Richard González
El derecho a la participación política del pueblo peruano, una vez más, es negado, a pesar de estar reconocido formalmente en el papel. Lo cierto es que la ultraderecha, para seguir manteniendo el poder político y defender sus intereses y los de los imperialismos a los que sirve, ha elaborado un plan de largo plazo con el fin de no perder la dirección del Estado ni ser interrumpida por proyectos democráticos o de bienestar social, aun cuando estos se mantengan dentro de los marcos liberales.
La ultraderecha reaccionaria y fascistoide prosigue su acumulación capitalista sobre la base de una creciente sobreexplotación de la fuerza de trabajo, empobreciendo a millones de personas, mientras un puñado de privilegiados aumenta de manera imparable su riqueza como resultado de la plusvalía extraída a las masas trabajadoras.
Para continuar manteniendo la dirección del Estado, ha ido centralizando el poder, razón por la cual controla los distintos organismos burocráticos puestos a su servicio. Ello se expresa en el control del Ejecutivo, el Legislativo y el sistema judicial, incluso adecuando y modificando, frente a la exigencia de una nueva Constitución, la misma Constitución neoliberal surgida del fraude y de las bayonetas.
Entonces, ¿bajo qué condiciones podría llevarse adelante una auténtica participación política del pueblo? No existe margen alguno, a no ser que, en esta lucha de clases entre oprimidos y opresores, se configure una correlación de fuerzas favorable al pueblo, a la nación y a la patria. Para ello se requiere elevar las formas de lucha o, mínimamente, desarrollar la capacidad de unidad y acción organizada que permita poner en riesgo la propia producción capitalista. Por ejemplo, una huelga general que paralice la economía nacional podría generar mejores condiciones para la lucha popular. Evidentemente, esta tarea exige un organismo centralizado, aunque sea en los términos de un frente nacional. Mientras tanto, las fuerzas reaccionarias seguirán ejerciendo la conducción y la hegemonía del poder a cualquier costo.
Una de las alternativas es la construcción de un ejercicio efectivo de la soberanía popular, principio liberal según el cual el poder político legítimo reside en el pueblo, le pertenece y se expresa mediante la voluntad general.
Por tanto, resulta necesario que las iniciativas ciudadanas, los gobiernos locales, las organizaciones sociales, sindicales y demás expresiones populares se declaren en asamblea abierta permanente frente al desconocimiento de facto de los derechos y libertades del pueblo, entre ellos la negación efectiva del derecho a la participación política popular.
Dicha asamblea popular, colocándose por encima de las limitaciones impuestas por el Estado y su legalidad vigente, debería autoconvocarse de manera permanente para impulsar una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. Ello implica activar cabildos en toda la nación, poniendo en cuestión los poderes, organismos y mecanismos existentes para abrir una discusión nacional desde una posición de contrapoder. Evidentemente, ello favorecería la iniciativa popular, permitiría salir de la agenda reaccionaria, romper con su plan político y disputar su hegemonía.
Esto implica, como decía Lenin, que «todo el poder a los soviets». La clave radica en la acción colectiva y en una dirección colectiva consensuada por sus líderes, con gran desprendimiento y desinterés personal. Se trata de actuar, unir y orientar, comenzando por poner en práctica estas experiencias en un distrito, una provincia o una región.
En la práctica, significa comenzar a construir un contrapoder, una forma alternativa de Estado dentro del propio Estado. El líder o la organización que tenga la capacidad de impulsar este proyecto asumirá una iniciativa de lucha que, al mismo tiempo, romperá las ataduras existentes y abrirá nuevas posibilidades para la lucha popular.
En lo inmediato, frente a un fraude descarado y preparado con antelación por la ultraderecha, corresponde impulsar el desconocimiento de todo el proceso, no reconocer autoridad ni institución alguna y declararse en rebeldía popular. Se trata de una decisión política orientada a alcanzar el objetivo de una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente. Asimismo, es necesario continuar la preparación y acumulación de fuerzas para dar el salto hacia una nación verdaderamente democrática.
¿Implica riesgos? Sí. ¿Persecuciones y criminalización? También. Pero, ¿qué transformación profunda se ha producido alguna vez sin riesgos?
Existen condiciones suficientes y fuerzas populares para asumir esta tarea. Las masas están hartas de la burla, del engaño y de la putrefacción del actual estado de cosas. Quieren y demandan cambios, aun cuando estos se expresen dentro de los términos democráticos.
Todo depende de una decisión mancomunada de las organizaciones populares, de sus dirigentes, de su voluntad y de su determinación para llevar adelante y concretar este propósito.
13 de junio de 2026
