Por: Alex A. Chamán Portugal
El escándalo del Liceo Naval Almirante Guise, administrado por la Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección de Bienestar de la Marina (DIRBIEMAR), ha puesto al descubierto mucho más que un episodio de violencia entre estudiantes. Revela las profundas contradicciones de un modelo educativo sustentado en estructuras jerárquicas, privilegios institucionales y una concepción de disciplina que, cuando pierde su dimensión ética y humana, puede convertirse en un mecanismo de dominación, silencio y encubrimiento.
El hecho central es de extrema gravedad, ya que, un estudiante menor de edad denunció haber sido víctima de una agresión sexual múltiple perpetrada por estudiantes de quinto año. Seis adolescentes fueron sometidos a internamiento preventivo por decisión del Tercer Juzgado de Familia de Lima, mientras continúan las investigaciones correspondientes. La gravedad de los hechos exige que las responsabilidades sean determinadas por las autoridades competentes y que la víctima reciba plena protección.
Sin embargo, el problema no termina en la agresión denunciada. Los antecedentes descritos revelan un escenario previo de acoso, hostigamiento y abuso de poder entre estudiantes, particularmente asociado a la posición de superioridad que determinados estudiantes ejercían sobre otros. Estaríamos, por tanto, ante una situación mucho más grave en un entorno escolar en el que determinadas prácticas de violencia pudieron haber sido toleradas, normalizadas o enfrentadas de manera insuficiente, permitiendo su persistencia y profundización.
Uno de los aspectos más cuestionables es la respuesta inicial de las autoridades escolares. El hecho habría sido presentado inicialmente como un caso de acoso, sin reconocer inmediatamente su naturaleza de abuso sexual, situación que habría retrasado la activación de los mecanismos institucionales correspondientes.
¿Qué ocurre cuando una institución educativa coloca su prestigio por encima de la protección de sus estudiantes? La respuesta es contundente: el silencio deja de ser neutral; la omisión deja de ser un simple descuido; y la tolerancia frente a las agresiones y el acoso termina favoreciendo al agresor y profundizando la vulnerabilidad de la víctima.
El Liceo Naval no puede ser analizado únicamente como un colegio. Su particular vinculación orgánica con la Marina obliga a examinar críticamente la cultura institucional que lo atraviesa. El problema no consiste en atribuir automáticamente a toda la comunidad naval las conductas denunciadas, sino en preguntarse si determinadas prácticas de jerarquización, verticalidad, chantaje, amenaza, sumisión y espíritu corporativo pueden reproducirse en el espacio educativo cuando no están acompañadas de una sólida cultura de derechos humanos.
¿Qué ejemplo reciben los estudiantes de la Marina y de sus propias familias?Esta interrogante resulta inevitable. ¿Qué ejemplo pueden recibir los estudiantes de una institución vinculada a la Marina de Guerra del Perú y de padres pertenecientes a ella, cuando conocen —o deberían conocer— los graves antecedentes históricos que comprometen a sectores de dicha institución? Recordemos que la educación comienza con el ejemplo. No basta proclamar disciplina, honor, patriotismo y respeto a la autoridad si la historia institucional contiene episodios de atroces vulneraciones de derechos humanos, prácticas mafiosas, negociados y subordinación de sectores militares a estructuras de poder político criminal. Cuando esos antecedentes no son sometidos a una revisión crítica y ética, existe el riesgo de que determinadas prácticas culturales -autoritarismo, la obediencia acrítica, la protección corporativa, el silencio frente al abuso o la idea de que el poder otorga privilegios- terminen reproduciéndose, incluso dentro del espacio escolar.
Los estudiantes no se forman únicamente mediante libros, reglamentos o discursos. También aprenden observando a sus mayores, a sus autoridades y a las instituciones a las que pertenecen sus familias. Si el ejemplo institucional está marcado por acciones criminales como genocidios y masacres, la impunidad, el privilegio o el encubrimiento, resulta contradictorio pretender formar jóvenes en valores democráticos, respeto irrestricto de los derechos humanos y responsabilidad social.
Por consiguiente, no resulta suficiente preguntarse qué hicieron determinados estudiantes. También corresponde preguntar qué cultura institucional permitió que determinadas conductas pudieran desarrollarse, mantenerse o ser enfrentadas tardíamente. Esta cuestión adquiere mayor relevancia al recordar que la historia de la Marina de Guerra del Perú ha sido objeto de graves cuestionamientos y denuncias en materia de derechos humanos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó violaciones cometidas por agentes estatales durante el conflicto armado interno, mientras investigaciones y procesos judiciales abordaron hechos relacionados con El Frontón, Huanta, detenciones arbitrarias, torturas despiadadas, violencia sexual, desapariciones, asesinatos y otras graves vulneraciones.
El documento también recuerda la participación de altos mandos navales en estructuras de poder y corrupción vinculadas al régimen mafioso de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Estos antecedentes forman parte de una historia que no puede ser ocultada ni edulcorada cuando se pretende comprender críticamente la cultura institucional que rodea a una entidad educativa administrada por una institución militar genocida.
El antecedente del cobarde genocidio de El Frontón, en junio de 1986, constituye uno de los episodios más graves, ya que, según la documentación de la CVR, después de la recuperación del control del penal se produjeron ejecuciones extrajudiciales de internos que ya se habían rendido; posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la responsabilidad internacional del Estado peruano por los hechos.
Asimismo, la actuación de la Infantería de Marina en Huanta y La Mar (Ayacucho) durante los primeros años del conflicto interno quedó asociada, según la documentación citada, a detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, ejecuciones y desapariciones. A ello se sumaron, durante los años noventa, los vínculos de sectores de las Fuerzas Armadas con la estructura política y de inteligencia construida alrededor del nefasto Vladimiro Montesinos.
Estos antecedentes no permiten afirmar mecánicamente que los hechos ocurridos en un colegio sean equivalentes a los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Sí permiten, sin embargo, formular una pregunta política e institucional legítima: ¿Qué ocurre cuando una cultura de abuso, jerarquía, obediencia, impunidad y protección corporativa no está subordinada de manera efectiva a los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas? Ese interrogante conduce directamente al problema educativo. Una institución educativa debería constituirse en un espacio de protección, formación y dignificación. No obstante, cuando la disciplina se separa de la ética, puede transformarse en sometimiento; cuando la autoridad se desvincula de la responsabilidad, puede convertirse en abuso; y cuando el prestigio institucional prevalece sobre la verdad, aparece la cultura de la indiferencias y silencio.
En este contexto, la violencia sexual constituye la expresión extrema de una relación de poder ejercida contra una persona vulnerable. El caso denunciado obliga a examinar las prácticas de dominación, machismo y abuso de jerarquías entre estudiantes, particularmente cuando existen antecedentes de hostigamiento que no fueron enfrentados de manera suficiente. La crítica debe dirigirse también contra una concepción educativa que reduce la formación a disciplina, rendimiento, competencia y obediencia, mientras deja en segundo plano la solidaridad, la empatía, la igualdad, el respeto y los derechos humanos.
Esa es una de las contradicciones de la educación neoliberal que trata de formar individuos para competir y obedecer jerarquías, pero no necesariamente para cuestionar las caducas estructuras que reproducen injusticias, desigualdad, explotación, opresión, exclusión, racismo y privilegios.
El problema se vuelve todavía más grave cuando los estudiantes pertenecientes a sectores socialmente privilegiados reciben, real o simbólicamente, un trato diferenciado. Si una institución tolera reiteradamente conductas repudiables porque determinados estudiantes pertenecen a familias influyentes o porque existe una lógica de protección corporativa, entonces el principio de igualdad ante las normas queda seriamente debilitado.
No puede existir verdadera educación allí donde el privilegio sustituye al mérito, el silencio reemplaza a la verdad y la autoridad protege su imagen antes que a la víctima. Por ende, la reorganización del Liceo Naval no debería reducirse a un cambio administrativo. Debe implicar una revisión profunda de sus prácticas institucionales, sus mecanismos de prevención y denuncia, sus formas de supervisión y, sobre todo, de la cultura educativa que pretende transmitir a sus estudiantes.
La discusión, en consecuencia, trasciende al Liceo Naval. Lo que está en juego es también el tipo de educación que la sociedad peruana está dispuesta a defender. La escuela liberal, en ruinas, no puede ser cuartel, tribunal de privilegios ni espacio de impunidad. Debe ser un territorio de derechos, conocimiento, dignidad, igualdad y protección.
El escándalo del Liceo Naval obliga a romper el silencio y examinar reflexivamente las injustas estructuras que hicieron posible que determinadas formas de violencia pudieran desarrollarse dentro de una institución educativa. La defensa del prestigio institucional jamás puede estar por encima de la integridad de un niño, una niña o un adolescente.
La verdadera autoridad no se demuestra encubriendo; se demuestra protegiendo. La verdadera disciplina no consiste en imponer impunidad; consiste en formar seres humanos responsables. Y la verdadera educación no puede construirse sobre injusticias, desigualdades, privilegios, miedo o impunidad.
CONCLUSIONES
El escándalo del Liceo Naval Almirante Guise no puede ser reducido a un episodio aislado de violencia entre estudiantes, puesto que, la gravedad de la agresión sexual denunciada, los antecedentes de acoso, hostigamiento y abuso de poder, así como las cuestionadas respuestas institucionales, obligan a examinar las condiciones que permitieron su desarrollo y eventual persistencia. La vinculación orgánica del Liceo con la Marina de Guerra del Perú exige, además, una revisión crítica de la cultura institucional que se transmite a los estudiantes, particularmente de aquellas prácticas mafiosas, jerarquización, obediencia acrítica, corporativismo, impunidad, y privilegio que, cuando se separan de una sólida formación ética y de derechos humanos, favorecen la reproducción de relaciones de dominación y violencia. Los antecedentes históricos de graves vulneraciones de derechos humanos y episodios de corrupción asociados a sectores de la Marina no permiten atribuir automáticamente responsabilidad a toda la comunidad naval ni a los estudiantes actuales, pero sí plantean una cuestión ineludible cerca del ejemplo institucional y familiar que reciben las nuevas generaciones y sobre la necesidad de transformar cualquier patrón cultural incompatible con la dignidad humana, la igualdad y la convivencia democrática.
La reorganización del Liceo Naval no debería limitarse a medidas administrativas ni a una defensa del prestigio institucional, sino convertirse en una verdadera transformación de sus prácticas educativas y mecanismos de prevención, denuncia, protección y rendición de cuentas. Ninguna institución puede colocarse por encima de los derechos de sus estudiantes, y ninguna lógica de disciplina, autoridad o espíritu corporativo puede justificar la impunidad, la tolerancia frente al abuso o la desprotección de las víctimas. La autoridad se demuestra protegiendo; la disciplina se construye mediante responsabilidad y respeto; y la educación liberal debe formar personas capaces de convivir en igualdad, rechazar toda forma de violencia y cuestionar los privilegios. El caso del Liceo Naval, constituye un llamado urgente a romper el silencio, esclarecer responsabilidades y construir una educación fundada en la verdad, la justicia, la dignidad humana y la protección irrestricta de niñas, niños y adolescentes.