Por Alex Chamán Portugal

En el marco de la severa crisis y decadencia capitalista global, el gobierno proimperialista y prosionista de Rodrigo Paz en Bolivia ha desatado una ofensiva neoliberal que revela su carácter proempresarial y antipopular. El anuncio de hoy 17 de diciembre de 2025, mediante el cual se elimina el subsidio a los combustibles, no es más que la punta de lanza de una agenda diseñada para transferir injustamente la pesada carga de la crisis económica del Estado burgués a las espaldas de la clase obrera y los sectores populares. Este «gasolinazo» cuyo término evoca los traumáticos ajustes estructurales de las décadas pasadas, eleva el precio de la gasolina especial de 3,72 Bs a 6,96 Bs por litro (un aumento del 87%), el diésel de 3,74 Bs a 9,80 Bs (un incremento del 162%) y la gasolina premium a 11 Bs, bajo el pretexto de «garantizar el abastecimiento continuo» y combatir la corrupción en YPFB. Esta medida no resuelve la raíz del problema expresada en la dependencia imperialista y la explotación capitalista de los recursos naturales, sino que profundiza la desigualdad económica y social, favoreciendo a las depredadoras empresas transnacionales y al gran capital de la burguesía nacional a expensas del pueblo.

El gobierno de Paz y sus socios, electo en octubre de 2025 tras dos décadas de gobiernos progresistas del MAS, representa el retorno triunfal del nefasto y fracasado neoliberalismo en Bolivia, alineado con los intereses del genocida imperialismo estadounidense y las perversas instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Sus promesas de «seguridad jurídica» para inversiones avasalladoras, repatriación de capitales con cero impuestos, simplificación tributaria y liberación de exportaciones no son más que eufemismos para una política neoliberal favorable al capital extranjero, que prioriza la despiadada acumulación privada sobre la redistribución con justicia social. Al declarar el país en «emergencia económica, financiera y energética», el Gobierno de turno justifica estas reformas como un «salvataje para la patria», culpando a la gestión anterior de «saqueo» y «desfalco». Sin embargo, esta novela oculta la verdadera causa en que la crisis inherente al capitalismo atrasado y dependiente boliviano, exacerbada por la caída en la producción de gas natural y la volatilidad de los precios internacionales de materias primas, que benefician a las potencias imperialistas mientras dejan a naciones oprimidas como Bolivia en la periferia del sistema capitalista mundial.

Una vez más, se golpea la economía popular con el encarecimiento de productos y servicios básicos de primera necesidad. El alza en los combustibles no se limita a los surtidores; puesto que permea toda la cadena productiva y de consumo. El diésel, vital para el transporte pesado, la agricultura y la industria, encarecerá los fletes, consiguientemente, los precios de alimentos como el pan (que ya ha subido un 60% debido a recortes previos en subsidios), la carne (con incrementos del 90% por la liberación de exportaciones) y otros bienes esenciales. Esto no es casualidad, ya que, en un caduco sistema capitalista, los costos de reproducción de la fuerza de trabajo (comida, transporte, vivienda, etc.) se trasladan directamente a la mayoría de las masas trabajadoras, erosionando su poder adquisitivo y perpetuando la pobreza e indigencia. Las migajas ofrecidas por el gobierno, como el incremento del salario mínimo nacional de 2.750 Bs a 3.300 Bs (un 20% que apenas compensa la inflación proyectada) y el alza en la Renta Dignidad a 500 Bs, resultan insuficientes e irrisorios. Peor aún, el bono Juancito Pinto de 300 Bs por estudiante y un programa de protección de 200 Bs cada cuatro meses no mitigan el cruel impacto real, pues una inflación galopante que podría superar el 10% en 2026, según proyecciones basadas en experiencias similares en la región. En esencia, estas «medidas financiadas» son un velo para la redistribución inversa, ya que el 50% de los recursos liberados por la quita de subsidios irá a gobiernos subnacionales, pero sin garantías de que beneficien a los a los explotados y oprimidos, sino a las clases sociales dominantes y las élites locales aliadas con el capital.

Los efectos sociales serán devastadores, profundizando la pauperización absoluta y relativa del pueblo trabajador. El aumento en los costos de transporte y producción impulsará despidos masivos en sectores como la agricultura, el comercio y la industria informal, que representan el 70% de la economía boliviana. Esto elevará el desempleo, el subempleo y la precarización laboral, forzando a decenas de miles a migrar a la informalidad o la mendicidad. Históricamente, ajustes neoliberales como este han correlacionado con picos en la delincuencia, ya que la desesperación económica empuja a los excluidos hacia la supervivencia marginal. En Bolivia, donde la crisis ambiental y la sequía ya agravan la vulnerabilidad rural, este inmisericorde gasolinazo acelerará la proletarización forzada, convirtiendo a más campesinos e indígenas en mano de obra barata para las transnacionales. Esto no es un accidente económico, sino la lógica monstruosa del capital: acumular mediante la desposesión, como lo describió Marx en El Capital, donde la plusvalía se extrae a costa de la miseria creciente.

Pero el neoliberalismo no se limita a lo económico; puesto que prepara el terreno para la represión política y la privatización salvaje. El gobierno de Paz, consciente de la resistencia popular que generará desatará una criminalización de la protesta. Ya en su primer mes, dos manifestantes han sido asesinados por la policía en Colcapirhua – Cochabamba, y persisten escaseces de combustibles pese a las promesas. Esta violencia estatal, típica de regímenes proimperialistas, busca sofocar la lucha de clases mediante persecución política, encarcelamientos y leyes de emergencia que violan la Constitución Política del Estado de 2009, forjada en la lucha antineoliberal de los movimientos sociales. Al igual que en los ochenta y noventa, cuando narco-gobiernos como los de Paz Zamora y Sánchez de Lozada privatizaron YPFB, el agua y los hidrocarburos en beneficio de empresas estadounidenses, el actual régimen allana el camino para una nueva ola de privatizaciones. La transformación de YPFB anunciada por Paz, junto con la facilitación de importaciones de diésel y la promoción de inversiones extractivistas, apunta a desmantelar la soberanía energética y entregar recursos estratégicos al capital transnacional, en desmedro de la nación y el pueblo. Si es necesario, violentarán la CPE, invocando la emergencia para imponer decretos autoritarios, como en los inicios de los 2000, que culminaron en la Guerra del Gas y el derrocamiento del genocida Sánchez de Lozada que presidía la mafiosa y entreguista megacoalición de politiqueros neoliberales.

Este momento exige la unidad del pueblo boliviano contra el capitalismo y su expresión neoliberal. La historia boliviana, de la Revolución de 1952 a la Agenda de Octubre de 2003, demuestra que solo la movilización masiva y la construcción de poder popular pueden revertir estos ataques. No basta con reformas paliativas como las de las últimas casi dos décadas; urge expropiar al gran capital, nacionalizar genuinamente los recursos bajo control obrero y avanzar hacia una sociedad superior. El gobierno de Paz, con su retórica de «verdad» y «responsabilidad», no es más que un instrumento de la burguesía carente de un proyecto integral de desarrollo nacional, aliada al imperialismo. Pero el pueblo, motor de la historia, no se doblegará: ¡la lucha continúa por una Bolivia libre, soberana, anticapitalista y antineoliberal!

18/12/2025