Red de prensa popular latinoamericana

«PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO» Red de Prensa Popular Latinoamericana. A TRES MESES DE HUELGA, LOS TRABAJADORES DE TORNEL SE MANTIENEN FIRMES EN LA DEFENSA DEL CONTRATO LEY

Ciudad de México, 23 de mayo de 2026

La Red de Prensa
Popular Latinoamericana expresa su firme solidaridad con los trabajadores de la
empresa llantera Tornel, quienes, a punto
de cumplir 90 días de huelga iniciada el pasado 23 de febrero de 2026,
continúan resistiendo con dignidad, organización y conciencia de clase frente a
las políticas de precarización impulsadas por el capital transnacional.

La huelga de Tornel,
empresa actualmente controlada por la corporación india JK Tyre, se ha convertido en uno de los
conflictos obreros más significativos del México, por la magnitud de sus
demandas y porque representa la defensa de conquistas históricas alcanzadas por
generaciones de trabajadores de la industria hulera mexicana.

Una huelga legítima y respaldada por la base obrera

Frente a los intentos
de desinformación y minimización del conflicto, reafirmamos que la huelga
cuenta con plena legitimidad jurídica y democrática. El movimiento fue
reconocido legalmente por una jueza laboral y respaldado contundentemente por
la mayoría de los trabajadores sindicalizados.

De los 1.051 obreros
participantes en la consulta oficial, 883 votaron a favor de mantener la huelga
y solamente 113 en contra. Estos resultados evidencian que la lucha no responde
a intereses particulares ni a disputas burocráticas, sino a la voluntad consciente
y organizada de la base trabajadora.

Defensa de derechos históricos y condiciones dignas

Los trabajadores de
Tornel no defienden privilegios. Defienden derechos laborales conquistados
históricamente mediante décadas de organización y lucha sindical.

Entre las principales
demandas del movimiento destacan:

Respeto
irrestricto al Contrato Ley de la Industria Hulera.

Implementación
de la jornada laboral de 40 horas.

Pago justo de
aguinaldos y prima vacacional.

Transparencia
en el reparto de utilidades.

Correcta
inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Garantía
plena de libertad y autonomía sindical.

El conflicto revela
una contradicción estructural entre la lógica de maximización de ganancias de
las corporaciones transnacionales y el derecho de los trabajadores a
condiciones laborales dignas, estabilidad y seguridad social.

Condena a la violencia contra los huelguistas

Condenamos
enérgicamente el ataque armado sufrido por trabajadores huelguistas, hecho que
dejó personas lesionadas y generó profunda preocupación e indignación en
organizaciones sindicales, sociales y defensoras de derechos laborales.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
reconocieron oficialmente la gravedad de las agresiones y reafirmaron el
derecho constitucional de huelga. Aunque las investigaciones sobre la autoría
intelectual continúan en curso, la violencia ejercida contra los trabajadores
constituye un grave atentado contra la libertad sindical y las garantías
democráticas fundamentales.

Solidaridad internacional y defensa legal

Reconocemos también
la decisión del sindicato de recurrir a mecanismos laborales contemplados en el
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá,
utilizando instrumentos nacionales e internacionales para denunciar violaciones
laborales y enfrentar la enorme asimetría de poder existente entre una
corporación transnacional y los trabajadores mexicanos.

Estas acciones
representan un esfuerzo legítimo por defender derechos laborales vitales y
exigir condiciones de justicia en el marco de la legalidad nacional e
internacional.

La huelga de Tornel es un símbolo de resistencia obrera

A casi tres meses del
inicio del conflicto, la huelga de Tornel se mantiene como un símbolo de
resistencia, dignidad y organización colectiva. Expresa el resurgimiento de un
sindicalismo combativo e independiente que enfrenta la precarización laboral,
la flexibilización impuesta por el perverso capitalismo global y los intentos
de debilitamiento de las organizaciones obreras.

La solidaridad
expresada por la Asamblea de Coordinación de la
Sección 10 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y
otros sectores populares demuestra que cuando los trabajadores defienden sus
conquistas históricas jamás están solos.

La Red de Prensa
Popular Latinoamericana reafirma su compromiso de continuar difundiendo y
acompañando las luchas de los trabajadores, defendiendo sus derechos
conquistador como a la organización sindical, la huelga y la justicia social.

¡Viva
la lucha de los trabajadores de Tornel!

¡Viva la solidaridad obrera y popular!

¡Por la defensa irrestricta de los
derechos laborales y sindicales!

TRABAJADORES DE TORNEL, A PUNTO DE CUMPLIR TRES MESES EN HUELGA, SE MANTIENEN FIRMES EN DEFENSA DEL CONTRATO LEY Y RECIBEN SOLIDARIDAD DE LA CNTE

20 de mayo del 2026

breros de la llantera, que resisten desde el 23 de febrero, fueron arropados por docentes de la Sección 10, quienes llevaron apoyo moral e insumos. La huelga, reconocida legalmente, se consolida como un símbolo de la resistencia del sindicalismo combativo e independiente frente a la precarización laboral de una transnacional india.

Ciudad de México, 20 de mayo de 2026. – A tres días de cumplir 90 días de resistencia, los trabajadores de la empresa llantera Tornel (propiedad de la transnacional india JK Tyre) se mantienen inquebrantables en la defensa de sus derechos laborales. Lejos de debilitarse, el movimiento huelguístico fortalece sus lazos de clase al recibir la solidaridad directa de otros sectores combativos.

En un acto de confraternización obrera, representantes de la Asamblea de Coordinación de la Sección 10 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han acudido a los campamentos huelguísticos para brindar apoyo moral y entregar insumos a los trabajadores que se mantienen en pie de lucha. Con consignas como “¡Adelante compañeros huelguistas, que las 40 horas sean ganadas!”, los docentes reconocieron la importancia histórica de esta batalla para toda la clase trabajadora mexicana.

Una huelga con respaldo legal y mandato de base

La solidez del movimiento no solo se refleja en el apoyo externo, sino en su impecable sustento jurídico y democrático. Está plenamente documentado que la huelga, iniciada legalmente el pasado 23 de febrero, fue validada por una jueza laboral. En una consulta reciente, la base obrera refrendó su voluntad de lucha con una contundente votación: de los 1,051 trabajadores sindicalizados que participaron, 883 votaron por continuar la huelga, mientras que solo 113 optaron, por lo contrario. Esta cifra desmiente cualquier narrativa que intente minimizar el conflicto como una mera disputa burocrática.

Defensa de conquistas históricas, no privilegios

Los trabajadores de Tornel luchan por el respeto irrestricto al Contrato Ley de la Industria Hulera, una conquista histórica que la empresa ha erosionado sistemáticamente desde su adquisición en 2008. Las demandas, lejos de ser privilegios, buscan preservar la dignidad laboral:

  • Jornada laboral de 40 horas.
  • Pago justo de aguinaldos y prima vacacional.
  • Reparto de utilidades transparente.
  • Correcta inscripción al Seguro Social.
  • Autonomía y defensa de los derechos sindicales.

Este conflicto deja al descubierto la contradicción estructural entre la maximización de ganancias del capital transnacional y la defensa de condiciones de vida dignas. La globalización, en este caso, ha operado como un vehículo para la flexibilización laboral y el debilitamiento del sindicalismo independiente.

Condena oficial ante la violencia

En uno de los episodios más oscuros del conflicto, los huelguistas sufrieron un ataque armado que dejó personas lesionadas. Contrario a cualquier especulación, este hecho no es un rumor: fue ampliamente corroborado por medios nacionales y condenado oficialmente por la Secretaría del Trabajo y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, instituciones del propio Estado mexicano que reafirmaron la inviolabilidad del derecho constitucional a la huelga. Si bien la autoría intelectual sigue bajo investigación judicial, la agresión encendió las alarmas de la comunidad universitaria y laboral internacional sobre el uso de la violencia como mecanismo de intimidación.

Presión internacional ante la asimetría de poder

Ante la enorme disparidad entre una corporación transnacional y los obreros mexicanos, el sindicato ha escalado la lucha a mecanismos internacionales. Está verificado que presentaron denuncias formales bajo los mecanismos laborales del T-MEC, utilizando las vías legales internacionales para equilibrar la balanza y proteger sus derechos.

Conclusión: Un símbolo de la lucha de clases

A tres meses de distancia, la huelga en Tornel no solo sobrevive, sino que se revitaliza. Representa un parteaguas en el resurgimiento del sindicalismo combativo en México, demostrando que la organización de base es el único dique frente a la precarización. La solidaridad de la CNTE confirma que, cuando los trabajadores defienden sus conquistas históricas, no están solos.

LA TRAICIÓN A EL ALTO: AUTORIDADES MEDIOCRES Y CORRUPTAS DE LA UPEA ENTREGAN DOCTORADO ‘HONORIS CAUSA’ A GOBIERNO NEOLIBERAL, PROIMPERIALISTA Y PROSIONISTA

Rosa Vargas Quispe

El Alto – Bolivia, lunes 11 de mayo de 2026

Fundada al calor de la lucha y la sangre del pueblo alteño el 1 de mayo de 2000, la Universidad Pública de El Alto (UPEA) representó en su momento el faro de la educación superior más combativa, democrática y nacional del país. Hoy, 26 años después de su heroica creación, esa misma institución le ha dado la espalda al pueblo boliviano en un momento crítico de justas movilizaciones sociales, huelgas de hambre, tomas de instituciones, bloqueos de carreteras, etc. En un acto de indignante traición, las gansteriles y mediocres autoridades (docentes y estudiantes) universitarias han decidido arrodillarse, condecorando con su máxima distinción académica a un régimen antipatriota y antipopular que empobrece a las mayorías populares.

Mediante la Resolución N° 075/2026 del muy cuestionado Honorable Consejo Universitario, la UPEA otorgó el título de Doctor Honoris Causa al presidente Rodrigo Paz Pereira. En una ceremonia cargada de cinismo, el mafioso rector Carlos Condori procedió a imponerle al mandatario la vestidura negra de gala, la toga, el birrete y la medalla. De acuerdo con la normativa universitaria, este galardón exige compatibilidad ética y moral con los principios defendidos por la UPEA y demanda aportes relevantes en favor de la justicia social y la soberanía. Sin embargo, la distinción fue entregada a un gobierno neoliberal, proimperialista y prosionista que, en menos de seis meses, ha desatado una brutal ofensiva contra la nación, disparando la crisis económica, la deuda externa, las narco maletas, la gasolina basura, la pobreza extrema y criminalizando salvajemente la protesta social.

¿Cuál es el verdadero motivo detrás de esta abyecta sumisión al gobierno vendepatria? La respuesta radica en la completa debacle y descomposición de la actual administración universitaria. La entrega de este Doctorado Honoris Causa no es un reconocimiento al mérito, sino una vil moneda de cambio, ya que las nefastas autoridades universitarias buscan desesperadamente la impunidad en la justicia ordinaria y garantizar jugosos desembolsos económicos del Gobierno central para seguir financiando sus irregularidades. Necesitan el encubrimiento del repudiado gobierno de turno para tapar una red criminal de corrupción generalizada, enriquecimiento ilícito y espantosos negociados en la emisión de títulos de pregrado, diplomados, títulos de maestría, doctorado y posdoctorado.

Las actuales despreciadas autoridades de la UPEA —incluyendo al Rector, Vicerrector, Secretario General, Dirección Administrativa Financiera (DAF), Dirección de Recursos Humanos, Secretaría Académica, Decanos, Directores de Carrera, Directores de Institutos de Investigación, la Federación Universitaria Local, los Centros de Estudiantes, etc.— son las directas responsables de esta vergonzosa catástrofe institucional. Han vulnerado repetitivamente el Estatuto Orgánico, pisoteando la autonomía y el histórico co-gobierno paritario docente-estudiantil, la democracia universitaria, etc., actuando como verdaderos mafiosos, han corrompido a la universidad, convirtiéndola en un botín político y económico al servicio del mejor postor.

La generalizada crisis interna es insostenible. Las roscas y camarillas de autoridades, docentes y dirigentes han prebendalizado y amañado con antelación todos los procesos electorales para elegir autoridades a quienes les cobraran la factura de múltiples maneras. Como consecuencia, se ha precarizado la calidad académica, la investigación científica y la extensión universitaria. Hoy impera el facilismo a través de las aprobaciones de materias y gran parte de las graduaciones están manchadas por el tráfico de influencias. Es de conocimiento público el vergonzoso mercado negro donde se venden cátedras o se exigen comisiones y «otros favores» oscuros a cambio de ellas. Además, existen descarados negociados en la asignación de becas comedor y becas trabajo.

Para sostener esta corrupción institucionalizada, el autoritarismo impuesto por estas mafias es atroz, tomando decisiones de manera unilateral, arbitraria y antidemocrática. Han logrado condicionar y someter a las bases de docentes, estudiantes y trabajadores administrativos, asfixiando su espíritu de lucha por la defensa y la transparencia de la universidad.

Este proceder escandaloso de quienes tienen secuestrada la universidad es un ultraje directo al propio Estatuto Orgánico de la UPEA, el cual establece una concepción universitaria vinculada a las luchas sociales y al compromiso con los sectores populares, indígenas y trabajadores. El documento vulnerado permanentemente por quienes arruinan la universidad alteña consagra a la institución bajo un principio democrático, popular, antirracista y antiimperialista.

Al someterse a los verdugos del pueblo boliviano, la UPEA ha defraudado enormemente al pueblo alteño, paceño y boliviano que cifró sus esperanzas en sus aulas. Es un imperativo histórico que las bases universitarias se rebelen y rompan las cadenas del sometimiento, así como, recuperen su casa de estudios de las garras de estas autoridades y dirigencia mafiosa, devolviéndole a El Alto la trinchera académica y combativa que se ganó en las calles.

MIGRAR NO ES DELITO: CRIMINALIZACIÓN, PROPAGANDA Y PODER EN LA POLÍTICA MIGRATORIA DE ESTADOS UNIDOS

Por: Carlos Alberto Jiménez Vega

La migración en el centro del conflicto político

La migración se ha convertido en uno de los temas más sensibles y controversiales del debate político actual. La política migratoria de Estados Unidos ha evolucionado hacia un enfoque de mayor control y represión, en que el fenómeno migratorio es presentado no como una consecuencia de profundas desigualdades económicas y sociales a nivel global, sino como una amenaza que debe ser controlada, vigilada y reprimida.

En este contexto, decenas de miles de personas provenientes de América Latina, el Caribe, África o Asia son consideradas como ilegales, invasores o incluso como un problema de seguridad nacional. La migración es, en gran medida, el resultado de un sistema internacional muy desigual, de crisis económicas capitalistas estructurales, así como, de las propias políticas exteriores que han contribuido a desestabilizar países enteros.

La migración como consecuencia de la desigualdad global

La mayor parte de las personas que migran no lo hacen por capricho ni por aventura. Lo hacen porque las condiciones de vida en sus países de origen han sido deterioradas por décadas de desigualdad económica y social, bloqueos y sanciones unilaterales financieras, mayor dependencia estructural y crecientes conflictos políticos.

En muchos casos, las economías de los países en vías de desarrollo han sido debilitadas por sanciones, intervenciones políticas o modelos económicos neoliberales impuestos que limitan su progreso, desarrollo y bienestar. Cuando las oportunidades desaparecen, migrar se convierte en una estrategia de supervivencia. Así, el acto de cruzar fronteras es, para millones de personas, un intento desesperado de acceder a lo que debería ser un derecho básico para vivir con dignidad. Sin embargo, en lugar de reconocer estas causas estructurales, el discurso dominante tiende a convertir al migrante en el problema.

La criminalización del migrante

Uno de los rasgos más preocupantes de la política migratoria actual es la creciente criminalización de quienes migran. En Estados Unidos, organismos como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement) han asumido un papel central en la persecución humillante, detención ilegal y deportación inmisericorde de migrantes.

Distintas organizaciones de derechos humanos han denunciado prácticas de detención prolongada, separación familiar y condiciones de reclusión que han sido ampliamente cuestionadas. La lógica que sustenta estas políticas se basa en un principio peligroso que consiste en transformar una necesidad humana (migrar para sobrevivir) en una falta moral o incluso en un delito.

De esta manera, el migrante deja de ser visto como una persona y pasa a convertirse en una categoría sospechosa a la cual hay que violar sus derechos.

Política interna y construcción de enemigos

La historia política demuestra que en momentos de crisis internas muchos gobiernos recurren a la estrategia conocida de construcción de enemigos externos o internos para canalizar frustraciones sociales.

Cuando las sociedades enfrentan desigualdad, precariedad laboral o tensiones económicas, culpar a los migrantes puede resultar políticamente rentable. Este discurso permite desviar la atención de los problemas estructurales y movilizar emociones colectivas como el miedo o el resentimiento.

En ese sentido, la migración se convierte en un campo de batalla en que se disputan narrativas políticas. No se trata únicamente de fronteras, sino de la manera en que una sociedad decide definir quién pertenece a ella y quién no.

Los ecos de la historia

Algunos analistas acerca del problema migratorio han señalado semejanzas discursivas entre ciertos discursos y argumentaciones históricas de exclusión. Es importante recordar que la historia demuestra que los procesos de estigmatización comienzan casi siempre con narrativas que deshumanizan a determinados grupos sociales.

A lo largo del siglo XX, distintos regímenes utilizaron propaganda para señalar a minorías como responsables de los problemas nacionales. Ese tipo de discursos puede justificar políticas cada vez más duras de control, persecución, detención, encarcelamiento y expulsión.

Asimismo, algunos críticos han comparado los centros de detención migratoria con crueles espacios de encierro masivo afectando derechos fundamentales.

La historia rara vez se repite de manera idéntica, pero sí repite ciertos patrones discursivos como el miedo, la deshumanización y la construcción del “otro” como amenaza.

El debate sobre la exageración

Frente a estas críticas, algunos sectores argumentan que tales comparaciones son exageradas o que constituyen pura retórica política. Sostienen que las políticas migratorias responden únicamente a la necesidad de controlar fronteras y garantizar la seguridad nacional.

Sin embargo, el verdadero debate no gira en torno al derecho de los Estados a administrar sus fronteras sino a los métodos represivos utilizados para hacerlo. Cuando las políticas migratorias derivan en violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias o discursos que estigmatizan a poblaciones enteras, el problema deja de ser administrativo y se convierte en ético y político.

Una pregunta moral para nuestro tiempo

La historia juzga con dureza a quienes, en nombre del orden o de la seguridad, promovieron políticas de exclusión y persecución. Las decisiones tomadas hoy en materia migratoria no sólo definirán el destino de millones de personas, sino también el tipo de sociedad que estamos construyendo.

En última instancia, la migración no es un crimen, puesto que es una respuesta humana a un mundo profundamente desigual en que prevalece la falta de oportunidades y una vida con plenos derechos porque nadie abandona su hogar por gusto, nadie arriesga su vida en desiertos, mares o fronteras militarizadas por simple capricho, lo hace porque busca algo esencial: pan, dignidad, justicia y esperanza.

Y quizás la verdadera pregunta que debemos hacernos no sea cómo detener a quienes migran, sino qué tipo de mundo estamos creando cuando convertimos el derecho a vivir mejor en motivo de persecución, tratos vejatorios y expulsión. Nadie debería vivir en un mundo donde una madre, un padre, una hermana o un hermano sean tratados como criminales por intentar sobrevivir.

Migrar no es un delito. Es, muchas veces, el último recurso de la dignidad humana.

PRONUNCIAMIENTO DE LA RED POPULAR DE PRENSA LATINOAMERICANA

REPUDIO MUNDIAL A LOS BOMBARDEOS DEL GENOCIDA IMPERIALISMO YANQUI CONTRA VENEZUELA BOLIVARIANA

A los pueblos de nuestra América y los pueblos del mundo:

La Red Popular de Prensa Latinoamericana levanta su voz de indignación y condena absoluta frente al nuevo y criminal ataque perpetrado por el genocida y terrorista imperialismo estadounidense, contra la República Bolivariana de Venezuela.

Este bombardeo cobarde contra las ciudades de Caracas, y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, no es un hecho aislado, sino la expresión más reciente y descarnada de la siniestra Doctrina Monroe, que por dos siglos ha pretendido convertir a Nuestra América en el «patio trasero» del decadente imperialismo. Es la operación político y militar del «Cartel de las Barras y las Estrellas», una corporación guerrerista y narcotraficante que actúa como una banda criminal internacional, saqueando naciones, derrocando gobiernos soberanos y comercializando todo tipo de drogas sembrando muerte para apoderarse de los recursos estratégicos de los pueblos.

Estados Unidos en franca descomposición, con sus más de 900 bases militares esparcidas por el globo como garrote de dominación y sometimiento, ha escrito su vergonzosa historia con abundante sangre y fuego. Los pueblos de Irak, Libia, Afganistán, Siria, Líbano, Palestina y Yemen, entre muchos otros, son testigos mudos de los atroces crímenes de lesa humanidad y los genocidios enteros cometidos por esta máquina de guerra en los últimos 25 años. Hoy, con la misma arrogancia criminal, extiende sus garras sobre Venezuela Bolivariana, codiciando su petróleo, su oro, sus tierras raras y su decisión inquebrantable de ser digna y soberana.

La agresión yanqui es una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Es un ataque directo a la paz de toda América Latina y el Caribe. No es una intervención, es un acto de guerra colonialista para imponer un cambio de régimen y someter a la Patria de Bolívar y Chávez a los dictados del imperialismo y sus lacayos oligarcas.

El pueblo venezolano, heredero de la gloria de Miranda, Bolívar y Chávez, ya ha dado su respuesta. Como en 1811, como en 1902 frente a los bombardeos europeos, Venezuela se alza, combate y resiste.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en fusión cívico-militar-policial con el pueblo, se despliega en defensa de la soberanía y se prepara para desplegar la lucha armada contra el enemigo imperialista y los apatridas que están dispuestos a entregar la patria.
El Presidente Nicolás Maduro que representa la dirección política, ahora secuestrado junto a su compañera de lucha, en estricto apego a la Constitución y las leyes, ha activado todos los mecanismos de defensa integral, incluido el estado de Conmoción Exterior, y ha reservado el derecho inalienable a la legítima defensa, conforme al artículo 51 de la Carta de la ONU.

Desde la Red Popular de Prensa Latinoamericana, convocamos:

  1. A los pueblos hermanos de la Patria Grande a salir a las calles, a movilizarse en cada plaza, a alzar la voz en cada foro, en solidaridad activa y combativa con Venezuela.
  2. A los gobiernos progresistas, antiimperialistas y a todos los Estados dignos del mundo a romper el cerco mediático de la mentira, a denunciar enérgicamente esta agresión en todos los organismos internacionales y a exigir el cese inmediato de la agresión y el castigo a los responsables.
  3. A los colectivos comunicacionales, medios populares y periodistas honestos a difundir la verdad, a contrarrestar la campaña de intoxicación mediática imperialista y a mostrar al mundo la resistencia heroica del pueblo venezolano.

Hoy, más que nunca, resuenan las palabras del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías: «Unidad, lucha, batalla y victoria».

¡La agresión imperialista será derrotada por la unión indoblegable de los pueblos!
¡Viva Venezuela Bolivariana y Soberana!
¡Fuera el imperialismo yanqui de Nuestra América!
¡Hasta la victoria siempre!

Red Popular de Prensa Latinoamericana
Enero de 2025

La piratería del genocida imperialismo estadounidense en pleno siglo XXI

 

Por Alex A. Chamán Portugal

La historia del capitalismo es, en esencia, la historia del expansionismo, avasallamiento, exterminio y despojo. Su fase superior y última, el imperialismo -como lo definió Lenin- representa la forma más acabada de saqueo organizado, violencia internacional y dominación económica. En pleno siglo XXI, esta realidad adquiere nuevas expresiones, pero conserva intacto su injusto núcleo estructural mediante la utilización de la fuerza, la guerra, la manipulación, el adormecimiento y el terror para sostener un sistema en irreversible descomposición. El robo descarado de un buque petrolero de la República Bolivariana de Venezuela, no es un hecho aislado, ya que es una señal inequívoca de la agonía del imperialismo estadounidense, que recurre sin pudor a la piratería estatal para frenar el ascenso de un orden mundial bipolar que ya no puede contener.

Entre la piratería y el terrorismo económico

El imperialismo estadounidense, lejos de representar fortaleza, expresa hoy su profunda crisis estructural. Ante la descomposición de su hegemonía global, Washington reedita doctrinas coloniales como la Doctrina Monroe, para reafirmar su pretensión de que América Latina y el Caribe deben continuar siendo su “patio trasero” a cualquier costo. La persistente violencia económica, política, militar, diplomática, mediática y jurídica es su respuesta a la decadencia.

Estados Unidos, la nación más genocida de los siglos XX y XXI, ha edificado su poder sobre masacres de pueblos enteros. Es la potencia terrorista que redujo Afganistán, Irak, Libia y Siria a ruinas y matanzas inmisericordes; que patrocinó guerras sucias, dictaduras, torturas crímenes y golpes de Estado en buena parte de las naciones del mundo; que financia y participa del exterminio contra el heroico pueblo palestino favoreciendo al genocida régimen sionista de Israel. Su despiadada maquinaria de guerra, repartida en casi 900 bases militares en todos los continentes, constituye un sistema planetario de ocupación que viola el derecho internacional burgués y la libre autodeterminación de los pueblos en aras de garantizar la descarada apropiación de recursos naturales y suprimir cualquier experiencia que desafíe la dominación imperialista expresada en el capital transnacional.

Venezuela en el centro de la confrontación histórica

En este escenario global, Venezuela se ha convertido en el “mal ejemplo” que el imperialismo necesita sofocar. La Revolución Bolivariana demostró que la renta petrolera puede colocarse al servicio de las masas populares y al servicio de pueblos hermanos, que un país del Sur puede decidir soberanamente su destino y que es posible desafiar al perverso imperialismo sin arrodillarse. Así, desde 2015, contra Venezuela se ha desatado una cruel guerra híbrida de dimensiones inéditas, puesto que más de 1.100 medidas coercitivas unilaterales -genuinas armas de destrucción masiva- han sido aplicadas con el objetivo de destruir la economía, generar escasez, deteriorar la infraestructura nacional, impedir importaciones, así como, provocar destrucción y sufrimiento social para fomentar un cambio de régimen imponiendo gobiernos títeres. Igual que la ejemplar Cuba, que resiste heroicamente un bloqueo genocida desde hace más de seis décadas y media, Venezuela enfrenta un asedio medieval disfrazado de diplomacia.

La incautación del buque petrolero venezolano es la confirmación de que el imperialismo yanqui ha convertido la piratería en política de Estado. Este crimen se suma al robo de CITGO, la confiscación de reservas de oro venezolanas en el Banco de Inglaterra, la apropiación ilegítima de cuentas y empresas estatales, y la utilización de su sistema financiero para legalizar el despojo. El vil imperialismo y sus socios han violado reiteradamente sus leyes internacionales liberales, ya que cuando éstas no favorecen sus intereses, las ignora o las destruye.

La dominación imperialista mediante las guerras, propaganda y saqueo

La ofensiva imperialista no es solo política, militar o económica; es también una guerra ideológica, y cultural. La maquinaria mediática del capitalismo se caracteriza por manipular por lo que difunde narrativas que buscan deshumanizar a los pueblos en resistencia, demonizar a sus organizaciones consecuentes y líderes dignos, fracturar su moral superior y fabricar consenso internacional para justificar una atroz ofensiva que consolide el saqueo. Estamos frente a la guerra cognitiva que se constituye en la nueva forma de dominación del capitalismo senil.

Referida ofensiva también revela su desesperación. Así, el imperialismo en descomposición recurre a métodos cada vez más brutales como la piratería moderna, sanciones unilaterales, operaciones encubiertas, terrorismo financiero, guerras por sustitución, bombas humanitarias, tutelaje judicial y una red global de terrorismo y espionaje total. No obstante, lejos de consolidar su poder, estas nefastas prácticas aceleran su aislamiento y fortalecen la conciencia anticapitalista y antiimperialista, especialmente, en las naciones oprimidas y pueblos del mundo.

La resistencia bolivariana frente al asedio imperialista

A pesar de esta arremetida feroz, el pueblo venezolano no ha sido derrotado, puesto que ha demostrado una singular capacidad de resistencia que desconcierta al imperialismo y sus socios vasallos, por lo que asombra al mundo. La Revolución Bolivariana ha logrado sostener su soberanía energética, diversificar alianzas internacionales, reorganizar su economía y mantener un horizonte de justicia social en medio del bloqueo. A decir de la CEPAL; Venezuela registró en la región un formidable crecimiento económico el 2024 y en la presente gestión 2025 reeditará aquello para bien de la sociedad en su conjunto y, en particular, del pueblo.

Esta resistencia no es solo nacional, sino también histórica y continental, puesto que es la expresión viva de que los pueblos pueden enfrentar y desgastar a una potencia imperialista, incluso cuando esta dispone de un inmenso poder político, militar, mediático y financiero.

Una batalla global por el nuevo orden mundial

La agresión contra la Venezuela Bolivariana es solamente un capítulo de una ofensiva más amplia contra todos los pueblos que buscan independencia y construcción de sus propios proyectos de desarrollo, progreso y bienestar. África, Asia Occidental, el Caribe y América Latina experimentan hoy la embestida de un imperialismo decrepito que se niega a aceptar su ocaso. Pero en cada una de estas regiones crecen también nuevas formas de organización y poder popular, nuevas potencias capitalistas emergentes y nuevas alianzas internacionales que consolidan una bipolaridad en ciernes en el marco de la reconfiguración del nuevo orden mundial.

Venezuela, Cuba, Palestina, Líbano, Yemen y otros pueblos representan hoy la vanguardia moral de la humanidad, ya que son pueblos que combaten, resisten y avanzan en medio de la barbarie capitalista e imperialista.

Relecturas de Los Siete Ensayos de Mariátegui y El Tungsteno de Vallejo para comprender la crisis social, política e ideológica peruana

 

Por Alex A. Chamán Portugal

Bolivia, noviembre 10 de 2025

Introducción

La profunda crisis que atraviesa actualmente el Perú —económica, social, política, jurídica y de conciencia social— no es un accidente ni una coyuntura pasajera. Es el resultado de una larga continuidad histórica de semifeudalidad y semicolonialidad que se expresa en un capitalismo atrasado y dependiente, dirigida por una clase social dominante caracterizada por ser mafiosa y carente de un proyecto estratégico de desarrollo nacional. Situación similar se refleja en el Estado, sus poderes e instituciones, siendo la protagonista en las última tres décadas las organizaciones políticas criminales hegemonizadas por la mafia fujimontesinista. En este contexto, las obras Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana de José Carlos Mariátegui (1928) y El Tungsteno de César Vallejo (1931) adquieren una vigencia extraordinaria.

Ambos autores, desnudaron las raíces materiales e ideológicas de la explotación y opresión peruana. Mariátegui ofreció una excelente interpretación marxista-leninista original, que fusionó el análisis estructural económico con lo superestructural mediante la cultura popular andina; Vallejo, por su parte, convirtió esas mismas categorías en imágenes humanas de empatía, indignación, dolor, combate, resistencia y esperanza.

Releer reflexivamente estas obras permite entender que la actual descomposición del aparato estatal, la organización política gansteril, la alianza de la “lumpen burguesía” con las transnacionales saqueadoras y la manipulación mediática por los medios masivos de manipulación son la continuación de las estructuras denunciadas hace casi un siglo. Estas relecturas nos brindan claves teóricas y éticas para comprender y transformar la severa crisis peruana en tiempos del desmoronamiento capitalista y pugnas inter imperialistas.

I. La estructura económica

El amauta Mariátegui parte de un principio esencial del marxismo, el cual consiste en que, para entender una sociedad, hay que partir por estudiar su estructura económica, pues en ella se asienta sintéticamente el poder. En los Siete Ensayos, demuestra que la República peruana, lejos de romper con el pasado colonial, perpetuó sus formas de explotación bajo nuevos ropajes de tipo semicolonial. Su afirmación de que “el problema del indio es el problema de la tierra” sintetiza el núcleo de su pensamiento, ya que la servidumbre y el latifundio no son residuos precapitalistas, sino mecanismos feudales funcionales al capitalismo.

El Perú de Mariátegui estaba gobernado por una burguesía intermediaria, subordinada a los intereses extranjeros, que obtenía riqueza no a partir del desarrollo de las fuerzas productivas que permiten industrialización y mercado interno propio, sino del saqueo y la exportación de materias primas con negociados de por medio. Esa economía primario-exportadora, estructuralmente dependiente, sentó las bases del país semicolonial.

Vallejo, en El Tungsteno, da cuerpo literario a esa estructura. La mina de Quivilca, operada por una depredadora compañía estadounidense Mining Society, se convierte en el microcosmos de un Perú sometido. La cruel explotación minera combina la técnica más avanzada con las formas más brutales de servidumbre. Los peones indígenas son víctimas de la violencia, del “enganche” y de la indiferencia cómplice de las autoridades locales. A través de los representantes del caduco Estado como el subprefecto, el juez y los capataces, Vallejo retrata a una clase dirigente mediocre, ramplona, corrompida y parasitaria: la lumpen burguesía, corrupta y carente de proyecto nacional, cuya existencia depende de la ignominiosa subordinación al capital extranjero.

Un siglo después, en pleno siglo XXI, ese mismo modelo depredador extractivista continúa intacto. La economía peruana, enmarcada en un capitalismo atrasado y dependiente, sigue basada en la exportación de minerales, gas y productos agroindustriales, mientras las regiones mineras y agrícolas padecen explotación, opresión, represión, pobreza, contaminación y despojo. La actual lumpen burguesía conformada por empresarios coludidos con la corrupción y políticos neoliberales sometidos a los intereses de los grupos de poder económico es la heredera directa de aquella perversa y angurrienta oligarquía gamonal. Su poder no proviene de la creación productiva, sino del saqueo legalizado y la captura e instrumentalización del viejo Estado.

II. La superestructura política y jurídica: el Estado mafioso

Para Mariátegui, la República peruana no representó nunca un Estado nacional auténtico, sino el instrumento de los terratenientes y la emergente burguesía comercial. El Estado y sus poderes e instituciones no expresaron la voluntad de las masas populares, sino los intereses de las clases explotadoras. “El Estado peruano es la creación de la clase dominante y no la expresión de la nación” (Mariátegui, 1928, p. 64).

Vallejo, en su novela proletaria, traduce esta teoría en una escena cuando el juez que protege a los asesinos y el subprefecto que reprime a los obreros revelan que la justicia es, en esencia, un brazo armado de la explotación y opresión. En El Tungsteno, el Estado no aparece como árbitro neutral, sino como una institución mafiosa que legitima el despojo y el autoritarismo.

Hoy, esta crítica encuentra un reflejo devastador en la realidad peruana. El Poder Ejecutivo se caracteriza por ser una estructura mafiosa; el Congreso está dominado por partidos o agrupaciones políticas que actúan como organizaciones criminales; las fuerzas armadas y policiales se convirtieron en maquinarias represivas, genocidas y delictivas; el Poder Judicial, carcomido por redes de corrupción estructural; y los gobiernos de turno han sido cooptados por intereses empresariales deviniendo en esbirros. Las leyes se dictan al servicio de las transnacionales y lumpen burguesía, los jueces y fiscales protegen a los corruptos, y la impunidad se vuelve norma. La denominada institucionalidad del Estado es, en realidad, un dispositivo de dominación de la clase burguesa, como lo señalaron Mariátegui y Vallejo con casi un siglo de anticipación.

La degeneración actual concretada en la alianza entre el poder político y los negociados a todo nivel, la corrupción en las obras públicas y el saqueo de los recursos naturales no representa una anomalía, sino la consecuencia lógica de una estructura estatal diseñada para proteger a las clases sociales y sus lacayos de todo pelaje. El Estado peruano, en su forma actual, es la expresión de una superestructura en descomposición, sostenida por una base económica capitalista atrasada y dependiente, una política reaccionaria y una ideología alienante en franca decadencia.

III. La superestructura ideológica: prensa mercenaria y crisis de conciencia social

El dominio económico y político no podría sostenerse sin un dominio ideológico. Esto explica el impulso y fortalecimiento de los aparatos ideológicos del Estado. Mariátegui analizó con agudeza la función de la ideología burguesa, expresada en el liberalismo económico y el positivismo filosófico, que pretendían universalizar los valores de las clases dominantes. Denunció la existencia de una “cultura extranjerizante y desarraigada del pueblo”, que impuso una identidad falsa al país y subordinó la conciencia nacional a los paradigmas europeos, por lo que propuso la construcción de una cultura socialista e indoamericana, capaz de articular el pensamiento revolucionario con las tradiciones colectivas del mundo andino.

Vallejo, por su parte, representó en El Tungsteno el papel de los medios masivos de comunicación en esa dominación ideológica. El periódico El Tiempo, financiado por la compañía minera, se constituyó en una fábrica de mentiras que distorsionaba los hechos para justificar la represión. La prensa se convierte así en cómplice del poder, instrumento de manipulación y anestesia moral.

En la actualidad, la “prensa mercenaria” ocupa ese mismo lugar. Los grandes conglomerados mediáticos de manipulación, aliados al poder económico y político, imponen una agenda que desinforma, criminaliza la protesta y neutraliza el pensamiento crítico. La manipulación mediática produce domesticación, apatía, estupidización, fragmentación y desconfianza colectiva. La población, bombardeada por discursos racistas, individualistas y anticomunitarios, pierde la capacidad de reconocer las causas estructurales de su condición miserable. Se trata de una profunda crisis de conciencia social que impide la formación de un sujeto reflexivo, crítico, propositivo, por consiguiente, un político emancipador.

Mariátegui insistió en que solo una conciencia de clase revolucionaria, surgida de la praxis colectiva, podía liberar al pueblo de la alienación y marchar a su emancipación. Vallejo, al mostrar la justa rebelión de personajes como Leónidas Benites, encarna ese despertar ideológico y político que le permite el paso de la resignación a la acción transformadora.

IV. Comprender la crisis peruana desde el marxismo crítico

La relectura conjunta de Mariátegui y Vallejo permite entender que la crisis peruana actual es de carácter estructural y superestructural. La base económica sigue dominada por el extractivismo dependiente; la superestructura política y jurídica, por la corrupción mafiosa; y la superestructura ideológica, por la ideología burguesa, manipulación mediática y el colonialismo cultural.

Se trata de una crisis de hegemonía, puesto que las clases sociales dominantes han perdido toda legitimidad, pero las clases dominadas aún no consolidan un proyecto alternativo emancipador. Esta situación profundiza la crisis generando inestabilidad permanente y desesperanza social, sin embargo, también abre posibilidades históricas de transformación.

Mariátegui y Vallejo coinciden en que la transformación no puede provenir de reformas superficiales, sino de una revolución socialista integral. El socialismo que ambos imaginaron no es un modelo importado, sino una creación heroica propia, nacida de la fusión entre el marxismo y las condiciones concretas de la realidad peruana, por ejemplo, considerar las tradiciones comunitarias del mundo andino que manifiesta relaciones sociales de reciprocidad o cooperación.

Conclusión

Las Siete Ensayos de Mariátegui y El Tungsteno de Vallejo no son reliquias de un pasado intelectual como muchos quisieran, sino instrumentos para interpretar y transformar el presente. Ambos autores vislumbraron que el Perú solo alcanzará su verdadera independencia cuando superé el capitalismo atrasado y dependiente reconstruyendo su identidad desde las raíces populares.

La descomposición del Estado y sus poderes e instituciones, la corrupción endémica generalizada, el siniestro dominio mediático y la crisis de conciencia social que hoy aquejan al país son manifestaciones extremas de un modelo que ellos denunciaron con lucidez.

Releerlos y estudiarlos hoy es, por tanto, un acto de resistencia y de compromiso. Significa comprender que la emancipación no es solo económica y política, sino también ideológica en sus diferentes manifestaciones de conciencia social; que la revolución comienza en la conciencia. En ese sentido, Mariátegui y Vallejo siguen siendo faros de una misma esperanza, es decir, la construcción de un Perú verdaderamente soberano, socialista y humano, en que la dignidad del pueblo sustituya a la codicia de los explotadores y opresore y donde el tungsteno de la opresión se transforme, finalmente, en la materia resplandeciente de la emancipación.

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