proceso revolucionario, a la conquista del poder e instaure una sociedad socialista. Esto implica asumir el marxismo-leninismo-maoísmo y rechazar ideologías que prolongan el sufrimiento, el hambre y la miseria del pueblo.
La lucha de clases entre la clase obrera y la burguesía es a muerte. No se trata, pues, de un juego de palabras en el que se haya hecho creer que la clase obrera es clase media, encubriendo así la más vil explotación y opresión. Se busca negar el papel histórico de la clase obrera en la transformación de la sociedad conforme a sus intereses, separarla de su ideología y programa histórico, así como de sus objetivos de lucha: la toma del poder y la construcción de una sociedad socialista rumbo al comunismo.
Para entender lo que está ocurriendo en este momento en Oriente Próximo, en lo concerniente a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, es necesario remitirse a los acontecimientos del 3 de enero de 2026.
Lo primero que debemos considerar es que debe prevalecer la memoria histórica sobre la invasión de Estados Unidos al territorio venezolano, una “herida abierta” que ha marcado el curso del desarrollo de los hechos que se suscitan en Nuestra América y el mundo.
La aventura belicista de Norteamérica e Israel jamás se hubiese gestado sin antes golpear la soberanía de Venezuela, lo cual concluyó con el cometimiento de crímenes de guerra y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia.
En ese sentido, queda evidenciado que las narrativas y las acciones de falsa bandera a las cuales fue sometido el pueblo venezolano tuvieron como principal motivación el aseguramiento energético de la Casa Blanca, previendo los escenarios que se podrían desencadenar en el conflicto entre la alianza Estados Unidos-Israel contra el país persa.
Se trata de una guerra que se ha prolongado en detrimento de los intereses norteamericanos e israelíes para el posicionamiento de sus influencias en Oriente Medio, sobre todo en lo que concierne al control del estrecho de Ormuz. Venezuela representa un punto focal para el equilibrio energético de Estados Unidos.
Ante todo, ese panorama de conflictividad, que ha causado “daños colaterales” como el arrase de infraestructura, la muerte de civiles, una crisis económica global, el desprestigio y la pérdida de credibilidad de la alianza Estados Unidos-Israel, así como la violación sistemática del derecho internacional, subyace una pugna de poder: la disputa por el control del petróleo a nivel mundial, que permita el sostenimiento de un modelo social y económico causante de grandes desigualdades.
Cuarenta y siete años después de la Revolución Islámica, Irán sigue siendo el hueso más duro de roer para el decadente imperialismo estadounidense y el genocida régimen sionista. No porque posea el ejército más poderoso del mundo, pues no lo es, ni porque su economía sea una de las más robustas, tampoco lo es, sino porque logró superar sus limitaciones, resolver importantes problemas y estar venciendo las perversas agresiones. La guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán el 28 de febrero de 2026 no ha logrado doblegar a la milenaria nación persa; por el contrario, ha revelado la capacidad de su resistencia, la solidez de su proyecto de desarrollo nacional y la justeza de una causa que trasciende sus fronteras.
I. La resistencia en base la justicia histórica y legitimidad moral
La guerra actual no comenzó el 28 de febrero de 2026. Comenzó en 1953, cuando la siniestra CIA y el cruel MI6 derrocaron al gobierno democrático de Mohammad Mosaddeq para restaurar la dictadura del lacayo shah y asegurar el control estadounidense del petróleo iraní. Comenzó con el apoyo de Estados Unidos a Saddam Hussein durante la instrumentalizada guerra Irán-Irak (1980-1988), que produjo más de un millón de asesinados. Recordemos que se inició con décadas de sanciones criminales que, según organismos internacionales, constituyen un repudiable acto de guerra económica contra la población civil.
La agresión que hoy se vive —el asesinato del ayatolá Seyyed Ali Jamenei y otros destacados líderes políticos y militares, el bombardeo terrorista de la escuela de niñas en Minab que segó la vida de 175 pequeñas— no es un hecho aislado, sino el último eslabón de una cadena de agresiones imperialistas que se remontan a más de siete décadas y que han devenido en su modus operandi.
Irán no lucha contra el régimen sionista de Israel por odio, sino por justicia. La causa palestina se constituye en un imperativo moral e islámico, por lo que entienden que defender a los oprimidos es una cuestión imperativa de justicia, así como, defender a Dios. Como explicó el analista Aakar Patel: «Israel es hoy lo que Sudáfrica era hace 40 años, pero peor. Es un Estado de apartheid culpable de genocidio según muchas organizaciones de derechos humanos».
El Eje de la Resistencia —Hezbolá en Líbano, Hamás y la Yihad Islámica en Palestina, Ansarulá en Yemen— es una alianza soberana de pueblos oprimidos que han decidido resistir y enfrentar la agresión sionista. Yemen, digna y heroica, ha realizado innumerables marchas semanales en apoyo a Palestina. Líbano ha resistido devastadores ataques del sionismo desde el inicio de la guerra. Y todos ellos aprecian a Irán como un faro de combatividad que legitima su justa causa en términos de dignidad nacional, soberanía y solidaridad internacionalista.
II. Factores estructurales como el desarrollo científico-tecnológico bajo asedio
Irán ha logrado un desarrollo científico y tecnológico sin precedentes en la historia de las naciones oprimidas sometidas a bloqueo. Mientras las funestas e ilegales sanciones pretendían asfixiar su economía, el pueblo iraní convertía la necesidad en virtud. Como declaró el presidente Masoud Pezeshkian: «El futuro económico de Irán depende de construir una economía post-petrolera arraigada en el progreso tecnológico, la innovación científica y las lecciones extraídas de socios internacionales, particularmente los estados miembros de los BRICS y la SCO».
El desarrollo autóctono se ha materializado en áreas estratégicas como: a) Tecnología nuclear con fines pacíficos, b) Industria militar autóctona, c) Biotecnología y nanotecnología, d) Inteligencia Artificial en la que el gobierno iraní la ha priorizado como el desarrollo de una herramienta estratégica para el progreso nacional, invirtiendo en centros de investigación, formación de capital humano y aplicaciones en sectores como la defensa, la medicina y la administración pública.
La industria militar iraní ha experimentado un salto cualitativo que ha sorprendido a los analistas militares. En el marco del principio de «defensa basada en capacidades autóctonas», Irán ha desarrollado un arsenal que ha demostrado su efectividad en el campo de batalla. Merece destacarse: a) Programa de misiles balísticos, b) Flota de drones, c) Sistemas de defensa aérea.
El ingreso de Irán a la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO) y al bloque BRICS ha marcado un punto crucial en su desarrollo. La cooperación con Rusia y China es la materialización de un nuevo orden bipolar. Mientras Estados Unidos intenta aislar a Irán, China y Moscú, han fortalecido la cooperación tecnológica, energética y militar con la República Islámica. Los siguientes aspectos corroboran lo afirmado: a) Acuerdos energéticos estratégicos en la que China es el principal comprador de petróleo iraní, b) Transferencia tecnológica en la que Rusia ha cooperado en el desarrollo del programa nuclear civil y en sistemas de defensa, mientras que China ha invertido en infraestructura, telecomunicaciones y tecnología satelital, c) Desdolarización de la economía mundial que es acelerada por los BRICS, golpeando el corazón del poder financiero yanqui. Las transacciones en yuanes, rublos y riales están erosionando el monopolio del dólar.
III. Estrategia de guerra mediante firmeza, resolución y ventajas geoestratégicas
El analista Robert Pape, de la Universidad de Chicago, ha explicado con lucidez por qué la prolongación del conflicto favorece a Irán. Pape plantea que Irán está expandiendo el alcance, la geografía y la duración del conflicto para transformarlo de una confrontación militar directa en una prueba de resistencia política.
Irán no busca derrotar militarmente a Estados Unidos e Israel en una confrontación convencional —es consciente que resulta muy difícil—, sino imponerles un costo político y económico insostenible. Las herramientas de esta estrategia incluyen: a) Cierre táctico del estrecho de Ormuz, afectando el 20% del petróleo refinado mundial y presionando los precios energéticos globales, b) Ataques a infraestructura petrolera en el Golfo, golpeando a los aliados árabes de Estados Unidos y generando costos económicos que erosionan la voluntad de la coalición, c) Capacidad de golpear bases estadounidenses en la región.
Irán ha demostrado una firmeza singular que ha desconcertado a los estrategas militares invasores. A pesar de los bombardeos masivos que han golpeado su infraestructura energética, instalaciones nucleares y sensibles centros urbanos, la respuesta iraní ha sido inmediata, coordinada y letal. ¿Cómo? Ha tenido la capacidad de asestar contundentes: a) Golpes a bases militares estadounidenses, b) Ataques con misiles y drones contra la embajada yanqui en Irak, Kuwait y centros estratégicos en sus países aliados del Golfo Pérsico, c) Arremetida contra infraestructura clave del régimen sionista mediante misiles balísticos que han impactado en refinerías en Haifa, el puerto de Ashdod, la base aérea de Nevatim y el centro de investigación nuclear en Dimona.
El estrecho de Ormuz es, probablemente, la ventaja geoestratégica más importante de Irán, ya que por este angosto paso transita aproximadamente el 20% del petróleo refinado mundial y el 13% de los productos químicos, incluidos fertilizantes. Irán ha demostrado, irrefutablemente, su capacidad de controlar idóneamente este punto vital e imponer sus condiciones.
IV. La solidaridad internacionalista de las naciones oprimidas y los pueblos del mundo
La combatividad y resistencia de Irán representa a la de todas las naciones oprimidas y pueblos del mundo que se niegan a doblegarse ante el imperialismo y el sionismo. Identifican la resistencia iraní como un reflejo de sus propias luchas contra el genocidio, el bloqueo y la agresión. Se tiene: a) Cuba, resiste el bloqueo criminal desde hace más de seis décadas, siendo un pueblo generoso que ha enviado brigadas médicas a muchos países del mundo en plena pandemia del COVID19, b) Venezuela, enfrenta la agresión imperialista en su propio territorio, con sanciones diversas que han buscado asfixiar su economía sin lograr doblegar su soberanía. Hoy su presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores se encuentran secuestrados, c) Palestina, lucha y resiste el genocidio y demás atrocidades del sionismo de Israel, d) Yemen, en su solidaridad con Palestina ha declarado que continuará atacando buques estadounidenses e israelíes hasta que cese la agresión contra Irán, e) Líbano, Hezbolá enfrenta a las fuerzas armadas terroristas del régimen sionista.
La solidaridad internacionalista no es retórica, sino es la garantía de que los pueblos del mundo puedan resistir y vencer. Como sentenció el líder palestino Fathi Shaqaqi, la lucha contra el imperialismo, la occidentalización y el sionismo es una sola. Y la unidad de los pueblos oprimidos es la garantía de la victoria.
V. Las condiciones de Irán para la paz son una propuesta de justicia
Irán no busca la guerra, pero ha demostrado fehacientemente que no teme a quienes la imponen. Como ha declarado el canciller Abbas Araghchi, la República Islámica está dispuesta a negociar el fin de las hostilidades bajo condiciones claras y justas. Estas son las cinco condiciones que Irán impondría para la paz: Condición 1: Levantamiento total e incondicional de todas las sanciones económicas, financieras, comerciales y tecnológicas impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados contra Irán deben ser levantadas de manera inmediata y sin condiciones, Condición 2: Desmantelamiento de las bases militares estadounidenses en los países del Golfo Pérsico. La presencia militar extranjera en la región es una amenaza permanente a la soberanía iraní y a la estabilidad de Medio Oriente, Condición 3: Fin de la ocupación israelí de territorios palestinos y libaneses, remarcando el derecho de los pueblos palestino y libanés a la autodeterminación y a la soberanía plena sobre sus tierras debe ser respetado, Condición 4: Compensación por los daños causados durante décadas de agresión por Estados Unidos e Israel que deben compensar a Irán por las pérdidas económicas, humanas y materiales sufridas durante más de cuatro décadas de agresión, Condición 5: Garantías internacionales de no agresión futura, respaldadas por Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, de que Estados Unidos e Israel no volverán a atacar a Irán ni a sus aliados en el Eje de la Resistencia.
Conclusión
La República Islámica de Irán ha confirmado que la victoria sobre el genocida imperialismo yanqui y el terrorista régimen sionista no depende de la superioridad militar convencional, sino de la capacidad de combinar:
Una base moral y jurídica sólida, puesto que la justeza de la causa genera solidaridad internacional y erosiona la legitimidad de los genocidas agresores.
Desarrollo científico-tecnológico autóctono, siendo que la inversión en educación, investigación e innovación permite romper el monopolio tecnológico del imperialismo.
Avances militares disuasivos a través de misiles hipersónicos, drones de precisión y sistemas de defensa aérea que han demostrado su capacidad de golpear eficazmente a los enemigos.
Ventajas geoestratégicas como el control del estrecho de Ormuz y capacidad de cerrar el 20% del petróleo refinado mundial, lo que convierte cualquier escalada en un problema global.
Firmeza y resolución en el campo de batalla mediante golpes directos a bases militares estadounidenses en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar y Arabia Saudita, así como bombardeos contra infraestructura clave del régimen sionista en Haifa, Tel Aviv y Dimona.
Articulación con otras naciones oprimidas y pueblos del mundo, así como, la cooperación con Rusia, China y parte de los BRICS que proporciona un contrapeso político y económico.
Unidad nacional y cohesión del tejido social frente a la agresión externa, cuyo efecto de cerrar filas en torno a la nación neutraliza las divisiones internas y fortalece la cohesión social.
El mundo identifica en Irán un símbolo de combatividad y resistencia contra el genocidio imperialista y sionista, desde Cuba hasta Venezuela, desde Palestina hasta Yemen.
Como declaró el canciller Araghchi ante la Asamblea General de la ONU: «La República Islámica de Irán no ha comenzado esta guerra, pero defenderá sus derechos hasta el final. No buscamos la confrontación, pero no tememos a quienes nos amenazan. Nuestra paciencia no es debilidad; nuestra resistencia, sí es fortaleza».
La guerra que comenzó el 28 de febrero de 2026 no será la última agresión del imperialismo y sionismo contra Irán, no obstante, si algo ha quedado claro en estas semanas de bombardeos y sangre es que la nación iraní no se doblega. Ni con sanciones, ni con amenazas, ni con bombas. Porque, como enseñó el Imam Jomeini, la resistencia es un estado del alma, en que la certeza de que, contra todo pronóstico, los oprimidos vencerán. Y mientras haya un solo corazón que lata al ritmo de la justicia, la revolución no habrá terminado.
Referencias
· Araghchi, A. (13 de marzo de 2026). Discurso del ministro de Asuntos Exteriores de Irán en la cumbre de los BRICS sobre el fortalecimiento del multilateralismo, la cooperación económico-financiera y la IA. Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán.
· Aumentan las presiones políticas y económicas mientras continúa la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán. (22 de marzo de 2026). The Jerusalem Post.
· Capacidades militares de Irán: Misiles, drones y sistemas de defensa. (2026). Ministerio de Defensa de Irán.
· Keshavarzian, A. (8 de marzo de 2026). «Este es el momento para nuevas voces de oposición en Irán». il manifesto global.
· Patel, A. (22 de marzo de 2026). ¿Puede «ganar» Irán? ¿Aceptará EE. UU. los términos de Teherán y hará lo correcto? Deccan Chronicle.
· Pezeshkian, M. (2 de marzo de 2026). El gobierno está seriamente decidido a respaldar el desarrollo tecnológico. Mehr News Agency.
· Sobout, A. (8 de marzo de 2026). La lucha de Irán más allá del imperio y el autoritarismo. The Irish News.
· Zunes, S. (2 de enero de 2026). Entrevistas: Las nuevas protestas en Irán. stephenzunes.org.
