Richard González
En primer lugar, debemos precisar que el gobierno que se inaugura es ilegítimo. Por tanto, hablar de "honestidad" constituye un verdadero descaro.
En particular, el caso de Keiko Fujimori resulta paradigmático. Se trata de un personaje que históricamente ha defendido los intereses de las clases dominantes y de las grandes corporaciones, tanto nacionales como imperialistas. De manera persistente ha demostrado una esencia profundamente antidemocrática. Desde esa perspectiva, lo que defiende no es la democracia del pueblo, sino la democracia del opresor, del explotador y del vendepatria. Esa es, en realidad, la "democracia" cuya defensa proclama.
Asimismo, cuando habla de una supuesta "nueva etapa", recurre a un discurso puramente demagógico. Lo que realmente se avizora es un gobierno con mayores rasgos autoritarios, impulsado por la necesidad de preservar la acumulación del capital en un contexto de crisis económica generalizada a escala mundial, con riesgos incluso de recesión. Además, representa la continuidad del mismo modelo económico, porque carecen de una alternativa distinta. Más aún, dicho modelo ha demostrado su fracaso, no solo en el Perú, sino también en diversos escenarios internacionales, razón por la cual hasta hoy continúan buscando distintas salidas frente a ese evidente agotamiento.
La demagogia ha caracterizado permanentemente a esta lideresa de una organización criminal, tal como ha sido calificada por la propia justicia peruana. Su propósito ha sido mantenerse en el poder, unas veces desde fuera del Ejecutivo mediante el control del Congreso y de diversas instituciones del Estado, y ahora desde el propio Poder Ejecutivo.
Por ello, escuchar en boca de esta representante de las corporaciones gansteriles palabras como "democracia", "paz", "inclusión" o "prosperidad" constituye, desde esta perspectiva, una completa falsedad. Se trata de un discurso falaz cuyo objetivo central es legitimar un gobierno cuya elección es cuestionada. Según esta interpretación, quien obtuvo la victoria fue JP, de Sánchez, y posteriormente, mediante maniobras y manipulaciones del voto en el extranjero, se habría proclamado un resultado diferente. Cuando se refiere al deterioro de los hospitales, de la atención en salud, de las escuelas y de la educación, cabe preguntarse: ¿acaso no es precisamente este modelo el que necesita mantener a la población en condiciones de ignorancia o con sus derechos fundamentales restringidos o anulados? Se trata del mismo neoliberalismo impuesto mediante la fuerza, la represión y la violencia, que continúa vigente hasta hoy y que, según esta visión, sigue cobrando vidas cada vez que el pueblo exige democracia, libertad y derechos. Es ese mismo modelo el que, al igual que en numerosos países, aparece como responsable de una profunda y creciente desigualdad social. Un modelo que excluye al pequeño agricultor, al productor, al comerciante y a la pequeña industria para favorecer y proteger a las grandes corporaciones, los grandes negocios y las finanzas del capital monopolista. Asimismo, profundiza la opresión nacional hasta el punto de convertir, en los hechos, a países como el Perú en verdaderos protectorados de los Estados Unidos. Ese Estado del que tanto se habla ha servido, sirve y servirá —desde esta perspectiva— como instrumento de dominación de las clases dirigentes sobre millones de pobres, imponiendo su voluntad mediante la coerción y la violencia. No constituye el Estado de los pobres ni de los oprimidos; ese sigue siendo un objetivo pendiente de conquistar en cada nación oprimida.Quizá la expresión más evidente del cinismo aparece cuando se invoca la "unidad en la diversidad", la "pluralidad de ideas", el argumento de que "pensar distinto no nos hace enemigos", la "reconciliación" y la necesidad de "no alimentar el odio".
Sin embargo, cabe formular algunas preguntas: ¿quién fomenta realmente el odio y desconoce esa supuesta pluralidad? ¿Acaso no existen persecución política, criminalización, encarcelamientos e incluso asesinatos atribuidos al Estado contra quienes ejercen precisamente esa diversidad de pensamiento dentro de los propios marcos legales establecidos? Desde esta interpretación, todo ese discurso constituye únicamente un recurso demagógico orientado a apaciguar el descontento social y legitimar al nuevo gobierno. La misma Constitución surgida —según esta postura— del fraude y de la imposición por la fuerza continúa plenamente vigente. En consecuencia, ¿de qué cambios podría hablarse? De ninguno. Todo se reduce a una nueva manifestación de demagogia y de simulación política.
Finalmente, se alude a los supuestos "beneficios del crecimiento" alcanzados en más de doscientos años de República y durante más de treinta y cuatro años de neoliberalismo. Sin embargo, corresponde preguntarse: ¿cuáles han sido realmente los logros alcanzados por la nación peruana bajo la conducción de una burguesía caracterizada aquí como subordinada al vendepatrismo? Pese a la enorme riqueza de recursos naturales del país, ¿en qué proceso de industrialización avanzada participa el Perú? La respuesta, desde esta óptica, es desalentadora: persistencia del subdesarrollo, dependencia económica y subordinación al capital extranjero, mientras millones de peruanos continúan padeciendo pobreza, desnutrición e ignorancia.
A ello se suma un país desindustrializado, pequeños comerciantes perseguidos, medianos empresarios asfixiados por cargas tributarias consideradas excesivas y una economía informal que supera el 80 %. En ese contexto, resulta inevitable preguntarse: ¿de qué "nueva etapa" puede hablar quien, desde esta perspectiva, representa la continuidad del mismo modelo político y económico? En definitiva, todo este discurso es interpretado como un ejercicio de demagogia destinado a legitimar un gobierno cuya legitimidad es cuestionada, sustentado —según esta posición— en el fraude, el engaño y la manipulación.
15 de julio de 2026