LA MULTIPOLARIDAD INESTABLE

Por Richard Gonzales

Los choques recurrentes entre potencias y superpotencias, por zonas de dominio, marcan estas primeras décadas del siglo XXI, con un conflicto permanente y desórdenes que provienen de décadas atrás, del siglo pasado.

Comprender este proceso requiere un estudio sustancioso de los procesos anteriores, porque nada es casual o fortuito. Según muchos analistas, estaríamos en medio de un “proceso multipolar inestable”, donde hay choques por zonas de influencia y dominio. Según estos mismos analistas y geoestrategas, la multipolaridad siempre ha sido inestable, dada la existencia de múltiples puntos y centros de poder, lo que ha llevado a guerras frontales, contrario a un orden de una potencia dominante, aunque injusto, pero que genera cierta estabilidad.

Mientras que una bipolaridad genera “equilibrio” de poderes, varios poderes van a generar fricciones y choques constantes. Para sostener dicha posición, recurren a la historia, por ejemplo:

Europa antes de 1914: multipolar, guerra.
Período entre guerras: multipolar débil, guerras.
Guerra fría: bipolar, tensión estable.
Post-1991: unipolar, hegemonía de EE. UU.

A partir del surgimiento de nuevas potencias y superpotencias, como en el caso de China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Brasil, India y otros en proceso, está en marcha un escenario de un mundo sin reglas claras y únicas, a raíz de la pérdida del hegemonismo de EE. UU., que marcha hacia un declive mundial evidente.

Particularmente, el bloque chino-ruso confronta al imperialismo de EE. UU., dado que no comparten la misma idea o visión del mundo de un orden unipolar.

La razón es que hay órdenes con visiones propias en confrontación: mientras EE. UU. defiende un orden liberal con hegemonía occidental, China promueve una soberanía fuerte con zonas de influencia comercial, y Rusia lleva adelante un equilibrio de poderes en sus zonas de influencia o el derecho del más fuerte en su periferia o zonas de seguridad.

Hay una exigencia para la puesta en práctica de un derecho internacional que existe en papel; pero, en la realpolitik, priman los intereses de cada superpotencia contendiendo por zonas de dominio, donde existen múltiples recursos naturales para esta IV revolución industrial, zonas marítimas de navegación para el comercio, contiendas por el ciberespacio y la tecnología de última generación, tanto en su aplicación militar, IA, comunicaciones y el financierismo, etc.

SOBRE POSICIÓN DE ESPERAS DE DOMINIO

Si bien es cierto que antes las fronteras habían llegado a cierto consenso y “respeto”, hoy estas han sido quebradas, muy particularmente por la soberbia del imperialismo yanqui, que creía que el mundo estaba a sus pies, y en su esfuerzo unipolar, aplastar a Rusia y China era su visión, para ese “destino manifiesto” y un hegemonismo mundial. Mientras arremetía contra los pueblos con una ofensiva feroz, anulando toda iniciativa con canallescas acciones de represión y hasta la liquidación en vida de líderes o proscribiendo organizaciones potencialmente antisistémicas, que podrían confrontar y poner en cuestión dicho poder.

Esa es la razón de que dichas fronteras hoy estén en confrontación. Vemos, por ejemplo:

Ucrania: confrontación de EE. UU.-OTAN contra Rusia.
Taiwán: confrontación de EE. UU. contra China.
Venezuela: EE. UU. contra China/Rusia/Irán.
Medio Oriente: EE. UU. contra Irán/Rusia.
África: China contra Occidente.

La confrontación va en función de redefinir zonas de dominio, es decir, un nuevo orden mundial con visiones diversas, proyectos en todos los ámbitos; en lo inmediato, zonas bélicas y zonas en confrontación económica, tecnológica, una confrontación permanente.

Esa es la razón de las sanciones, bloqueos financieros, control tecnológico, guerras de desinformación, sabotaje cibernético.

El mundo entre superpotencias y potencias ha entrado en una desconfianza estratégica, disputa y no reparto de zonas de dominio hasta ahora, además de potencias insatisfechas con el statu quo mundial. Es bien sabido que el diseño geoestratégico de China y Rusia no acepta el orden que impone EE. UU. y lo toma como confrontación civilizatoria de vida o muerte frente al gendarme y su visión hegemónica, mientras este gendarme del mundo en declive no acepta perder su centralidad, aunque en esta última administración, tácitamente acepta en el discurso esa realidad; no obstante, persiste en su hegemonismo en la práctica, muy a pesar de la propia realidad en la política internacional. ¿Acaso presiona para ponerse en mejores condiciones de negociación, hasta en la posibilidad de un hipotético ingreso a los BRICS? Hecho que reafirmaría la abierta aceptación de la multipolaridad.

Todos estos hechos llevan a una confrontación militar sin precedentes hasta ahora inevitable, dada la fricción, la contradicción interimperialista, la que está concretándose en guerras regionales indirectas, crisis periódicas, escaladas controladas, retórica moral extrema, como decir: “nadie manda del todo, pero nadie acepta no mandar”.

Entonces, tal y como marcha el mundo en esa III guerra mundial que ya está en pleno proceso, que no tiene las mismas características de guerras anteriores. Los imperialismos no acuerdan, confrontan, eso es lo natural, pero los eventos mundiales fluyen con tanta rapidez que podrían darse sucesos inesperados.

La historia muestra que los imperios se han sucedido en medio de cruentas guerras, donde una queda en derrota y otra emerge, pero en la actualidad, estas confrontaciones ponen en juego la extinción de nuestra propia especie, dado el desarrollo tecnológico, las armas con capacidad de destrucción masiva como son el uso de las bombas atómicas, el mismo uso de IA en estas armas bélicas, que han reconfigurado la forma de combate, batallas con el uso de la robótica, uso de energía nuclear, revolucionando las formas de lucha y que muchas tecnologías y formas o estrategias queden obsoletas a medida que pasa el tiempo, las que son superadas unas sobre otras. Eso demuestra la guerra en Ucrania, la que debe llevar a un estudio minucioso de todos los cambios que están mostrando en el campo de batalla, en la misma confrontación con el uso de tecnología militar y uso de la IA en la actualidad.

18/12/2025

diciembre 18, 2025diciembre 18, 2025

El gasolinazo neoliberal en Bolivia es un feroz ataque frontal al pueblo y la soberanía nacional

Por Alex Chamán Portugal

En el marco de la severa crisis y decadencia capitalista global, el gobierno proimperialista y prosionista de Rodrigo Paz en Bolivia ha desatado una ofensiva neoliberal que revela su carácter proempresarial y antipopular. El anuncio de hoy 17 de diciembre de 2025, mediante el cual se elimina el subsidio a los combustibles, no es más que la punta de lanza de una agenda diseñada para transferir injustamente la pesada carga de la crisis económica del Estado burgués a las espaldas de la clase obrera y los sectores populares. Este «gasolinazo» cuyo término evoca los traumáticos ajustes estructurales de las décadas pasadas, eleva el precio de la gasolina especial de 3,72 Bs a 6,96 Bs por litro (un aumento del 87%), el diésel de 3,74 Bs a 9,80 Bs (un incremento del 162%) y la gasolina premium a 11 Bs, bajo el pretexto de «garantizar el abastecimiento continuo» y combatir la corrupción en YPFB. Esta medida no resuelve la raíz del problema expresada en la dependencia imperialista y la explotación capitalista de los recursos naturales, sino que profundiza la desigualdad económica y social, favoreciendo a las depredadoras empresas transnacionales y al gran capital de la burguesía nacional a expensas del pueblo.

El gobierno de Paz y sus socios, electo en octubre de 2025 tras dos décadas de gobiernos progresistas del MAS, representa el retorno triunfal del nefasto y fracasado neoliberalismo en Bolivia, alineado con los intereses del genocida imperialismo estadounidense y las perversas instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Sus promesas de «seguridad jurídica» para inversiones avasalladoras, repatriación de capitales con cero impuestos, simplificación tributaria y liberación de exportaciones no son más que eufemismos para una política neoliberal favorable al capital extranjero, que prioriza la despiadada acumulación privada sobre la redistribución con justicia social. Al declarar el país en «emergencia económica, financiera y energética», el Gobierno de turno justifica estas reformas como un «salvataje para la patria», culpando a la gestión anterior de «saqueo» y «desfalco». Sin embargo, esta novela oculta la verdadera causa en que la crisis inherente al capitalismo atrasado y dependiente boliviano, exacerbada por la caída en la producción de gas natural y la volatilidad de los precios internacionales de materias primas, que benefician a las potencias imperialistas mientras dejan a naciones oprimidas como Bolivia en la periferia del sistema capitalista mundial.

Una vez más, se golpea la economía popular con el encarecimiento de productos y servicios básicos de primera necesidad. El alza en los combustibles no se limita a los surtidores; puesto que permea toda la cadena productiva y de consumo. El diésel, vital para el transporte pesado, la agricultura y la industria, encarecerá los fletes, consiguientemente, los precios de alimentos como el pan (que ya ha subido un 60% debido a recortes previos en subsidios), la carne (con incrementos del 90% por la liberación de exportaciones) y otros bienes esenciales. Esto no es casualidad, ya que, en un caduco sistema capitalista, los costos de reproducción de la fuerza de trabajo (comida, transporte, vivienda, etc.) se trasladan directamente a la mayoría de las masas trabajadoras, erosionando su poder adquisitivo y perpetuando la pobreza e indigencia. Las migajas ofrecidas por el gobierno, como el incremento del salario mínimo nacional de 2.750 Bs a 3.300 Bs (un 20% que apenas compensa la inflación proyectada) y el alza en la Renta Dignidad a 500 Bs, resultan insuficientes e irrisorios. Peor aún, el bono Juancito Pinto de 300 Bs por estudiante y un programa de protección de 200 Bs cada cuatro meses no mitigan el cruel impacto real, pues una inflación galopante que podría superar el 10% en 2026, según proyecciones basadas en experiencias similares en la región. En esencia, estas «medidas financiadas» son un velo para la redistribución inversa, ya que el 50% de los recursos liberados por la quita de subsidios irá a gobiernos subnacionales, pero sin garantías de que beneficien a los a los explotados y oprimidos, sino a las clases sociales dominantes y las élites locales aliadas con el capital.

Los efectos sociales serán devastadores, profundizando la pauperización absoluta y relativa del pueblo trabajador. El aumento en los costos de transporte y producción impulsará despidos masivos en sectores como la agricultura, el comercio y la industria informal, que representan el 70% de la economía boliviana. Esto elevará el desempleo, el subempleo y la precarización laboral, forzando a decenas de miles a migrar a la informalidad o la mendicidad. Históricamente, ajustes neoliberales como este han correlacionado con picos en la delincuencia, ya que la desesperación económica empuja a los excluidos hacia la supervivencia marginal. En Bolivia, donde la crisis ambiental y la sequía ya agravan la vulnerabilidad rural, este inmisericorde gasolinazo acelerará la proletarización forzada, convirtiendo a más campesinos e indígenas en mano de obra barata para las transnacionales. Esto no es un accidente económico, sino la lógica monstruosa del capital: acumular mediante la desposesión, como lo describió Marx en El Capital, donde la plusvalía se extrae a costa de la miseria creciente.

Pero el neoliberalismo no se limita a lo económico; puesto que prepara el terreno para la represión política y la privatización salvaje. El gobierno de Paz, consciente de la resistencia popular que generará desatará una criminalización de la protesta. Ya en su primer mes, dos manifestantes han sido asesinados por la policía en Colcapirhua – Cochabamba, y persisten escaseces de combustibles pese a las promesas. Esta violencia estatal, típica de regímenes proimperialistas, busca sofocar la lucha de clases mediante persecución política, encarcelamientos y leyes de emergencia que violan la Constitución Política del Estado de 2009, forjada en la lucha antineoliberal de los movimientos sociales. Al igual que en los ochenta y noventa, cuando narco-gobiernos como los de Paz Zamora y Sánchez de Lozada privatizaron YPFB, el agua y los hidrocarburos en beneficio de empresas estadounidenses, el actual régimen allana el camino para una nueva ola de privatizaciones. La transformación de YPFB anunciada por Paz, junto con la facilitación de importaciones de diésel y la promoción de inversiones extractivistas, apunta a desmantelar la soberanía energética y entregar recursos estratégicos al capital transnacional, en desmedro de la nación y el pueblo. Si es necesario, violentarán la CPE, invocando la emergencia para imponer decretos autoritarios, como en los inicios de los 2000, que culminaron en la Guerra del Gas y el derrocamiento del genocida Sánchez de Lozada que presidía la mafiosa y entreguista megacoalición de politiqueros neoliberales.

Este momento exige la unidad del pueblo boliviano contra el capitalismo y su expresión neoliberal. La historia boliviana, de la Revolución de 1952 a la Agenda de Octubre de 2003, demuestra que solo la movilización masiva y la construcción de poder popular pueden revertir estos ataques. No basta con reformas paliativas como las de las últimas casi dos décadas; urge expropiar al gran capital, nacionalizar genuinamente los recursos bajo control obrero y avanzar hacia una sociedad superior. El gobierno de Paz, con su retórica de «verdad» y «responsabilidad», no es más que un instrumento de la burguesía carente de un proyecto integral de desarrollo nacional, aliada al imperialismo. Pero el pueblo, motor de la historia, no se doblegará: ¡la lucha continúa por una Bolivia libre, soberana, anticapitalista y antineoliberal!

18/12/2025

diciembre 17, 2025diciembre 17, 2025

El triunfo de Kast en Chile: ¿libertad o el retorno de viejas herencias autoritarias?

Jhon Ponte Gonzales

Hubo un tiempo —no tan lejano— en el que creíamos que ciertas lecciones históricas ya habían sido aprendidas. Que el dolor acumulado del pasado había dejado, al menos, algunos anticuerpos. Que no sería necesario volver a explicar por qué los discursos del orden absoluto, de la autoridad incuestionable y de la moral impuesta desde arriba terminan pareciéndose peligrosamente entre sí, sin importar el país ni la época. Sin embargo, Chile ha vuelto a votar y, con ello, ha recordado que la memoria política en América Latina sigue siendo frágil, selectiva y, en ocasiones, alarmantemente corta.

Lo que llama la atención no es solo el resultado electoral, sino el júbilo que lo acompaña. Hay quienes celebran como si se tratara de una gesta liberadora, como si el triunfo de la derecha más dura fuera una épica contra un enemigo difuso denominado “progresismo”, presentado —en esta narrativa simplificada— como responsable de todos los males contemporáneos. Desde esa mirada, Chile no habría elegido un proyecto político concreto, sino algo mucho más abstracto y seductor: la “libertad”. Así, sin adjetivos, sin contexto y, sobre todo, sin asumir consecuencias.

Los números, no obstante, suelen decir más de lo que permiten los eslóganes. José Antonio Kast obtuvo alrededor del 58 % de los votos en la segunda vuelta presidencial, frente al 41 % de su contendora. No se trató de un margen estrecho ni de una casualidad estadística, sino de una victoria amplia, territorialmente extendida y respaldada por una participación significativa. Kast se impuso en la totalidad de las regiones y en la mayoría de las comunas, incluso en espacios donde la tradición política había sido históricamente más moderada o progresista. Reducir este resultado a un simple “castigo” al gobierno saliente resulta tan cómodo como insuficiente.

Detrás de estas cifras confluyen factores reales y acumulados: una sensación extendida de inseguridad, el desgaste de promesas incumplidas, la frustración económica y la percepción de que la política institucional dejó de interpelar a amplios sectores de la sociedad. Este caldo de cultivo no es nuevo en América Latina, pero vuelve a mostrar su eficacia cuando es capitalizado por discursos que prometen orden inmediato, soluciones rápidas y una autoridad que no titubea. La novedad no reside en la fórmula, sino en la facilidad con la que vuelve a presentarse como sinónimo de libertad.

Es aquí donde la celebración acrítica se vuelve especialmente inquietante. Cuando estos triunfos se aplauden como si fueran, por sí mismos, avances democráticos incuestionables, se omite deliberadamente el contenido del proyecto que se legitima. Una libertad vaciada de su dimensión social y reducida a consigna de mercado, disciplina y castigo deja de ser una promesa emancipadora y se convierte en un recurso retórico funcional a viejas derivas autoritarias que nunca desaparecieron del todo.

Desde el Perú, el entusiasmo adquiere un tono particularmente estridente. Se observa a Chile como un espejo deseable, como la prueba de que la región estaría, por fin, “corrigiendo el rumbo”. Se aplaude desde la distancia, con la comodidad de quien no asume los costos de aquello que celebra. En ese aplauso reaparecen personajes locales más hábiles para el gesto performático que para la construcción de políticas públicas, convencidos de que la receta es sencilla: invocar la libertad mientras se promete orden, disciplina y moralización, como si gobernar fuera una cruzada y no una responsabilidad colectiva.

Lo que realmente se festeja no es un programa ni una propuesta social articulada, sino la posibilidad del castigo. Se celebra que alguien “ponga límites”, que “imponga orden”, que “diga las cosas como son”, aun cuando ello suponga reducir la complejidad social a una lógica punitiva y jerárquica. Se aplaude la idea de un Estado severo con los débiles y complaciente con los fuertes, revestido según convenga de símbolos religiosos, empresariales o patrióticos. Y todo ello se hace con una ligereza que roza la burla histórica, como si el autoritarismo dejara de serlo por haber pasado previamente por las urnas.

No se trata, por supuesto, de desconocer la legitimidad del voto ni de negar la voluntad popular. El desafío es otro, más incómodo: interrogar el sentido político que se construye alrededor de ese resultado. Porque la democracia no se agota en el acto electoral; en todo caso, comienza después de él. Y cuando los triunfos se leen únicamente como confirmaciones morales —“ganamos los buenos”— se pierde la capacidad de pensar críticamente el rumbo que se abre.

Existe, además, una ilusión peligrosa entre quienes hoy celebran con tanto fervor: la creencia de que estas políticas siempre recaerán sobre otros. Sobre los pobres, los migrantes, quienes protestan o quienes incomodan. Se asume que la libertad propia está garantizada por afinidad ideológica, pertenencia social o cercanía simbólica al poder. La historia latinoamericana demuestra, una y otra vez, que ese cálculo suele ser erróneo: cuando las lógicas autoritarias se consolidan, rara vez se detienen donde sus primeros promotores imaginaron.

Chile no inaugura una nueva era de libertad; inaugura, más bien, una pregunta que la región haría bien en tomarse en serio. ¿De qué libertad hablamos cuando celebramos estos resultados? ¿De la libertad de mercado sin derechos, de la libertad entendida como obediencia, de la libertad administrada desde arriba? ¿O de una libertad que amplía la dignidad material, reduce desigualdades y reconoce el conflicto social como parte legítima de la democracia?

Tal vez el desafío no sea elegir con entusiasmo automático, sino recuperar algo que parece cada vez más escaso: memoria, análisis y una mínima vergüenza política frente a la facilidad con la que se aplauden proyectos que ya conocemos demasiado bien. Porque cuando la política se transforma en consigna y fe, el ruido del triunfo suele ocultar el silencio que antecede a las derrotas colectivas más profundas.

Latinoamérica, diciembre 17 de 2025

diciembre 9, 2025

Desafíos urgentes para una gestión educativa descolonizadora

Por Pedro Ovando Rengifo

La gestión educativa en el siglo XXI, y muy particularmente en el contexto rural boliviano, se enfrenta a una encrucijada vital que definirá el futuro de nuestras comunidades. O seguimos administrando la inercia de una escuela burocrática que vigila y castiga, o nos atrevemos a construir una comunidad viva que escucha y sana. En la Unidad Educativa «Tolomosa Grande», hemos tomado la decisión política de optar por el segundo camino, desafiando la visión administrativa tradicional para abrazar una gestión transformadora, situada y profundamente decolonial.

El diagnóstico de una realidad fracturada

Al iniciar este proceso de investigación y transformación, nos topamos con una realidad dolorosa que no podíamos ignorar. Bajo la calma aparente de la rutina escolar, existía un rumor sordo de conflictos no resueltos, alimentados por la discriminación, la violencia intrafamiliar y la soledad producto de la migración parental. Los números nos gritaron una verdad incómoda, ya que un 43% de los incidentes que atendíamos no eran académicos, sino afectivos, relacionados con disputas de pareja, celos y tensiones sentimentales entre estudiantes.

Aún más revelador fue constatar que en un 40% de los casos, los padres y madres de familia estaban involucrados directa o indirectamente, lo que nos confirmó que la escuela estaba lidiando con conflictos familiares trasplantados al patio de recreo. La respuesta tradicional ante esto siempre fue la sanción automática expresada en amonestaciones, citaciones y suspensiones. Sin embargo, descubrimos que actuar bajo la lógica punitiva solo servía para parchar el incidente inmediato, sin prevenir su repetición ni sanar el vínculo roto, dejando al estudiante con más resentimiento y a la comunidad igual de fracturada.

Una propuesta nacida de la tierra

Nuestra respuesta esencialmente fue política y pedagógica. Decidimos dejar de mirar manuales extranjeros y volvimos la mirada a nuestras raíces, fundamentando nuestra acción en el Ayni (reciprocidad) y la justicia restaurativa. Comprendimos que para cambiar la escuela debíamos involucrar a todos los actores. La participación de la Junta Escolar fue estratégica, puesto que dejaron de ser simples firmantes de cheques para convertirse en voceros legítimos que llevaban el mensaje de paz a los barrios y al sindicato.

Para elevar el nivel de la discusión y dotar de herramientas técnicas a nuestra comunidad, organizamos el Simposio «Construyendo Puentes», que se convirtió en un espacio ritual de capacitación sobre negociación y comunicación no violenta. Además, implementamos dinámicas de introspección como el «Rombo de la Vida», que permitió a padres y docentes darse cuenta de los desequilibrios entre su trabajo y su salud o sus relaciones, entendiendo que para educar en paz, primero debemos sanarnos nosotros mismos.

Resultados y lecciones aprendidas

Los frutos de este cambio de paradigma se caracterizaron por ser visibles y tangibles. Hemos pasado de la cultura de la queja a la cultura de la propuesta. Casos complejos, como el de estudiantes que llegaban en motocicleta a alta velocidad poniendo en riesgo la seguridad de todos, se resolvieron apelando a la ética del cuidado y al diálogo con las familias, logrando un cambio de actitud sin necesidad de recurrir a la fuerza policial.

Logramos desactivar riñas violentas entre estudiantes mediante el compromiso familiar y la contención comunitaria en círculos de diálogo, evitando la intervención burocrática de la Defensoría que suele judicializar y estigmatizar a la infancia. La recuperación académica de estudiantes con bajo rendimiento también fue posible gracias a un enfoque de logoterapia educativa, ayudándoles a encontrar un sentido a su proyecto de vida.

Sin embargo, el camino no está exento de espinas., ya que la transición de estudiantes de escuelas asociadas al núcleo central sigue siendo traumática y requiere programas de acogida más sensibles. Además, la resistencia inicial de algunos sectores a abandonar la mano dura nos recuerda que la descolonización es un proceso lento, sucio y contradictorio que requiere constancia.

Conclusión

La experiencia de Tolomosa Grande es un llamado a la acción para todos los gestores y educadores del país. Nos demuestra que la calidad educativa no puede desligarse de la calidad humana. Necesitamos institucionalizar el cambio, integrando categorías como el Ayni y el Diálogo Plural en nuestros documentos oficiales para que no sean flor de un día. Debemos empoderar al maestro como mediador pedagógico y convertir la escuela en un verdadero territorio de paz. Solamente cuando tengamos el coraje de educar desde el corazón, validando nuestra identidad y cuidando al otro, podremos decir que estamos construyendo una escuela con alma.

Referencias

Bolivia. (2009). Constitución Política del Estado. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional.
Giroux, H. (1990). Los profesores como intelectuales: hacia una pedagogía crítica del aprendizaje. Paidós.
Ovando Rengifo, P. (2025). Tejiendo la Paz en la Escuela: Resolución de conflictos desde una mirada decolonial e inclusiva. Universidad Pedagógica Sucre.
Rivera Cusicanqui, S. (2010). Ch’ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Tinta Limón.
Sousa Santos, B. de. (2010). Refundación del Estado en América Latina: perspectivas desde una epistemología del Sur. Plural Editores.

octubre 31, 2025octubre 31, 2025

¿UNA DEMOCRACIA PARLAMENTARIA PARA EL CONTROL TOTAL DEL PODER EN EL PERU?

Richard Gonzales

La democracia parlamentaria es una forma de gobierno en la que el poder ejecutivo emana del poder legislativo. En este sistema, el gobierno puede ser destituido por el parlamento mediante un voto de censura o de desconfianza.

Siendo la soberanía popular la que elige a sus representantes mediante elecciones “libres”, esta forma de democracia se caracteriza por una separación de poderes más flexible que la del presidencialismo. En ella, existen un jefe de gobierno y un jefe de Estado; sin embargo, el poder político debería emanar del pueblo. Pero cuando, en una democracia parlamentaria, las corporaciones o grupos de poder fáctico controlan totalmente el poder, el sistema democrático se vacía de contenido. Aunque formalmente conserve su estructura, en la práctica deja de ser real, convirtiéndose en una fachada civil que encubre una dictadura.

En tales circunstancias, los medios de comunicación ejercen una influencia decisiva. Estos se convierten en actores políticos e ideológicos que, mediante campañas de propaganda, legitiman la concentración del poder. El parlamento, entonces, se transforma en una amalgama y maquinaria de lobbying corporativo. En consecuencia, la democracia deviene inexistente: los poderes del Estado se reducen a simples nomenclaturas para el engaño.

Así, el voto pierde su efectividad real y, por ende, la legitimidad del orden político se vuelve nula. Si bien en la Constitución se consagran derechos y libertades, si en la práctica imperan el monopolio y la dictadura del poder económico, la democracia formal carece de sustancia.

Por tanto, no existe equidad, igualdad, libertad ni capacidad de decisión colectiva. El sistema se reduce a los intereses oligárquicos: un gobierno de ricos legitimado por los mismos pobres.

La democracia liberal se ha sustentado en dos principios fundamentales:

El liberalismo económico, que defiende la libertad de mercado, la igualdad de derechos y la iniciativa individual.
La democracia política, que promueve la igualdad de derechos, la soberanía popular y la redistribución del poder.

Sin embargo, estos principios han sido trastocados. El dinero y el capital deciden por encima del voto, que se convierte simplemente en un instrumento de legitimación del poder financiero e industrial. Este proceso conduce al desmantelamiento del Estado social o Estado de bienestar. La capacidad de decisión del ciudadano deja de ser relevante, siendo reemplazada por el dominio de las oligarquías, en un proceso paulatino de concentración del poder.

¿En qué se convierte entonces el voto bajo esas circunstancias? En la legitimación del poder oligárquico: una dictadura abierta del poder financiero e industrial, sostenida por una constante campaña de despolitización y desideologización. La ciudadanía es transformada en mera consumidora, en una cifra estadística. La captura del Estado implica legislar en favor del capital financiero e industrial, lo que supone la pérdida de la soberanía popular.

Ese poder ya no rinde cuentas a nadie, no tiene controles ni obligaciones con nadie; es un poder sin patria y sin equilibrio de poderes. Se sostiene en la violencia abierta, en las bayonetas y la represión. Sobre esta base, las élites corporativas saquean los recursos, acumulan riqueza de manera desenfrenada y fragmentan a la sociedad, generando una desigualdad monumental.

La desintegración social es parte de esa lógica. Por ello, se fomenta el caos mediante todo tipo de vicios, se incrementa el individualismo extremo, la desconfianza mutua y la fractura social. Ya no existen canales de participación ciudadana; el poder legislativo se convierte en un mero gestor de las políticas dictadas por las corporaciones.

Todo esto se acompaña de desinformación, manipulación y del uso de las emociones. Una “ciudadanía entretenida” mediante programas banales o narrativas justificadoras de la desigualdad termina defendiendo su propia subordinación, como ocurre con buena parte de la población.

Esa es la razón por la que los servicios públicos se debilitan o son llevados a un deterioro inducido. Paralelamente, el costo de vida aumenta sin cesar, generando angustia, empobrecimiento, inseguridad emocional y estrés colectivo. De esta manera, la población queda sometida y el dominio absoluto de las corporaciones se legitima una vez más.

Frente a esta realidad, las masas deben activar todo tipo de organización colectiva donde se ejerza una democracia real. Es necesario construir organizaciones paralelas en todos los ámbitos, promover núcleos comunitarios de desarrollo colectivo y no abandonar la lucha por la democracia y los derechos. La movilización es fuente de aprendizaje y ejercicio para luchas más avanzadas y para la formación de contrapoderes en sindicatos, organizaciones sociales y frentes amplios que articulen a las masas sin prejuicios ni sectarismos.

Los sectores pensantes deben impulsar una campaña amplia, profunda y bien sustentada de desenmascaramiento y combate ideológico y político. Solo así podrá promoverse la conciencia organizada del pueblo, capaz de desarrollar en el futuro luchas más elevadas y transformadoras.

El sistema imperante atraviesa una profunda crisis en todos los planos, lo que genera todo tipo de sufrimiento humano. Superar y transformar esta realidad dependerá de la comprensión y de la acción organizada. Para ello, se requiere un ente consciente que aglutine, dirija y oriente los esfuerzos en la construcción de un sistema opuesto y distinto al que hoy agoniza.

28 de octubre de 2025

octubre 24, 2025octubre 24, 2025

CAOTIZACIÓN DE LA SOCIEDAD IMPERIALISTA PARA MANTENER EL NÚCLEO Y LA ESTABILIDAD

Richard Gonzales

El momento histórico en el que se vive, dentro de este sistema-mundo civilizatorio, refleja la más profunda crisis general: ideológica, política, económica y cultural. Es una crisis terminal, sin retorno, dado que se pierde el monopolio de la economía, la cultura y la política, hasta ahora jerarquizadas en los centros, las semiperiferias y las periferias.
La hegemonía está rota y supura pestes por todos lados: criminalidad, desconcierto, caos, banalización, inmoralidad y toda forma de perversión humana expuesta a su máxima expresión, sin tapujos.

El sistema se encuentra en su mayor debilidad y, por tanto, ataca todo aquello que amenace su subsistencia: ideas, movimientos, modelos alternativos o liderazgos. Para ello, utiliza incluso mecanismos que van más allá del llamado “derecho penal del enemigo”.

La pérdida del control hegemónico de Occidente, después de quinientos años de dirección, influencia y dominio, no es poca cosa en el proceso histórico que hoy presenciamos.

1. Caotización de la sociedad como herramienta

Ante la debilidad del sistema-mundo, se recurre al uso de la confusión social, la polarización política y la saturación informativa, generando una fatiga colectiva y desorientación moral. Ya no existe un vértice que dirija la historia con carácter de clase, como sucedió en el siglo pasado, cuando la clase obrera tomó las riendas de su destino en Rusia y posteriormente en China, generando una corriente masiva de luchas de liberación mundial y movimientos antisistema.

Hoy, esa posibilidad sigue latente, dadas las condiciones materiales que se agudizan; sin embargo, sus expresiones son dispersas y, en muchos casos, espontáneas.
Ante la debilidad de la capacidad crítica de las masas, el sistema utiliza el caos como instrumento de manipulación. Así, el caos no destruye el orden: lo legitima. Al final, como ya sucede, la población termina pidiendo más control, el ingreso de las fuerzas armadas y la restricción de derechos y libertades en nombre de la “seguridad”, dentro de un caos dosificado y dirigido.

2. Criminalización de la disidencia

El sistema está débil, y esa debilidad se disfraza de “seguridad”. Es un reflejo auténtico del miedo a las masas. Hoy dos proyectos de sistema-mundo se enfrentan a muerte, aunque en el fondo se trate de una contradicción interna del mismo sistema.
A nivel mundial, hay un despertar de las masas —el otro gran actor histórico— que se expresa en voces críticas y movimientos incluso dentro del seno del propio imperio. Son muchas las voces que cuestionan la narrativa dominante, aunque con diferentes tendencias y propuestas políticas, económicas, ecológicas y culturales. El debate y el diagnóstico son múltiples y reflejan un descontento generalizado ante un mundo que se derrumba.

Por ello, la respuesta del sistema es etiquetar toda disidencia como “peligrosa”, “radical” o “desinformada”. Aparecen formas encubiertas de censura y control del pensamiento, con el fin de fabricar consensos mediante el miedo y legitimar la recomposición de un “nuevo orden” elitista y tecno-feudal, que ya se perfila con claridad.

3. Globalización digital y alineamiento ideológico

El acelerado proceso de digitalización y la concentración del poder en las plataformas tecnológicas —previamente legitimado por ese nuevo orden elitista y tecno-feudal— tienen como objetivo el control total de las masas y la neutralización de la disidencia.
Bajo el argumento de la “seguridad interna”, se implementa un control biométrico y de alta vigilancia con fines preventivos. De este modo, a través de algoritmos, se construye una cultura de la vigilancia y un discurso unificado del sistema.
Es el algoritmo, precisamente, el que selecciona lo que ves, lo que te gusta, lo que lees, lo que crees y lo que piensas. Su finalidad es uniformar la “nueva cultura” del tiempo de la inteligencia artificial, para impedir el nacimiento de otro mundo posible para los oprimidos.
Si en el sistema feudal el control absoluto residía en el monarca y en los señores feudales —legitimados por la cruz y un dios divino—, hoy ese control se concentra en las corporaciones, en el control social y en el nuevo “dios” del algoritmo, que decide todo. Como consecuencia, emerge la deshumanización o el poshumanismo: la máquina, la inteligencia artificial, se convierte en el centro, mientras se construye un Homo Deus de la civilización, cuyo diseño ya está en marcha.

¿Qué está en juego?

Está en juego la continuidad de la civilización tal como la conocemos, replanteada bajo el diseño de un nuevo orden en medio de la Cuarta Revolución Industrial.
Las bases del mundo moderno se fundaron sobre una lógica: la acumulación ilimitada. De allí derivan el crecimiento, la innovación constante, el consumo exacerbado, la disputa y el control de los recursos finitos, que han provocado guerras, crisis y una devastadora crisis ecológica.

La crisis económica mundial es estructural: genera desigualdad, endeudamiento global y pérdida de la tasa de ganancia del capital, impulsando el tecno-feudalismo.
En este contexto, la política se reconfigura para adaptarse al nuevo orden, más allá de las teorías de igualdad, democracia o legitimación por el voto, principios de la revolución burguesa que hoy atraviesa su crisis de legitimidad.

El nuevo orden propuesto considera la desigualdad como principio, no como excepción. Ya no se pretende legitimar el poder mediante el voto, sino mediante la determinación directa de las élites sobre todos los aspectos de la vida, mientras el resto de la humanidad obedece.

La caotización social se expresa en múltiples formas: incentivo a la criminalidad, narcotráfico, legalización del consumo de drogas, desintegración familiar, corrupción estatal e inmoralidad. Todo esto busca implementar el nuevo orden tecno-feudal, desgastando la capacidad organizativa colectiva y manteniendo a las masas en el miedo y la incertidumbre, para neutralizar cualquier articulación alternativa.
En las sociedades soberanas, el sistema responde con invasiones o con el hundimiento económico y político.

La criminalización de la disidencia busca impedir que las masas construyan otro mundo posible. Por ello se persigue, encarcela o elimina al disidente mediante castigos ejemplificadores, incluso si se trata de ancianos o jóvenes.

4. Hipertecnificación

El control biométrico total de la población está en plena marcha y se manifiesta en la vigilancia digital cotidiana. Ya no se necesita la coerción física como método de imposición cultural o ideológica; hoy esa función la cumple el “dios” del algoritmo, reforzado por una narrativa global que utiliza el miedo, la inseguridad, la salud o el clima para unificar emociones y justificar medidas de control poblacional bajo el argumento del “bien común”.

Mientras tanto, se fragmentan las identidades culturales, ideológicas y sociales para dividir a la sociedad mediante microconflictos internos, promovidos por operadores políticos del sistema, ONGs o infiltraciones sociales, generando supuestos movimientos de oposición que en realidad sirven para mantener la inestabilidad y así imponer la agenda del sistema.

El futuro que este sistema ofrece a los pueblos es sombrío, incluyendo el objetivo de reducir la población mundial de ocho mil millones a dos o cuatro mil millones de personas por diferentes vías. Ante ello, los pueblos deben luchar con todos sus medios para derribar ese mundo en construcción y forjar otro nuevo, basado en la experiencia histórica de la clase obrera y de los pueblos oprimidos. Se requiere organización, conciencia y dirección revolucionaria para construir un mundo donde la humanidad se humanice nuevamente, asumiendo con claridad los riesgos de destrucción que amenazan la existencia misma del ser humano.

El sistema está dispuesto a eliminar todo obstáculo que impida la supervivencia de sus relaciones productivas, incluso en medio de su crisis general. Su comportamiento será cada vez más peligroso y cruel. Por eso, debemos aguzar la creatividad, la organización y las formas de lucha, aun a costa del sacrificio de una parte de los millones de pobres del mundo.

La humanidad se encuentra ante riesgos y peligros como nunca antes en su historia. Es momento de tomar profunda conciencia.

23/10/2023

octubre 17, 2025octubre 17, 2025

LA LUMPEN BURGUESÍA PERUANA Y LA REPRESIÓN AL PUEBLO EN LUCHA

Richard Gonzales

La lucha de clases entre opresores y oprimidos se agudiza, mientras en el frente del enemigo, cada vez más aislado, una minoría de corporaciones nacionales e imperialistas saqueadoras, defendidas por la fuerza armada y un puñado de congresistas y jueces vendepatrias, al servicio de esos gánsteres y a la embajada yanqui en forma abierta y descarada.

Los pueblos del Perú, en pie de lucha constante, quienes, con su espíritu combativo, los cuales, en su sangre quechua y aimara, llevan el estandarte del verdadero patriota y quien defiende la nación realmente, aún a costa de su propia vida o sangre vertida.

Esta lumpen burguesía ha extremado su opresión y saqueo a todo el pueblo, lo que hace vivir en las más humillantes condiciones de vida, caotizando la sociedad con anarquía, delincuencia y todas las inmoralidades que haya.

Han pateado hasta el tablero de sus propias leyes, normas, tratados, convenciones. Generan las condiciones para una mayor represión y una dictadura abierta. Asumen una doctrina del caos permanente, ya no el “imperio de la ley” o “estado de derecho”; pretenden una sociedad de siervos, pretenden un retroceso de la sociedad políticamente hablando.

Destruyen el fundamento moral de la modernidad, de la revolución burguesa, del liberalismo, de su civilización, y reemplazan la “verdad” por la “opinión”, el “bien” por la “utilidad”, y la “sabiduría” por la “ciencia técnica”.

Como dicen sus mentores del neoliberalismo tecno feudal y elitista: “… no todos los hombres están preparados para que conozcan la verdad”, “el sabio en cambio comprende la verdad detrás de los mitos, pero sin revelar por completo”. Es una justificación del elitismo y un desprecio de la masa, razón por la que se recurre hasta el genocidio, el asesinato, la persecución, la criminalización de las luchas.

Degeneran la democracia “moderna”, liberal, formal, para que sus principios “igualitarios” se destruyan, por medio de su burocracia, para rediseñar el mundo, así implantar una sociedad dirigida por corporaciones, por la eficiencia y jerarquías, no por votos o derechos universales.

Sus planteamientos actuales son que: “la desigualdad es natural”; por tanto, las bases de la civilización actual deben sufrir dramáticos cambios elitistas, aristocráticos y tecno feudales.

Razón por la que se implementa bajo política de “seguridad interna” el control biométrico de la sociedad, algoritmos, redes autónomas, el nihilismo, elitismo y poshumanismo extremo.

Las masas desbordan en lucha y combate, por tanto, necesitan su control y vigilancia total; está en marcha ese plan, no solo en la sociedad peruana, sino a nivel universal; por tanto, oponerse y luchar es parte de la resistencia y combate a esos planes, la que como consecuencia lleva a demandar y luchar por democracia, libertad y el ejercicio del más alto derecho a la transformación de la sociedad.

16/10/2025

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